El paramilitarismo, el actor armado más violento del conflicto. Capítulo 5. Informe de la Comisión de la Verdad

“¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe pasando?”

Francisco de Roux, sacerdote jesuita, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia.

La noticia sobre la presentación y publicación del Informe de la Comisión de la Verdad fue recibida por el mundo como un hecho histórico que además de reafirmar el compromiso del Acuerdo de Paz de ubicar a las víctimas en el centro de su implementación, ofrece, a través de un relato histórico detallado de largo conflicto armado, la esperanza de que la verdad conduzca a un Nunca Más rotundo, masivo y definitivo: Si la violencia fue la partera de la historia, la verdad será la partera de la paz.

Desde octubre de 2021 cuando la Corte Constitucional aprobó la extensión del período de la Comisión de la Verdad por nueve meses más, estableciendo como fecha límite el 27 de junio de 2022, seguido por un período de dos meses para la socialización del informe, las expectativas sobre el resultado de un trabajo arduo (que incluyó más de 14.000 entrevistas a 27.000 personas en Colombia y en otros 23 países, el acopio de miles de fuentes de información primarias y secundarias, la labor de cientos de personas, la instalación de 29 casas de la verdad, la realización de informes sectorizados, piezas audiovisuales y documentos y un presupuesto de 400.000 millones de pesos), han sido enormes, y no es para menos. El informe “Hay futuro si hay verdad”, producto de una investigación de cuatro años, es considerado como el relato más extenso del conflicto armado, y posee un enorme valor y significado para una sociedad que intenta romper con la espiral de la violencia y las lógicas de una guerra degradada que alimentaron durante décadas la barbarie y la crueldad entre humanos de un mismo territorio.

Su valor también es simbólico. “No solo es la primera vez que se realiza un trabajo colectivo de tal magnitud y rigurosidad en Colombia, sino que también es la primera vez que quienes estuvieron por años ubicados en bandos contrarios han podido escucharse y, en muchos casos, reconciliarse”[1].

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hace parta la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, fue diseñado para garantizar los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación. Y por ello el eje fundamental son los relatos de las víctimas, la narrativa de cómo sucedieron los hechos victimizantes, en que contexto se desarrolló esta guerra multipolar, que patrones hicieron posible la permanencia del conflicto y qué prácticas y políticas determinaron o facilitaron la perpetración de abusos de manera sistemática y generalizada. Si bien la Comisión no es una entidad vinculante, como sí lo es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su labor de esclarecimiento y reconocimiento sobre la gravedad de lo que nos pasó como sociedad, es motivo de esperanza para un amplio sector de la sociedad, en el que se incluyen millones de víctimas, pero también genera animadversión por parte de quienes no sólo participaron de manera soterrada en el conflicto o lo instigaron, también se lucraron de él y usaron la violencia para imponer una visión política sectaria, perseguir y estigmatizar poblaciones y apropiarse de tierras de comunidades desplazadas, de las agendas de gobierno y de amplios recursos estatales.  Desde antes de esta primera publicación ya se escuchaban críticas por parte de algunos miembros de las fuerzas militares y voceros de la derecha política.

Cuatro días después de la presentación oficial del Informe en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, circuló un documento firmado por 52 asociaciones o federaciones de oficiales, suboficiales, soldados y agentes de la reserva de las Fuerzas Militares y de la Policía, reprochando los hallazgos y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. “En el comunicado los uniformados aseguran que para la elaboración del informe no se escucharon todas las voces y que desde el comienzo la Comisión “no genera credibilidad por los procedimientos y personas que hicieron parte del proceso de selección, así como los comisionados que la integraron”[2]. Llamativo que sin haberlo leído surjan críticas sobre su resultado y metodología, se trata ante todo de una prevención de tipo ideológico que los lleva a ignorar el objetivo primordial -y necesario- de indagar en los orígenes del conflicto para contarle al país su historia, y plantear algunas recomendaciones al Estado y a la sociedad a fin de que los crímenes de lesa humanidad cometidos y padecidos no se repitan, para que las víctimas sean reconocidas en su dolor y resiliencia, y sean reparadas, y para que por fin logremos reconciliarnos como nación, dejar de matarnos y condenar de manera conjunta todos estos hechos que nos han degradado causando tanta rabia, dolor y derrota.

La primera versión del Informe de la Comisión de la Verdad reconstruye en sus primeras 896 páginas (se estima que el Informe Final es de 24 tomos y un promedio de ocho mil páginas), la verdad colectiva sobre el conflicto, pero no como una versión oficial e incontrovertible, porque más que establecer responsables, se cuenta una historia desconocida para el 40% de la población, según una encuesta hecha por la misma Comisión, y determina los factores de persistencia que hicieron posible que esta guerra fuera una de las más largas de la historia, y que más del 80% de las víctimas fueran civiles no combatientes.

El capítulo V se propuso revelar en 89 páginas -16 de bibliografía- los entramados del paramilitarismo, y para ello tomó lecturas fragmentadas del fenómeno, testimonios, estudios y publicaciones con el fin de desarrollar un hilo narrativo capaz de explicar su dinámica, sus transformaciones  y mantenimiento en el tiempo,  el marco de la doctrina del enemigo interno y la injerencia internacional, la legalización del paramilitarismo en diferentes momentos de la historia, sus múltiples y aterradoras expresiones, el terror como estrategia, las alianzas de los entramados paramilitares, la relación [y connivencia] con la fuerza pública, la parapolítica, la incursión paramilitar en las instituciones del Estado, el entramado con poderes económicos para la financiación de la guerra, el papel de la negación, los silencios y la impunidad en la persistencia del fenómeno paramilitar.

Son muchas las conclusiones y advertencias que se desprenden de este capítulo, en el que queda absolutamente claro que más allá de la mutación nominal, el fenómeno paramilitar se mantuvo durante décadas y persiste en la actualidad -como lo demuestra el mismo Informe a través de testimonios, noticias y publicaciones- porque las condiciones sociales, financieras y políticas lo permitieron y lo permiten, por la complicidad de autoridades militares y policiales, y sectores políticos de derecha, empresarios, ganaderos y terratenientes, entre otros, dedicados a minimizar sus daños, negar o justificar sus crímenes, sacar lucro del horror y adjudicar a su estructura armada una condición de actor político inexistente.

El mismo informe sostiene que “las AUC [surgidas como una propuesta de unificación política y militar de varias estructuras por parte de los Castaño Gil] se convirtieron en la etiqueta para escalar proyectos de cooptación estatal, ampliar sus alianzas con los actores civiles, políticos y empresariales y profundizar el control territorial. De esto son muestra las revelaciones sobre la «parapolítica» y la «paraeconomía» (entendidas como los entramados con lo político y lo económico), así como los casos de despojo de tierras que ha documentado esta Comisión. También los nexos de la Fiscalía con el paramilitarismo. Estas redes políticas y económicas se consolidaron al tiempo en que las AUC se presentaban como un actor político en el conflicto armado, que exigía reconocimiento como interlocutor ante el Estado y preparaba las bases para una posible desmovilización, pensando en mecanismos de amnistía.

Las AUC se constituyeron en la máxima expresión de articulación del paramilitarismo, un proyecto federado de estructuras y entramados anclados territorialmente bajo la apología de ser un movimiento político-militar de carácter nacional, antisubversivo y civil[3]. Ninguna declaración de sus mismos participantes reconoce esa estructura como narcotraficante. El propósito era, según [el jefe paramilitar, Salvatore] Mancuso «unir fuerzas independientes, pero con un norte político, social y de capacidad de respuesta en caso de fuego en la guerra»[4].

En la interacción con diversos sectores, los diferentes grupos armados no fueron ajenos a la población civil, sino que impusieron un control social violento en los territorios, administraron conflictos y «justicia», y se relacionaron con la población a través de la cooperación voluntaria o por coacción: un proyecto paraestatal con dimensiones políticas, económicas, culturales y morales basado en una interpretación propia de la ineficacia del Estado nacional y articulado con la fuerza pública y sectores políticos y económicos que dejaría improntas en estos territorios que sobrevivieron a la desaparición de esta organización federada” [5].

El paramilitarismo fue un actor de guerra que mutó a lo largo de los años, como lo explica al detalle el informe (pasando de Los Pájaros y Los Chulavitas de los cincuenta, Los Limpios y las Juntas de Autodefensa o la Defensa Civil de los sesenta, las organizaciones de seguridad privada legalmente sustentadas en el acto legislativo del Decreto 3398 y la posterior Ley 48 de 1968, a las unidades civiles de autodefensa de los ochenta, las Convivir en los noventa, etc.…); fue un actor acogido por sectores poderosos del país, algunos de la política tradicional, pero nunca fue un actor político ni un grupo subversivo que se levantó en armas contra el Estado con el fin de rechazar y deponer la autoridad constituida, todo lo contrario, fue más allá al cooptar al Estado, logrando tanto su legalización bajo diferentes figuras, como una oscura y soterrada complicidad. Muy distinto a esta presunción de actor político es que algunos políticos y funcionarios se hayan visto implicados “dentro del plan paramilitar de «penetrar todo el poder político […] en últimas, poderes regionales que garantizarían para las autodefensas un poder nacional, como señaló la Corte Suprema de Justicia[6]. Uno de los principales líderes del paramilitarismo reconoció públicamente esta penetración -de mutuo beneficio- cuando estalló el llamado escándalo de la parapolítica: “Las relaciones entre política y paramilitarismo también fueron en doble vía, pues muchos políticos y funcionarios a su vez buscaron a los comandantes de los grupos paramilitares para beneficiarse de su poder armado. La profundidad y continuidad de estas alianzas llegó hasta el punto de que uno de los máximos responsables de las AUC, Vicente Castaño, afirmaba:

“Hay una amistad con los políticos en las zonas en donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías […]. Creo que podemos afirmar que tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones[7] vamos a aumentar ese porcentaje de amigos””[8].

Declaraciones como estas, también por parte de Salvatore Mancuso, uno de los principales comandantes de las AUC, detonaron denuncias y solicitudes de investigación que fueron el inicio de la llamada «parapolítica». Estas investigaciones llevaron a develar esta parte del entramado paramilitar que operaba sistemáticamente y cuyos objetivos eran legalizar el despojo producto del desplazamiento masivo, tener control de recursos económicos, obtener control político de las instituciones públicas y otros fines de beneficio personal de paramilitares, políticos y terceros. Estos mecanismos terminaron pervirtiendo los poderes públicos, como el Congreso y la política, y consolidaron diversas formas de clientelismo y corrupción”[9].

En la “Radiografía del Fenómeno paramilitar”, informe presentado por el Centro de Memoria Histórica en 2018, se indica que en 40 años, los grupos paramilitares fueron responsables de 21.000 asesinatos[10]. Sin embargo, la inmensa mayoría de sus crímenes quedaron en la impunidad, aunque muchos de ellos fueron denunciados con tenacidad y persistencia, siendo incluso conocidos y reconocidos por la justicia, como en el caso del exterminio del movimiento político UP, de las espantosas masacres de finales del siglo XX y del presente, secuestros, torturas, desapariciones forzadas y otros graves crímenes de lesa humanidad.  Tal vez el único actor de este degradado conflicto que llegó a niveles de sevicia inimaginables, como el uso de la motosierra y de hornos crematorios fue el paramilitarismo, pero la narrativa oficial del conflicto, al margen de las investigaciones de académicos y periodistas, y de las revelaciones logradas en el marco de la nueva institucionalidad, parecía decirnos que las víctimas de la guerrilla eran legítimas y más fácilmente reconocidas como tal, mientras que las de los paramilitares fueron muchas veces negadas, ocultadas bajo un manto de complicidad, silenciadas y estigmatizadas. El Informe aclara esta historia, contribuye a limpiar esa impronta de vergüenza y dolor, permite entender lo que significó y significa el paramilitarismo en la historia del conflicto y de las comunidades, y lo aborda desde una dimensión histórica, con sus aristas y complejidades, proponiendo así una reflexión colectiva sobre las condiciones que hicieron posible que esto sucediera, se mantuviera en el tiempo, fuera tolerado por los gobiernos de turno y justificado por parte la sociedad.  Sólo un nivel extremo de degradación moral pudo crear las condiciones para su expansión, aceptación y fortalecimiento. Pero, ¿Qué produjo esa degradación? El informe lo responde claramente, pero a ello se suma la lógica traqueta impuesta desde los 80, la baja educación, la precarización de la vida, la frivolidad de la información dominante y la ausencia de garantías sociales y de Estado en buena parte del territorio nacional.

“El actuar de los grupos paramilitares, lejos de desarrollarse en un campo de batalla dedicado a la confrontación armada entre ejércitos, ha estado definido por acciones contra la población civil desarmada, que fue el objetivo estratégico y el centro del enfrentamiento bajo la justificación contrainsurgente de «quitarle el agua al pez»[11].

El conflicto armado fue el contexto que fortaleció el paramilitarismo de tal modo que no podría haber alcanzado las magnitudes que tuvo en un país sin guerra. Así, leer el paramilitarismo en el marco del conflicto armado permite entenderlo, en el conjunto de acciones, reacciones y enlaces entre los distintos actores de la guerra y el escalamiento de la violencia que esto produjo”[12].

Aunque el Informe no pretende convertirse en juez si arroja elementos importantes que permiten afirmar que el auge del paramilitarismo fue posible porque además de la complicidad de autoridades políticas locales, de la cooptación de poderes económicos y del rechazo a los abusos de la insurgencia, su accionar fue visto por algunos políticos “como un mal menor”, como el ejercicio de un legitimo derecho a la defensa (“no hay que confundir paramilitares con criminales” dijo el expresidente Álvaro Uribe[13]),  pero además parte de la gran prensa lo ignoró, otra lo justificó, lo defendió o guardó silencio cuando debía gritar. El país, pese a su diagnosticada amnesia, recuerda bien el trato de héroe que dio una popular periodista al cabecilla paramilitar Carlos Castaño en una entrevista por televisión o como una columnista le enviaba sus escritos para que fueron previamente avalados por él, o el día aquel cuando sus principales cabecillas fueron ovacionados en el Capitolio por parte de un congreso espurio que los recibió de pie y con aplausos mientras la prensa lo registraba como un hecho admirable.

No se puede negar tampoco que “la creación de grupos de civiles armados por parte de poderes regionales y locales desde principios del siglo XX se convirtió en raíz del fenómeno paramilitar, que durante su desarrollo logró vincular de diferentes maneras al Ejército, la Policía Nacional, autoridades civiles, exmilitares y expolicías, élites locales (en lo económico, lo político y lo social), alrededor de motivaciones complementarias como la contrainsurgencia y el mantenimiento del statu quo, reclamando su derecho a la legítima defensa.

[…] la delegación de la seguridad pública al conformar grupos de civiles y dotarlos con armas de uso privativo para apoyar las labores de defensa y seguridad pública que corresponden a las fuerzas estatales implica al menos los siguientes aspectos que profundizan, prolongan y degradan la guerra: imposibilita cualquier regulación y control de su accionar; rompe con la distinción entre civiles y combatientes y aumenta el riesgo de la población civil a sufrir violaciones de sus derechos; legaliza y legitima los órdenes armados alternos al Estado, el clientelismo y la exclusión; y, por último, impide la identificación de las responsabilidades asociadas a las comisión de crímenes y violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y aumenta la impunidad, pues crea una zona difusa que en el terreno hace difícil determinar cuándo el militar o policía operó en nombre de un grupo estatal o como parte de las acciones de grupos paramilitares”[14].

El paramilitarismo se fortaleció bajo los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez

El inicio del capítulo quinto afirma que “en la década del dos mil, los grupos paramilitares alcanzaron dimensiones sin precedentes: 39 estructuras con múltiples frentes y facciones armadas, más de 35.000 integrantes y efectos directos en la escalada de violencia que vivió el país: son el principal responsable, con el 47 % de las víctimas letales y desaparecidos del conflicto armado en Colombia, constituyendo en el actor armado más violento. El paramilitarismo en Colombia ha causado heridas que siguen hoy sin sanar, marcadas por el terror y las acciones violentas concentradas, principalmente, en asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas. Los procesos que pusieron en marcha y los entramados que se tejieron en torno al paramilitarismo no acabaron con la desmovilización de los ejércitos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); aún hoy son un gran obstáculo para la no repetición que claman las víctimas sobrevivientes y sus familias en medio de una guerra que se resiste a ser pasado”[15]. A los intereses políticos también se sumaron los económicos tanto en la legalidad como en la ilegalidad.

El informe sostiene que “La magnitud del enriquecimiento ilícito asociado al paramilitarismo fue tan grande que, del conjunto de medidas cautelares decretadas por Justicia y Paz para la extinción de bienes adquiridos a través del paramilitarismo, en lo que ha avanzado desde su expedición, solo el 14 % (605) tienen sentencia de extinción de dominio, lo que corresponde a $145.275.058.653; además, 847 bienes tienen solicitud de extinción de dominio ($178.882.485.603). El valor de los bienes con medida cautelar de extinción de dominio decretada es de $991.591.701.079460. Incluso así, hay versiones que denuncian que los bienes son muchos más y continúan actualmente en manos de testaferros. Otro excomandante de las AUC, Raúl Emilio Hasbún, que tuvo un papel central en el diseño de las estrategias de financiación para la guerra, relató para el caso de Urabá la penetración de este entramado en la economía:

“A los empresarios nunca les han arrancado procesos. No ha empezado la paraeconomía. En la paraeconomía en Urabá yo involucro a 4.000 personas como poquito. […]. Lo que pasa es que hay varias personas demasiado importantes dentro de lo político y lo económico. Yo entregué unos listados a la Fiscalía con 270 bananeros, 400 ganaderos y podrían ser unos miles de comerciantes. La Fiscalía no tiene la capacidad para investigar lo que pasó en Urabá, pero tampoco hay voluntad política. Acabarían con el quinto renglón de la economía nacional que alimenta el PIB, que es el banano”[16].

La Comisión de la Verdad encontró que la dinámica paramilitar trasciende la dimensión más visible del fenómeno (los aparatos armados) y visibiliza el telón de fondo, aquello que lo sustenta y facilita su permanencia. La Comisión de la Verdad ha encontrado aspectos de la dinámica paramilitar que, por un lado, trascienden la dimensión más visible del fenómeno (los aparatos armados) y visibilizan el telón de fondo del paramilitarismo: aquello que lo sustenta y permite su permanencia. Por otro lado, son elementos que se mantienen a pesar de la diversidad de expresiones armadas regionales que ha tenido el paramilitarismo y sus transformaciones a lo largo de los años y que, en consecuencia, constituyen factores de persistencia y posibles claves hacia la No Repetición.

El paramilitarismo no es solo un actor armado –entendido como ejércitos privados con estrategias de terror contra la población civil–, sino más un entramado de intereses y alianzas también asociado a proyectos económicos, sociales y políticos que logró la imposición de controles territoriales armados por medio del uso del terror y la violencia, y también a través de mecanismos de legitimación, establecimiento de normas y reglas. La investigación de la Comisión muestra que el paramilitarismo ha estado vinculado históricamente con decisiones de gobierno e instituciones del Estado[17] ancladas a la tendencia estatal a la delegación de la seguridad pública, la coerción y las armas en grupos de civiles armados y agencias encargadas de proporcionar seguridad de manera privada bajo el objetivo de la seguridad y la defensa nacionales”[18].

Al final del capítulo quinto, el informe pregunta por la razones por las cuales el paramilitarismo persiste en nuestra historia pese al horror y vergüenza que nos genera. Como primera posible explicación plantea el negacionismo, el cual también se expresa en la falta de una afirmación categórica de denuncia, de rechazo, de reconocimiento del daño y de solicitud de perdón oficial por parte de los altos poderes del Estado y de los sectores sociales que los justificaron, encubrieron y usaron para despojar campesinos y ejercer control territorial, político y social, y obtener beneficios pecuniarios.

“Como señalaron varios líderes de las entonces AUC en una reunión con la Comisión: «Las AUC desaparecieron, pero el paramilitarismo sigue». Las organizaciones que siguieron a la desmovilización de las AUC –como Los Rastrojos, Los Pachenca, Los Caparrapos o Caparros y el Clan del Golfo (autodenominado AGC), las Águilas Negras y sus células y facciones– son todavía parte del problema central de la reconstrucción de la convivencia y la paz en Colombia. Así mismo, la presencia y acciones de grupos de civiles que dispararon contra personas que participaron en las marchas del 2019 al 2021 son reflejo de este riesgo latente del fenómeno paramilitar y una prueba de la pervivencia de diferentes lógicas y estrategias propias de un pensamiento de que la guerra que siguen en pie”[19].

Ciertamente, “un factor clave de persistencia del paramilitarismo ha sido el negacionismo de su relación con las Fuerzas Armadas y todo un entramado de alianzas con sectores políticos y económicos en Colombia. Sin un reconocimiento estatal y social de la verdad sobre el paramilitarismo, que rompa con esa negación, no es posible la puesta en marcha de los mecanismos institucionales, económicos y políticos eficaces para su desmantelamiento. Sin acciones contundentes al respecto, el paramilitarismo seguirá siendo un factor fundamental de violencia y, por lo tanto, la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, principalmente en las encargadas de impartir justicia y de representar políticamente a la población, estará socavada. Igualmente, es una deuda con las víctimas a quienes no se les ha ofrecido un reconocimiento de esta verdad.

Este proceso debe identificar y crear acciones respecto a los profundos entramados de alianzas paramilitares que han persistido y que se han adaptado a los intentos de transitar a la paz; en varias ocasiones han bloqueado los esfuerzos de Colombia por llevar a cabo procesos de paz, con las crisis y reconfiguraciones de las estructuras armadas”[20].

El Informe establece tres aspectos a través de los cuales se hace evidente el negacionismo transversal al paramilitarismo: “en las denominaciones del fenómeno; en la clandestinidad y falta de rostro de quienes lo integran; y en las decisiones institucionales, legales y de legitimación de los grupos paramilitares. Mientras para miles de víctimas, organizaciones de los territorios, pueblos étnicos que hicieron denuncias públicas o ante organismos del Estado la evidencia de dicha colaboración es abrumadora, la actitud de las autoridades y de las propias Fuerzas Armadas ha sido minimizar el fenómeno, negar su participación o cualquier tipo de responsabilidad estatal”[21].

Las víctimas ahora tienen rostro, nombre, historia; las audiencias de reconocimiento de la JEP, en las que han hablado víctimas y victimarios han causado profundo dolor y en muchas personas ha surgido la necesidad de ofrecer a la sociedad colombiana un nuevo país, de construir consensos viables y rechazar todo lo que nos degrade como pueblo y como humanidad.  ¿Qué hacemos entonces ahora con tanta verdad?  La verdad debe servir para reconciliarnos y para dar a luz una genuina voluntad de paz.

// Imperioso que el informe sea incluido en el pensum académico y que se difunda a través de diferentes dispositivos pedagógicos que faciliten su lectura y apropiación.

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[1] BBC; “”Cómo nos atrevimos a dejar que pasara”: 5 claves del histórico informe de la Comisión de la verdad sobre la guerra en Colombia”. 28 de junio de 2022. Ver en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61975415

[2] En El Tiempo; “Reserva de la Fuerza Pública critica informe de la Comisión de la Verdad”. Redacción política. Bogotá, 2 de julio de 2022. Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/paz-y-derechos-humanos/informe-comision-de-la-verdad-reserva-de-fuerza-publica-critica-informe-684425

[3] National Security Archive. Trip report to Monteria, a Colombian «para»-dise (part I: The paramilitaries propose a national assembly. Diciembre 1998. Código 19981218-22122-Monteria-TripRpt1 de 1998.

[4] Salvatore Mancuso ante los tribunales de justicia y la historia. Origen, desarrollo y desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, Memorias inéditas. 2007, pág. 76. Informe Final. 5.8. La parapolítica y la incursión paramilitar en las instituciones del Estado

[5] Este plan, según Salvatore Mancuso, consideraba estrategias para la expansión y consolidación territorial, militar, fortalecimiento económico, consolidación social, política y una dimensión explícitamente paraestatal. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Sentencia. Procesado Salvatore Mancuso y otros. Bogotá, 31 de octubre de 2014, párr. 133.

[6] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Acta aprobada N° 84. Sentencia contra el exsenador Álvaro Araújo Castro, 18 de marzo de 2010, pág. 108. Ver: 5.4. Diferentes expresiones de un mismo paramilitarismo. Hay futuro si hay verdad Informe Final. Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia, 2022.

[7] En referencia a los comicios legislativos del 2006.

[8]Revista Semana; “Habla Vicente Castaño”. Bogotá, 4 de junio de 2005.

Ver en: https://www.semana.com/portada/articulo/habla-vicente-castano/72964-3/.

[9]Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia. Procesados Jesús María Imbeth y otros. Bogotá, 12 de enero de 2012, pág. 3. Resaltado propio. Ver: Hay futuro si hay verdad Informe Final. Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia, 2022. 5.8. La parapolítica y la incursión paramilitar en las instituciones del Estado.

[10] Entre 1975 y 2015 los grupos paramilitares y los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD) fueron responsables del 47,09% de las muertes ocurridas durante el conflicto (21.044 víctimas). Un total de 2.518 de esos asesinatos fueron perpetrados por los GAPD durante su periodo de desmovilización entre 2006 y 2015, según el informe “Grupos Armados Posdesmovilización. Trayectorias, rupturas y continuidades”. Estos son algunos de los hallazgos que ha dejado una década de investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Ver:

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/balances-jep/descargas/balance-paramilitarismo.pdf

[11] Esta frase, ya conocida, fue mencionada por exparamilitares del Magdalena Medio refiriéndose a la noción de guerra irregular que promovió un sector de la fuerza pública en los ochenta, haciendo alusión a una guerra enfocada en las que se percibían como bases sociales de la guerrilla (el «agua») que hacían posible la existencia y crecimiento del grupo armado subversivo (el «pez»). Dicha metáfora, a su vez, viene de su uso en algunas guerrillas desde la idea de Mao Zedong de que el campesino es a la revolución lo que el agua al pez. Informe Final. 5. Los entramados del paramilitarismo.

[12] Ídem.

[13] “No hay que confundir paramilitares con criminales”. (Álvaro Uribe. Dic. 7, 2006). Contracarátula del libro Álvaro Uribe Vélez: el Narcotraficante Nº 82 de Sergio Camargo.

[14] Hay futuro si hay verdad Informe Final. Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia, 2022. 5.1. Transformaciones y mantenimiento del paramilitarismo

[15] Ídem. Informe Final. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

[16] Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, excomandante paramilitar. «El hombre que fue el cerebro de la paraeconomía». Semana. 30 de marzo de 2012.

[17] Las responsabilidades del Estado colombiano por la existencia y fortalecimiento del paramilitarismo han sido señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999, Cap. IV, párr. 236.

[18] Hay futuro si hay verdad Informe Final. Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia, 2022. 5. Los entramados del paramilitarismo.

[19] Hay futuro si hay verdad Informe Final. Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia, 2022. 5.4.2. La desmovilización colectiva y el tránsito hacia organizaciones sucesoras del paramilitarismo

[20]Íbid; 5.11. ¿Por qué el paramilitarismo persiste?

[21]Íbid; 5.10. El papel de la negación, los silencios y la impunidad en la persistencia del fenómeno paramilitar.

Maureén Maya

Foto tomada de: El Tiempo