Un poco de historia
Desde la década de los ochenta la relación entre militares y empresarios agrarios (terratenientes, ganaderos y campesinos) dieron origen al interior de la institución militar del fenómeno del paramilitarismo, que en sus inicios se desarrolló al amparo del Decreto 3398 de 1965 y la posterior Ley 48 de 1968 que sentaron las bases legales, que desde el discurso de la defensa nacional, permitieron crear organizaciones de defensa civil, política que desde un enfoque de seguridad nacional dio origen al paramilitarismo para que, supuestamente, los terratenientes y campesinos pudieran defenderse de las guerrillas. A partir de mediados de los ochenta los narcotraficantes fortalecieron y sometieron esos grupos de “autodefensa”, en unas relaciones siniestras en la que los militares, no tuvieron escrúpulos para organizar y financiar grupo paramilitares, sino, adicionalmente posibilitar la alianza de esos grupos con el narcotráfico para acabar con la insurgencia, empleando cualquier método para lograr ese fin: Esto dio origen al fenómeno narco- paramilitar que en sus primeros años contó con el visto bueno de las fuerzas militares, en particular de la Decima Cuarta Brigada y de los oficiales del Batallón Batalla de Bárbula y, que posteriormente se extendió a Córdoba y el Urabá en jurisdicción de la décima séptima brigada con sede en Carepa.
El Batallón empezó a hacer parte operacional de la Primera Brigada y trasladado posteriormente al municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), en la vereda Puerto Calderón, en donde empezó a adelantar operaciones para reestablecer el orden público en la región del Magdalena Medio. En 1983, tras la conformación de la Decimacuarta Brigada, que estuvo a cargo de los general Farouk Yanine Diaz, el llamado pacificador de la Magdalena Medio, que llego a ser comandante del ejército, se llevó a cabo una organización de las unidades y de la jurisdicción, proceso en el que esta unidad táctica pasa ser parte de la Unidad Operativa Menor.
El batallón tiene como jurisdicción los municipios de Puerto Triunfo, Puerto Nare, Caracolí y Puerto Boyacá, en donde adelanta operaciones ofensivas contra las diferentes organizaciones armadas ilegales, con el fin de neutralizar sus acciones terroristas y reducirlas, para alcanzar el objetivo institucional de ganar la guerra. Desde entonces su labor ha sido el control y la consolidación de la seguridad en la Autopista Medellín–Bogotá, desde el Puente Samaná hasta el Río Magdalena, en Puerto Triunfo. Asimismo, el acercamiento con la población civil, en el desarrollo de actividades de acción integral y la participación en programas dirigidos a las comunidades de esta región. El Batallón Bárbula se proyectó como una unidad exitosa en el combate, a los “enemigos de la democracia”. El Batallón no solo dio origen a los fenómenos del paramilitarismo, sino, que a su alrededor se gestaron las relaciones con el narcotráfico y los procesos de formación de las escuelas del paramilitarismo del Magdalena Medio que estuvieron a cargo del mercenario Yair Klein y donde se formaron hombres de Víctor Carranza, Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar, Henry Pérez y Ramón Isaza en una alianza entre esmeralderos, narcotraficantes y paramilitares y fuerza pública.
La captura del paramilitarismo por parte del narcotráfico fue involucrando territorios del Magdalena Medio que servían de corredores para el tráfico de narcóticos y en ellos a la institucionalidad militar, que en su propósito de derrotar la insurgencia no vieron en su momento ningún problema no solo en aliarse con el narcotráfico sino, igualmente beneficiarse de los recursos provenientes de su actividad, situación que se reprodujo en otras brigadas y divisiones del ejército.
Operando al margen de la ley
Las declaraciones que se han hecho por parte de los involucrados en los procesos de Justicia y Paz y, más recientemente, en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), han colocado en evidencia la relación directa de militares con el narcotráfico, muchos de ellos oficiales que renunciaron a la institución para colocarse al servicio del paramilitarismo y de las empresas del narcotráfico.
Los casos de los generales Jorge Hernando Herrera Diaz y Wilson Chawes Mahecha o de oficiales como Robinson Rodríguez del Rio, entre un centenar de casos, cada uno cargado de sus propias particularidades, hacen parte de una sistemática violación de las normas y reglamentos que se han establecido para controlar las practicas ilegales en que puedan incurrir los militares dentro y fuera de la institución como lo establece el decreto 1862 de 2017, en que su artículo 76 que versa sobre, Faltas Gravísimas, señala, en el numeral 21, que una de ellas , es recibir beneficios de actividades ilícitas o participar en ellas, lo que conduce de manera clara a una dejación de responsabilidades institucionales por parte de algunos mandos, bajo criterios de interés personal y/o equivocado interés y proceder institucional.
Pese a que los grupos paramilitares fueron declarados ilegales durante el gobierno de Virgilio Barco -cuando se derogó la Ley 48 de 1968- mediante el Decreto 1194 de 198, que establecía, incluso, penas de cárcel para quienes organizaran o financiaran a grupos paramilitares, los militares afines a este fenómeno continuaron apoyándolo y extendiendo sus relaciones a organizaciones criminales articuladas directamente con el fenómeno del narcotráfico. La década de los noventa vio desarrollarse el proceso de federalización de los grupos paramilitares a través de las AUC y la hibridación de estos grupos con el fenómeno del narcotráfico que después de la muerte de Escobar posibilito la captura de los territorios y de la institucionalidad política local, regional y nacional.
En este proceso, tanto oficiales activos como de la reserva, formaron parte de grupos paramilitares, contribuyeron en su organización, entrenamiento y desarrollo del control territorial en el marco de las conflictivas y complejas relaciones de las dinámicas del conflicto armado y el empoderamiento cada vez mayor de las bandas criminales del narcotráfico. Oficiales vinculados a la III Brigada, situada en el Valle del Cauca, junto con paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, crearon en Valle del Cauca el Frente Calima y otras organizaciones paramilitares, que coparon el suroccidente del país y desarrollaron una estrategia de aniquilamiento sistemático de la resistencia social y de empoderamiento de las economías del narcotráfico.
La historia de Rito Alejo del Rio, llamado el pacificador de Urabá, nos coloca frente a una historia de criminalidad que arrancó en la década de los ochenta en Cimitarra en el Batallón Rafael Reyes , continuo entre a 1995 y 1998 en la Brigada XVII del Ejército Nacional donde fue comandante durante las Operaciones Génesis y la Operación Cacarica que lo relacionan con paramilitares y, termino en la cuestionada brigada XIII en Bogotá, se le sindica de ser responsable de asesinatos, masacres, desapariciones forzados, practicas de tortura entre otros crímenes de lesa humanidad. En 2020 fue llamado nuevamente por la Jurisdicción Especial para la Paz, por hechos ocurridos en Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en Antioquia; y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el Chocó, durante su comandancia en la Brigada XVII del Ejército Nacional. Ya había sido condenado en el 2012 a 25 años de prisión, quedo en libertad al someterse a la jurisdicción especial de Paz.
Es de resaltar el extraño caso del general del Ejército Rubén Darío Álzate Mora, secuestrado por las FARC en el Urabá Chocoano, cuando se desplazaba de manera extraña en el desarrollo de actividades no claramente establecidas, secuestro que llevó al presidente, Juan Manuel Santos, a suspender temporalmente los diálogos de paz. Álzate Mora fue el militar de más alta graduación que hasta ese momento había caído en mano de las FARC. Era comandante de la Fuerza de Tarea Titán, una unidad especial de lucha contra la guerrilla.
Su misión en la Fuerza de Tarea Titán es la neutralización de los grupos armados ilegales que operan en 22 municipios del Chocó y en dos del vecino departamento de Antioquia en el marco del “Plan Espada de Honor II”, del Ministerio de Defensa. La Titán, está integrada por más de 2.500 militares y entre sus objetivos estaban los frentes 34 y 57 de las Farc, así como las bandas criminales y las mafias de la minería ilegal de esa zona selvática. ¿qué hacia el general solito en un escenario tan escabroso?…
En una entrevista concedida por Overman Sánchez Arroyave, alias «Rubén» comandante del Frente 58 de las FARC (2016) que tiene incidencia en la zona cordobesa del Sinú y el alto San Jorge, así como en la región de Urabá, señala que pese al proceso de desmovilización paramilitar adelantado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez los grupos paramilitares siguen operando en la zona ahora de manera distinta, pero igualmente, desarrollando actividades del narcotráfico y manteniendo relaciones con la fuerza pública. Ahora, dice, esa relación entre las autoridades y el paramilitarismo es menos visible que antes, pero los nexos entre ambas partes continúan. En Urabá, asegura, la Brigada XVII del Ejército, que otrora fuera comandada por el general Rito Alejo del Río, continúa en la nómina de los paramilitares.
Narco corrupción militar
Se entiende la corrupción como el “abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo” (Transparency International, 2020). Esta definición permite analizar el fenómeno no sólo dentro del ámbito público, sino también en el privado e incluso en la sociedad, y puede aplicarse en el marco de una problemática compleja como el narcotráfico, en la cual se evidencia la participación de diferentes actores sociales, estatales, privados e ilegales.
La organización de transparencia internacional, al establecer la relación que existe entre corrupción y narcotráfico, define una serie de nociones y conceptos que es pertinente introducir acá para hacer claridad al respecto de muchos casos en los que se ha visto involucrados militares activos y en la reserva. Transparencia Internacional señala que el concepto de corrupción es amplio y puede tener muchas aristas. De acuerdo con el alcance que tiene el fenómeno se puede hablar de corrupción en sentido amplio o restringido; si se habla de su extensión se distingue entre la corrupción aislada y la sistémica; en relación con las estructuras donde se mueve, se puede tratar de corrupción social y sistemas de corrupción institucionalizada; dependiendo de dónde se geste la corrupción, ésta puede ser administrativa, privada, político-electoral, o en el sistema judicial; y dependiendo del grado de afectación institucional, la importancia de los hechos y de los actores, se puede hablar de fenómenos como la captura del Estado, reconfiguración cooptada del Estado, gran corrupción y macro-corrupción, entre otras designaciones . En segundo lugar, el carácter secreto e ilegal de la corrupción y del narcotráfico dificulta su medición. Incluso después de haber comprobado los hechos delictivos de corrupción, es difícil medir su impacto en términos económicos y sociales. (Transparency International, 2020).
Es conocidos los casos de corrupción que al interior de la fuerza publica se producen en los procesos de contratación, prebendas y reconocimientos en y por prestación de servicios. Casos que se suceden en casi todas las instituciones publicas y privadas, sin embargo, el relacionamiento de militares con bandas criminales para el logro de objetivos estratégicos o, de beneficio personal constituyen una particular modalidad de la que podemos denominar narco-corrupción- militar que compromete graves delitos en el marco del ordenamiento institucional y su funcionamiento en un complejo escenario de guerra en la que fácilmente se puede pasar del orden legal al ilegal, no solo en el establecimiento de relaciones y compromisos, sino en la definición de rutas de acción e involucramientos criminales.
La situación de los generales Jorge Hernando Herrera Diaz comandante de la Sexta División y Wilson Chawes Mahecha, son expresión de ese tipo de comportamiento en el que se justifica todo tipo de relación con bandas criminales mediante alianzas perversas en las que unos delincuentes (las disidencias de las FARC) son más peligrosos que otros (los pocillos) , que al colaborar con el ejército en la confrontación y destrucción de los primeros adquieren directa e indirectamente beneficios en las acciones delictivas, no pocas veces con retribuciones económicas con destino particular indefinido.
Las investigaciones realizadas por la revista Cambio y Noticias Uno que colocan al descubierto grabaciones que involucran de manera directa y contundente al general Jorge Hernando Herrera Diaz y a sus subalternos en relaciones con grupos delincuenciales del narcotráfico, desde la dirección de la Sexta División del ejército, que tiene su jurisdicción en el sur del país, con puesto de mando en la ciudad de Florencia, Caquetá y que cubre un área de 188.848 kilómetros cuadrados, en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Cauca y Putumayo, con un cubrimiento de 41 municipios. Según la información aportada por los comunicadores el general y sus subalternos se habría aliado con narcotraficantes de la banda ‘los Pocillos’ para combatir a las disidencias de las extintas Farc en Cauca, del frente primero que conduce Gentil Duarte y que operan sobre el andén pacifico en el departamento del Cauca.
El reportaje documentó a través de audios una reunión que el oficial habría sostenido en julio de 2019 con subalternos, y en la que habría explicado cómo funcionaba esa alianza criminal. En esa reunión el general explicó cómo funciona la banda ‘Los Pocillos’ y relata algunas reuniones que tuvo con los líderes del grupo ilegal auto involucrándose. El uniformado asegura que se trataría de alianzas que ayudarían a la fuerza pública a neutralizar el accionar de los subversivos que intentan tomar el control del corredor del río Micay, señalando que a esas estructuras hay que aniquilarlas. Frente a esta situación de comportamiento abiertamente ilegal se procedió a desvincular al oficial de la institución y a ordenar las investigaciones correspondientes que es de esperar prosperen y no se pierdan en los laberintos de la impunidad como suele ocurrir.
Otro proceso con sus propias características, pero con comportamientos similares se destapo en las declaraciones del coronel retirado Robinsón González del Río, investigado por sus nexos a la estructura ‘La Cordillera’, parte del Clan del Golfo, se mencionó a un general activo del Ejército Nacional, quien podría estar envuelto en actos delincuenciales. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que González del Río mantenía un contacto estrecho con distintos mandos militares, oficiales y abogados y, que uno de ellos, sería el Inspector General del Ejército Nacional, mayor general Wilson Neyhid Chawez Mahecha, quien fue nombrado en una conversación del coronel retirado.
En ella fueron reveladas largas horas de grabaciones telefónicas, mensajes de chat y otras pruebas técnicas en las que, incluso, terminó siendo mencionado un alto general del Ejército Nacional.
Según la Fiscalía, el coronel (r) González del Río aprovechó que se encontraba en libertad, tras postularse a la JEP desde 2018, para retomar sus contactos con altos oficiales y miembros de inteligencia, obtener información clasificada y alertar a alias Matamba sobre los operativos que se preparaban en su contra. La fiscalía construyo con la información que tenía un organigrama de la organización criminal de la que hacen parte varios oficiales del ejercito entre ellos el teniente Coronel (R) Robinson Javier Gonzales del Rio; el teniente Coronel (r) Harry Leonardo Gómez Tabares, El capitán Octavio Javier Castro Gonzales, El sargento viceprimero Edward Andrés Diaz Narváez, el sargento viceprimero Faillace Ospino, el sargento segundo Nelson Orlando Rolón Monrroy y el soldado Profesional Estivinson Córdoba Torres, a ellos se suma un general de la republica referenciado como el padrino.
Estas relaciones de los militares con los miembros de las Bandas criminales han sido puestas en evidencia en distintas ocasiones la mas reciente la referencia hecha por Dairo Antonio Úsuga David alias “Otoniel” quien asegura que paramilitares y fuerza publica han convivido en el Urabá por décadas. Este tipo de alianzas se mueven entre lo económico y lo operativo en el control de las economías del narcotráfico y las políticas de seguridad en territorio que suelen confrontar no solo a los grupos armados, sino que persiguen desplazan y aniquilan las organizaciones sociales, los defensores de los derechos, los reclamantes de tierra y los liderazgos políticos que consideren colocan en riesgo su control del territorio.
A manera de conclusión
No obstante, los esfuerzos que se han realizado desde la institucionalidad de la fuerza pública la relación de oficiales y subalternos con grupos paramilitares, bandas criminales y narcotráfico no se han podido superar y son cientos los casos que evidencia periódicamente ese tipo de relaciones.
Los relacionamientos adquieren distintas formas de expresión que van desde el control territorial, el mantenimiento de la seguridad y la persecución y aniquilamiento de riesgos y amenazas, hasta transacciones económicas en el marco de las economías del despojo, la extorsión y la industria del narcotráfico.
No ha funcionado con suficiente efectividad una estrategia de contrainteligencia que vigile el comportamiento de todos y cada uno de los miembros de la fuerza pública y proceda conforme al reglamento cuando existan comportamientos ilegales que constituyen esa larga lista de delitos graves consignados en el decreto 1862 de 2017, por el cual se establecen las normas de conducta del militar colombiano y se expide el código disciplinario militar.
El cumplimiento de la constitución y de las leyes, en el marco de la misión que se les ha encomendado y de la finalidad para la cual ha sido creada teniendo siempre en cuenta que La fuerza pública conformada por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional, deben ejercer el monopolio de la fuerza de manera legítima y actuar siempre dentro de la legalidad.
Nota referencial: Para la elaboración de este documento se tomaron en consideración materiales de prensa de distintos diarios del país, informes de la fiscalía general de la Nación; declaraciones de paramilitares ante la Ley de Justicia y paz y de Militares ante la JEP, documentos del estamento militar sobre el funcionamiento de las distintas unidades y sus jurisdicciones, Artículos relacionados con narcotráfico y paramilitarismos escritos por el autor, El documento de Lucha contra la corrupción y el Narcotráfico, Transparencia por Colombia. 2021; La sentencia de Fredy Rendon Herrera “El Alemán”, El decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968y el decreto 1862 de 2017, entre otros documentos consultados.
Carlos Medina Gallego, Docente Investigador, Universidad Nacional de Colombia
Foto tomada de: cambiocolombia.com
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