Las Propuestas Presidenciales, la Corrupción y el capitalismo

Tal vez no sea, como muchos lo imaginan, en el populismo, en lo que más se parezcan los dos candidatos presidenciales, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, un rasgo que por cierto no aparece tan marcado en sus programas, particularmente moderados, por otro lado; tampoco en sus últimas proclamas de unidad.

Es en el combate a la corrupción, en ese campo de la palabra y la acción, en el que sus discursos y propuestas se sintonizan en la misma longitud de onda; al menos en la insistencia con que martillan sus promesas en cada una de las defensas que hacen de sus respectivas causas. Es una coincidencia virtuosa respecto de la cual, por el momento, haré abstracción de lo turbio del lío judicial en el que probablemente quede encartado el ex – alcalde Rodolfo; y que puede dar al traste con su propio discurso; por supuesto lo hago para no perturbar el hilo lógico e histórico de mi reflexión.

Naturalmente, el perfil de cada uno de los candidatos es distinto, en lo que se refiere a los orígenes de su liderazgo, a su preparación intelectual y a su estatura en el discurso, factores en los que el candidato del Pacto Histórico aventaja con mucho al ex – alcalde de Bucaramanga.

Aún así, nadie podrá negar que la muy abultada votación del primero en la jornada del 29 de mayo, y el sorprendente volumen de votos alcanzado por el segundo -6 millones- son dos hechos que traducen las esperanzas populares en el sentido de que alguien erradique las malas prácticas y las torcidas costumbres que desvirtúan al régimen político.

La corrupción generalizada como mundo paralelo

A la vista de esos resultados electorales de mayo, resta la circunstancia de que el  72% de los electores se pronunció por un cambio en dicho régimen; en la politiquería; en eso que es lo peor de sus usos y técnicas perversas; entre otras cosas, no solo por las ineficiencias de dicho régimen para responder a las expectativas de la ciudadanía, sino por lo que tiene de descompuesto, nada más y nada menos, que su núcleo central; allí donde se dan cita la representación política y el poder de decisión; esto es, en la intersección entre representación parlamentaria, decisión  gubernamental y funcionalidad administrativa. Todo ello, inficionado ciertamente por la corrupción, por el crimen y por las prácticas deletéreas del favoritismo y el intercambio de servicios entre los agentes oficiales y los particulares.

Por lo demás, se trata de una situación que la opinión pública, según lo revelan sin falla las encuestas, resiente como un tumor maligno y opresivo en el organismo colectivo; de los peores que afectan a la sociedad.

No digo yo que sea la única causa final para la orientación del elector, pero afirmo que es uno de los renglones centrales en la lista de motivos que, sumados, movilizan ese 72% que componen el universo de votantes de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández, tan radicalmente distantes y antagónicos entre sí, por otras razones.

La corrupción, el clientelismo y los favoritismos de diferente pelambre circulan como moneda corriente, formando maridajes tóxicos, en los que participan funcionarios, políticos, supuestos auditores impuestos por estos últimos, contratistas privados e intermediarios de oficio. Obviamente, no me asiste la injusticia de la generalización en esta enfermedad política, ni más faltaba, pero lo cierto es que se trata de “dañados ayuntamientos”, alianzas del mal, para una “ robadera” ubicua y prolongada -lo digo yo que la he denunciado con pruebas fehacientes-, un auténtico sistema contra-natura, y que sin embargo se pega como una lapa al sistema reconocido en las leyes y la Constitución, en una forma tan omnipresente que lo desnaturaliza.

Del mismo modo como en El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, Marx decía que el Estado era como una malla que envolvía a la sociedad hasta casi asfixiarla, podría yo agregar que el clientelismo y la corrupción son como una red tupida que, adherida al propio Estado, lo cubre, lo sofoca, lo desangra y lo desvía de su sentido normativo; esto es, de lo que debiera ser.

El Estado en Colombia heredó mucho del viejo gamonalismo regional, propio del siglo XIX. Al modernizarse, no eliminó esas relaciones premodernas de hegemonía social y política; al contrario, las dimensionó y les dio el toque de gran mercantilismo empresarial, a sabiendas de que se trataba apenas de un capitalismo de apropiación mafiosa o clientelista, de los recursos públicos, rapaz, de cualquier forma. Con lo cual, las élites desplegaban una operación modernizadora, solo que empollando en su interior el huevo de la serpiente; es decir, el huevo del peculado y el prevaricato; de la concusión y la transacción bajo la mesa; de la anomia en los comportamientos, de la que  habla Merton en sus análisis sobre el enriquecimiento ilícito; esos comportamientos aviesos que desconocen la virtud de Maquiavelo en el orden republicano, ese tipo ideal que  debe insuflar la vocación de los que toman las decisiones estatales.

El Estado Envenenado

Esta desinstitucionalización dentro de la institucionalidad, capaz de prosperar en los pliegues de la legalidad formal, esta corrosión permanente que descompone el organismo sin destruirlo del todo, se adapta a un capitalismo que, aunque crece, se reproduce de manera segmentada, se fragmenta en mil roces y conflictos; y por otra parte coexiste con una inequidad social difícil de superar; incluso, de corregir parcialmente, después de la recolección y utilización de los tributos destinados al gasto social.

La verdad es que esa corrupción, como parte de una representación política, fallida y descompuesta, se convierte en un mecanismo multiplicador de imposiciones políticas y de un capitalismo hermanado con grandes desigualdades sociales. Pero así mismo, en un elemento estructuralmente perturbador frente a las posibilidades de un “Desarrollo con libertad”, para utilizar la conceptualización de Amartya Sen, lo que equivale a decir, en una interferencia para un capitalismo con un horizonte claro de justicia social.

Lo cual significa que el clientelismo y la corrupción son procesos de valor negativo que fracturan la rentabilidad del capital global, de modo que la renta nacional, el beneficio del conjunto, es afectada, mutilada y distorsionada, en los meandros, en el camino culebrero, de los intercambios y las capturas ilícitos, cuando es procesada para su redistribución social.

Estado sin corrupción para un capitalismo más social

Al hablar persistentemente de la lucha contra la corrupción, como si se tratara de una misión amplia y jubilosa, los dos candidatos se ponen en la onda de modernizar el Estado, al tiempo que propician su rearticulación con el mercado y el capital. Que sea algo consciente o no, por ahora no importa. Lo que interesa es que lo hacen en los términos, no solo de una mayor eficiencia en las respuestas a unas demandas del mercado y la producción, sino sobre todo con respecto a las necesidades de una redistribución equitativa, a fin de generarle condiciones de vida y de trabajo al pueblo más vulnerable.

Mi consideración no es la de que la pelea contra la corrupción y la politiquería -en la que coinciden los dos candidatos- entraña automáticamente un capitalismo más humano y menos excluyente y oligárquico; no, sino que dicha lucha podrá encadenarse a una mayor tecnificación y democratización del Estado. Así, podrían las contra-élites más abiertas, progresistas y avanzadas anudar la reformulación socialdemocrática, más moderna y menos patrimonialista, del Estado, al desarrollo de la justicia redistributiva.

A esta altura del planteamiento surge por fuerza la pregunta de si el próximo gobierno estará en condiciones de sanear y modernizar al Estado y a la “clase política”, dadas las dificultades de gobernabilidad previsibles. En cualquier caso, hay en ese terreno, un gran horizonte de crecimiento, de democratización y de desarrollo. En esa línea vale la pena marchar colectivamente para que la nación se acerque a una prosperidad manifiesta y a un más grande bienestar social.

Ricardo García Duarte

Foto tomada de: Infobae