Esta estrategia la han puesto en marcha ahora que se ha iniciado la negociación del incremento al salario mínimo. Por ejemplo, la Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas) ha reaccionado negativamente frente a la propuesta del presidente Duque de un incremento del 10,07%, sustentando que no se puede poner una “carga excesiva sobre el salario y su amplio repertorio de prestacionales” (lo que) “pondrá en dificultades a las MiPymes, que son el 90 por ciento de las empresas del país”. Por su parte, Mauricio Santamaría, presidente de la ANIF, aseguró que la decisión del gobierno es “exagerada” y que desde su punto de vista el aumento debe estar “entre 6,5 y 7,5 por ciento”.[2]
La situación de la MiPymes en realidad poco tiene que ver con el salario mínimo, sino por el lugar que ellas ocupan en el mercado nacional, controlado por un grupo muy reducido de empresas controladas mayoritariamente por los grupos Gilinki, Sarmiento Angulo, Grupo Empresarial Antioqueño, Ardila Lulle, los Char…, y algunas empresas transnacionales, que las someten a condiciones de competitividad bastante precarias, dejándoles márgenes de utilidad tan reducidos que les impiden mejorar su productividad y su posición en el mercado. Por ejemplo: en 2020, las 1.000 empresas más grandes del país, generaron ingresos operacionales por un valor de $697 billones, equivalentes al 69,5% del PIB, según la información de la Supersociedades, entidad que aclara que, “las 50 empresas más grandes de las 1000 representan el 40% de los ingresos, equivalente a $282 billones”, el 28,1% del PIB, una información que no tiene en cuenta, ni las empresas del sector financiero, ni las del sector de los servicios públicos, ni las de vigilancia y seguridad privada, por lo que la concentración de los ingresos es todavía mayor. Esas mil empresas apenas representan el 0.1% de las 925.137 que en ese año estaban afiliadas al sistema de riesgos laborales.
Los propios gremios empresariales reconocen que “la elevada informalidad es un determinante de la baja productividad, y quizás también consecuencia de ella. Firmas que operan en la informalidad carecen de adecuado acceso al crédito, suelen no acceder a la capacitación formal y son las más afectadas por falta de protección a los derechos de propiedad. La informalidad laboral se origina en gran medida en elevadas cargas no salariales en tanto la informalidad empresarial depende de un cúmulo de factores, dentro de los que se destacan cargas tributarias que pueden llegar a ser confiscatorias para las firmas pequeñas; un asfixiante marco regulatorio, y una economía ilegal en gran medida vinculada al lavado de dineros originados en el narcotráfico y otras actividades criminales”.[3]
A propósito de las “elevadas cargas no salariales”, la primera reforma tributaria del gobierno de Santos ya había eliminado los pagos que la mayoría de las empresas tenían que hacer para financiar el ICBF, el Sena y la seguridad social en salud de los trabajadores, quedando solo su cotización a pensiones y al sistema de riesgos laborales y el pago de la prima legal de servicios y de las cesantías. En total fueron 13 puntos porcentuales del valor de la nómina que les redujeron a los empresarios y que ahora debemos pagar entre todos a través del presupuesto nacional, una disminución que complemento la que se había hecho durante el gobierno de Uribe, que le redujo los ingresos a los trabajadores al cambiar la jornada nocturna de la 6 pm a las 10 pm, y que redujo en un 25% los pagos por el trabajo dominical y festivo, reformas que en ningún sentido se han traducido en reducciones de la tasa de desempleo y en incremento de la formalización laboral, como lo muestra los datos del DANE.
Por otro lado, la argumentación de los gremios empresariales no tiene en cuenta para nada el peso que tienen las remuneraciones en la economía Colombia, que apenas representa el 34% del PIB, mientras las ganancias del capital, o en todo caso la remuneración de los empleadores, representan el 53,5% del PIB: 19,2% el ingreso mixto, 34,3% el excedente de explotación,[4] (en los países de la OCDE, esta participación es en promedio la inversa: 54% las remuneraciones, 34% las rentas del capital).
Y tampoco tiene en cuenta la incidencia de los costos laborales totales en el valor de la producción bruta, que apenas es del 19.6% en promedio para el tota la economía, mientras que la incidencia de la remuneración, o ganancia de los dueños de las empresas, es del 30,5% en promedio, (en la industria la incidencia de los costos laborales es del 9,6% y de la remuneración del capital del 19,2%, y en el comercio, es el 24,8% y el 32,5%, respectivamente).
Y por supuesto, tampoco tienen en cuenta como se distribuye el valor agregado, o la nueva riqueza generada en el trabajo: 37,9% es la participación de las remuneraciones y 59,1% la participación del capital, (en la industria es del 11,7% el trabajo, 37,6% el capital, y en el comercio, 25,3% y 42,6%, respectivamente.[5] Esta distribución confirma desde otra medición, la extrema desigualdad que caracteriza a la sociedad colombiana en materia de ingresos, (el otro indicador es el GINI), e indica que mejorar salarios e ingresos el único efecto que tiene es disminuir la ganancia de los empresarios, y en ningún sentido afectar la competitividad de las empresas.
Argumentos trasnochados y falaces y cultura antisindical.
Ante la posibilidad de que el incremento del mínimo supere la inflación causada, – que ya está en 5,26% promedio para toda la población y en 6,38% para la población pobre, datos que incluyen un incremento del 15,34% en alimentos y bebidas, 3,74% en vivienda, agua y servicios públicos y 4,91 en transporte, factores que en su conjunto tienen un peso del 55.7% en el valor de la canasta familiar de la población pobre y del 50,66% en la población vulnerable, según el DANE-, los gremios empresariales y algunos analistas que respaldan sus posiciones, siguen machacando viejos argumentos que no tienen ningún sustento en la vida real, como lo informó el diario económico Portafolio, que recogió opiniones entre ellos, en las cuales se afirmaba que, “un incremento demasiado alto podría incidir negativamente en la creación de empleo formal”,[6] una vieja tesis hace mucho tiempo fue desmentida por la realidad y que estudios específicos, como el de los recientes ganadores del premio Noble de economía se han encargado de desvirtuar.[7]
En cambio, estos gremios y estos analistas, nunca se refieren al impacto que las remuneraciones tienen en el crecimiento de la economía, cuyo factor más incidente desde la perspectiva de la demanda es el consumo de los hogares, un factor que tiene una incidencia del 69% en el PIB, pero que solo representa el 50,1% de este consumo está conformado por las remuneraciones de los asalariados, lo que significa que sí los salarios fueran más dignos el crecimiento de la economía seria mayor, pues habría mayor demanda y más empleo.
También es una falacia la afirmación del presidente de ANIF en el sentido de que “Esta es una medida que beneficia a muy pocas personas, que son los que ganan el mínimo”. Y es falaz este argumento por una razón esencial: en Colombia hay muy poco sindicalismo -la tasa de sindicalización es apenas del 4,6%-, y muy poca negociación colectiva, – los trabajadores cubiertos por algún convenio colectivo de trabajo representan apenas el 7% de la población ocupada-, por lo que los trabajadores asalariados que están por debajo del mínimo, los que no están organizados en sindicatos, que son la mayoría, o que están afiliados a sindicatos minoritarios, que en Colombia, desgraciadamente, también son la mayoría, el incremento de sus remuneraciones en la mayoría de los casos se basa en el incremento del salario mínimo.
Cuando Colombia negocio los TLCs que hoy tienen arruinada parte de la industria y que nos han puesto a importar más de 14 millones de toneladas anuales de alimentos que aquí podríamos producir, al país lo vendieron con el argumento de que los bajos costos laborales serian un atractivo irresistible para atraer la inversión extranjera. Esta “ventaja comparativa” la quieren mantener a toda costa, como lo muestran los gremios empresariales todos los años en la negociación del salario mínimo.
Sin embargo, no solo en esto se expresa esta perversa estrategia. La manifestación más grave de esta política ha sido la cultura antisindical de las elites empresariales y gubernamentales, como sistemáticamente lo ha denunciado la Escuela Nacional Sindical, que en su base de datos SINDERH, tiene registrados y documentados al menos 15.453 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas, entre éstas, 3.295 homicidios, 434 atentados contra la vida, 253 desapariciones forzadas, 7.624 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados.[8] Del total de violaciones 12.030 han sido contra hombres y 3.423 cometidas contra mujeres. A 967 dirigentes sindicales les ha sido arrebatada su vida.
Y es que no contar con sindicatos les permite a las empresas imponer de manera unilateral las remuneraciones y convertir a los trabajadores en ciudadanos de segunda clase, con el impacto perverso que esta estrategia tiene en la pobreza, la exclusión y desprotección social y en la distribución del ingreso, con un resultado muy contrario al que se presenta en los países con mayor implantación del sindicalismo y la negociación colectiva, como la mayoría de los países de la OCDE, que además de ser los más competitivos del planeta, con un Estado social que es una realidad y no una promesa, y con un GINI que fluctúa entre el 0,25 y el 0,3, presentan tasas de sindicalización superiores al 40% de su población ocupada, y tasas de cobertura de los convenios colectivos de trabajo superiores al 60%, (en algunos casos como en Francia, Países Bajos, Bélgica y los países Nórdicos, superiores al 80%).
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[1] DANE. La línea de pobreza monetaria extrema per cápita nacional en 2020 fue $145.004; en el caso de un hogar de cuatro personas fue $580.016 La línea de pobreza monetaria per cápita nacional 2020 fue $331.688; en el caso de un hogar de cuatro personas fue $1.326.752. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Presentacion-pobreza-monetaria_2020.pdf
[2] https://www.eltiempo.com/economia/sectores/salario-minimo-respuesta-de-gremios-sobre-propuesta-del-gobierno-duque-638506
[3] Consejo Gremial Nacional. REACTIVACIÓN 2 0 18-20 22 PROPUESTAS DEL CGN Y SU EQUIPO PARA EL PRESIDENTE DUQUE, pág., 13.
[4] El ingreso mixto constituye “el saldo contable de la cuenta de generación del ingreso de las empresas no constituidas en sociedad, propiedad de los miembros de los hogares, expresión que no diferencia la porción de ese ingreso que corresponde a la retribución al trabajo, de la que corresponde a la retribución de los activos que intervienen en el proceso productivo”. (Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de Estadística y Censos. Secretaria de Política Económica. Ministerio de Economía y de la producción. Argentina, octubre de 2006).
[5] DANE, Cuentas Nacionales, cuadro oferta-utilización a precios corrientes. (cálculo del autor).
[6] https://www.portafolio.co/economia/pulso-por-el-aumento-del-salario-minimo-empezaria-en-6-4-559507
[7] El canadiense David Card y su colega estadounidense Alan Krueger (fallecido en 2019) estudiaron, por ejemplo, la relación entre salario mínimo y empleo gracias a un experimento natural a principios de los años 1990.Al focalizarse en una zona geográfica homogénea, las investigaciones de Card y Krueger mostraron que la subida del salario mínimo no había generado un descenso del número de empleados. Esta conclusión se oponía a la teoría dominante de la época, según la cual un aumento del salario mínimo destruía empleos. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/premio-nobel-de-economia-2021-que-son-los-experimentos-naturales-557268
[8] Viviana Colorado López. Agencia de Información Laboral – AIL, Escuela Nacional Sindical – ENS. Edición 759 – Semana del 11 al 17 de diciembre de 2021
Héctor Vásquez Fernández
Foto tomada de: Cadena Ser
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