“ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”[1]
Pasaron 31 años desde la proclamación de la constitución política vigente para Colombia, para lograr que su espíritu, basado en la democracia participativa, encontrará escenarios de posibilidad doblegando la arrogancia del modelo de democracia delegataria y plutocrático de los partidos tradicionales enquistados en el poder en una especie de dilatación del cordón umbilical con la constitución de 1886 y el bipartidismo anacrónico y reencauchados con siglas nuevas (CD-CR-U) y por vida artificial a los viejos conservatismo y liberalismo neoliberal.
¿Qué son los partidos tradicionales? me apoyo en la afirmación que hace el estudioso y maestro Gerardo Molina “…ellos no son ya entes movidos por un cuerpo de ideas que quieren hacer efectivas al adquirir el control del mando; tampoco les interesa encuadrar a sus militantes para que tengan peso en la fijación de los rumbos de la agrupación, y mucho menos se preocupan por ser escuelas que capaciten intelectualmente a sus seguidores para que lleguen a cabalidad su papel de ciudadanos. Además, y sobre todo, el progreso del capitalismo entre nosotros es un fenómeno de los últimos 40 años, va haciendo que las organizaciones partidistas tradicionales se replieguen hacia la defensa de los intereses dominantes, por lo cual pierden toda aptitud para representar a las masas.
La presencia del dinero en la política también deforma las faenas democráticas. ese nuevo poder presiona al Estado para que obre en su favor, y por eso financia las campañas electorales y organiza el tránsito permanente de administradores del sector privado al sector público. Por eso la legislación y la administración están teñidas del color que les imprime la riqueza concentrada. A esto se le añaden los últimos lustros la amenaza derivada de la presencia del narcotráfico en las contiendas públicas”
De contera, el modelo uribista, preñado de atavismos semi-feudales y atado a los clanes de la corrupción y sus soportes en las bandas de la parapolítica (que debilito valientemente el otrora congresista Gustavo Petro) secuestró y deformó el Estado al cooptarlo para poner los entes de control y la fiscalía en sus bolsillos, destruyendo la naturaleza de pesos y contrapesos y generando el reino ideal de la corrupción, narcotráfico, bandas criminales e impunidad.
Traigo a colación el pensamiento de Gerardo Molina en proceso y destino de la libertad cuando afirma: “la suerte de las libertades depende en buena parte del destino que corra la democracia. Esta vive hoy momentos tremendamente delicados, a causa de la tensión entre las dos concepciones que se disputa en el favor de la comunidad: la democracia como sistema de elección de los gobernantes y la democracia como sistema de participación de todos en la toma de decisiones es decir como manera de vida”[2]
La participación de la sociedad, la toma de decisiones informadas, discutidas, consensuadas, es quizá la objetivación de ese concepto de unidad pluralista que se empieza a vislumbrar en el no fácil proceso del acuerdo nacional que por iniciativa del presidente electo Gustavo Petro y las fuerzas sociales y políticas que respaldaron la propuesta programática del Pacto Histórico, que asume el poder ejecutivo desde el 07/08/2022, genera nerviosismos, hilaridad, dudas y hasta manifestaciones de desconfianza por parte de propios y terceros, es el caso de Gustavo Bolívar, senador insigne del Pacto Histórico, a quién hicieron a un lado para trasplantar al conocedor de las mecánicas congresionales leal defensor del acuerdo de paz, el señor Roy Barreras.
Uno de los documentos que se me hizo necesario recuperar para poder acercar una mayor comprensión al momento actual y los retos de futuro fue, sin duda, el que elaborará el profesor y querido amigo Orlando Fals Borda[3], a quien le debemos mucho de lo que hoy vive la nación de regiones que somos y cuyos aportes en lineamientos de reforma territorial del país son vigentes.
Más que “la accidentada marcha hacia la democracia participativa” (como tituló su ensayo) podríamos decirle a nuestro querido Orlando, que hoy rotularía como ensangrentada y pisoteada marcha hacia La Paz y la democracia participativa.
Sus categorías políticas, que discutiéramos en aquella reunión de septiembre de 1991 cuando al calor de un delicioso café ofrecido por José “pepe” Gutiérrez y en compañía Nelly Aparicio, Jorge Regueros y los demás miembros de la dirección nacional del transfundido Movimiento Socialista Firmes hacia la Alianza Democrática M-19[4], cobran hoy vigencia plena y muestran la claridad visionaria de los viejos socialistas de la democracia, Gerardo Molina, Luis Carlos Pérez, Diego Montaña Cuéllar, Nelly de Aparicio.
A todos nos soportaba la convicción ideológica que el socialismo es el nombre de la democracia plena y participativa, todos teníamos historias formativas desde los partidos socialistas de diferentes tendencias (el fragmentarismo y fractalismo de la izquierda antigua: URS, PST, PS, MOIR, PC, PCML, etc.) y todos trabajamos por fortalecer la cultura política de los movimientos sociales.
No puede haber democracia participativa sin movimientos regionales, como los “Inconformes de Nariño” de aquella época, Movimiento Cívico del Tolima o del Meta y tantos otros que conocimos y apoyamos; tampoco la puede haber sin la participación de los municipios, desde sus veredas y corregimientos, sin la participación de los departamentos y las regiones, y con una síntesis catalizadora desde el Estado nacional, entendido como intérprete y custodio de este pseudo-federalismo el que hablara Fals Borda, y que hemos consensuado conceptualmente como Colombia nación de regiones.
Tampoco puede haber democracia participativa sin participación igualitaria de la diversidad cultural, política, étnica, biodiversa, de todos los territorios y pueblos de Colombia.
Es la hora de comprender que el crecimiento con desarrollo y bienestar empieza creando una ofensiva de oportunidades y presencia del Estado en las regiones históricamente marginadas y azotadas por las violencias, principalmente la causada por la ausencia del Estado.
El presidente Gustavo Petro ha invitado a la nación a un acuerdo nacional, dicho acuerdo debe ser plasmado en el documento brújula de este gobierno que bien podría llamarse Plan Nacional de Desarrollo con Equidad 2022 – 2026, en él, además de conceptualizar el tipo de desarrollo, las categorías del bienestar, el modelo económico, su soporte tributario y fiscal, debe quedar evidente que la nación unitaria, que proclama la Constitución del 91, debe propender porque al final del período de gobierno, las brechas de equidad de género, ingresos, propiedad, acceso a la educación y la salud, así como la dependencia de los recursos fósiles, se hayan reducido sustancialmente trayendo como consecuencia una poderosa clase media y una sociedad de los conocimientos en formación dinámica y constante, que nos haga potencia de vida, de convivencia y de alegría, vivir sabroso, lo dijo Francia Márquez nuestra vicepresidenta con gran profundidad y riqueza cultural.
Para ese Plan Nacional de Desarrollo con Equidad la metodología[5] [6]el rigor y la generosidad deben ser plenas, apoyándonos en las tecnologías de la información y las comunicaciones, como los reservorios documentales y la inteligencia artificial, podríamos lograr que desde todas las veredas del país, desde los municipios, los sindicatos y asociaciones campesinas, las cooperativas, las ONG, las expresiones de los movimientos sociales, den prioridades y asuman compromisos de ejecución para que de manera técnica los equipos del nuevo DNP y el consejo nacional de planeación y política fiscal, teniendo como base la propuesta programática Pacto Histórico, los consensos locales y consolidación regional y departamentales, los incorporen buscando consensos con los curiosos aliados circunstanciales que no dejan de ser incómodos por venir del más decadente de los gobiernos que anego de miseria, dolor y muerte el movimiento social a la vez que atiborró de privilegios y riqueza a los grupos más ricos de las élites criollas y foráneas.
La excelente voluntad de algunos gremios de la producción como ACOPI, ANDI y otros de carácter regional nos muestran que es posible, desde una comprensión objetiva y una visión de mediano y largo plazo ambiciosa, el que restablezcamos una Colombia industrializada sobre nuevas tecnologías limpias y el desarrollo de nuevas fuentes de riqueza no extractivistas.
Quiero cerrar este artículo con un pensamiento de las ideas socialistas en Colombia, libro en el cual participé por invitación del maestro Gerardo Molina, “Comprobamos que estas sociedades se hallan sometidas a una presión intensa que si la lógica no falla tiene que desembocar en cambios estructurales. los avances tecnológicos, el crecimiento de las ciudades, la industrialización, la presencia de la mujer en el trabajo, la creciente alfabetización, todo hace que nos movamos en un espacio esencialmente fluido. y como consecuencia, se palpa la revolución de las expectativas crecientes, la beligerancia de las masas, su conciencia de que la pobreza es eliminable.”[7]
Vamos pues a hacer los cambios estructurales, vamos con todos y en cada centímetro del país y con los componentes de la nueva nación y Estado. Un paso basta para caminar leguas.
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[1] Constitución Política de Colombia 1991, tomado de http://www.secretariasenado.gov.co/constitucion-politica recuperado el 02-08.2022
[2] Molina Gerardo, (1989), Proceso y destino de la libertad, pág. 277, negrilla fuera de texto
[3] Fals Borda, O. (1991). La accidentada marcha hacia la democracia participativa en Colombia. Análisis Político, (14), 46–59. Recuperado a partir de https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/74677
[4] “en la práctica, la creciente simbiosis de los movimientos regionales con el M 19, EPL, el PRT, y otros como la Unión Patriótica y Colombia Unida (que cultivaron bastante el frente ideológico), surgió la mencionada alianza, el 02/04/1990, luego del asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa, jefe de la unión patriótica. fue un paso adelante, a pesar de la tragedia” Op Cit, pág. 52
[5] LEY 152 DE 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, “establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación” consultar en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=327#:~:text=La%20presente%20Ley%20tiene%20como,del%20T%C3%ADtulo%20XII%20de%20la .
[6] ARTICULO 341. El gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación; oída la opinión del Consejo procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes y presentará el proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo. Consultar en http://www.secretariasenado.gov.co/constitucion-politica
[7] Molina Gerardo (1987), las ideas socialistas en Colombia, página 358.
César Augusto Torres López, Docente de postgrados, ex director de apropiación del MinTIC, exdirector de Ciencia y Tecnologías de la SED, exasesor de presidencia ETB, autor de varios libros, ecologista militante.
Foto tomada de: El Espectador
Eduardo Acuña Carrera says
Buen articulo. Se enlaza muy bien la conceptualización de la constitucion del 91 de la ” democracia participativa”, con el “acuerdo Nacional” propuesto por el presidente Petro y el plan Nacional de Desarrollo del nuevo Gobierno y los retos de su ejecución que de ser favorables, podrían prolongar nuevos gobiernos enmarcados en la corriente politica y social del cambio.