Importancia política e histórica del Informe Final de la Comisión de la Verdad
En cumplimiento de su mandato la Comisión de la Verdad entregó su Informe Final que adjunta un amplio archivo con el legado de sus trabajos, de forma que consigue formas de masiva difusión en multimedia y pedagógicas para estimular su apropiación por el Estado y la sociedad. Este informe comprende un texto de Declaración que sintetiza su enfoque y contenido y once volúmenes temáticos que dan cuenta para el período considerado, 1958-2016, de una serie de asuntos medulares como la narración de las dinámicas del conflicto bélico y sus contextos, la sistematización de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario sucedidas, el reconocimiento de los territorios y poblaciones particularmente afectados, de la población colombiana exiliada en 24 países y la exposición de los efectos diferenciales desproporcionados contra las mujeres, los pueblos étnicos y otros sectores sociales y poblacionales particularmente vulnerados.
Se trata de una inmensa obra investigativa, guiada por el método inductivo, producto de la escucha de más de 15 testimonios, del diálogo con más de 30 mil personas victimizadas y de otros actores relevantes que tuvieron compromiso o relación de una u otra forma con el conflicto bélico, el contexto de violencia socio política y sus efectos. Aprovecha, además, el acumulado de elaboraciones e informes proporcionados por instituciones y organizaciones de la sociedad civil que superan el millar, así como la consulta de muchas fuentes secundarias, documentales y bibliográficas existentes.
Este Informe Final responde al cumplimiento del mandato legal establecido –Decreto Ley 588 de 2017-, referido al esclarecimiento de lo sucedido en el conflicto armado interno y sus contextos, el reconocimiento de las víctimas, la promoción de la convivencia y la formulación de recomendaciones para la no repetición de los graves hechos de violencia sucedidos. Así mismo, es un producto del Acuerdo Final de Paz de 2016 y está en diálogo y complementación con los aportes en aplicación justicia y hacia el esclarecimiento de la verdad de la JEP y con los aportes humanitarios y de apoyo al esclarecimiento de la UBPD. Que son las tres instituciones del Sistema Integral Verdad Justicia Reparación No Repetición (SIVJRNR) –Punto 5 del Acuerdo Final de Paz-.
La Comisión de la Verdad por este resultado conseguido merece reconocimiento y felicitación por su carácter extraordinario, histórico y por ser un componente necesario hacia la consolidación de la paz, como bien lo ilustra con su lema “Hay Futuro si hay Verdad”. En culminación de sus labores realiza ahora una acción de amplia y diversa difusión, pedagógica y de encuentros de diálogo e intercambios de diversos formatos, para dar a conocer su Informe Final y su Legado que involucra el conjunto de sus elaboraciones y materiales diversos producidos o compilados en archivos de distintos formatos y lenguajes. Y corresponderá, como estaba previsto, que la Comisión de Seguimiento y Monitoreo que designó se ocupe una vez disuelta la Comisión de la Verdad de velar porque sus hallazgos y conclusiones sean ampliamente conocidos por el Estado y la sociedad y sus recomendaciones realmente implementadas.
Por supuesto, dada la gran dimensión de este Informe Final, al momento empiezan solo las primeras reacciones, que luego darán lugar a mayores efectos en reacción, discusión, debate o complementación de sus contenidos y propuestas. En este marco, resulta ser muy positiva de manera general su recepción en el ámbito interno e internacional. Sin embargo, llama la atención algunas reacciones inmediatistas y reactivas, que aún sin conocer y consultar debidamente el contenido del informe, lo descalifican desde posiciones prevenidas y deliberadas. Actitud de verticales opositores al Acuerdo Final de Paz, relacionados con el uribismo y el gobierno saliente del presidente Iván Duque y algunos aliados desde vertientes de derecha y extrema derecha. En contraste, el gobierno entrante del presidente Gustavo Petro, del Pacto Histórico y demás corrientes progresistas aliadas, ha recibido con alto interés este informe y se comprometió públicamente a contribuir en su divulgación y a adoptar sus recomendaciones.
Una larga y compleja guerra civil con expresiones aún vigentes:
El Informe Final reconoce, caracteriza y explica la guerra que se fraguó en el país y que ha tenido episodios asociados durante más de medio siglo, en el marco de la recurrente violencia política y de formas de autoritarismo configuradas desde actores estatales, para-estatales, contra-estales y desde sectores de poder de la sociedad, incluso con ámbitos de actuaciones más allá propiamente de las dinámicas propias del conflicto armado interno. Al respecto, afirma que “lo que hemos tenido en Colombia es una guerra”, que tiene la característica de “un conflicto armado interno” y que sus manifestaciones, a pesar de distintos procesos y acuerdos de paz, se prolonga en algunas de sus manifestaciones hasta la actualidad. Y, afirma que, por el mismo carácter de guerra, en Colombia ha cobrado vigencia el “derecho en la guerra”, de forma que ante ella obran las exigencias de observancia del DIH ante las partes contendientes.
El origen de esta guerra irregular, desarrollada en ámbitos ante todo rurales de distintas regiones, advierte el informe, no tiene una sola causa sino varias que se fueron conjugando, desde sus antecedentes de sectarismo y violencia política derivados de la anterior guerra civil liberal-conservadora, también altamente degradada, trascurrida entre mediados de los años cuarenta y el final de los años cincuenta, hasta otros factores como la ausencia de garantías para la existencia de la oposición, el tratamiento autoritario y militar de la protestas sociales y la ausencia de soluciones al campesinado afectado por la violencia masiva y el despojo en muchas regiones durante esta primera guerra civil, sin solución definitiva.
De tal forma, hubo incluso expresiones de mutación hacia la nueva guerra que se gestó en los 60, con factores e ingredientes contextuales internos de crisis institucional, elitismo, extendida pobreza y alta polarización social y política e internacionales en el contexto de la guerra fría y la hegemonía regional del anticomunismo, dando lugar a las guerrillas revolucionarias que entraron a confrontar al Estado y sus gobiernos, proclamando un cambio definitivo en la forma del Estado y la organización social.
“…El Estado entró a perseguir al comunismo, mientras que los grupos revolucionarios tomaron las armas en la lucha por el poder cuando interpretaron que habían razones objetivas que legitimaban la insurrección”[1].
Hallazgo importante que destaca el Informe Final es el que la guerra no se circunscribió a la confrontación militar entre la fuerza pública estatal y las guerrillas insurgentes –FARC, ELN, EPL y M19-, sino que configuró, de una u otra forma, a través de coyunturas cambiantes, un complejo de actores de distinto carácter y de intereses en pugna, característica propia de las guerras civiles. Su centralidad desde las primeras décadas se expresó desde el Estado y la fuerza pública en la defensa del statu quo, del poder económico y político de las élites, frente a las expresiones de alzamiento armado de las guerrillas con niveles de apoyo del ámbito campesino y popular y planteando programas asociados al interés de las clases subalternas, con consignas de transformación revolucionaria.
“Todo ocurrió en un complejo sistema de intereses políticos, institucionales, económicos, culturales, militares y de narcotráfico; de grupos que ante la injusticia estructural optaron por la lucha armada, y el Estado –y las élites que lo gobiernan- que delegó en las Fuerzas Militares la obligación de defender las leyes, el poder y el statu quo”[2].
Así, el Informe Final analiza el trascurrir entre conflictos y confrontaciones a distintos niveles y en distintos períodos. Entrega al respecto una caracterización en cuatro períodos:
- 1958-1977: Se incubó el conflicto armado con guerrillas en su mayoría rurales en zonas marginales de reciente colonización, de campesinado pobre, con notable desatención estatal y pasado frecuente de luchas agrarias y guerrilleras. Adicionalmente, también expresiones de guerrillas urbanas desde núcleos populares y estudiantiles de clase media, permeados por la inconformidad ante la exclusión y la pobreza. Emergencia de nuevos movimientos sociales de protesta rural y urbana tratados de forma represiva y militar desde el Estado y sus gobiernos.
- 1978-1991: Tras el paro cívico nacional de 1977 se abre una fase de frecuentes protestas sociales y consolidación de las guerrillas en distintos territorios, de forma que se intensifican las hostilidades. Políticas arbitrarias de represión estatal y gubernamental a la oposición política y social. Primeras experiencias de procesos de paz a mediados de los 80, las cuales, aunque se frustran, fueron preámbulo y aportaron hacia la ola de acuerdos de paz definitivos en los primeros años 90 con el M19, el EPL y fracciones guerrilleras o milicianas regionales, relacionados con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y la expedición de una nueva Constitución Política de avance democratizador.
- 1991-2002: A pesar del avance de democratización institucional y de aplicación de los acuerdos de paz referidos con parte importante de la insurgencia, se reactivó el conflicto armado entre la fuerza pública y las FARC y el ELN, a la vez que se dimensionó el fenómeno paramilitar. El narcotráfico que desde finales de los 80 cobró inusitado peso y capacidad de penetración a todos los niveles, incidió de manera determinante en todos los actores de la guerra, siendo determinante en la economía de guerra de las FARC y convirtiendo las estructuras paramilitares en verdaderos ejércitos privados en defensa del status quo de importantes élites se poder tradicionales y emergentes con apoyo en las economías ilegales. A finales de los 90 las FARC, y en menor medida el ELN, se dimensionaron y ganaron en iniciativa militar frente al Estado. Simultáneamente, con el escalamiento de la guerra, se emprendió la estrategia del paramilitarismo que masificó contra sectores de la población la violencia extrema, de forma que también de conjunto se masificaron las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario con compromiso de todos sus actores, causando una gran crisis humanitaria.
- 2002-2016: Tras el fracaso del proceso de paz en el Caguán con las FARC se reactivó el conflicto bélico y accedió al gobierno Álvaro Uribe, siendo reelegido en el siguiente mandato, al ganar apoyo su discurso de buscar derrotar militarmente a las guerrillas. Uribe logró replegarlas e infringirles golpes, pero no acabarlas, aplicando una política de seguridad que se vio comprometida con violaciones a los derechos humanos, siendo un caso mayúsculo el de los masivos asesinatos por parte de tropas oficiales de campesinos y población vulnerable, para presentarlos como supuestas bajas guerrilleras. La crítica interna e internacional a esta política y la persistencia del conflicto armado, llevaron al siguiente presidente, Juan Manuel Santos, que también fue reelegido, a optar de nuevo por la solución política, de forma que logró el Acuerdo de Paz Final con las FARC EP y avanzó en negociaciones de paz y un cese de hostilidades temporal con el ELN. Este gobierno expidió una ley de reparación de las víctimas y de restitución de las tierras despojadas a los campesinos en el marco del conflicto e inició la implementación de este acuerdo de paz.
Más allá de la sistematización de la narrativa del conflicto bélico y sus etapas, con nuevos aportes y con apoyo en varios estudios previos y numerosas fuentes primarias y secundarias, el Informe Final entrega de fondo elementos del contexto explicativo sobre las condiciones de prolongación de la guerra –donde el narcotráfico opera con gran importancia solo desde los años 80, pero no es la única causa explicativa del conflicto bélico con relación a sus principales actores- y sobre la parcialidad y limitación en los impactos conseguidos con los procesos de paz. Al respecto, argumenta el complejo entramado de actores, intereses, procesos y circunstancias que configuraron un conflicto armado que se articula con diversas conflictividades, que alimentan o expresan dinámicas violentas de distinto orden.
“Una confrontación permanente entre quienes eran protegidos y abandonados, entre los que inventaron formas de defensa privada porque no había fuerza pública que los defendiera y los que, apoyados por el Estado, montaron y financiaron las Convivir, con el apoyo de los militares en terreno, y evolucionaron hacia aparatos violentos de masacres y desplazamiento; de campesinos que luchaban por la tierra en la incertidumbre de los títulos; entre narcotraficantes convertidos en paramilitares o parapolíticos en guerrilleros que determinaban quién gobernaba en los territorios y condicionaban al Estado local. Entre administradores de justicia corruptos y jueces íntegros y valientes. Entre proyectos económicos respetuosos del ser humano y otros devastadores de la naturaleza y de la gente. No se pueden establecer causas aisladas. Todo ocurre en un enjambre de instituciones estatales y privadas, de grupos políticos e insurgentes, de decisiones y, finalmente, de millones de víctimas”[3].
Por supuesto, este análisis de un entramado complejo, puede entenderse que no se circunscriben solo al conflicto bélico, sino a la gama diversas de conflictividades que tienen su propia naturaleza y dinámica, pero también formas de relacionamiento e interacción necesarias de dilucidar.
Crisis humanitaria en el contexto de la guerra, causas, expresiones y responsabilidades:
El Informe Final pone de presente que la concepción de “enemigo interno” asumida por el Estado es violatoria de los derechos humanos y el derecho humanitario al criminalizar y dar tratamiento de guerra a la oposición política, las protestas sociales del ámbito popular y democrático y al pensamiento crítico, en aras de la acción contrainsurgente. Y considera que, asimismo, tal concepción fue también con similitud asumida por la insurgencia, que realizó ataques contra sectores de élite, grandes propietarios, funcionarios estatales y personas con pensamiento contrario a las ideas revolucionarias, en aras de la acción insurgente:
“La convicción para muchos de que hay un “enemigo interno” en la vida política ha ido de la mano con la presencia de las armas en la disputa pública. Para la extrema derecha, dentro y fuera del Estado, este enemigo interno está compuesto por el Partido Comunista, sus aliados, sus epígonos y sus simulacros; y el enemigo interno para la extrema izquierda revolucionaria, opuesta a la burguesía y a las élites capitalistas del establecimiento”[4].
A la par, se presentó desde las partes involucradas en el conflicto bélico la “combinación de las formas de lucha”, interpretado por este informe también como asunto bilateral, en el cual cada parte busca ganar participantes y aliados de diverso tipo en su beneficio de su esfuerzo por la generalización de la guerra civil, lo cual llevó a relacionar directamente con el conflicto actuaciones institucionales, políticas, sociales y de otros órdenes con la guerra y sus distintas dinámicas. Situación que llevó a la vez amplió el concepto del campo del “enemigo”, extendiéndolo a diversos sectores de la población, situación acompañada de consiguientes señalamientos y formas de ataques propiciados contra ellos desde las fuerzas en contienda bélica:
“…aparece por lado y lado la combinación de todas las formas de lucha y la vinculación, quiéranlo o no, de los ciudadanos al conflicto. La estigmatización y los señalamientos proliferan. El enemigo interno se extiende a los que piensan distinto, …”[5].
Es amplio y detallado el diagnóstico del Informe Final sobre las víctimas causadas en medio de estas circunstancias, llegando a ser un fenómeno de consecuencias masivas, graves y sistemáticas que se consolidó como crisis humanitaria especialmente en la segunda mitad de los 80, en el curso de los 90 y el inicio de los 2000.
“…un conflicto en el que el ochenta por ciento de las víctimas han sido civiles no combatientes y en el que el menos del dos por ciento de las muertes ha ocurrido en combate”[6].
“Al inicio de la etapa que denominamos “De la guerra total a la paz incompleta”, la guerra termina por inclinarse en favor del Estado colombiano en medio de graves violaciones a los derechos humanos y una degradación de la guerra. El periodo entre 1996 y 2006 merece una aproximación particular, ya que en este se cometieron el 70 % de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario durante el conflicto armado; al mismo tiempo, fue la década en la que tuvo su clímax la disputa política, militar, y por el control social y territorial”[7].
La Comisión de la Verdad explica en su informe que las responsabilidades de esta inmensa crisis humanitarias son distintas. Están las de los principales actores directos de la guerra, por lo regular comprometidos con comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, en distintos grados y circunstancias. Responsabilidades también de quienes tuvieron responsabilidades directas en la guerra o hacia la guerra desde la institucionalidad oficial, sectores de poder económico y actores políticos y sociales. Y responsabilidades desde sectores de la misma población civil, implicada o afectada en diversas formas.
En su informe la Comisión hizo referencia ante todo a las responsabilidades desde su sentido colectivo y como lo especifica con carácter “político, ético e histórico, aunque señala que, en determinados casos ante la necesidad de explicitar contextos relacionados con el conflicto, hace también necesarias referencias a responsabilidades individualizadas. A la vez, reitera el carácter no judicial de su acción de esclarecimiento, de forma que el tratamiento judicial de las graves violaciones e infracciones explicitadas, le corresponden en su tratamiento judicial, en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz a la JEP y le correspondían previamente en todo caso a la justicia ordinaria, donde ha prevalecido la impunidad.
“La Comisión (…) establece responsabilidades históricas, éticas y políticas de carácter colectivo, y se refiere a responsabilidades individuales solo cuando es indispensable para la comprensión del conflicto. No somos un organismo judicial, por eso nuestra verdad no es forense. Aún, así, esta urgencia de establecer y aceptar responsabilidades es indispensable para la paz, porque sin ella la construcción de futuro se paraliza[8].
Era un reto particular para la Comisión de la Verdad promover las posibilidades de que fluyeran las aceptaciones de responsabilidades, desde lo ético y lo político, en el sentido de aportar al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido en el contexto del conflicto, desde sus protagonistas directos. Algunas experiencias precedentes lo habían logrado en ciertos grados, casos de las revelaciones de graves violaciones de los exparamilitares acogidos a la Ley de Justicia y Paz –Ley 975 de 2005- en sus versiones libres y confesiones y acogidos a la Ley de Acuerdos de la Verdad –Ley 1424 de 2010-, quienes actuaron con el estímulo de ciertos beneficios penales bajo el concepto de justicia transicional.
Ahora, con el desafío de no mediar un beneficio penal ni de otro orden, la Comisión de la Verdad consiguió el reconocimiento de responsabilidades de algunos actores importantes como excombatientes de las guerrillas, de exparamilitares y en menores grado de exmiembros de la fuerza pública, exfuncionarios estatales y gubernamentales y personas de la sociedad civil. Aspecto a destacar al respecto es el concepto plasmado en el Informe Final sobre el que tales reconocimientos de quienes fueron victimarios, constituye una valiosa contribución reparativa para las víctimas, para la sociedad y para los propios perpetradores en términos de su propia dignificación, recuperación personal y proyección hacia un ejercicio constructivo de ciudadanía.
“Hemos constatado que quienes reconocen responsabilidades, lejos de destruir su reputación, la engrandecen, y de ser parte del problema pasan a ser parte de la solución que anhelan las víctimas y que necesitan ellos mismos, los perpetradores” [9].
Acuerdos de paz para superar la guerra con medidas de democratización:
Aunque sea paradójico, ante los reiterados contextos de autoritarismo, violencia política y guerras que involucran al Estado, las agrupaciones contrainsurgentes, las organizaciones insurgentes y a determinados terceros actores del Estado y de la sociedad, también queda en el relato del curso del conflicto armado un saldo amplio de experiencias de forma política y jurídica de su tratamiento hacia su resolución, en términos de amnistías, armisticios, treguas, pactos de paz y acuerdos y acciones humanitarias.
“La violencia política (también) deja como legado pactos y acuerdos de paz, amnistías y armisticios, resistencias y reconciliaciones que son aprendizajes fundamentales para la cultura política”[10].
Situación que pone de presente la necesidad de reconocer y pugnar a favor del horizonte de paz que supere el conflicto bélico y todas sus expresiones y contextos asociados. Se evidencia en el Informe Final que en Colombia no hubo una solución integral y completa de la guerra, sino una sucesión de acuerdos de paz. Los del 80 finalmente fracasados, pero pioneros y aleccionadores hacia posteriores experiencias exitosas. Los de inicios de los noventas, solo con parte importante de las insurgencias, se inscribieron en el proceso de democratización del régimen político con la expedición de una nueva Constitución Política y sus protagonistas se incorporaron como actores políticos y sociales de la paz. El Acuerdo Final de Paz de 2016, que entregó un programa de nuevos avances de democratización política y social. Y aún queda pendiente el acuerdo de paz necesario de lograr con el ELN y la superación de otros factores de conflictividad armada y violencia socio política.
En esencia, las guerrillas interpelaron al Estado en demanda de reformas de democratización social y política, pero también tuvieron sus cuotas de responsabilidad, junto con las centrales del Estado y del paramilitarismo que se le asocia, en los niveles de degradación y afectación violenta a sectores de la población. Sin embargo, es preciso advertir, que la caracterización de “una guerra contra la sociedad”, si bien expresa con claridad los graves efectos de la violencia de la guerra y de otras expresiones violentas asociadas en diversos grados, generando la grave crisis humanitaria registrada, no es una caracterización válida en todas las fases de la guerra, ni en el mismo grado y sentido con relación a las responsabilidades de cada actor.
De otra parte, el Informe Final reconoce que los principales eventos de democratización históricamente recientes se asocian a los compromisos de estos acuerdos de paz, pero a la vez es bastante crítico, quizás con un matiz un tanto pesimista, al señalar con énfasis que estos aportes democratizadores de los acuerdos de paz con frecuencia han resultado frágiles o discontinuos o no han logrado la necesaria proyección, salvo tal vez, los relativos a programas de reincorporación de excombatientes.
“Los momentos donde se han hecho acuerdos de paz han sido los más democratizadores y modernizantes para Colombia. Han significado saltos cualitativos en la construcción de Estado y nación. Sin embargo, esa paz ha sido frágil, porque se abandona o no se le pone demasiado empeño a cuestiones relacionadas con la estructura política, económica y social del país. La paz en Colombia sigue siendo predominantemente negativa: el silencio de los fusiles. Quizá por ello el país tiene amplia y destacada experiencia en procesos de reincorporación”[11].
Afirma este Informe que el balance general desde la institucionalidad y la sociedad es que se le ha aportado mucho más a las condiciones para la guerra y mucho menos a las posibilidades y recursos para el logro y la consolidación de la paz.
“Las instituciones, la economía, la sociedad le han dado todo a la guerra: los impuestos, la narrativa, sus hijos. Es poco el chance que se le ha dado a la paz como programa de largo plazo. Tampoco se ha hecho un esfuerzo serio por la reconciliación entre los colombianos”[12].
Finalmente, hay que destacar que este Informe Final llama al Estado y a la sociedad a entender que con urgencia una de las condiciones necesarias para consolidar la paz es romper con la intromisión de las armas en la política y de su interferencia en los asuntos públicos civiles. También llama a superar la forma de pensar y actuar en el Estado y en la sociedad en lo que denomina el “modo guerra”, para pasar a una conciencia y una actuación en los asuntos públicos desde la afirmación de su carácter civilista, pacífico y gestor de condiciones para la convivencia, la paz y la reconciliación.
“A sacar las armas del espacio venerable de lo público. A tomar distancia de los que meten fusiles en la política. A no colaborar con los mesías que pretenden apoyar la lucha social legítima con ametralladoras. Convocamos a proteger los derechos humanos y poner las instituciones al servicio de la dignidad de cada persona, de las comunidades y de los pueblos étnicos. A asumir juntos, por las vías democráticas, la responsabilidad de los cambios sociales e institucionales que la convivencia exige, …”[13].
Es así como, en la implementación del proceso de paz con las FARC-EP, se ha demostrado de nuevo que para hacer la paz, se superó el verse como enemigos de guerra el Estado y los exintegrantes de ésta insurgencia, para pasar a percibirse, actuar e interactuar ahora como actores institucionales, políticos y sociales en el marco de la contienda, la conflictividad y la competencia y la cooperación en el ámbito civil. De tal forma, a pesar de los altos obstáculos, vicisitudes y golpes lamentablemente sufridos en la lucha por la paz, aportan sus protagonistas ahora en la consolidación de posibilidades para la democracia y la vigencia de garantías efectivas, dinámica iniciada principalmente con la Constitución Política de 1991 y enriquecida con los propios aportes actuales de este acuerdo de paz.
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[1] Convocatoria a una Paz Grande, Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Informe Final. (2022). Bogotá, DC, Colombia, página 46.
[2] Convocatoria a una Paz Grande, Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Informe Final. (2022). Bogotá, DC, Colombia, página 43.
[3] Convocatoria a una Paz Grande, Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Informe Final. (2022). Bogotá, DC, Colombia, página 44.
[4] Convocatoria a una Paz Grande, Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Informe Final. (2022). Bogotá, DC, Colombia, página 46.
[5] Convocatoria a una Paz Grande, Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Informe Final. (2022). Bogotá, DC, Colombia, página 47.
[6] Convocatoria a una Paz Grande, Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Informe Final. (2022). Bogotá, DC, Colombia, página 9.
[7] No Matarás, Relato Histórico del Conflicto Armado Interno en Colombia, Marta Ruiz (directora de este volumen), Hay Futuro si Hay Verdad, Informe Final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Informe Final. (2022). Bogotá, DC, Colombia, página 10.
[8] Convocatoria a una Paz Grande, Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Informe Final. (2022). Bogotá, DC, Colombia, páginas 44-45.
[9] Convocatoria a una Paz Grande, Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Informe Final. (2022). Bogotá, DC, Colombia, página 9.
[10] No Matarás, Relato Histórico del Conflicto Armado Interno en Colombia, Marta Ruiz (directora de este volumen), Hay Futuro si Hay Verdad, Informe Final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Informe Final. (2022). Bogotá, DC, Colombia, página 9.
[11] No Matarás, Relato Histórico del Conflicto Armado Interno en Colombia, Marta Ruiz (directora de este volumen), Hay Futuro si Hay Verdad, Informe Final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Informe Final. (2022). Bogotá, DC, Colombia, página 496.
[12] No Matarás, Relato Histórico del Conflicto Armado Interno en Colombia, Marta Ruiz (directora de este volumen), Hay Futuro si Hay Verdad, Informe Final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Informe Final. (2022). Bogotá, DC, Colombia, página 10.
[13] Convocatoria a una Paz Grande, Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Informe Final. (2022). Bogotá, DC, Colombia, página 10.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: El País
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