- Contextos, transformaciones estratégicas e intensificación de la violencia.
- El punto de no retorno: financiamiento de la guerra, control territorial y deterioro de las relaciones con la población civil.
- Infracciones graves al derecho internacional humanitario y responsabilidad de las insurgencias en la crisis humanitaria.
- Órdenes violentos guerrilleros y relaciones con la población civil.
- Entramados guerrilleros, partidos políticos y movimientos sociales.
- Las guerrillas: disputas por el poder político regional y sus afectaciones a la democracia.
- Diplomacias y apoyos insurgentes.
- Dinámicas del conflicto armado pos acuerdo de paz con las FARC-EP.
Reconociendo la importancia del informe de la CV en relación con determinar la responsabilidad de la actuación de las insurgencias en el impacto causado por el conflicto armado a la población civil y a los territorios durante siete décadas de historia de violencia en nuestro país. Es menester detenerse a analizar el contenido del informe en varios de sus apartados en los que el debate sobre la verdad histórica del conflicto sigue abierto y no se salda con lo expuesto por parte de los comisionados que asumieron el reto de explicar la existencia y accionar de los grupos guerrilleros, en medio de visiones distintas para entender este fenómeno histórico y ante las expectativas que despiertan las conclusiones de una de las instancias principales del Acuerdo De Paz de La Habana entre Las FARC y el Estado colombiano, después de tres años de labor incansable por recaudar testimonios y escuchas para comprender la verdad de la existencia del fenómeno insurgente, desde voces tan disimiles y con tan diferenciados acentos políticos, ideológicos, económicos y socioculturales.
Lo primero que causa sorpresa en el informe de la CV, es ¿porque marca el origen de las insurgencias en las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX? como se lee en la introducción del capítulo referido que expresa:
“Los grupos insurgentes, desde sus orígenes en los años sesenta y setenta, estuvieron ligados al campesinado y a los colonos que huían de la violencia partidista de mediados del siglo XX hacia las zonas de colonización”[1].
Cuando la mayoría de los historiadores y expertos de la violencia en Colombia, de distintas orillas y escuelas de pensamiento, ubican el origen del conflicto y la violencia guerrillera en la década de los años cuarenta y su epicentro en el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 09 de abril de 1948.
Aun mas, historiadores como el sociólogo y escritor Alfredo Molano, quien fungió como comisionado de la CV hasta su fallecimiento, sostienen que:
“El conflicto armado comienza con la Violencia. Y la Violencia está asociada a dos factores originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre el Estado, sobre todo a partir de la subida del precio del café, y los presupuestos de gastos de los gobiernos aumentan considerablemente. El telón de fondo es el enriquecimiento desbordado de EE. UU. después de la Primera Guerra Mundial.”[2]
Es decir, Molano sitúa el origen del conflicto armado en dos hitos centrales, el fin de la hegemonía conservadora a finales de los años 30 del siglo XX y la sentencia de la Corte Suprema de 1926, que obligaba a los hacendados a presentar el título de propiedad en caso de litigio con sus trabajadores la llamada «Prueba diabólica», lo que desencadeno una ola de conflictos por la tierra entre campesinos, colonos e indígenas enfrentados a hacendados y terratenientes en zonas rurales del país; la forma extrema de resolver estos litigios fue a través del uso de las armas, método que se intensifico en las siguientes décadas.
En otras palabras, al situar el origen de las guerrillas en la década de los sesenta, la CV desconoce los antecedentes y prolegómenos de la lucha armada de estilo guerrillero en Colombia, que se remonta a la década del cuarenta del siglo XX y que se hunde en las guerras civiles del siglo XIX, especialmente en la guerra de los mil días y su posterior desenlace.
Ahora bien, si lo que pretende establecer el informe de la CV, es la línea de tiempo en la que surgieron las insurgencias como contrapoder armado para derrocar el régimen político, debió tomar en cuenta las primeras experiencias de organización campesina de carácter revolucionario como las lideradas por María Cano y Mahecha en la región del Tolima, que Alfredo Molano describe en su texto de la siguiente forma:
“Desde los años 30 María Cano y Raúl Mahecha tenían gran influencia en el sur de Tolima, lo que
facilitó la creación de Ligas Campesinas y la organización de células del Partido Comunista. Su más importante dirigente fue Isauro Yosa, ‘Mayor Líster’, nacido en Irco, Chaparral, donde comenzó a trabajar en la Hacienda Providencia, de los Rocha”[3].
Lo que se evidencia aquí, es que ya en los años 30 dirigentes comunistas como Isauro Yosa, tenían claro el plan de organización campesina para la resistencia armada de carácter guerrillero, que se consolido años más tarde; de hecho es Yosa o “Mayor Lister”, quien comanda las masas del sur del Tolima que conformarían la autodefensa campesina llamada el Davis, que en la historia de las FARC representa el núcleo primigenio de la resistencia armada en contra del gobierno de Laureano Gómez y posteriormente de Rojas Pinilla:
“Yosa organizó el Comando del Combeima y ayudado por los Loaiza dirigió una columna de marcha, con campesinos desplazados y amenazados, hacia la región de El Davis, en Rioblanco. Eran unas 200 familias apoyadas por hombres armados de escopetas en un recorrido de más de 100 kilómetros. Se fundó así el comando de El Davis, población civil defendida por grupos armados que elaboraron un reglamento y unas normas de defensa armada para rechazar el hostigamiento conservador.”[4]
Estos acontecimientos sucedieron entre los años de 1948 a 1952 y fueron fundamentales para la cualificación del movimiento guerrillero, porque significaron importantes experiencias de defensa del territorio y aprendizaje en lucha irregular por parte del campesinado organizado y consciente de su papel político: El Davis sería llamado por Manuel Marulanda «corazón de la resistencia», y por Jacobo Arenas, «matriz del amplio movimiento campesino dirigido por el Partido Comunista».[5]
Es en ese momento que las guerrillas de los “Comunes” o comunistas, adoptan un programa político, que define su postura revolucionaria y antagónica al régimen político en Colombia, al adoptar “el programa agrario aprobado por la «Conferencia Boyacá», reunida el 15 de agosto de 1952 en Viotá, con delegados de las guerrillas del Llano, Santander, Antioquia y Sumapaz, donde se propuso la construcción de un gobierno popular que restableciera libertades democráticas, decretara una reforma agraria «que aplicara el principio de la tierra es para quien la trabaja», devolviera la integridad de las comunidades indígenas, nacionalizara las minas, separara la Iglesia del Estado, creara un ejército nacional y democrático y adoptara una política internacional independiente”
Una primera conclusión es que reducir el tiempo del surgimiento de las insurgencias en Colombia a los años sesenta del siglo XX, afecta la comprensión integral del fenómeno y controvierte una importante corriente académica de historiadores que por años se han dedicado con rigor a estudiar el papel de la insurgencia en la historia del conflicto en Colombia.
Otro aspecto polémico del informe de la CV tiene que ver con lo que el texto afirma en la introducción del capítulo, respecto a que:
“Las FARC y el ELN (…) En su insistencia en la lucha armada como medio para lograr sus fines políticos, ejecutaron graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), y su presencia y actuación tuvieron implicaciones negativas en el desarrollo de importantes regiones del país, afectaron el buen vivir de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en las regiones donde hicieron presencia y, de igual forma, impidieron la consolidación de fuerzas alternativas civiles e impactaron la participación política.”[6]
En este apartado es importante contrastar esta definición desde la dignidad de la Comisión de la Verdad y la centralidad de las victimas sobre la degradación ética del accionar guerrillero, con la postura amoral o en todo caso desprovista de calificativos morales de expertos como Fals Borda[7], cuando afirma:
“Estimó que la palabra subversión se entiende sólo como una manera de referirse a los actos que van en contra de la sociedad y que, por lo tanto, son por así decirlo inmorales. Pero, como él mismo lo advierte, “Una vez que se estudian las evidencias y se analizan los hechos aparece la dimensión de la subversión que ignoran los mayores y los maestros, que omiten los diccionarios de la lengua y que hace enmudecer a los gobernantes: se descubre así cómo muchos subversores no pretenden “destruir la sociedad” porque sí, como un acto ciego y soberbio, sino más bien reconstruirla según novedosas ideas y siguiendo determinados ideales o “utopías” que no acoge la tradición”.
Y en el mismo análisis el sociólogo sostiene que:
“La subversión no es concepto blanco, ni tampoco es negro. Surge del proceso de la vida colectiva como un hecho que no puede negarse y al que es mucho mejor mirar de frente para entenderlo en lo que realmente es. No es moral ni inmoral, porque su naturaleza no proviene sólo de la dinámica histórica del pasado, sino de la proyección utópica que tiene la acción subversiva hacia el futuro”.[8]
Lo que resulta evidente es que el informe de la CV interpela en su dimensión ética, el derecho a la guerra y las violaciones al DIH, como código de conducta de un actor en este caso de la insurgencia en el marco del conflicto que afectan gravemente a la población civil; pero ese alegato choca con otra racionalidad también válida para estudiar el fenómeno desde el derecho, la sociología y la política; directamente con el debate sobre el derecho a la rebelión, un largo contencioso que en Colombia viene desde el origen mismo de la república y del mito insurrecto de la independencia de la corona española por parte del ejercito Bolivariano. La poética de la insurrección está en el centro de la idiosincrasia de sectores y capas sociales excluidas de nuestra América Latina, metarelatos alrededor de la “América libre” unifican la retórica nacionalista y patriótica de países como Cuba, Venezuela y Colombia, por lo tanto, el derecho a oponerse al régimen burgués, supone recurrir incluso a la violencia para alcanzar la meta de la liberación.
En este mismo sentido otros autores como Víctor Manuel Moncayo sostienen que:
“El proceso subversivo, como expresión de resistencia al orden existente con la pretensión de sustituirlo, es inherente a toda sociedad –como la colombiana– regida por el sistema de dominación capitalista. Como tal ha acompañado nuestro devenir desde sus orígenes, luego de la eliminación de los lazos coloniales, que interrumpieron violentamente la existencia de las comunidades que poblaban nuestro continente.”[9]
En otras palabras se puede argumentar que el proceso subversivo siguió latiendo en las venas y en las cabezas de nuestro subconsciente político y en la psiquis de muchos sectores sociales que maximizaron el sentido de justicia social al todo o nada, de allí se deriva la tradición violenta para defender el estatus quo por parte de los detentores del poder o de sus áulicos alienados por esta ideología, así como la resistencia rebelde de los avasallados por ese orden, para oponerse al bloque de poder dominante utilizando todas las formas de lucha, en especial aquellas de carácter armado, conspirativo antagónico e iconoclasta, que indefectiblemente desembocaron en la lucha guerrillera de los siglos XIX y XX.
Los hallazgos de la CV
En gracia de discusión, en lo que respecta a los hallazgos del informe de la CV en el capítulo de Insurgencias, es necesario introducir los siguientes elementos de debate:
- “Los grupos insurgentes, en desarrollo de sus objetivos de control del territorio y la población, construyeron diferentes formas de relacionarse con sectores de la población civil que llevaron a formas de control y órdenes violentos basados en la coacción de las armas y el autoritarismo en las regiones donde tuvieron fuerte presencia.”[10]
En este hallazgo se preferencia la tesis que las guerrillas establecieron autoritarismos subnacionales, de acuerdo con la tesis de Edward Gibson[11] negando las relaciones democráticas de carácter campesino en las que las insurgencias basaron su actividad social y política en muchos territorios del país.
- “Los grupos insurgentes, a través del relacionamiento con los movimientos sociales y la izquierda política legal, y la infiltración y los intentos de instrumentalización de estos, trataron de crear, mantener y consolidar una incidencia en la vida política nacional, regional y local. -Todo ello generó dificultades para mantener proyectos autónomos y cerró el espacio para alternativas civiles en un contexto de agudización de la guerra y de sus secuelas posteriores.”[12]
En este hallazgo, la CV muestra a las organizaciones campesinas y sociales de las zonas rurales de una forma bucólica, enalteciendo la forma de vida que se lleva en un campo hasta el paroxismo de la inocencia perdida, describe a las comunidades campesinas sin ninguna intencionalidad mala o buena, positiva o negativa, normalizada o iconoclasta; postura que niega lo que realmente ha sucedido en esas comunidades, y en sus organizaciones, como expresión de la lucha de clases en toda su intensidad en la Colombia profunda, en ese ambiente hostil en el que habita las población campesina, se interioriza una simbología violenta no exenta de machismo, homofobia, puritanismo; lo que algunos llaman cultura campesina, en esa atmosfera también está presente el etnos insurgente o contrainsurgente, los movimientos y organizaciones sociales de las comunidades del campo no son unas hermanitas de la caridad, son expresiones construidas para preservar y defender el orden social o para destruirlo o transformarlo, por lo que el concepto de instrumentalización se queda corto en el análisis de la CV.
- “El termino insurgencia, fue utilizado para atacar expresiones políticas que trataban de abrir un espacio para la democracia y la paz, como el caso de la Unión Patriótica (UP), partido al que se acusó de supuesta identidad con la guerrilla mientras se llevaba a cabo su exterminio.”[13]
Está demostrado hasta la saciedad por estudiosos de la violencia política en Colombia y la historia del conflicto, que la contrainsurgencia como modelo político y método paramilitar, con distintas significaciones en la historia del conflicto armado, se aplicó tanto contra la población de zonas consideradas rojas por presencia de grupos guerrilleros, como en regiones en donde no existió la guerrilla como organización político-militar. Ejemplo de ello fue la represión ejercida en regiones como el eje cafetero, o la costa caribe, en especial en el Atlántico en donde los movimientos de izquierda y populares fueron básicamente legales y se privilegiaron las formas pacificas de protesta.
- “Para el desarrollo de sus objetivos militares y políticos, las guerrillas fueron actores centrales en las disputas por el poder político local y regional en sus zonas de presencia; en algunos momentos impusieron su poder armado y en otros atacaron directamente a representantes políticos, afectando, por ende, la precaria democracia colombiana.”[14]
No se menciona el aporte de la insurgencia como expresión política, para lograr la ampliación de la democracia local, en las zonas rurales y en la estructura política administrativa del país, fueron las FARC, primero con la elección popular de alcaldes, reforma política negociada en los diálogos de la Uribe en la década de los ochenta y posteriormente el M-19, EPL, Quintín Lame y CRS, a través de sus propuestas presentadas en la asamblea constituyente de 1991, las que lograron ampliar el restringido régimen político colombiano. Objetivo esencial de cualquier grupo rebelde que invoque el derecho a la rebelión en el mundo. (ver clasificación de los conflictos armados, Scola de Pau de Barcelona)
- “La extensión de estos ataques, especialmente a partir de finales de los años noventa, supuso un enorme impacto también en la población civil, que vio como sus representantes eran objeto de amenazas, atentados e incluso, en algunos casos, masacres.”[15]
Esta conclusión que es claramente acertada sobre los excesos cometidos por la insurgencia a finales del siglo XX y a principios de la primera década del siglo XXI, no incluye una definición más amplia del momento en que el Estado a partir de la política de la Seguridad Democrática (2002-2010), degrado a niveles nunca vistos el conflicto armado, negó la democracia local e involucro a todas las instituciones civiles en una confrontación militar que no tenían que librar en los territorios, para cumplir con las metas contrainsurgentes y antisubversivas que se trazó el gobierno nacional en su proyecto autoritario. Este modelo integral contrainsurgente militarista de la extrema derecha en el poder, dinamito la independencia de las instituciones civiles y las organizaciones sociales en las regiones, involucrándolas en el conflicto armado como partidarios, aliados y colaboradores del bando Estatal y paraestatal o del bando insurgente, lo que condujo a la mayor crisis de los DD HH en esas zonas y a la degradación del conflicto.
- “Finalmente, la solución a los problemas estructurales no fue la guerra, al contrario, los problemas se acrecentaron con el conflicto armado interno.”[16]
Las causas estructurales del conflicto armado que expertos como Molano, Moncayo, Fajardo y Estrada entre otros sitúan en la falta de reparto y acceso a la tierra productiva para miles de familias campesinas, indígenas y negras, así como al mínimo desarrollo del capitalismo en el campo como fuerza de cambio y la persistencia del latifundio y las relaciones económicas pre capitalistas, son las que generaron el conflicto armado en Colombia. Por lo tanto, las insurgencias como una de las expresiones armadas del conflicto de carácter político es una consecuencia de los fenómenos violentos de las luchas de clase que se produjeron en el campo colombiano hace casi cien años y que tienen como génesis el fin de la hegemonía conservadora y la sentencia de la corte suprema de 1926 (denominada por los terratenientes; Ley diabólica). La guerra no fue una opción, fue la inevitable consecuencia de la contienda política y económica entre las clases burguesas y latifundistas en contra de las masas plebeyas de origen campesino, raizal e indígena en la Colombia rural, en especial en las zonas de colonización o de disputas históricas con los pueblos amerindios originarios.
- “A su vez, las guerrillas han buscado incidir o forzar las acciones de organizaciones sociales, partidos y movimientos políticos, tratando de limitar su autonomía para ganar poder, deslegitimar al Estado, aumentar su incidencia política o fortalecer su presencia territorial.”[17]
No tiene en cuenta la CV, que la incidencia de las fuerzas sociales armadas y no armadas en un territorio, se inciden mutuamente, es una influencia que corre en doble vía, es decir las organizaciones armadas, en este caso las insurgencias influyen e inciden en las organizaciones sociales y a su vez las comunidades y las organizaciones sociales influyen en las insurgencias. Esto quedo claro cuando en el proceso de la dejación de armas de las FARC en el año 2017, en varias regiones del país, en especial en el departamento del Cauca, las organizaciones sociales manifestaron públicamente que ellos le habían solicitado a las FARC no entregar las armas, porque la población y sus dinámicas quedarían desprotegidas, o que en todo caso si iban a negociar la paz con el Estado, les dejaran las armas a las comunidades campesinas para ellas defenderse de los enemigos que llegaran a llenar los espacios dejados por esa guerrilla. Es claro que esta postura política beligerante de comunidades rurales influyo en el rearme de algunas disidencias de las FARC, que percibieron un ambiente político proclive al regreso a las armas de parte de comunidades campesinas y rurales, altamente desconfiadas con la institucionalidad del Estado y con la forma de actuar de las elites mafiosas y terratenientes.
- “Desde los años ochenta, los grupos insurgentes fueron organizando y ampliando sus actuaciones en su intento de toma del poder o como retaguardia de apoyo a las luchas civiles. Sin embargo, lejos de lograr los objetivos que pretendían, la agudización y la extensión de las dinámicas del conflicto armado contribuyeron de forma intolerable al sufrimiento de las víctimas y a la imposibilidad de alternativas democráticas no violentas a través de la organización, la movilización social, el diálogo y la política.”[18]
El sufrimiento o afectación a la población y a las víctimas del conflicto armado, es un fenómeno multidimensional, como consecuencia de la acción de los diferentes actores a veces de manera simultánea o de forma independiente, en detrimento de la población civil en el territorio. La prevalencia del análisis de la violencia tiene como matriz principal a los actores armados (en este caso insurgencias), pero a partir de allí, hay otros actores responsables de la afectación al universo de víctimas, como los actores económicos fundamentales en la victimización, actores políticos que se benefician de la victimización, actores culturales, religiosos e ideológicos que se fortalecen en la fase de victimización o que normalizan la nueva realidad, posterior al proceso de imposición y de victimización que sufren las comunidades. Dejar ese conjunto de abusos solo a las insurgencias, limita el análisis y lo tergiversa.
- “El planteamiento unívoco de que se trataba de una guerra contra el Estado en la que todo valía, llevó no solo a un enorme sufrimiento colectivo, sino también a retardar los cambios sociales mediante las armas, debido al fortalecimiento de alternativas autoritarias y violentas como el paramilitarismo y la lucha contrainsurgente, que, en el enfrentamiento contra las guerrillas, consideró a ciertos sectores de la población civil como enemigos a eliminar.”[19]
La CV incurre en un análisis determinista sobre el curso del progreso social, evita acudir a razonamientos sobre la naturaleza dialéctica del devenir histórico, en la que en algunos momentos se afirma y en otros se niega en su fuerza civilizatoria, por lo tanto, suponer que la ausencia de actores como la insurgencia hubiesen significado un aumento progresivo en los cambios sociales en Colombia, es una especulación arriesgada en el terreno de las ciencias sociales.
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[1] Informe final, Hallazgos y recomendaciones, capitulo IV, Insurgencias, pp 213. CV
[2] Conflicto social y rebelión armada, Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CMHV), “Fragmentos de la historia del conflicto armado en Colombia 1920-2010”, PP 149. Alfredo Molano.
[3] ibid
[4] Ibid
[5] ibid
[6] Informe final, Hallazgos y recomendaciones, capitulo IV, Insurgencias, pp 214. CV
[7] Orlando Fals Borda, la subversión justificada y su importancia histórica, Una sociología sentipensante para América Latina. Bogotá, Clacso-Siglo del Hombre editores, 2009, p.388
[8] Ibid
[9] Víctor Manuel Moncayo, Conflicto social y rebelión armada, introducción, pp 18. CMHV)
[10] Informe final, Hallazgos y recomendaciones, capitulo IV, Insurgencias, pp 214. CV
[11] Ver artículo de Gibson sobre autoritarismos subnacionales
[12] Ibid
[13] Ibid
[14] IBid
[15] Ibid
[16] Ibid
[17] Ibid
[18] Ibid
[19] Ibid
Julio Arenas, Investigador del conflicto armado en Colombia.
Foto tomada de: Semana.com
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