En el artículo anterior de esta serie se expusieron tres hechos en los que miembros de la Policía Nacional, haciendo uso de sus armas de dotación fabricadas en EE.UU., cometieron violaciones masivas de derechos humanos de manera sistemática, generalizada y con conocimiento pleno. En el marco de la represión de la protesta social perpetraron masacres en las que los policías mataron a más de 46 personas. Son crímenes que, en su mayoría, permanecen en la impunidad. Los tres eventos fueron la masacre de Tandil en 2017, la masacre cometida en Bogotá en 2020 durante las protestas por el asesinato del estudiante Javier Ordoñez y la masacre de civiles durante el Paro Nacional de 2021.
Pese al largo historial del Estado colombiano en violaciones a los derechos humanos, el comercio legal de armas entre los gobiernos de EE.UU. y Colombia, así como la asistencia militar, no se ven afectados por el hecho de que con esas armas y entrenamiento se estén cometiendo violaciones masivas de derechos humanos por parte de agentes del Estado colombiano. El comercio de armas fabricadas en EE.UU. involucra cada año millones de dólares e incluso las corporaciones financian campañas políticas para que quienes lleguen al poder expidan leyes que garanticen el flujo de dinero de esta industria de la muerte[2].
Ese mismo comercio legal de armas entre EE.UU. y Colombia, que ha estado rodeado de hechos de corrupción, también nutre el mercado ilegal. Cada año decenas de estas armas son robadas de instalaciones militares y de policía, y terminan en manos de paramilitares y narcotraficantes. Muchas de las armas que la misma Policía Nacional colombiana incauta a bandas de crimen organizado, narcotraficantes y paramilitares son fabricadas en EE.UU. e Israel.
¿Cuáles son estas armas y quienes las producen?
Las armas con las que agentes de la Policía Nacional de Colombia cometieron las tres masacres mencionadas, y comentadas en el artículo anterior, eran sus armas de dotación. Estas armas pueden ser armas de fuego, letales, o armas denominadas como de “letalidad reducida”. Entre las armas letales de dotación hay armas largas (fusiles, escopetas, ametralladoras) y armas pequeñas, o cortas (como las pistolas). Las armas letales de dotación de la Policía Nacional más comunes son de producción y comercialización estadounidense e israelí. Los gobiernos de ambos países facilitan su comercialización y las empresas involucradas en los negocios mueven millones de dólares cada año.
Dentro de las armas de dotación largas de fabricación estadounidense se encuentran: la Carabina M4 y los fusiles M16 y AR-15 (producidos por la Colt’s Manufacturing Company[3]), el Fusil Táctico SIG Sauer 516 y la escopeta Mossberg. Las de fabricación o marca israelí son el fusil Tavor, el Galil, la ametralladora Negev y la Subametralladoras Mini Uzi (de la Israel Weapon Industries IWI).
Entre las armas cortas de dotación están en mayor número las pistolas SIG Sauer Sp2022 (de fabricación estadounidense) y las Jericho de fabricación israelí.
La letalidad de las armas de letalidad reducida.
Las armas y municiones catalogadas por sus fabricantes como “menos letales” o de “letalidad reducida”, pero con las que unidades de la Policía Nacional han perpetrado homicidios de civiles, son fabricadas y comercializadas, entre otras, por la empresa estadounidense Combined Systems. Esta compañía fabrica y vende lanzagranadas manuales Penn Arms, granadas de gas lacrimógeno y aturdidoras que usa el ESMAD, munición de diversos tipos para “control de protestas” y otras municiones y armas como el arma Venom[4]. Este lanzagranadas dispara de manera múltiple e imprecisa diversos tipos de proyectiles y ha generado afectaciones graves (como la muerte) por impactos indiscriminados a población civil y sus viviendas. Los clientes de esta compañía son cuerpos militares y de seguridad de todo el mundo.
Los principales accionistas de Combined Systems alguna vez fueron Point Lookout Capital Partners y The Carlyle Group, que también maneja pozos petroleros en Colombia. Las compañías han compartido directores y financian campañas en el Congreso y la Presidencia. Otra compañía es la Axon Enterprise Inc, fabricante de las pistolas eléctricas Taser, como la que usaron agentes de la Policía para torturar y posteriormente matar a Javier Ordoñez. En su página la compañía asegura que “El ecosistema Axon brinda a los líderes de seguridad pública nuevas herramientas para proteger la vida”[5].
El comercio de armas de fuego y la corrupción
Se espera que en los próximos años la demanda mundial de armas de fuego cortas crezca, al pasar de una producción de alrededor de 1.090 millones de unidades en 2019 a 1.260 millones de unidades en 2023. Estados Unidos es el mayor exportador de armas del mundo y desde hace años la compañía SIG Sauer (principal proveedor de pistolas de la Policía Nacional de Colombia) es la mayor fabricante y exportadora de pistolas de ese país. Entre 2016 y 2019 en Estados Unidos se fabricaron alrededor de cuatro millones de pistolas por año.
Desde la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ha disminuido los controles frente a la venta y exportación de armas; actualmente la administración Biden ha continuado con las políticas de la administración Trump que aumentan los riesgos derivados de la venta de armas en general y de las armas cortas en particular. En este comercio los criterios orientadores son fijados más por su Departamento de Comercio que por su Departamento de Estado; con ello, aspectos como las consecuencias en materia de violaciones de derechos humanos derivadas de su uso final, por ejemplo, pasan a un segundo plano y es la ganancia económica la que orienta los criterios de venta.
El futuro no es alentador: es previsible una reducción aún mayor en la vigilancia, los requisitos de venta y el monitoreo del uso final de estas armas. La administración Biden permite e impulsa la venta de armas a Estados violadores de derechos humanos como Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas o Colombia sin importar que con ellas se cometan crímenes de lesa humanidad.
Los negocios de las armas en Colombia: corrupción y robos en el negocio con SIG Sauer
En Colombia la adquisición estatal de pistolas SIG Sauer ha estado viciada de actos de corrupción y en no pocas ocasiones lotes enteros de estas armas han “desaparecido” de la custodia de la Policía o han sido robados. Esas armas terminan en el mercado ilegal y la mayoría de ellas en manos de paramilitares y narcotraficantes.
En 2006, Colombia decidió comprar 121.000 pistolas a la compañía SIG Sauer[6] para dotar a la Policía Nacional. Las armas fueron adquiridas por medio de contratos LOA (colaboración de gobierno a gobierno con Estados Unidos) y la transacción involucró un gasto de decenas de millones de dólares de los contribuyentes colombianos. La mayoría de estas armas fueron fabricadas en EE.UU. pero otras de ellas tenían la marca “Made in Germany” debido a que parte del lote entregado a Colombia por la filial estadounidense de SIG Sauer provenía de la fábrica alemana de Eckernförde. Sin embargo, dado que la ley alemana prohíbe exportar armas a países con conflicto armado interno o con una situación generalizada de violación de derechos humanos, las pistolas fueron compradas por la filial de SIG Sauer de EE.UU. a la filial alemana con la condición de que no abandonarían territorio estadounidense. Es decir, los directivos de la filial de Estados Unidos solicitaron las armas a la fábrica alemana a sabiendas de que éstas tendrían como destino a la Policía de Colombia. En 2014 la empresa fue acusada ante un tribunal alemán por suministrar ilegalmente alrededor de 36.000 pistolas SP2022 a Colombia a través de su filial estadounidense. El gobierno alemán prohibió a la filial alemana de la empresa exportar sus piezas y los fiscales alemanes allanaron su sede. Acusaron a SIG Sauer de presentar certificados de uso final falsos ya que declararon que las pistolas alemanas solo se utilizarían en los EE. UU. En su defensa SIG Sauer, alegó que el negocio fue una orden de la administración Obama para apoyar a las autoridades colombianas en la lucha contra el narcotráfico. SIG Sauer en Alemania recibió más de 7 millones de euros por las armas, su filial recibió del Ejército estadounidense más de 11 millones de euros.
Finalmente un tribunal alemán condenó en 2021 a algunos directivos a penas de prisión pero las terminó conmutando por multas.
Otro hecho de corrupción fue dado a conocer en un debate de control político del Congreso colombiano, en 2014, en el que se denunció que en la adquisición de las 121.000 pistolas SIG Sauer para la Policía Nacional, algunas fueron vendidas contraviniendo leyes internacionales, más del 7% de ellas fueron entregadas en mal estado y que la marca fue contratada a pesar de que no cumplió con las pruebas técnicas del Ministerio de Defensa. El costo del negocio fue de alrededor de 147.509 millones de pesos.
El año anterior, el 17 de noviembre 2013, policías habían robado alrededor de 100 pistolas SIG Sauer que estaban en una bodega del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.
Los robos de armamento por parte de militares y policías son eventos recurrentes. Tan solo el año pasado, medios de comunicación registraron cuatro de los muchos robos de los que generalmente no se informa: el primero, en abril del 2021, cuando al parecer un militar robó cinco fusiles del Hospital Militar de Bogotá; en junio de ese mismo año otro militar robó seis fusiles del cantón militar de Buga, Valle del Cauca; en octubre de 2021 militares robaron cinco fusiles en la Sexta División del Ejército en Caquetá; y el 4 de enero de 2022 policías robaron 22 fusiles Galil calibre 5,56mm del comando de Policía Sucre.
No resulta extraño que estas armas aparezcan posteriormente en poder de paramilitares y narcotraficantes. Dos ejemplos de ello son los hechos ocurridos en julio de 2021 cuando, en medio de operaciones de allanamiento y capturas de paramilitares de las AGC en Antioquia, las autoridades incautaron una pistola SIG Sauer adscrita a la Policía Nacional[7]. Días más tarde otra pistola SIG Sauer de la Policía le fue encontrada a una persona denunciada por narcotráfico en Quindío[8]. Armas de esta marca también han sido utilizadas en las ejecuciones extrajudiciales de civiles llevada a cabo por alianzas de paramilitares y miembros del ejército, denominada “falsos positivos”[9]. Año tras año, la Policía Nacional incauta armas SIG Sauer, principalmente provenientes de EE.UU., a grupos armados ilegales y redes de crimen organizado. Estas pistolas, las Jericho, las Glock y las Pietro Beretta, están entre las más incautadas y entre las más utilizadas para cometer asesinatos.
La administración Biden cierra los ojos ante las consecuencias y riesgos de sus políticas de venta de armas. El rechazo de EE.UU. al Tratado sobre el Comercio de Armas y la falta de apoyo a los esfuerzos para valorar y aumentar el monitoreo estatal de las violaciones de derechos humanos de los países receptores garantizan la continuidad de la venta de armas a Estados y gobiernos autoritarios y violadores de derechos humanos. Con estas acciones, Estados Unidos contribuye a la comisión de violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y por ello debe responder ante las víctimas.
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[1] En inglés Law S. 1605, the “National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2022”.
[2] Alexandria Ocasio-Cortez. Representante a la Cámara de EE.UU. Intervención ante el Comité de Reforma y Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. Febrero de 2019. Citada por el Diario La Vanguardia. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8xBUJGdy3GU
[3] Aunque la marca fue adquirida en 2021 por el fabricante de armas checo CZG-Ceska Zbrojovka Group (CZG.PR).
[4] Combined Systems. VENOM®. Disponible en: VENOM ® – Combinated System (combinedsystems.com)
[5] Axon Enterprise, Inc. Productos. Disponible en: https://www.axon.com/
[6] Una compañía de origen Suizo – Alemán con cuarteles en New Hampshire, EEUU. Es propiedad de un consorcio alemán, pero ha consolidado su producción de armas en los Estados Unidos, ya que este país tiene reglas de exportación de armas mucho más flexibles que Alemania y en 2020 la compañía cerró la planta en ese país.
[7] El Universal. A la cárcel 10 integrantes del ‘Clan del Golfo’ por 13 homicidios. Disponible en: https://www.eluniversal.com.co/colombia/a-la-carcel-10-integrantes-del-clan-del-golfo-por-13-homicidios-NB4892429
[8] La Crónica del Quindío. Investigan porqué delincuente abatido en La Tebaida estaba armado con pistola de la Policía. Disponible en: Investigan porqué delincuente abatido en La Tebaida estaba armado con pistola de la Policía – La Crónica del Quindío – Noticias Quindío, Colombia y el mundo (cronicadelquindio.com)
[9] Rama Judicial. Condena contra el sargento del ejército Rafael Urbano Muñoz, alias ‘Hitler’”. Disponible en: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/8119156/8181594/2007_04_16_OCA%C3%91A_CONDENA.doc/2d3bdd62-65c0-4f81-998f-e7a8580ea236
Camilo Bonilla Stucka
Foto tomada de: https://s.libertaddigital.com/
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