Como se sabe, el Acuerdo de Paz, así como su blindaje constitucional y legal han tenido infinidad de tropiezos desde su diseño, negociación, legalización e implementación. En lo que concierne al punto 2.3.6 del Acuerdo de Paz: “Promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono”, el Gobierno Nacional se comprometió a crear 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz – CITREP- para elegir 16 candidatos surgidos desde las víctimas para representarlas en la Cámara de Representantes, por dos períodos electorales.
El 30 de noviembre de 2017, bajo la Presidencia del Congreso del parlamentario conservador Efraín Cepeda, el proyecto de ley relacionado con las 16 curules, a pesar de haber logrado la mayoría absoluta de la votación favorable, fue hundido por un polémico voto de diferencia pretendiendo contar el total de senadores incluyendo a tres parlamentarios presos.
El proceso de defensa del acuerdo de Paz en este punto, relacionado con la reparación y derechos de las víctimas a la participación política debió pasar, entonces, por un tortuoso entramado judicial ante el Tribunal Superior de Cundinamarca y el Consejo de Estado en procura de una acción de cumplimiento interpuesta por Guillermo Rivera, el entonces Ministro del Interior del gobierno Santos, con el fin de garantizar la aprobación del proyecto de Ley: después de retornar el proyecto de ley nuevamente al Congreso en 2018 volvió a ser archivado y el Senador Roy Barreras presentó en mayo de 2019 el recurso de tutela que tuvo concepto negativo, inicialmente, por parte de los tribunales Administrativos de Bogotá y Cundinamarca y, luego, tras la respectiva selección del recurso por parte de la Corte Constitucional, también obtuvo el concepto negativo por parte de la actual Procuradora Margarita Cabello. No obstante, en mayo de 2021, la Corte Constitucional revivió las Curules de Paz para las víctimas del conflicto armado, mediante fallo favorable a la tutela, contrariando la pretensión del uribismo de hundir este elemento central del Acuerdo de Paz.
Como bien lo plantean Bocanumenth y Puerta [1] en estas regiones se ha concentrado la violencia ejercida por actores armados en contra de numerosas víctimas afectadas, además, por altos niveles de pobreza multidimensional y dependencia para subsistir de la producción de cultivos de uso ilícito. Rara vez han podido elegir voceros políticos de estas comunidades en el Congreso de la República. El propósito de las circunscripciones ha sido el de corregir esta ausencia de representación, mediante la elección por dos mandatos legislativos, en favor de más de nueve millones de víctimas que incluyen comunidades afro e indígenas. Además, destacan que la Comisión de la verdad identificó en estas regiones 17 de los 22 corredores donde se concentró la violencia afectando a dichas comunidades étnicas.
Una vez aprobado, el gobierno Duque procedió a reglamentar la ley en agosto de 2021, en medio de dinámicas de corto plazo que dificultaron las postulaciones. Inicialmente, se registraron 398 aspirantes, con evidente escaso tiempo para preparar sus campañas en las zonas rurales correspondientes a los 167 municipios de las 16 CITREP definidas en el Acuerdo de Paz. La mayoría de los candidatos no recibieron los fondos para sus campañas. Hubo un clamor de aplazar las elecciones de estos representantes de las CITREP para poder realizar adecuadamente las campañas. Al no poder sabotearlas, los grupos paramilitares, otros grupos criminales y los partidos tradicionales decidieron cooptar las CITREP.
Luego de la jornada electoral, como muestra Lewin [2] en La Silla vacía las curules para las víctimas quedaron en poder de las siguientes personas:
Como muestra Redacción Colombia +20 en el Espectador [3], abundan las denuncias por compra de votos, contratos con el Estado, respaldo de clanes políticos, relación con parapolíticos. Al respecto, se destacan seis casos de la Sierra Nevada, Córdoba, Chocó, Caquetá, Tolima y Catatumbo. Ellos son:
1) Jorge Rodrigo Tovar. Como se ha dicho, es el hijo de Jorge Tovar Pupo, exjefe paramilitar del Bloque Norte de las AUC. Increíblemente, fue reconocido como víctima por la Uariv. Obtuvo 14.943 votos en la circunscripción de Cesar La Guajira y Magdalena. Contó con el apoyo de Víctor Hugo Mosquera, director territorial de la Unidad de Víctimas en el Cesar y La Guajira. La sede de la Unidad de Víctimas en Valledupar es de propiedad de la familia Tovar. Varios candidatos denunciaron que no podían entrar a hacer campaña a las veredas dado el control paramilitar, donde sí pudo llegar el hijo de Jorge 40. El 13 de marzo se supo que, en las veredas a lo largo de la Troncal del Caribe, entre Santa Marta y La Guajira, las Autodefensas Conquistadores de La Sierra prohibieron a los ciudadanos salir a votar. Prácticamente, no fue noticia el presunto hallazgo de altas sumas de dinero en la camioneta de Jorge Rodrigo Tovar, en requisa policial, mientras se movilizaba al sur del Cesar, durante la jornada electoral.
2) Leonor María Palencia Vega. Como se ha mencionado, es prima del gobernador de Córdoba. Se le señala de compra de votos a través de terceros, algunos de sus apoyos se dice que tienen nexos con la parapolítica y tenía un contrato estatal vigente, al momento de inscribirse, lo que puede representar inhabilidad, como lo denuncia la Misión de Observación electoral – MOE. La lideresa Yeimis Paternina denuncia que ella y su familia recibieron amenazas luego de denunciar ante la Fiscalía y a varios políticos por compra de votos. Además, nunca ha ejercido liderazgo ni trabajo con las víctimas.
3) James Hermeregildo Mosquera. Se le señala de ser próximo al clan Sánchez Montes de Oca, Casa Política del exgobernador Patrocinio Sánchez de su hermano Odín Sánchez condenado por parapolítica. Realizó una inscripción exprés con base en amenaza del 27 de octubre, declaración el 2 de noviembre y reconocimiento como víctima por la Uariv del 22 de noviembre de 2021.
4) Jhon Fredy Núñez. Ingeniero cercano al actual gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca, cercano a dos exgobernadores liberales, Germán Medina, asesinado por sicarios el 30 de marzo de 2021 y Álvaro Pacheco, condenado por vínculos con paramilitares, exmilitante del PIN, partido reconocido por acoger parapolíticos.
5) Haiver Rincón. Su campaña y la de su compañera Janeth Sabogal estuvo llena de irregularidades. Se denuncia su cercanía con el exgobernador conservador del Tolima, óscar Barreto. También, se denuncia su cercanía con el exalcalde de Ataco, Jader Ochoa, investigado por la fiscalía y la Contraloría por irregularidad en contratación pública. Compartió actividades de campaña con la candidata conservadora a la Cámara, Delcy Isaza de la corriente de Óscar Barreto.
6) Diógenes Quintero Amaya. Se cuestiona su desempeño como funcionario público en el año previo a las elecciones, como asesor del despacho del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Aunque esto no lo inhabilitaría. Además, un audio conocido por Colombia+20 evidencia el apoyo, con “un personal”, por parte del Alcalde de Hacarí, Deivy Bayona. Esto incumple la normatividad para estas curules.
Como se ha planteado, antes de la jornada electoral del 13 de marzo ningún candidato pudo contar con anticipos para financiamiento de sus campañas, algo que estaba explícito en el artículo transitorio 8 de la resolución 5882 de 2021, donde se planteó que las campañas de las CITREP serían financiadas preponderantemente con recursos del Estado, mediante el sistema de reposición de votos y acceso a anticipos, con base en topes definidos por la autoridad electoral.
Por fuera de la elección, por falta de recursos y de garantías de protección frente a las amenazas y persecuciones contra candidatos y votantes, quedaron personas líderes de sus comunidades, como lo denuncia Mauricio López en Vorágine [4]. Allí están los casos de Manzur Agustín Sierra del Noroeste antioqueño, líder de víctimas, sin esquema de seguridad y sin recursos al igual que Sandra Milena Puerta de la circunscripción de Urabá, quien solamente obtuvo 90 votos después de recibir amenazas directas contra su vida sin poder contar con protección oficial ni recursos y en medio de la estigmatización por parte de los grupos armados y de los partidos tradicionales que coartan la participación de las 92 mil víctimas inscritas para las votaciones.
Según denuncia Sandra Milena, La MOE registró que el único municipio con alerta roja por delitos electorales en Urabá es Mutatá. Sin embargo, ella afirma que en todos hubo riesgos; sin embargo, la gente no denunció en razón de los peligroso. En Carepa hubo atentados contra dos candidatos a las curules de Paz: es el caso de Diana Marcela Hurtado y Menderson Mosquera quienes fueron atacados con disparos, mientras se movilizaban en sus carros por la zona rural. De manera similar, hace la denuncia Manuel Palacios, exdirigente deportivo de Carepa en Urabá, quien registra 166 votos.
En Caucasia, Lina Marcela Villegas, quien habría obtenido 25 votos, afirma que debió esquivar amenazas y disparos teniendo que viajar en chalupa para realizar su campaña. Así mismo, Diana Hurtado, Candidata de Urabá fue víctima de un atentado hace una semana, 17 candidatos del Cesar, La Guajira y Magdalena donde fue elegido Jorge Rodrigo Tovar, debieron renunciar a sus candidaturas por falta de garantías de seguridad.
En Arauca, un día antes de las elecciones, Luz Estella Quenza fue víctima de un atentado mientras iba por la vía Caño Limón-Arauquita. Trágicamente, en Saravena-Arauca fue asesinada Karen Yezenia González, esposa de Juan Pablo Jiménez, promotor del voto en blanco por parte de las víctimas, como muestra Noticias Uno [5].
Como Plantea Tomás Betín en el Heraldo de Barranquilla [6], la violencia se ha recrudecido en muchas de las regiones conformadas por las 16 circunscripciones y los 167 municipios que las conforman. La presencia de las disidencias de las Farc, del ELN, de bandas criminales como el clan del Golfo dedicadas al narcotráfico y de los grupos paramilitares y la desprotección de las víctimas por parte del Estado revictimiza y propicia que las curules queden en manos de los victimarios.
Hasta ahora, los pronunciamientos preliminares de la MOE y de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea se quedan cortos y resultan demasiado mesurados, en contraste con las problemáticas denunciadas por los voceros de las comunidades; así mismo, frente a los hechos de captura de las curules por parte de personas vinculadas con partidos tradicionales, clientelas políticas y grupos paramilitares.
De allí la importancia de recurrir a las denuncias pertinentes a nivel nacional e internacional, a las impugnaciones, así como a las demandas respectivas, en pro de la restitución de derechos como se establece en el Acuerdo de Paz y en la legislación derivada de su formalización.
Fuentes:
[1] Bocanumenth Mattehew y Puerta cuartas Felipe. Curules de víctimas en el Congreso pueden promover la paz en Colombia. WOLA. Marzo 11 de 2022. [2] Lewin Juan Esteban. Estos son los elegidos en las curules para las víctimas. La Silla Vacía: Marzo 16 de 2022. [3] Redacción Colombia +20. El hijo de ‘Jorge 40′ y otros cuestionados elegidos a curules de víctimas. Marzo 14 de 2022. [4] López Mauricio. Los candidatos a las curules de paz que no tuvieron las maquinarias y la plata de ‘Yoyo’ Tovar. Vorágine. Marzo 14 de 2022. [5]. #elecciones 2022. Noticias Uno Emisión del 12 de marzoTomado de: https://twitter.com/NoticiasUno/status/1502645919640174593?s=20&t=J35RKVxfbtAi19QfDrinHw
[6] Betín Tomás. Curules de paz: el retrato del olvido y la violencia en los territorios. El Heraldo.Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: El Diario
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