El hecho tomó por sorpresa a todo el mundo luego de que el Consejo de Estado levantara una medida cautelar que lo impedía, sin haberse fallado la tutela presentada por las víctimas, que pedían que se suspendiera la extradición de alias Otoniel, ordenada el 8 de abril anterior por el presidente Duque quien dispuso la extradición del jefe del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas como se autodenomina este grupo. El entuerto jurídico fue resuelto en cuestión de horas, el gobierno aprovechó y sacó de manera expedita a Otoniel de su centro de reclusión para entregarlo a EEUU, “país que le aplicará justicia”, según dijo el mandatario.
Alias Otoniel venía siendo noticia desde el momento de su captura, la que fue tildada por críticos de entrega negociada con las autoridades gringas. Mientras tanto, el presidente Duque anunciaba el fin del Clan del Golfo, en un discurso lleno de epítetos contra el narcotraficante, a quien calificó varias veces de “rata de alcantarilla”. Algunos periodistas y el mismo Úsuga revelaron que su captura no se habría dado sin el consentimiento del mismo capo. Pero lo que más causó revuelo, fueron sus revelaciones ante la JEP, sobre las cuales ha podido conocer el país gracias a las divulgaciones hechas posteriormente por Noticias Caracol TV.
Igual que en otros casos, esta vez primó el interés de la justicia de los EEUU, en relación con delitos de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína de contrabando a ese país, por encima del juzgamiento previo por delitos de lesa humanidad por los cuales Úsuga tiene pendientes deudas con la justicia colombiana. Según se supo, este personaje tiene 122 órdenes de captura, 7 medidas de aseguramiento por homicidio, concierto para delinquir, secuestro, terrorismo, desaparición y desplazamiento forzados, así como del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Este hecho hizo recordar otro parecido. El 13 de mayo de 2008, el ex presidente Álvaro Uribe extraditó a 14 jefes paramilitares quienes habían comandado la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- hacia vastas zonas de la geografía nacional, cometiendo múltiples crímenes en medio de una supuesta cruzada contrainsurgente que terminó agraviando a la humanidad, sirviendo de mano de obra a la estrategia de los falsos positivos, desplazando forzadamente a comunidades para abrirle paso al despojo de tierras y la expansión del latifundio sobre un cementerio de campesinos, indígenas, afros, de líderes sociales y políticos de oposición en las regiones. Igual, en esa ocasión los decisores de gobierno hicieron primar el pedido de cortes federales de EEUU por tráfico de drogas, pero con ello dejaron pendiente el derecho de las victimas a la Verdad. Excepto Salvatore Mancuso, los aportes a la verdad por cuenta de dichos jefes paramilitares ha sido escasa.
La extradición hacia cárceles de EEUU y de otras naciones es una figura de acuerdos de cooperación judicial suscritos por el Estado colombiano. Su uso ha sido expedito, largo en números y ha enfrentado cuestionamientos porque se han cometido errores e injusticias con ella. Es el caso de Nelson Vargas, a quien popularmente, sus amigos de Arauca, le decían el “marrano” y quien fuera extraditado por el gobierno de Álvaro Uribe en 2003. Vargas fue detenido en el 2000 mientras estaba borracho y luego de un tortuoso trámite judicial fue llevado a EEUU sin pruebas de la Fiscalía, por lo que cinco años más tarde fue dejado en libertad, cuando una juez federal se dio cuenta que éste no era el “marrano” que las autoridades de ese país buscaban por haber matado a tres estadounidenses en aquel departamento. Vargas fue privado de su libertad y extraditado, afectado en su buen nombre, perdió una pierna, se le destruyó su familia y a la fecha no ha sido indemnizado.
Los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque emplearon la extradición y anunciaron grandes logros en su lucha contra el narcotráfico cada vez que extraditaron a un jefe de una banda. Según la Policía Nacional, entre 2017 y 2021, habrían sido desarticuladas 64 organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, como se desprende de la respuesta que le dio la Dirección de Antinarcóticos de la Policía a un derecho de petición de Elementa DDHH, y publicado por esta ONG en una radiografía que hiciera sobre la política de drogas de los últimos cuatro años (lo cual se puede ver en su web https://elementaddhh.org/radiografia-politica-de-drogas-en-colombia-2018-2022/). Dicho informe reporta que 1.286 personas fueron extraditadas por Colombia a los EEUU, entre colombianas y extranjeras, siendo 2012 el año con mayor número de extradiciones y configurándose el delito de narcotráfico como el de mayor número de causas.
La figura de la extradición se emplea principalmente como herramienta contra el narcotráfico bajo el supuesto de que sirve para desarticular bandas internacionales. Los fiscales de EEUU buscan que los extraditados delaten a sus antiguos socios, revelen rutas de tráfico y entreguen bienes obtenidos con dinero ilícito, entre otros propósitos. Sin embargo, como arma en la “guerra contra las drogas” no ha afectado el suministro de cocaína de Colombia hacia el país del norte, el cual se mantiene más o menos intacto. Adicionalmente, a la fecha hay nuevos mercados que generan una alta rentabilidad la cual resulta tan atractiva que un capo capturado es reemplazado rápidamente por otro. Los incentivos son grandes y la extradición no asusta a los delincuentes.
Por el contrario, para algunos esta sanción es parte del juego de dicho negocio. Un cúmulo de abogados se han convertido en expertos representantes de acusados de traficar drogas hacia EEUU. También se ha conocido, que las autoridades de EEUU practican negociaciones con los perseguidos, a tal punto que algunos capturados por narcotráfico prefieren ser extraditados para hacer acuerdos con la justicia de ese país. Un ejemplo del grado de aceptación de la primacía y métodos de la justicia de EEUU por sobre la colombiana, se presentó cuando alias Fritanga, Camilo Torres Martínez, entonces el número 2 de la “Oficina de Envigado”, hizo señales de victoria, durante su caminata en el aeropuerto de Bogotá, mientras era entregado por la Policía a la DEA. Este personaje regresó en 2019 a Colombia cuando fue deportado luego de pagar seis años de cárcel en EEUU.
En efecto, muchas personas han regresado luego de estar presos por narcotráfico. La mayoría con penas inferiores a los ocho años de prisión. Otras son deportadas. Otras logran quedarse cambiando su identidad. Entre 2018 y 2019 se conoció de una “cascada de narcos” que regresaron a Colombia, entre los cuales se destacaban alias “macaco” y “gordolindo”, ambos antiguos jefes paramilitares y narcotraficantes. Según la revista SEMANA del 15 de septiembre de 2019, el 26 de marzo de ese año “en un solo vuelo regresaron 70 nacionales. Entre ellos el líder de una ‘oficina de cobro’ de Cali, los asesinos de un informante de la DEA, un aliado del Clan del Golfo y miembros de las extintas Farc. Entre los más conocidos estaba Jair Sánchez, alias Mueble Fino, un hombre señalado de manejar una empresa sicarial en el Valle y cuya condena generó polémica, pues solo pagó tres años de cárcel tras salir extraditado en 2016. A su regreso quedó en libertad porque no tiene abierto ningún proceso en su contra”. Migración Colombia le dijo a esa revista que en esos dos años regresaron al país 107 antiguos capos del mercado de drogas.
Un rápido repaso hace concluir que la extradición se desprestigió y no es realmente un arma contra el narcotráfico en la actualidad, sino que cumple otros fines, puesto que no obstruye el mercado de drogas. Lo perverso es que mientras se aplica, tal como está, el flujo de cocaína continua con nuevos actores, si se quiere, pero el dinero de esa cadena sigue irrigando la economía colombiana con terribles efectos en las ya frágiles democracia y economía nacionales. Lo más grave es que la extradición impida el derecho pleno de las víctimas a conocer la verdad de boca de los autores de crímenes de lesa humanidad, por lo cual ha sido ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos. Esta situación hace reflexionar una vez más sobre la relevancia de los testimonios de alias “Otoniel” ante la JEP, los cuales de alguna forma, pasaron a segundo plano con su salida del país, asunto sobre el cual se tendieron más suspicacias al conocerse que periodistas nacionales estaban a punto de entrevistarlo para medios de alta audiencia, lo cual también se impidió.
El nuevo gobierno deberá revisar los términos de la cooperación judicial entre Colombia, EEUU y otros Estados. Debe recordarse la primacía de los derechos humanos por encima de los delitos de drogas. En este sentido, el derecho a la verdad, la resolución de conflictos, la construcción de paz, la reparación de las víctimas y la no repetición deben priorizarse. En palabras de Jorge Paladines, ex Defensor del Pueblo de Ecuador, la extradición es parte de la asistencia judicial en nombre del Derecho Internacional de las Drogas establecido en la Convención de 1988 pero su aplicación no puede obstruir la judicialización vía uso interno del Derecho Penal Internacional para castigar primero delitos de genocidio/lesa humanidad.
Pedro Arenas, cofundador e investigador de la Corporación Viso Mutop. Sus publicaciones pueden verse en www.visomutop.org y @visomutop en Twitter
Foto tomada de: El Nuevo Día
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