Es verdad que Uribe desmovilizó la cúpula paramilitar, pero no desmontó su estructura, heredada por los hermanos Juan de Dios y Darío Antonio Úsuga, que no se desmovilizaron, sino que se vincularon a la banda paramilitar “Los Urabeños” al mando del jefe paraco “Don Mario”. A raíz de su captura, crearon las llamadas Auto Defensas Gaitanistas de Colombia – AGC-, con las que mantuvieron el control sobre el territorio de Urabá y se extendieron al resto del país, en donde operan con bandas que agrupan entre 3000 y 10.000 hombres armados, según estimaciones citadas por la BBC News, reclutados de guerrilleros desmovilizados y grupos paramilitares de extrema derecha y cuentan con la complicidad de muchos comandantes de la policía y el ejército, alcaldes, gobernadores, jueces, fiscales, empresarios, terratenientes, Fedegan y políticos de los distintos partidos de la derecha y la extrema derecha, principalmente uribistas, según lo declaró Otoniel ante la JEP.
Grupos que se han dedicado al Tráfico de drogas y personas, a la extracción ilegal de oro, a la extorción, al reclutamiento de niños, violencia sexual, masacres, asesinato de líderes y lideresas sociales, indígenas, campesinos, defensores de derechos humanos activistas y dirigentes políticos de oposición al régimen uribista; así como, a satisfacer la demanda del 90% de la cocaína que se consume en el país del norte. Pienso que el mote de “Clan del Golfo” les fue puesto por los organismos del Estado al servicio del uribato, para desvirtuar su carácter paramilitar y parapolítico, con el propósito de hacerlos ver solo como bandas criminales (BACRIM) dedicadas exclusivamente al narcotráfico y al crimen derivado de este lucrativo negocio que, dicho sea de paso, frente a las altas tasas de desempleo imperantes, genera decenas de miles de empleos ilegales, pero al fin y al cabo empleos.
En octubre de 2021, según su propia versión, Otoniel se entregó a las autoridades, previo acuerdo con el gobierno, pero el subpresidente Duque afirma que fue capturado en un operativo en el que supuestamente intervinieron más de 300 hombres armados. Presumida captura, utilizada para sacar pecho y afirmar que “Es el golpe mas duro que se le ha propinado al narcotráfico en Colombia en este siglo”; hasta llegó a equipararlo con la caída de Pablo Escobar y anunció su extradición a los Estados Unidos para que responda por el delito del envío, entre 2013 y 2014, de 73 toneladas del polvo blanco a ese país.
La extradición fue solicitada por la justicia norteamericana. El gobierno, la Corte y el Consejo de Estado, hicieron caso omiso del clamor de las víctimas, los recursos de sus abogados y la JEP, para que demoraran la extradición del jefe paramilitar, con el propósito de que, a pesar de no haber sido admitido en la JEP, cumpliera su compromiso de contar toda la verdad sobre los crímenes, la complicidad y los vínculos de las cúpulas del poder político, judicial y militar, local, regional y nacional, con sus actividades criminales. Pero, hicieron oídos sordos y mediante proceso exprés violatorio de todas las normas establecidas al respecto, procedieron a extraditarlo el pasado 04 de mayo en horas de la madrugada.
El segundo al mando de la presidencia, orgullosamente declaró que, con la captura de Otoniel, la banda criminal del Clan del golfo había llegado a su fin y que solo quedaban pequeños reductos que pronto serían capturados por las fuerzas especiales del ejército. Pero, la realidad explotó en su cara porque, “al tiempo que las autoridades celebraban la extradición como “un triunfo sobre la impunidad” las autodefensas Gaitanistas declararon un paro armado y paralizaron casi medio país. En medio de la plena campaña presidencial” (BBC News) para protestar contra la extradición de su máximo jefe. Una vez más, el ridículo de Duque fue monumental.
La demostración de fuerza fue contundente, porque declararon toque de queda y paralizaron cerca de 120 municipios, incluida la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, en 11 departamentos, entre los que estuvieron Antioquia, Norte de Santander, Sucre, Córdoba y el sur de Bolívar, cometieron múltiples acciones criminales, incendiaron 120 vehículos, asesinaron mas de 10 personas y confinaron a las gentes a sus hogares, so pena de sufrir las consecuencias sentenciadas por el grupo paramilitar. Las poblaciones atemorizadas obedecieron la orden para preservar sus vidas, las calles y carreteras estuvieron vacías, las AGC solo permitieron abrir el comercio de Montería durante 6 horas, para que la población se abasteciera de abarrotes, “ni un minuto más, ni un minuto menos” reza el comunicado difundido por ellos y así sucedió. Incluso, instituciones del Estado fueron cómplices, el ICBF, por ejemplo, emitió comunicado suspendiendo labores como consecuencia del paro.
La fuerza pública brilló por su ausencia, excepto en el municipio de San Jacinto Bolívar, en donde, según video que circuló por las redes, mostrado en los noticieros de los medios de comunicación masiva, hicieron patrullaje de control conjunto con las AGC. Contrasta esta sospechosa actitud, con la beligerancia y la brutalidad con que actuó la fuerza armada oficial, para sofocar los paros y movilizaciones de 2019 (14 jóvenes asesinados y decenas de desaparecidos), 2020 y el estallido social de 2021 (cerca de 100 asesinados, decenas con los ojos mutilados y centenares de desaparecidos). Al tiempo que, se profundiza la convicción que existe en el mundo popular, de la estrecha colaboración entre la fuerza pública, pagada con nuestros impuestos, y el narco-paramilitarismo. Lo que queda claro es que fue permisiva con las acciones violentas de los paramilitares que hicieron sentir, sin contratiempos, su poderío y su protesta contra la extradición de su jefe.
Queda demostrado que el proyecto paramilitar está vivo y cuenta con una fuerza equiparable a la de las AUC en tiempos de Uribe, los hermanos Castaño, Mancuso, Jorge cuarenta, Don Mario, Don Berna, entre otros, que tienen cobertura nacional y capacidad de reciclarse en el mando central, cuando cae en combate uno de sus jefes o es apresado. Así lo confirma el investigador del CINEP, Víctor Barrera, en su informe a la BBC News: “El clan del golfo es una organización sofisticada que tiene estructura estable. Un ancla en los negocios legales, como la ganadería y un portafolio amplio de actividades criminales que incluyen la extorción o la venta de servicios de coerción. Además, “las AGC tienen una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la contratación de servicios específicos según lo demande la situación. En esta oportunidad se habla de que, en remplazo de Otoniel, asumieron el mando Jesús Ávila alias “Chiquito Malo” y Wilmer Giraldo, alias “Siopas”. Señala, además, que “Cuenta con multiplicidad de brazos armados asociados en todo el país, unos contratados y otros de planta”. Tal es el tamaño de las fuerzas neo paramilitares que siguen alineadas al régimen uribista.
Es por eso que en materia de narcotráfico las cosas no serán como el subpresidente las pinta, así lo predicen expertos de la FIP (Fundación Ideas para la Paz) al señalar que “Los efectos de la captura de Otoniel en materia de mercado de drogas podrían ser leves y limitados…”; es decir, que la cocaína seguirá exportándose a los Estados Unidos, mientras se mantenga la demanda de los millones de narices gringas que la aspiran y los narcotraficantes cuenten con la complicidad de altos mandos y altos funcionarios de la mafia gobernante.
La verdad verdadera de este episodio es que, con la extradición de Otoniel, tal como ocurrió con los miembros de la cúpula paramilitar extraditada por Uribe, las víctimas, la JEP y el pueblo colombiano, quedarán sin conocer toda la verdad sobre los crímenes cometidos por las autodefensas Gaitanistas y su complejo aparato criminal, así como, sobre sus conexiones con Fedegan, la cúpula de la mafia gobernante, los altos mandos militares y policiales y el poder económico y político nacional, regional y local.
Nuevamente, tal como ocurrió con los extraditados del patrón del mal, cuando Úsuga empezó a colaborar como testigo, bajo la gravedad de juramento y entregó una lista de 62 personas que figuran en su nómina y fueron sus cómplices, entre los que conforman exministros del gobierno como Sabas Pretel de la Vega, varios excomandantes de las fuerzas armada, como los generales Rito Alejo del Río, Mario Montoya y Leonardo Barrero, 12 exgobernadores, incluido el exgobernador de Antioquia Luis Pérez, y las universidades de Cartagena y Sergio Arboleda, además, de anunciar la entrega de la nómina de la fuerza pública pagada por el Clan del Golfo, apresuraron su extradición, con la cual cerraron la posibilidad de que el país y las víctimas por fin conocieran la verdad sobre los crímenes de las AGC y sus poderosos cómplices.
Los dueños del país y sus gobernantes están felices y aplaudieron la extradición con el falaz argumento de que en EE. UU., Otoniel estará en una cárcel segura con la que no cuenta Colombia. No es verdad que los gobiernos, colombiano y de la potencia del norte, colaborarán para que Úsuga siga aportando a la justicia para que las víctimas conozcan la verdad sobre sus crímenes y sus cómplices en el poder. Lo cierto es que, una vez más con su extradición se garantiza impunidad y se blindan los corruptos que estuvieron a su servicio, que seguirán vinculados a el ala neo paramilitar del uribismo.
Tampoco es verdad que, como lo afirma pomposamente el director de noticias Caracol, Otoniel pagará en las mazmorras gringas los crímenes cometidos, porque allá, solo será juzgado por el envío de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Incluso, si se declara culpable y colabora con la justicia, obtendrá rebaja de penas y hasta asilo en ese país después de pagar su condena, que con seguridad será corta, según nos muestran las experiencias anteriores. Esto desvirtúa la afirmación del alto gobierno, en el sentido de que el jefe paramilitar, una vez cumpla su pena, el capo vendrá a Colombia a responder por sus crímenes. Su prontuario dice que tiene 7 sentencias condenatorias, 128 órdenes de captura por desaparición forzada, homicidios, reclutamiento de menores de edad utilizados para la comisión de delitos, desplazamiento forzado, secuestro, tráfico de armas y de cocaína, violencia sexual etc.
Una vez más, se demuestra que la extradición, fue diseñada por gobiernos lacayos y políticos corruptos, para proteger los intereses de los Estados Unidos, ya que contempla como prioridad la captura y envío de narcotraficantes a los Estados Unidos para que sean juzgados allá por este delito relegando la soberanía y el interés superior de la Justicia Nacional, de juzgar y castigar los delitos de lesa humanidad que, como ya quedó demostrado, quedarán impunes, sin verdad, ni justicia, ni reparación.
Nota: Tacaron burro, el uribato y los medios de comunicación masiva que apoyan la candidatura de alias Fico, al pretender ligar el paro armado paramilitar a las candidaturas de Gustavo Petro y Francia Márquez, tendenciosa campaña desvirtuada en un video de las AGC, que circulo en el Catatumbo, mostrado por Daniel Coronel en uno de sus reportes, amenazando a quienes desobedezcan la orden de paro y advirtiendo que “no queremos a Gustavo Petro de presidente”. La calumnia siempre tiene las patas corticas.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia.
Foto tomada de: El Espectador
La multiplicidad de actores permite esclarecer con nombre propio los juegos de poder dentro del subgrupo oficial de Estado y de Gobierno. Las alianzas estratégicas.. Todo indica que hables para el próximo gobierno un trabajo milimétrico Ara gestar la paz que se necesita o minizar por lo menos la violencia.