Sin política exterior de Estado
En contra de lo que Duque pregonaba en 2018, en la Cancillería han predominado nombramientos para devolver favores electorales con amplios costos institucionales. Aunque su canciller prometió llegar al final del gobierno con al menos 50% del servicio exterior profesional, de 80 embajadores de carrera diplomática, 39 fueron asignados a planta externa, solo 16 ejercen de embajadores, los demás están en cargos alternos o acompañan a los embajadores escogidos por clientelismo. Si a los embajadores de carrera se les confiara la responsabilidad para la que ascendieron, Colombia no estaría obligada a pagar desde el doble hasta cuádruple por cada una de esas embajadas[1].
Duque ha mantenido cancillerías paralelas vía su antes jefe de gabinete, María Paula Correa, a quien le había dado facultades internacionales, control de decisiones, designación de embajadores[2]. Los 20 viajes internacionales de Duque en la primera parte de su gobierno generaron poco. Por ejemplo, su tour por Europa quedó marcado con su mensaje al rey de España, que Uribe lo mandaba a saludar. Con China, anunció importantes gestiones comerciales y terminó mostrando que Colombia le va a vender aguacates y banano a la potencia.
Aunque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores está contemplada como el órgano consultivo de gobierno, Duque no logró reunirla ni siquiera porque Colombia enfrenta dos demandas de Nicaragua. A finales de 2020, por orden judicial, tuvo que convocarla, pero como Duque no asistió -reafirmando su resistencia a escuchar-, la reunión fracasó.
Alineamiento con Trump
Como parte de la ideologización de las relaciones internacionales, Duque se plegó a los intereses del gobierno de Trump cuyas medidas fueron apoyadas por algunos funcionarios colombianos quienes, además, intrigaron a favor de la reelección del mandatario republicano.
Siguiendo la estrategia de Trump y con la bandera uribista contra el “castrochavismo”, Duque marcó su política frente a Venezuela y a Cuba. No quiso continuar la negociación con el ELN, y en enero de 2019, aprovechó el atentado de esa guerrilla contra la Escuela de Policía para levantar la mesa. Violó el Protocolo pactado entre el Estado cubano y el colombiano en caso de ruptura de las negociaciones adelantadas allí. En junio 2021, no apoyó la resolución de la ONU, aprobada por 138 países, que exigían el levantamiento del bloqueo a Cuba; y le ayudó a Trump a revertir la reapertura de relaciones hecha por Barack Obama luego de casi 60 años de ruptura.
Alejamiento de América Latina y el Caribe
Rompiendo la tradición regional de que alguien de la región presidiera el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gobierno Duque apoyó al asesor de Trump, Mauricio Claver-Carone, cubano-estadounidense, radical defensor del bloqueo a la isla. Aunque hubo fuerte oposición a esa candidatura, su elección como candidato único pasó por encima de acuerdos y normas. Las 16 abstenciones mostraron su precaria legitimidad y la presión de Trump, que había amenazado con suspender ayudas, poner aranceles e impuestos a remesas si no se transformaba al BID en instrumento de su gobierno y para limitar la inversión china en la región.
Pese a que es indispensable coordinar políticas y acciones internacionales, Duque y su partido ven “castrochavismo” en cualquier iniciativa de acercamiento regional, aferrados a la idea que no es posible tener relaciones con gobiernos que no estén alineados con su ideología. Pero sin buenas relaciones con la región y sin coordinación con autoridades y poblaciones del Caribe, el Pacífico, la Amazonia y los Andes, es imposible que Colombia pueda asumir su múltiple pertenencia.
La presidencia de la Comunidad Andina de Naciones ejercida por Colombia, resultó rutinaria. La Alianza del Pacífico o el acercamiento al Gran Caribe se han reducido a ocasionales asomos gubernamentales. En lugar de ayudar a que la Unión de Naciones Suramericanas saliera de su crisis y rescatara la capacidad de diálogo y acción que había logrado, el gobierno la acusó de complicidad con Maduro, anunció el retiro de Colombia y su reemplazo por una Prosur que no funciona. Antes que coordinar una posición regional, Duque rechazó la declaración del Grupo de Lima contra el uso de fuerza para resolver las crisis venezolanas, e invitó a Estados Unidos a sus reuniones, fisurando el grupo.
Desestímulo a la construcción de paz
La no negociación con el ELN y la precaria implementación del Acuerdo con las Farc han afectado la construcción de paz territorial, crucial para revertir situaciones que alimentan la violencia en las vulnerables regiones rurales y fronterizas. Subestimar el problema agrario, llevó al gobierno Duque a abstenerse en la ONU de votar a favor de la Declaración de Derechos del Campesino, entre otros a la tierra y al uso de las semillas que ellos producen, a la protección de sus formas culturales y sus conocimientos productivos tradicionales. Con esa actuación y su precaria participación en la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación e Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), el gobierno de Duque ha puesto en riesgo la credibilidad del Estado colombiano y el respaldo internacional a la salida negociada y a la paz.
Todo eso ha generado preocupación en la Alta Comisionada Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea y sus países miembros, organizaciones como Human Rights Watch, y en el mismo Congreso de Estados Unidos[3]. El 6 de julio de 2020, por ejemplo, 94 legisladores demócratas pidieron a Duque cumplir el Acuerdo de Paz, construir Estado en zonas de conflicto, proteger a líderes sociales y de derechos humanos[4]; el 21 de julio, la Cámara aprobó la Autorización de Defensa, pidió a los secretarios de Estado y de Defensa como al director de Inteligencia informar sobre acusaciones de uso de ayuda estadounidense para vigilar ilegalmente a la población, a defensores de derechos humanos, opositores políticos, personal judicial, periodistas, y estableció límites al apoyo de Estados Unidos a la fumigación aérea con glifosato de cultivos de coca.
Aferrado a la fracasada guerra antidrogas
Duque abandonó esfuerzos en Colombia e internacionales para redefinir la política sobre drogas. Desechó el examen de razones del fracaso de esa guerra así como su impacto social, ambiental, en el desarrollo y la seguridad, hecho para la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS) de 2016, que acordó metas para evaluarla: prevenir el consumo, promover la salud, reducir la violencia, mejorar la seguridad ciudadana, respetar los derechos humanos, proteger poblaciones vulnerables, fomentar el desarrollo equitativo y sostenible con comunidades afectadas por la pobreza e inseguridad.
Como Trump le exigió acabar los cultivos de coca, Duque apostó a destruir a cualquier costo y a corto plazo las cerca de 200.000 hectáreas de coca con fumigación de glifosato, ordenó compra de aeronaves, bases y equipos, pese a que se ha demostrado que, en lugar de lograrlo, esas aspersiones generan altos daños. Tutelas presentadas por 94 organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos contra esa estrategia llevaron a la Corte Constitucional a exigirle planes de prevención, mitigación ambiental y de salud, consulta previa a comunidades étnicas, aplicación de política vigente de sustitución voluntaria como opción preferencial y solo si esta fracasa usar otras formas de erradicación[5].
Duque dedica miembros de la Fuerza Pública a la erradicación en lugar de aplicar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), lo que genera tensión con las comunidades locales[6]. Informes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, muestran que la erradicación manual y voluntaria hizo bajar las hectáreas sembradas y la tasa de resiembra al 0,6% pero la forzada las ha vuelto a subir. El Plan de Atención a Recolectores de hoja de coca había logrado comenzar la reconversión laboral en 33 municipios de 13 departamentos, ayudando a los “cocaleros” a subsistir encontrando ingresos en reforestación, mantenimiento de vías, mejoramiento de escuelas.
Duque, su gobierno y su partido equiparan narcotráfico con sembrados de coca y evalúan su estrategia por hectáreas erradicadas, laboratorios destruidos, kilos incautados, personas detenidas y condenadas. Lanzaron las Zonas Futuro para combatir esos cultivos y, el 20 de julio 2020, a cinco unidades militares de esas Zonas llegaron 53 militares estadounidenses para luchar contra el narcotráfico, aunque esa acción militar externa había sido suspendida por un fallo judicial que exigió aprobación previa del Congreso. Al calificar de ilegales los cultivos de coca, los desplazan a lugares apartados destruyendo bosques húmedos tropicales, donde el control lo tienen los grupos armados ilegales, desestimando la probabilidad de que legalizarlos desfinancie la guerra, estimule su sustitución y servicios ecosistémicos, priorice el ataque a cristalizaderos o laboratorios y fortalezca la lucha contra el lavado de activos y los procesos de extinción de dominio, golpeando así la cadena del narcotráfico. Además, subestiman que para enfrentar una economía globalizada como la de drogas se requiere cooperación y que Colombia, por ser el único país que sigue lanzando venenos a la coca, sería objeto de demandas internacionales.
Contraproducente actuación sobre Venezuela
Pese a que los intereses de Colombia son distintos de los que tiene Estados Unidos, Duque secundó la estrategia de Trump sobre Venezuela. Además, ha desestimado la necesaria negociación entre distintos sectores venezolanos para pactar una transición pacífica, indispensable para hacerle frente a las crisis acumuladas. Eso tiene múltiples efectos sobre la frontera compartida, la más extensa y abigarrada con nexos poblacionales, sociales, ambientales, económicos, de seguridad.
El gobierno colombiano apareció acompañando una estrategia de la oposición venezolana que arrancó en enero de 2019, cuando -ante la elección irregular de Maduro- la Asamblea Nacional nombró a Juan Guaidó presidente encargado de Venezuela. En febrero acompañó su estrategia de presión desde Colombia, mientras Duque anunciaba que en cuestión de horas Maduro caería. Luego, el 3 de mayo de 2020, sectores opositores venezolanos impulsaron desde Colombia otro fallido intento de rebelión militar, con participación de exiliados, antiguos miembros de fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos y la empresa de seguridad privada contratada para proteger el concierto de febrero. La expedición fracasó al llegar a Venezuela. La alianza del partido de Duque, su gobierno y su partido con el sector opositor que privilegia la acción externa -incluidas las sanciones no solo contra funcionarios del régimen sino también de las petroleras-, ha contribuido a la frustración social por los sucesivos fracasos opositores que fortalecen a Maduro al mostrar la dramática situación venezolana como producto de la injerencia externa. En lugar de comprender la complejidad de las crisis y las posibles soluciones a la emergencia humanitaria de Venezuela, han agudizado la tensión binacional.
Agravamiento del drama fronterizo
Ni Duque ni Maduro, como tampoco sus cancilleres, han tenido en cuenta que Colombia y Venezuela -cada país el mayor vecino del otro- comparten poblaciones, interacciones fronterizas y económicas, crecientes problemáticas que exigen canales para su tramitación; y que hasta en las peores tensiones deberían mantenerse espacios de interlocución para buscar soluciones.
Caracas y Bogotá actúan como si la línea limítrofe funcionara como una cremallera. Maduro ordenó, el 19 de agosto de 2015, “cierre total” (peatonal, de vehículos y mercancías). El 5 de octubre de 2016, abrió algunos pasos para carga comercial, y luego autorizó el tránsito de mercancías entre La Guajira-Zulia, y de personas en horario restringido. El 23 de febrero de 2019, Maduro impuso un nuevo bloqueo. Con la pandemia, Duque ordenó el 13 de marzo de 2020, “cierre de fronteras”.
Maduro acompañó esos “cierres” con la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares y ha sido destruido el andamiaje institucional para manejar esa compleja vecindad. Todo eso se traduce en la renuncia de ambos gobiernos a regular los flujos transfronterizos por los 7 pasos formales existentes en una línea limítrofe de 2.219 km, obligando a las personas y mercancías a pasar por trochas informales que la criminalidad controla a ambos lados imponiendo sus regulaciones con extorsión, trata de personas, explotación sexual, trabajo forzado, etc.
Los perjuicios recaen ante todo sobre comunidades indígenas como los wayúu. Pese a que los dos países han reconocido que su territorio ancestral está a ambos lados desde antes de la delimitación, cada vez es más difícil que les reconozcan sus derechos. Además, afectan a las poblaciones binacionales y a personas de un país que viven en el otro por desplazamientos forzados y procesos migratorios. También agravan la situación de los ecosistemas compartidos, las zonas con-urbanadas, las problemáticas de seguridad articuladas.
Al anular todos los avances logrados cuando ambos países hicieron parte de la Comunidad Andina, han destruido la complementación productiva y de inversiones, que en su momento generó un entrecruzamiento mutuamente ventajoso de las dos economías, con una circulación legal de mercancías y servicios, de inversiones, complementación industrial, intenso comercio, etc. Ni siquiera el reto de la pandemia, que ha agravado la situación fronteriza, ha generado esfuerzos de coordinación binacional.
Retorno y migración
A más de los colombianos que fueron expulsados por Maduro en 2015 o que retornaron de Venezuela con familia binacional, Colombia se constituyó en el principal receptor o país de paso de buena parte de los millones de venezolanos que han tenido que huir por la grave situación de su país. Aunque el gobierno apoyó en Naciones Unidas el pacto mundial migratorio y ha realizado esfuerzos como el Estatuto de Protección Temporal para legalizar la situación migratoria, la mayoría no ha podido lograr esa protección, lo que limita sus derechos y oportunidades.
Según la encuesta del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm), 91% de los venezolanos que viven en Colombia y fueron encuestados, reportaban que su principal fuente de ingresos era el trabajo remunerado, con la pandemia bajó al 20%, muchos trabajan en la informalidad o no tienen ingresos. Si duermen en las calles o parques son señalados como amenaza. La encuesta Invamer Gallup-Poll mostró que el 69% de los colombianos encuestados veían a los venezolanos como factor de riesgo e inseguridad.
La mayoría de venezolanos que intentan retornar a Venezuela lo han hecho por trochas irregulares, lo que aumenta su vulnerabilidad. El régimen de Maduro limita días, número de personas y sitios de ingreso, y los señala como bombas de virus mandadas por Colombia o como traidores que abandonaron la patria. El Zulia, Táchira y Apure, estados venezolanos fronterizos con Colombia, se ubican entre los de mayor contagio en la pandemia, por eso y por las pocas oportunidades para reubicarse -escasez de alimentos y medicinas, pobre acceso a servicios básicos-, muchos tratan de volver a salir.
Urgencias del nuevo gobierno de Colombia
Es decisivo que el nuevo gobierno supere el acumulado de desaciertos en la política exterior y de negativos mensajes internacionales sobre urgencias nacionales. Que se comprometa con la construcción de paz, transforme la política de drogas y redefina prioridades para que esa estrategia no agrave el problema, sino que reduzca daños y riesgos para personas o sectores vulnerables, atienda asuntos sociales y de desarrollo, territoriales, ambientales, de seguridad. Eso implica hacer integral la presencia del Estado en zonas como las fronterizas, donde la falta de opciones ha estimulado la proliferación de cultivos para mercados ilícitos, y donde la ausencia o incapacidad institucional para regular y controlar el territorio estimula grupos criminales ligados al narcotráfico, blanqueo de dinero, corrupción y violencia[7].
Es urgente revaluar la estrategia hacia Venezuela y construir una política que ayude a la negociación entre venezolanos hacia una transición pacífica, que fortalezca la acción integral del Estado con la participación de autoridades de las zonas fronterizas, cámaras de comercio, comisiones de Senado y Cámara que se ocupan de la política exterior, organizaciones sociales, comunitarias, que hacen atención humanitaria, redes ciudadanas que han fortalecido nexos positivos entre los dos países.
Urge la coordinación de esfuerzos para atender e insertar a venezolanos o colombianos que retornan y a sus familias binacionales que regresan a Colombia, y superar la mirada de corto plazo pues la migración no exige solo asistencia de emergencia. Hay que reforzar una política proactiva frente al éxodo desde Venezuela que se prolongará. No basta con la caída de Maduro para que todo se resuelva. Un acuerdo entre diferentes sectores venezolanos para construir una transición es indispensable para la reconstrucción institucional, económica y social de ese país que no será fácil ni pronto. Hay muchos jóvenes que irán echando raíces en la nación que los acoja y a la que le aportan una fuerza fundamental, si se les propicia una buena inserción educativa, laboral, oportunidades, derechos y reconocimiento a sus aportes.
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[1] https://lalineadelmedio.com/la-mermelada-diplomatica-en-pesos/
[2] https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/una-pregunta-para-la-canciller
[3] https://www.semana.com/nacion/articulo/espionaje-desde-el-ejercito-peligra-la-ayuda-de-estados-unidos-a-colombia/668863/
[4] https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/congresistas-de-ee-uu-piden-a-pompeo-presionar-para-que-se-cumpla-acuerdo-de-paz-en-colombia-514872
[5] https://es.mongabay.com/2022/02/corte-constitucional-rechaza-el-plan-de-manejo-ambiental-para-la-aspersion-aerea-con-glifosato-en-colombia/
[6] //ideaspaz.org/especiales/infografias/cultivos.html
[7] https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2020/07/El-daño-que-nos-hacen.pdf
Socorro Ramírez
Foto tomada de: Caracol Radio
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