Por estos días se conocen los casos de altos oficiales del Ejército, como Jorge Hernando Herrera y Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, que expresarían con claridad ese contubernio que de tiempo atrás se viene señalando desde sectores de poder político, incluyendo a algunos medios y periodistas que se atreven a publicar hechos delictivos o conductas anómalas de miembros activos de la institución castrense. El criminal alias Otoniel ya está empezando a confirmar que efectivamente hubo operaciones conjuntas con miembros de la estructura ilegal que este manejó por varios años.
Se suma a la negativa imagen que arrastra la institución armada estatal, las conductas criminales de cientos de uniformados que participaron de la perversa práctica sistemática conocida como “falsos positivos” o “ejecuciones extrajudiciales”. Lo cierto es que el país asiste a una prolongada degradación moral de una parte importante de las tropas oficiales, en buena medida aupada por las conductas ignominiosas de la clase política y dirigente que no solo politizaron la operación de las fuerzas armadas, sino que las han venido privatizando sistemáticamente.
Bajo esas circunstancias será muy difícil avanzar hacia la construcción y consolidación de escenarios de posconflicto en Colombia, en la medida en que la complicidad probada de unidades militares con estructuras narco-paramilitares y las que ellos mismos llaman los GAO, termina legitimando la violencia política y armada contra todos aquellos ciudadanos asumidos como “incómodos” para narcos, políticos, latifundistas y ganaderos: campesinos, afros e indígenas.
El país necesita con urgencia no solo una purga en la cúpula militar, sino la despolitización de las fuerzas armadas. La secta-partido, el Centro Democrático (CD) es el gran responsable de la privatización y politización de batallones, pues la operación de esas unidades militares adoptó los (anti) valores que Uribe Vélez, como comandante supremo de las FFAA, logró inocular en un mundo castrense que encontró en el expresidente no a un comandante, sino a un patrón, lo que ética y moralmente permitió que generales y coroneles afianzaran sus relaciones con estructuras delincuenciales que le hicieran el juego al modelo agro extractivo que se impuso en Colombia. Hablo de narcos y paramilitares.
Es de tal magnitud lo que sucede hoy al interior de las unidades castrenses, que los precandidatos no se atreven a hablar de purgas y mucho menos de procesos de revisión de las condiciones y requisitos con los que se ascienden a coroneles y generales. Como una rueda suelta, el Ejército nacional se va consolidando como una fuerza legal, pero ilegítima. Incluso, es posible que el carácter legal se empiece a erosionar cuando altos oficiales aceptan trabajar y operar de la mano de mafiosos y paramilitares. Borrar los límites entre lo moral y lo inmoral, entre lo correcto y lo incorrecto es una práctica política muy común de los directores y miembros de los partidos políticos, los mismos que dan los avales para el ascenso de altos oficiales.
Insisto en que urgente intervenir las unidades militares. Ojalá con el acompañamiento de la ONU y de sectores liberales de la academia colombiana. El país no le dio la dimensión que merecía la frase, desafortunada por demás, del entonces general Villegas, cuando dijo, “si toca sicariar, sicariamos”.
Es tiempo de que la obediencia debida y la sumisión de las fuerzas armadas al poder civil se hagan bajo condiciones de admiración y respeto de los uniformados hacia los políticos. De seguir así, la construcción de una paz estable y duradera será una quimera por el alto grado de degradación que hoy el país observa al interior de las FFAA.
Germán Ayala Osorio
Foto tomada de: Colombia.com
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