A pocos días de terminar su mandato, mientras se hace el empalme oficial, distintas entidades subastan bienes públicos y realizan trámites express que han prendido alarmas de periodistas, ambientalistas, comunidades y del presidente electo.
En la última semana, el país observa un conjunto de acciones con las cuales el gobierno saliente parece estar en una maratón con la que busca “dejar amarrados” varios sectores haciendo compromisos que serán difíciles de reversar en la nueva administración. Un breve repaso da cuenta de lo siguiente:
- La ANI pretende realizar audiencia de adjudicación de contrato de concesión del Canal del Dique el 4 de agosto, es decir, tres días antes de la posesión del nuevo presidente para lo cual solo se ha presentado un oferente.
- La Sociedad de Activos Especiales –SAE- adelantaría una subasta de bienes incautados al narcotráfico, por valor superior al billón de pesos, por lo cual Gustavo Petro pidió que se reverse.
- Se hizo pública la denuncia de la aceleración del trámite para vender un lote en una zona de alto valor en Bogotá desde una Superintendencia.
- Periodistas de Blu Radio y Cambio destaparon un “entramado de corrupción para la aprobación de proyectos a cambio de coimas” con los recursos del OCAD Paz que están destinados para obras PDET.
- Duque ordenó en un acto público, al inaugurar el tramo Chirajara – Pipiral en el Meta, que deberían destinarse en sus últimos días de gobierno, 100 mil millones de pesos de obras por impuestos para hacer el cierre financiero de la carretera Bogotá Villavicencio. Como se sabe Obras por Impuestos es un mecanismo de financiación de los PDET, pero en este caso se usarían para una carretera nacional de competencia del INVIAS que además está concesionada a una firma que cobra los peajes más caros del país.
- En la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH- se estarían moviendo adjudicaciones de áreas y prospectos petroleros antes del inicio del nuevo gobierno y lo mismo ocurriría en el campo de la minería.
- Se supo de irregularidades en la AEROCIVIL que habrían causado la salida de su director. Entre las preocupaciones están concesiones de aeropuertos en el eje cafetero.
- En el MinTIC un par de millonarias licitaciones de internet han sido publicadas y suscitan controversia.
- En la Cancillería se presentaron renuncias de embajadores y funcionarios del servicio consular en varios países lo que fue calificado como una jugadita más del gobierno saliente que busca empotrar nuevos funcionarios y dejar atada a la administración de Petro.
- La Fiscalía cerró la investigación por el caso conocido como la “ñeñepolítica” en un escándalo de financiación indebida del proceso electoral de 2018 en el que resultó elegido Duque. Para la Fiscalía no hay evidencias y por ello lo cerró.
- El contralor saliente dedicado a cabildear votos de congresistas, para hacer elegir su reemplazo, tuvo un revés cuando el Tribunal de Cundinamarca ordenó rehacer el proceso de meritocracia. Funcionarios de la propia Contraloría han sido salpicados con el escándalo por más de 500 mil millones de pesos de los PDET.
La lista puede alargarse pues hay más denuncias. La Policía tenía lista una compra de aviones a la que públicamente se opuso Petro, y la Junta de ECOPETROL queda atornillada hasta 2025. Sin embargo, en esta nota me referiré al caso de la concesión del Canal del Dique la cual es vista por las comunidades como una privatización de facto con graves afectaciones a su entorno.
El Canal del Dique comprende un brazo artificial del rio Magdalena, construido hace varios siglos, que se desprende en Calamar y desemboca en la Bahía de Cartagena pero que tiene afluentes hacia el Golfo de Morrosquillo. Es un ecosistema amplio que involucra más de 20 municipios, en tres departamentos –Atlántico, Bolívar y Sucre-, y que impacta directamente más de 30 consejos comunitarios. Está compuesto de arroyos, caños y quebradas, así como de un conjunto de ciénagas, en un sistema hídrico del cual se benefician pescadores, agricultores de playones y pequeños ganaderos que habitan un amplio número de caseríos y veredas.
El Canal del Dique tiene problemas de sedimentación y con la justificación de proteger a las poblaciones de las inundaciones anuales el gobierno Duque, desde 2021, mueve un megaproyecto 5G para la “restauración de los ecosistemas degradados del Canal”, tal como dice el título del mismo. Es una obra que se financiaría a través de una APP por valor de 3,2 billones de pesos. Aunque el sector responsable es transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- es la entidad a cargo, se ha visto muy activa en la promoción del proyecto a la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez quien al tiempo ha fungido como canciller. Este año ella ha realizado varios viajes a Cartagena, liderado foros con empresarios y navegado el canal con agentes de multinacionales inversionistas para mostrarles las bondades de participar de la convocatoria para la concesión.
Las comunidades por su parte fueron llamadas a un proceso de consultas que tuvo irregularidades y no contaron con suficiente información, en las que además hubo reuniones que fueron denunciadas por presunta corrupción de liderazgos comunitarios que aceptaron unas monedas de cambio por su participación y firma para legitimar la socialización del proyecto. Sin embargo, en la etapa reciente cientos de familias y líderes se expresan contra la concesión que haría el gobierno Duque. Hace 18 meses han venido solicitando a la ANI y la dirección de consulta previa del Mininterior garantías de participación ambiental, más información sobre el megaproyecto y el respeto pleno de sus derechos.
Sobre los impactos ambientales las comunidades manifiestan que no se hicieron los suficientes estudios puesto que la construcción de exclusas en Puerto Badel y Arjona, así como la elevación de los diques ribereños a lo largo de todo el canal tendrán graves repercusiones en el sistema de ciénagas y de caños como la Correa que cae al Golfo de Morrosquillo frente al archipiélago San Bernardo. Por otro lado, señalan que el Parque Islas del Rosario, el hábitat de manatíes y el Santuario de Fauna Mono Hernández se verán afectados, pero advierten que el Ministerio de Ambiente, la Unidad de Parques Naturales, la Procuraduría y la CARDique no atendieron quejas ciudadanas en este sentido.
En materia social, las comunidades reclaman el derecho de recibir toda la información, de manera previa, para que haya un proceso de consultas riguroso que sea acompañado técnicamente desde la Dirección de Consulta y con el acompañamiento de la Procuraduría, Defensoría, Contraloría y Personerías municipales, lo cual denuncian no ocurrió así antes. A esto se suman sus preocupaciones por los impactos que el proyecto tendrá en su vida cotidiana, por ejemplo, en los pescadores que obtienen ingresos del canal y las ciénagas. La instalación de peajes para su transporte preocupa a todas las comunidades, las que además indican que las actividades turísticas que busca promover el megaproyecto se harán sobre los recursos naturales en que ellas han vivido sin que sean partícipes del mismo.
Aunque esta ecoregión está en el Caribe colombiano, el Canal es un activo estratégico de la nación, nos pertenece a todos y todas. La adjudicación del canal en concesión es una entrega al capital privado. A la convocatoria del proyecto VJ-VE-APP-IPB-006-2021 que licita la ANI solo se presentó la firma española SACYR concesiones Colombia SAS, y aquella entidad hará audiencia de adjudicación el 4 de agosto anunciando que el contrato se firmará en los 10 días siguientes. Es de suponer que querrán firmarlo antes de irse.
Finalmente, el Canal del Dique es un cementerio. En palabras de los lugareños es “la mayor fosa común del país”, lo cual fue admitido en los testimonios rendidos por Uber Bánquez conocido con el alias de Juancho Dique en su época de jefe paramilitar. Por ello el abogado Adil Meléndez y su organización la ANET en unión de las comunidades han solicitado a la Jurisdicción Especial de Paz –JEP- una medida cautelar sobre dicho canal.
El Gobierno Nacional debería garantizar los derechos de las comunidades, pero sus acciones hacen prever una revictimización de ellas en una región en la que habitan cerca de dos millones de personas. Ojalá, en caso de que no se atiendan favorablemente las acciones jurídicas interpuestas por las comunidades pidiendo su suspensión, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez sí escuche esos reclamos y reverse los actos jurídicos de esta privatización de una porción del rio Grande de la Magdalena, el rio madre del país.
Pedro Arenas, Corporación Viso Mutop, organización acompañante de comunidades del Canal.
Foto tomada de: Fondo Adaptación
Las consultas previas y la vinculación de las demás comunidades que la Ani no quiso vincular deben de Aser consultas y tener una vigilancia permanente con los líderes del canal del dique que tuvimos el valor de denunciarlas y que no se vuelva a repetir con los mismos cuestionados un vigilancia permanente
Estamos muy preocupados por el proyecto.sin recibir la cantidad de agua q nos van a mandar este año las parcelas aledañas al canal c fueron apique la yuca el plátano y el maiz están por las nubes la comida no c consigue .q tal cuando llegue ese poco de agua nos morimos
Hasta cuándo la mediocre administración del gobierno del cerdo, continuará sembrando de corrupción todo lo que toca.