Es imposible negar la caída del ritmo de la industria colombiana. Y a pesar de este hecho contundente, el gobierno insiste en mantener una estrategia de desarrollo basada en la dependencia del carbón y del petróleo. A raíz de la agudización de la guerra en Ucrania, es muy probable que el precio del petróleo continúe aumentando.
Esta nueva bonanza se podría aprovechar con el fin de lograr tres propósitos: incentivar la industria, modernizar la agricultura, y modificar la matriz energética. Estos objetivos están íntimamente relacionados. Desgraciadamente, el gobierno no ha vislumbrado ninguna de estas estrategias. Simplemente ha dicho que es el momento de aprovechar los buenos precios internacionales. El afán de recursos es para responder a las necesidades de corto plazo, pero no se ha considerado la utilización de estos excedentes para avanzar hacia transformaciones estructurales.
Las anteriores bonanzas se manejaron muy mal. Y los excedentes no se supieron aprovechar para crear las bases de un crecimiento autosostenido. El país ha vivido todos los síntomas de la enfermedad holandesa (revaluación del peso, importación de bienes y destrucción del aparato productivo nacional). El aumento de las importaciones golpea a la industria nacional, y obstaculiza la consolidación del mercado interno. En lugar de haber fortalecido la industria y al agro, la abundancia de importaciones golpeó la producción nacional. El daño estructural no se está corrigiendo. Al contrario, se ha profundizado.
2. Incentivar la industria
En el país los procesos industriales han perdido relevancia. Y, en cambio, ha ido ganando importancia la economía extractiva. La participación de las exportaciones de petróleo y minerales pasó de 17,7% en 1965 a cerca el 70% en el 2019. Esta composición no favorece ni la productividad, ni la competitividad, ni el empleo.
El liderazgo activo del Estado es una condición necesaria para impulsar la industria. La interacción entre los sectores público y privado es fundamental, pero la visión de largo plazo tiene que estar en cabeza del Estado. Es indispensable cambiar el discurso que desde finales de los 80s le dio toda la prioridad al sector privado, minimizando la acción del Estado. Se creyó de manera ingenua en la dinámica autocorrectiva de las “fuerzas del mercado”. Gracias a la intervención activa del Estado el desarrollo económico puede ser sostenible, equitativo y resiliente.
No obstante, el desprecio que todavía se mantiene por la acción estatal, algunos documentos oficiales sí reconocen la importancia del liderazgo de lo público. El Ministerio de Comercio, por ejemplo, acepta que el Estado debe estar al frente de los objetivos de largo plazo de la política industrial. Incluso, critica afirmaciones como “la mejor política industrial es la que no existe”, o “la mejor política industrial es simplemente una buena política macroeconómica”. Estas apreciaciones del Ministerio de Comercio han quedado en el aire porque la política económica se mueva en la dirección contraria. Y en lugar de propender por un aumento del gasto y la inversión pública, se insiste en el discurso de la austeridad.
3. Modernizar la agricultura
Cualquier política de desarrollo agropecuario tiene que comenzar con alternativas que permitan reducir la excesiva concentración de la propiedad de la tierra. La desigualdad es significativa.
De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2014, el 70,8% de los productores están en fincas de menos de 5 hectáreas y ocupan el 3,1% del área. Y, por otro lado, el 0,2% de los productores ocupan fincas de más de 1.000 ha. y ocupan el 59,5% del área. Esta concentración elevadísima – con un Gini de 0,92 – no favorece la productividad agropecuaria.
La modernización de la agricultura tiene que ir a la par con una consolidación del catastro multipropósito, y del mercado interno. Los lineamientos básicos de la estrategia son los siguientes. Primero, reconocer que entre el campo y la ciudad hay una relación de continuidad. No tiene sentido definir una frontera divisoria. Se es más rural en la medida en que las densidades sean bajas y las distancias sean mayores. Segundo, el Estado tiene que incrementar la inversión (vías terciarias, sistemas de riego, etc.), y ofrecer más y mejores servicios sociales (educación, salud, agua, etc.). Tercero, es necesario favorecer el acceso al crédito. Las tasas de interés son muy altas. Cuarto, es fundamental estimular la producción de alta tecnología, buscando una producción más limpia. Quinto, se debe revisar el tamaño de las unidades productivas, de tal forma que se llegue a un tamaño de finca suficiente para generar recursos adecuados para los hogares campesinos.
4. La transformación de la matriz energética
Es indispensable transformar la matriz energética, por razones ambientales y porque el desarrollo económico de los próximos años requiere un crecimiento con bajo consumo de carbono.
El cambio de la matriz energética es un proceso lento. La dependencia de los combustibles fósiles no desaparecerá de un momento a otro. En la reunión de Glasgow, Colombia se comprometió a reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en un 51% hacia el 2030. Este meta no tiene nada que ver con la insistencia del gobierno en continuar dependiendo de los hidrocarburos y los minerales. En lugar de reducir el peso de la economía extractiva, el ministro de Minas ha anunciado, días después de la firma de Glasgow, que el momento es oportuno para aumentar la producción y la exportación de petróleo y carbón. Para el gobierno la recuperación estará anclada en el fracking. Este tipo de decisiones no tienen nada que ver con las declaraciones gubernamentales a favor del crecimiento verde.
La economía verde es compatible con aumentos en la inversión y el empleo. La producción limpia lleva a una recomposición del empleo, que pasa de los procesos extractivos hacia industrias modernas. Las actividades desencadenadas por la economía verde son más intensivas en capital que la producción contaminante.
La sostenibilidad ambiental requiere que haya una reducción significativa de la concentración del ingreso, la tierra y la riqueza. Las desigualdades son notorias. Las distintas mediciones muestran que en Colombia la distribución es pésima. El Gini de concentración de ingresos laborales fue de 0,544 en el 2020. Es muy alto en el contexto mundial y de América Latina. De acuerdo con los cálculos de Luis Jorge Garay y Jorge Espitia, en el 2017, el Gini de la concentración del patrimonio de personas naturales fue de 0,6819. Y el de las personas jurídicas de 0,9742. El Gini de concentración de la tierra, como se dijo atrás, es de 0,92. El de concentración accionaria es de 0,9.
Estos altos niveles de desigualdad son incompatibles con una economía verde. Los impuestos al carbono y los bonos de carbono son recursos que han ido adquiriendo relevancia, tanto en Colombia como a nivel internacional. El monto adecuado del impuesto al carbono se ha discutido bastante. En Colombia la tarifa es de US$5 por cada tonelada de carbono. Este monto es bajo. Stiglitz y Stern piensan que la tarifa debe ir aumentando de manera progresiva, comenzando con US$40-US$80 por tonelada de CO2, y en el 2030 tendría que subir al rango de US$50-US$100 por tonelada. Estos incrementos tarifarios se deben acompañar de estímulos a las empresas para que modifiquen sus modalidades producción.
Jorge Iván González
Foto tomada de: Fenalco Antioquia
Recuerdo a mi madre que: cuando era presidente el señor Belisario Betancur, ella trabajaba en el SENA como instructora de artesanías en zonas campesinas. Un día tuvo una discusión con unos empleados del INCORA porque éstos señores le decían que tenía que convencer a esos campesinos para que vendieran sus tierras y se fueran a vivir a la ciudad, ante la respuesta contundente y argumentada de ella para, contrario a ello, mostrarles los peligros de ir allá abandonando su seguridad alimentaria, su libertad, etc. Le respondieron con una amenaza concreta, ella era una empleada oficial y esa era una orden directa de presidencia. Además agregaban, los campesinos también tenían derecho de conocer la belleza de las luces de la ciudad, poder ir a cine, mandar a sus hijos al colegio y tener oportunidades de trabajo. La acusaron por no cumplir la orden que daba el gobierno y si no es por alguno de sus supervisores del SENA que, conociendo de abusos contra las campesinas de la región por parte de sus acusadores logró que ellos fuesen despedidos y mi madre siguió en el puesto hasta pensionarse rodeada del cariño de muchos campesinos (as).