El Programa de Gobierno se convierte entonces en el elemento esencial que liga al electorado con el candidato, en tanto que lo que realmente ocurre es la elección, no de una persona, sino de un programa de gobierno, al menos en teoría. No obstante, la experiencia indica que -por falta de cultura política- al programa de gobierno es a lo que menos prestan atención los electores.
El Programa de Gobierno es realmente una promesa cierta y un compromiso ineludible que el candidato hace y adquiere no solamente con los que lo eligieron sino también con todos los habitantes del municipio. De no realizarse la promesa y no cumplirse el compromiso por parte del candidato hecho mandatario, la población está en todo su derecho de revocarle el mandato.
En concreto el Programa de Gobierno es el grueso de visiones, objetivos, macrometas-verificables y cuantificables- perfiles de políticas públicas, estrategias de acción, la propuesta de gestión y de organización institucional que el candidato construye con su electorado o en su defecto propone a la ciudadanía para transformar la realidad del municipio y mejorar las condiciones de la población. Este compromiso se cierra o protocoliza al momento de la elección.
Se tiene entonces que los mandatarios territoriales hoy se someten a dos jueces: El institucional y el Político. El institucional que lo constituyen de un lado los organismos de control -que se encargarán de sancionar a los mandatarios cuando incurran en faltas disciplinarias o fiscales, siempre que no implique la destitución o inhabilidad- y del otro los Jueces de la República que son los únicos que pueden sancionar con destitución. En lo político se encarna es el pueblo que elige, quien los sanciona con la revocatoria del mandato, solo y nada más que solo, por incumplir el Programa de Gobierno.
Iniciado el período del nuevo alcalde el Programa de Gobierno se traduce en el Plan de Desarrollo, PDM, en el que se debe contemplar todo lo propuesto en dicho programa. De esta manera el Programa de Gobierno se aterriza en detalle en el Plan de Desarrollo con las Políticas Sectoriales, los Programas, los Proyectos, los objetivos específicos y las metas precisas que sean medibles y verificables mediante indicadores de logro, de rentabilidad pública y de gestión. Resulta entonces que solo los resultados que arrojen los indicadores serán los únicos argumentos que pueden esgrimirse, no solo para solicitar la convocatoria de la revocatoria, sino que también ha de ser la materia sustantiva de la consulta que se someterá a consideración del electorado.
En consecuencia, los datos concretos expresados en cifras reales que den cuenta de la ejecución del Plan de Desarrollo son lo único que puede conducir a la revocatoria del mandato de alcaldes o gobernadores, y en cuanto a las quejas que puedan tener los ciudadanos en torno a comportamientos indebidos o faltas a la ley de carácter disciplinario, fiscal o penal, los ciudadanos están en todo su derecho y deben tramitarlos ante los organismos competentes de conformidad con las normas procedimentales establecidas, por lo que estos aspectos no son objeto a considerar en una eventual revocatoria.
De tal suerte que, razones que se han escuchado en palabras de promotores de revocatorias o de contradictores políticos -por ejemplo, el caso de Medellín- como “Estamos cansados de este Alcalde”, “No nos cae bien este Alcalde”, “El mentiroso es ladrón”, “Este Alcalde ha arruinado la ciudad”, “Este Alcalde es petrista”, “Este Alcalde es de izquierda”, etc., no son argumentos válidos para tramitar un proceso revocatorio que implica una decisión de trascendental dimensión y que no puede darse con base en supuestos, especulaciones o adjetivos, sino en datos concretos y reales que indiquen con certeza que el mandatario ha incumplido su compromiso gubernamental contenido en el programa de gobierno.
Recurriendo al caso del alcalde de Medellín, cabe preguntarse entonces ¿Cuáles son esos indicadores de logro, de rentabilidad pública y de gestión de ésta administración que dan cuenta de la baja ejecución e incumplimiento de las metas y objetivos del Plan de Desarrollo actual de Medellín, que justifique una revocatoria al mandato del Alcalde? ¿Qué tan informada esta la ciudadanía respecto de estos indicadores de tal forma que ello movilice con veracidad, certeza y responsabilidad, la voluntad del electorado de la ciudad para revocarle el mandato a su alcalde? ¿Dónde está el papel del Consejo Territorial de Planeación en la generación de información veraz sobre el cumplimiento de las metas del PDM en este proceso revocatorio?
En fin, muchos podrían ser los interrogantes, pero por ahora se ocurre advertir que en los planteamientos de los promotores de la revocatoria no se ve que sus argumentos se fundamenten en estos datos, pero si se escuchan en sus exposiciones en los medios de comunicación adjetivos con tendencia injuriosa, descalificaciones personales y afirmaciones pendencieras con lo que es fácil deducir que ésta no se trata de una revocatoria seria y responsable sino de una revancha politiquera y electorera.
Recuérdese que respecto al caso de la EPM y de la debacle de Hidroituango, un líder político tradicional de la más profunda entraña del establecimiento colombiano, Germán Vargas Lleras, en una de las columnas dominicales de El Tiempo desnudó y desveló todo ese entramado oscuro y esa tradición perversa solapada del empresariado antioqueño que se apropió de la empresa pública antioqueña y colombiana más emblemática, controlando casi en un 100% su Junta Directiva.
Parece que la posición férrea del Alcalde Quintero por defender los recursos y el patrimonio público de los medellinenses, que es también de los antioqueños y de todos los colombianos, como es el deber de todo servidor público, tiene muy incomodos a sectores de la sociedad de Medellín que se resisten a asumir sus responsabilidades en el detrimento del patrimonio público de la ciudad y de contera, a perder sus privilegios no santos al no ostentar ahora el poder político al frente de la Administración de la ciudad, razón por la que al parecer se ha iniciado un proceso revocatorio sin fundamento. No hay duda de que hay una clara intención de pasarle cuenta de cobro por tal atrevimiento, que más que ello es un acto de gallardía, valentía y de auténtico compromiso de servicio público.
Siendo así, no se justifica desgastar un mecanismo de participación democrática de tan inmenso valor para el ejercicio de la ciudadanía consciente e informada, al igual que, un buen monto de recursos públicos y esfuerzo administrativo, en revocatorias inocuas e impertinentes.
Finalmente, es preciso reiterar a la ciudadanía tener muy presente que una revocatoria no es una encuesta de percepción o de opinión sino un acto político de carácter institucional, de una gran connotación y mayor responsabilidad.
Jorge Iván Campos Campos, Administrador Público con Estudios de Especialización en Derecho Público.
Foto tomada de: Semana.com
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