Es la misma actitud de Pablo Escobar cuando supo perdida su guerra contra el Estado: ¡Nos hundimos todos!
Pablo de Antioquia, padre del Cartel de Medellín, el mismo que modificó la mafia que pasó de sobornar políticos a conducir directamente el Estado, llegó a ser parlamentario, el único de su grupo; a diez años de su muerte sus antiguos aliados, que lo traicionaron, pasaban del 35% en el congreso. Además, ejercían el poder ejecutivo con absolutismo.
Veinte años ha durado el régimen instaurado desde Medellín, donde el poder de la mafia ha extendido y magnificado la corrupción por las instancias gubernamentales, llegando a hacer de ella un factor de distinción: Un delincuente sorprendido en defraudaciones es promovido a ministro de hacienda, y hasta nombrado gerente del Banco de la República; un coronel que mata civiles indefensos es ascendido a general; una señora acusada de tratativas con el paramilitarismo termina manejando una oficina estatal de derechos humanos…
Falta ponderar el crecimiento del narcotráfico que, pese a la retórica oficial, se ha incrementado tanto en cultivos ilícitos y cadena de valor, como en consumidores e integrantes de la mafia. Además, ha subsumido otras actividades delincuenciales: Del mismo Cartel, hoy llamado Oficina de Envigado, dependen tanto el macrotráfico como el menudeo de droga, el robo de vehículos, la falsificación de moneda, el gota a gota, la trata de personas, y restantes clasificaciones penales. De ellos dependen múltiples organizaciones delincuenciales, en especial las pandillas locales que son su cadena de transmisión ante las barriadas, que resultan tanto expoliadas como controladas. Incluso, han devenido en mecanismo electoral de la extrema derecha, por constreñimiento a los votantes de los barrios populares, que en Medellín y demás municipios del Área Metropolitana han sido determinantes.
En esta semana se conoció el informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional para Colombia, CICR, este informe desde hace algunos años reconoce seis conflictos armados que se desarrollan sobre los territorios: 1. Estado Colombiano Vs Ejército de Liberación Nacional, ELN. 2. Estado Colombiano Vs Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. 3. Estado Colombiano Vs Antiguas Farc actualmente no acogidas al acuerdo de paz. 4. ELN, Vs AGC. 5. Antiguas Farc actualmente no acogidas al acuerdo de paz Vs Segunda Marquetalia, 6. Antiguas Farc actualmente no acogidas al acuerdo de paz Vs Comandos de la Frontera. Reporta el informe que en el año anterior comprobaron 884 violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Igual, crecieron las víctimas de artefactos explosivos en un 24%, en relación con el año anterior, siendo los civiles los más afectados. Las cifras de desapariciones del 2021 fueron 168, cada dos días se produce una desaparición forzada en el país. Sigue el reclutamiento y utilización de menores, y la violencia sexual se usa tanto como retaliación contra personas y comunidades, así como ostentación de poder y de dominio territorial. Durante el gobierno Duque tanto el desplazamiento como el confinamiento de comunidades se incrementa año a año, durante el último el desplazamiento masivo afectó a 52.880 personas, el desplazamiento individual a 77.568, mientras que 45.108 personas fueron confinadas. También crecieron los ataques a la misión médica.
Por el recrudecimiento de los conflictos, así como el propósito del gobierno Duque Uribe de hacer trizas el acuerdo de paz, se puede concluir que le ha ido bien al gobierno atizando la guerra, mientras al pueblo le ha ido mal. Por eso, al alarmante informe del CICR le quedó faltando una séptima categoría de conflicto, acaso la que más daño hace: Estado Colombiano Vs Población Colombiana.
Como alguna vez lo hizo Pablo, la banda enquistada en el gobierno desata fuerzas criminales contra la población. Además, arrasa con la biodiversidad desde la Sierra Nevada, Boyacá, Chocó, hasta la Amazonía, saquea el presupuesto, sin medida ni vergüenza, así como destruye su institucionalidad: Corrompe a las fuerzas Armadas, irrespeta las decisiones judiciales, niega la salud ciudadana, persigue a maestros… Todos los indicadores de eficacia del gobierno están en rojo, y el sistema electoral peor.
Aparte de los seis o siete conflictos, en esta patria existen los mismos problemas de los demás países, pero, en Colombia todos los delitos se agravan matando gente: El hurto, la estafa, el contrabando… Hasta el ejercicio abusivo del poder. Según Indepaz, desde la firma de los acuerdos de paz, hasta marzo 17 de 2022, se han asesinado 1.327 defensores de Derechos Humanos, se han cometido 288 masacres, y exterminado a 308 firmantes del acuerdo. Ante eso vendrá la respuesta canalla del gobierno, dirán que a ellos las cuentas les dan menos.
A principios de marzo la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó al gobierno a “a tomar medidas preventivas para garantizar el ejercicio de actividades electorales y la participación política en un ambiente libre de amenazas y de todo tipo de violencia”. Fiel a su carácter, el gobierno no lo hace.
Por el contrario, en su afán por destruir la paz para restaurar el mesiazgo de Uribe, ha profanado el juramento de salvaguardar la integridad de los colombianos y se ha dedicado a administrar las violencias en el territorio. Por lo cual resulta preocupante la liberación, no fuga, que se dio la semana anterior de Alias Matamba, un delincuente al servicio de las AGC, que resultó teniendo en su nómina a algunos generales del Ejército y la Policía Nacional, incluso al Comandante General de las Fuerzas Armadas. Este sujeto da cuenta de una variación en la violencia colombiana: Si antes el paramilitarismo dependía de las Fuerzas Armadas, hoy ellas dependen de los mafiosos. Si bien Matamba es superior jerárquico del Comandante General de las Fuerzas Armadas, no queda claro si está por debajo o por encima del ministro de defensa, o del presidente.
Dada su falta de escrúpulos, el partido de gobierno pretende influir el resultado electoral con todas las formas de lucha, atacando a la oposición, y favoreciendo al candidato del continuismo, un gamberro antioqueño de la entraña del Cartel, apodado Fico.
Duque, convertido en jefe de campaña del de Medellín, anuncia, con trompetas, que el fin está cerca, que nos podemos volver pobres, que los ricos podrían dejar de explotarnos, o que perderíamos la libertad de aguantar hambre, y que es preferible la corrupción a tener un presidente que acabe con el bandidaje. Para ellos Gustavo Petro es un jinete del apocalipsis, ¡ojalá lo sea!
José Darío Castrillón Orozco
Foto tomada de: CNN
Fomentan con engaños el miedo, el terror.. Tratan a los ciudadanos como a menores de edad, incapaces de decidir en libertad y de cuidar de sí mismos.
Interesante artículo que describe la realidad política colombiana, desde antes y para el momento actual. Vienen tiempos difíciles, por la capacidad de la derecha para hacer daño.
Cuando fue cayendo el feudalismo, los señores decían que el mundo no podría existir si ellos.
Un excelente articulo que permite derrumbar esos discursos de fantasmas que nuevamente pretenden asustar al pueblo, para mantener la banda en el senado.