Las coordinaciones de la observación electoral coincidieron en la urgencia de realizar en esta primera legislatura reformas constitucionales concernientes con la modificación de la arquitectura institucional. Esto tiene que ver con reformar las funciones del Consejo Nacional Electoral CNE, la Registraduría Nacional del Estado Civil RNEC y el Consejo de Estado, y evaluar sus competencias, encaminados a promover una Corte Electoral, “con el objetivo de resolver los problemas evidenciados en las pasadas elecciones legislativas y presidenciales, y generar mayor certeza y confianza en los resultados en cada una de las etapas de los comicios; así como mayores garantías de transparencia para las organizaciones y partidos políticos” indicaron los coordinadores de la MOE.
En ese sentido, se busca implementar un diseño institucional que permita privilegiar lo técnico sobre lo político en relación con la organización y gobierno de las elecciones del Consejo Nacional Electoral, además de la ampliación de su representación territorial, manejo de un presupuesto autónomo que no esté supeditado a la Registraduría. También se buscará un mecanismo para que los consejeros y funcionarios de dicho cuerpo colegiado tengan una mayor experticia de los aspectos técnicos de las elecciones.
Colombia es uno de los dos países de América Latina que tienen una conformación bipartidaria de la Autoridad Electoral, esto tenía sentido cuando existían sólo dos partidos políticos en – Liberal y Conservador -, lo que facilitaban los pesos y contra pesos. Un sistema en su momento exitoso pero obsoleto para el contexto político del 2022, en el que existen 22 Partidos Políticos, pero sólo hay 9 magistrados en el CNE, cada uno de ellos a representación de un Partido Político.
La Corte Electoral que propone la MOE busca también que la administración de justicia electoral se realice de manera oportuna y transparente. De tal modo que los fallos en la materia queden en firme lo más pronto posible.
Por otro lado, para la MOE urge otra reforma constitucional en la que se cambie el sistema de partidos políticos actual, bipartidario, ya que su funcionamiento es anacrónico y no se adapta a las necesidades políticas de la Colombia del Siglo XXI; eso se evidenció en los 71 precandidatos presidenciales, de los cuales, la mayoría se habían inscrito a través de Grupos Significativos de ciudadanos GSC -por firmas- y la decantación de candidatos presidenciales se hizo a través de las Consultas Interpartidistas, ya que los 22 partidos políticos existentes no respondieron de manera satisfactoria el pensar del electorado.
Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, “el actual sistema de partidos no promueve la democracia interna, no es incluyente, y facilita el ingreso de recursos ilegales e ilícitos a las campañas políticas”.
Así las cosas, la ONG propone que en esta reforma se implementen: Las listas cerradas, con alternancia y paritarias, por lo que también deben fortalecerse los procesos democráticos dentro de los partidos políticos, y ser mucho más rigurosos con los parámetros de financiación anticipada de las campañas políticas.
De la mano con lo anteriormente señalado, está también la reglamentación de las coaliciones entre partidos políticos, que hoy en día no cuentan con ningún marco normativo. Y es que desde el 2015 que se aprobaron las coaliciones para las Corporaciones públicas, esta figura se ha ido convirtiéndo progresivamente en una figura cada vez más usada. No obstante, “los problemas que han surgido por la ausencia de reglamentación son cada vez más graves, en la medida en que se incrementan las incertidumbres sobre cómo deben operar estas frente al funcionamiento en bancadas, la declaración política (de Gobierno, de oposición o independientes), la financiación y la responsabilidad política” recordó el Padre Napoleón García, Coordinador de la MOE Chocó.
Cabe recordar que para las pasadas elecciones presidenciales se realizaron tres consultas interpartidistas en las que participaron candidatos de 15 de los 22 Partidos Políticos existentes. Lo que evidencia la poca representatividad que siente la ciudadanía por los candidatos de los diferentes Partidos Políticos, que deben aliarse para sumar votos. “La falta de certezas puede desencadenar un caos político en las corporaciones públicas que termina afectando el correcto desarrollo de la función legislativa”, afirma Verónica Tabares, coordinadora de la MOE Antioquia y directora de Viva la Ciudadanía de dicho Departamento.
Otro tema, no menos importante a reformar, son las normas concernientes a la participación en política de funcionarios públicos, pues su alcance es desproporcionado con la realidad política, pues “no debe ser el mismo grado de responsabilidad para un Gobernador, Ministro, Alcalde o Profesor de entidad pública. Lo que tenemos ahora es desproporcionado, y no responde a la realidad de las campañas electorales”, señala Alejandro Sánchez, coordinador de la Regional Valle del Cauca y coordinador del Observatorio Cali Visible.
Así las cosas, desde la MOE invitamos al Congreso de la República que revise y tome medidas efectivas al respecto y avance en las reformas planteadas, ojalá en esta primera legislatura. Y no pase lo del parlamento pasado que presentaron 166 proyectos de acto legislativo y de ley presentados en temas político-electorales; de ellos, sólo ocho fueron aprobados: dos reformas constitucionales y seis leyes de la República, es decir, solo el 4,8 % de los proyectos presentados, de los cuales destaca el Código Electoral, que al final, no se convirtió en ley al ser declarado inexequible por la Corte Constitucional.
Un cambio en la arquitectura de la institucionalidad acorde con las necesidades políticas y electorales de Colombia actual sin duda mejorará la salud del sistema político y de los futuros comicios.
Mónica Acosta, oficial de comunicaciones de la Misión de Observación Electoral – MOE
Foto tomada de: El País
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