Esto es más evidente y tiende a connaturalizarse en los medios de comunicación, a partir de hechos luctuosos donde niños y jóvenes son víctimas del conflicto armado, a partir del reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. Luego, el Estado que debería protegerlos y ser garante de sus derechos en cambio los bombardea y lo justifica a través de instancias como el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, el Congreso de la República con su mayoritaria coalición de ultraderecha y los órganos de control que, a menudo, miran para otro lado, incluso, durante las álgidas coyunturas de este drama humanitario.
El Estado colombiano actúa en contravía de lo estipulado en la Constitución Política de 1991. Dice el artículo 44 de la Carta Magna [1] que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Este planteamiento es antecedido por una exposición detallada de sus derechos fundamentales: “a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”. La Constitución determina que estos derechos serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
Establece, así mismo, que la niñez gozará de los demás derechos consagrados en la Constitución, tanto en las leyes como en los tratados internacionales ratificados por Colombia; esto compromete a la familia, a la sociedad y al Estado en la obligación de asistir y proteger a la niñez para garantizar su desarrollo integral y el goce efectivo de sus derechos. La Constitución advierte que cualquier persona puede exigir a la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.
No obstante, se puede afirmar que cada palabra del texto constitucional ha sido transgredida en los hechos por parte del Estado, de sectores influyentes que utilizan los recursos públicos como coto de caza y de los grandes medios de comunicación que bombardean con su narrativa estigmatizante justificadora de la guerra que se ambienta a partir de la acción de los grupos armados ilegales y, en muchos casos, de las propias autoridades oficiales.
Como muestra Revista Cambio [2], a febrero 6 de 2022, según lo que se conoce, se estima que son 26 niños muertos en bombardeos aéreos autorizados por el gobierno de Iván Duque en contra de grupos armados ilegales.
Los casos más recientes informados, sin embargo, tienen que ver con la muerte de ocho menores en noviembre de 2019, a raíz del bombardeo realizado en el departamento del Caquetá contra el campamento de alias “El Cucho” miembro de los grupos residuales de las Farc. A raíz de este hecho, en medio del ocultamiento de la información al país y al mundo y ante la inminencia de la moción de censura en el Congreso al ser denunciada por el Senador Roy Barreras, el ministro de Defensa Guillermo Botero prefirió renunciar a su cargo, sin que por ello la política gubernamental hubiera cambiado.
Durante el desempeño del cargo de ministro de Defensa, por parte de Diego Molano, quien se posesionó después del deceso de Carlos Holmes Trujillo en febrero de 2021 se conocen tres bombardeos con saldo trágico para menores de edad. El primero de estos fue a comienzos de marzo de 2021 en Calamar- Guaviare contra la disidencia de Gentil Duarte donde fallecieron al menos, doce menores. Como se sabe, pretendiendo ocultar los hechos y la condición infantil de buena parte de las víctimas, el ministro Molano justificó el operativo denominado a los niños víctimas como “Máquinas de Guerra”. El 16 de septiembre, en el municipio de San Juan en el Chocó, fallecieron cuatro menores en bombardeo contra el ELN donde murieron, además cuatro adultos.
El 27 de septiembre, la Fuerza Aérea bombardeó un campamento de la Estructura Primera de la disidencia Farc, comandada por Iván Mordisco. El saldo fue de diez personas muertas; entre ellas, el Mono Ferney, según Colprensa [3]. Según el mencionado artículo de la Revista Cambio y los informes del Senador Iván Cepeda [5] allí murieron, al menos, dos menores de edad: Brayan Esteven Marínez de 17 años, adolescente indígena y una niña de 15 años sin identificar su identidad, reportada por Medicina Legal según Oficio 779 del 3 de diciembre de 2021 remitido al secretario de la Comisión Primera del Senado.
Como muestra el Senador Iván Cepeda [4], los números de víctimas de bombardeos son inciertos. Durante el Gobierno Duque se han realizado 36 bombardeos y se carece de información de 15 de ellos. Estos ataques donde hay presencia de menores de edad violan el Derecho Internacional Humanitario y se consideran crímenes de guerra. La pretensión de ocultar la información lleva a pensar que se trata de una política sistemática y generalizada, violatoria de seis principios básicos del Derecho Internacional Humanitario como son; la precaución, la necesidad militar, la humanidad, la distinción, la proporcionalidad y la limitación. Es claro que los niños, niñas y adolescentes vinculados a grupos armados ilegales son víctimas de reclutamiento forzado y, por tanto, víctimas del conflicto a quienes el Estado debe proteger y procurar rescatar sanos y salvos.
No obstante, para los asesores jurídicos de las fuerzas armadas recomiendan a los militares realizar los operativos, sin importar si los menores han sido reclutados a la fuerza, bajo el criterio de pérdida del estatuto de inmunidad y protección, por participar directamente en las hostilidades. Dicha interpretación riñe con los principios de precaución y evidencia la renuncia del Estado a protegerlos en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
Al catalogar a los niños, niñas y adolescentes como “máquinas de guerra” para justificar las operaciones militares se les criminaliza y se persiste por parte del gobierno en mantener la lógica de la guerra renunciando a la protección de la niñez. Como afirma Günter Maihold [5], director del Instituto alemán para Política Internacional y Seguridad, no es injustificado que se acuse al gobierno de doble victimización, primero por parte de la guerrilla y luego de revictimización por parte del Ejército. Añade, al respecto, que es desconcertante que no se haya pensado la vinculación de los menores en la guerra como una responsabilidad del Estado, en aras de su protección y rescate. Recomienda que, en vez de enorgullecerse por “operaciones militares impecables”, se aumenten los niveles de credibilidad y exactitud para decidir sobre operaciones militares de esta índole.
El papel de menores de edad en la guerra está documentado como el Macrocaso 07 en la Justicia Transicional. En él, se prioriza el reclutamiento forzado y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Así mismo, se investigan los delitos de los cuales pudieron ser víctimas, como consecuencia de su vinculación con la guerra [6]. Los casos identificados por la JEP se elevan a más de 19.000 menores reclutados por la extinta guerrilla de las Farc EP durante el conflicto armado frente a lo cual deben comparecer los responsables de esa antigua guerrilla.
Como muestran los perfiles de los menores sacrificados en los bombardeos citados, en su mayoría eran estudiantes presionados por la pobreza y las precarias condiciones de vida en sus regiones. Fueron raspachines en zonas cocaleras vendidos a las disidencias por parte de sus patronos. Otros, fueron aprehendidos en los caminos, mientras se movilizaban en búsqueda e conexiones de internet para cumplir con sus tareas escolares, en medio de la pandemia del Covid-19.
Actualmente, como muestra Elizabeth Dickinson [7] en el Chocó los niños que van del colegio a la casa y al revés se pierden por el camino o son reclutados por grupos armados, en medio de una guerra entre el ELN y el Clan del Golfo mientras la fuerza pública se dedica a debilitar al ELN en vez de proteger a las comunidades. En ese contexto, el conflicto se extiende y crece el reclutamiento de niños de doce o trece años. En Arauca, en medio de la confrontación entre el ELN y las disidencias de los Frentes 10 y 28, crece el reclutamiento forzado de menores de edad. La problemática ya se extiende a Venezuela con el reclutamiento de menores, como ocurre a orillas del Orinoco en el Municipio de Atures y Puerto Páez en el Estado de Apure, tal como lo presentan María Antonieta Segovia, Joseph Poliszuk y María De Los Ángeles Ramírez [8].
En las ciudades, recientemente, el Personero de Bogotá, Julián Pinilla [9], en el marco del Día Internacional de las Manos Rojas, declarado por Naciones Unidas en 2002, para la promulgación del protocolo relacionado con la participación de los niños en conflictos armados, recordó que 14 localidades de Bogotá presentan riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y población diferencial.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo, como muestra Cristina Navarro [10] aseguró que las disidencias de las Farc son responsables de la mayoría de los casos de reclutamiento forzado de menores, con 114 de estos. La Defensoría asegura haber emitido 190 alertas tempranas sobre riesgos de reclutamiento forzado de menores en los últimos cinco años. Señala que se han presentado 33 casos en Caquetá; 18 en Cauca; 9 en Antioquia, 10 en Putumayo y 8 en Tolima. Advierte que el 24% de las víctimas pertenecen a poblaciones étnicas: 4% son afrodescendientes y 20% de pueblos indígenas; así mismo, señala que el 83% de los casos ha ocurrido en zonas rurales. El reclutamiento forzado de menores continúa por parte de los grupos residuales de Farc (68,3%), del ELN (6,5%) y de las bandas criminales sucesoras del paramilitarismo, tales como el Clan del Golfo (4,7%) y otros grupos armados (8,4%). Es de anotar que el tema del reclutamiento forzado no es prioridad en los municipios PDET; solamente, de los 170 municipios, diez han tenido en cuenta esta problemática.
Durante 2021, alrededor de 23.465 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas del conflicto armado. Las disidencias de las Farc son responsables en un 64,46% de los casos; el ELN en un 36,54% grupos no identificados en un 23,36%; los paramilitares en un 19,09% y la fuerza pública en un 10,91% de los casos. De 60 eventos identificados, relacionados con infracciones al Derecho Internacional Humanitario se encontró que 43 casos corresponden a homicidios; 13 a lesiones y cuatro a desaparición forzada.
Como se puede ver, existen causas estructurales en desigualdad y desventaja social que hacen vulnerables a los niños y niñas frente a la incidencia de los grupos armados ilegales. El propio tratamiento militar de la protesta social y la fragilidad de las políticas de prevención e inclusión social promueve caldos de cultivo que contribuyen a la degradación de los conflictos. Esto se traduce en crisis de futuro que ponen en riesgo a los niños, niñas y adolescentes frente a la cooptación por parte de grupos armados ilegales. El no negociar frente a las demandas sociales surgidas del estallido social facilita dicha degradación. Así mismo, el militarismo reinante y la negativa gubernamental a emprender dinámicas de diálogo y negociación opacan los esfuerzos necesarios para procurar escenarios de cese de hostilidades y de soluciones políticas.
Tal parece que se hubieran olvidado importantes experiencias y lecciones aprendidas en materia de prevención y protección de la niñez frente a la problemática del reclutamiento forzado, impulsadas desde la sociedad civil y los entes territoriales en el marco de la búsqueda de salidas políticas al conflicto armado. Hoy es notable la dispersión de políticas y programas al respecto y la priorización de medidas militares sobre los enfoques de derechos humanos. Hubo un tiempo en que se hicieron mayores esfuerzos en prevención y se promovieron campañas articuladas a las dinámicas de paz, convivencia y desarme que se afianzaron en la promoción de dinámicas de emprendimiento productivo y cultural, incluso, con jóvenes en riesgo de delincuencia e infractores con valiosos resultados. En ello, se involucraron las organizaciones sociales y comunitarias, las entidades educativas, las autoridades territoriales y organismos de cooperación.
Esta memoria de experiencias sociales merece reeditarse, redimensionarse y expandirse desde la iniciativa política, psicosocial y cultural, en procura de promover ambientes y escenarios propicios para la prevención y acción, para la promoción y reparación de las víctimas y de sujetos de reparación colectiva frente a hechos y riesgos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, por parte de los grupos armados ilegales. Esto se requiere en contravía del enfoque predominantemente militar y policial que distingue al régimen actual y constituye un camino de resistencia social, así como de alternatividad política capaz de impulsar nuevas opciones democráticas de empoderamiento social.
Este drama de la niñez, por sí mismo, justifica todos los esfuerzos de un nuevo gobierno democrático con amplia participación social, por la solución política del conflicto armado, para el logro de la paz completa con todos los grupos de guerrilla, del ELN y disidencias, así como para el sometimiento a la justicia de los grupos sucesores del paramilitarismo y las bandas criminales.
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[1] Secretaría General del Senado. Constitución Política de la República de Colombia. Congreso de la República de Colombia. Última Actualización a 31 de diciembre de 2021.Tomado de: http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica
[2] Revista Cambio. 26 niños muertos en bombardeos. Febrero 6 de 2022.Tomado de: https://cambiocolombia.com/articulo/conflicto/26-ninos-muertos-en-bombardeos
[3] Colprensa. El Universal. En bombardeo murió alias ‘Mono Ferney’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’. Septiembre 27 de 2021. [4] Redacción Judicial. Durante el gobierno Duque han muerto 22 niños y jóvenes en bombardeos: Cepeda. El Espectador. Noviembre 23 de 2021.Recuperado de: https://www.elespectador.com/judicial/durante-el-gobierno-duque-han-muerto-22-ninos-y-jovenes-en-bombardeos-ivan-cepeda/
[5] Maihold Günter. “Máquinas de guerra”: los menores de edad en el conflicto armado de Colombia. DW Colombia. Marzo 11 de 2021.Recuperado de: https://www.dw.com/es/m%C3%A1quinas-de-guerra-los-menores-de-edad-en-el-conflicto-armado-de-colombia/a-56844094
[6] Los Grande Casos de la JEP. 07 Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Auto No. 029 del 1 de marzo de 2019.Recuperado de: https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/07.html
[7] Dickinson Elizabeth. La guerra en el Chocó de la que nadie está hablando. Razón Pública. Febrero 13 de 2022.Recuperado de: https://razonpublica.com/la-guerra-choco-la-nadie-esta-hablando/
[8] Segovia María Antonieta, Poliszuk Joseph y Ramírez María De Los Ángeles. El reclutamientode indígenas en la selva venezolana. Diario El País. Febrero 08 de 2022. [9]Martínez Julián. 14 localidades de Bogotá tienen riesgo de reclutamiento forzado. Caracol Radio. Febrero 11 de 2022.
Recuperado de: https://caracol.com.co/emisora/2022/02/11/bogota/1644594613_709811.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter
[10] Navarro Cristina. Desde marzo de 2020 Defensoría tiene reporte de 114 casos de reclutamiento. Caracol Radio. Febrero 11 de 2020.Recuperado de: https://caracol.com.co/radio/2022/02/11/judicial/1644606364_885625.html
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: Pulzo
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