Si alguien dudara de la magnitud del reto, casi en simultánea con la presentación del proyecto de ley que define la política de paz de Estado, se presentó un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC), que señala a Colombia como el segundo país con mayor cantidad de mercados y organizaciones criminales del planeta, solo superado por la República Democrática del Congo. ¡Quién sabe si no hubo corrupción para no quedar de primero!
Si no es cualquier compromiso no pueden ser cualesquiera los métodos a emplear para lograrlo. Cada gobierno que quiere incidir en la paz modifica la ley de orden público, y el del presidente Gustavo Petro no es la excepción. El proyecto de ley presentado al congreso se postula como el instrumento, y tiene tres elementos novedosos.
El primero es el Servicio social para la paz. Un gran acierto al movilizar capacidad de trabajo en este propósito colectivo, porque la paz deja de ser algo a lo que se asiste desde los telenoticieros, y empieza a ser una oportunidad para la interacción del ciudadano, especialmente de los jóvenes. También acierta al proponer alternativas constructivas al servicio militar, que el mero NO al servicio militar es promover la irresponsabilidad con la sociedad.
Acierta al integrar en el “Fondo para la Paz” los diversos fondos “especiales” desde los cuales se saqueaban los recursos para la paz. Ponerlo a orden del alto comisionado, le quieta a este una coartada para la ineficiencia: Debe responder por la paz porque tiene con qué hacerla. Aunque el proyecto anuncia que se crearía un Bono para la paz, no está por ninguna parte el tal bono, sino el manejo de su recaudo. Queda para el trámite parlamentario restañar ese y otros errores.
Acertado que la reforma Agraria Integral sea parte de la política de paz. Está diagnosticado desde un siglo atrás que la inequidad en la tenencia de la tierra es el principal desencadenante del conflicto social y militar colombiano, sin que hasta el presente se actúe en tal sentido, por el contrario, hemos asistido a la ejecución de una contrarreforma agraria, al despojo de tierras de campesinos humildes para ampliar latifundios, amen de la apropiación de los baldíos hecha por los terratenientes. La reforma agraria va en un proyecto de ley aparte y será muy interesante ver cómo se concierta con la política de paz.
El más novedoso de todos los mecanismos que aporta el nuevo gobierno no lo recoge el proyecto de ley, y es la participación comunitaria en los procesos de paz. Si en el pasado con las Farc la novedad fue poner a las víctimas en la mesa de negociación, en la era Petro se trata de incorporar a las comunidades en el propósito. La participación de la sociedad civil es un anhelo de larga data, y es lamentable que la ley propuesta no la incluya, ojalá en los debates se incorpore y se reglamente este elemento. Se trata de devolverles a las comunidades el protagonismo para el trámite de sus conflictos, hasta el presente lo han tenido los actores armados, que, tras negociar sus intereses, de resolver sus problemas, dejan a las comunidades igual o más emproblemadas que antes.
El proyecto presentado tiene el inconveniente de mezclar civiles con armados, en perfiles poco claros donde el uno se confunde en el otro como en la figura del vocero. La diferenciación entre civiles y armados es pilar del Derecho Internacional Humanitario, y mucho de la postración humanitaria colombiana proviene de ello. Sin un acuerdo de paz los ciudadanos desarmados terminan de rehenes, ya hay muchas experiencias en las que resultan sacrificados. En Colombia hay tradición de matar al mensajero.
No se ve una clara diferenciación entre los actores. El genérico de Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley: “aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, es muy ambiguo. Desconoce la complejidad del conflicto colombiano, y puede ser un obstáculo, ya que no determina el carácter del grupo, el cual se define desde el para qué, no desde el cómo de su actuar. En esa definición cabe el concierto de cuatro gamberros que tiranizan a los vecinos de una cuadra en cualquier ciudad de Colombia. Lamentable tal pobreza conceptual cuando hay un acumulado construido al respecto en jurisprudencias, alguna elaborada por el sabio Carlos Gaviria, así como en conceptos de la procuraduría.
No dice en qué consisten los acuerdos parciales, excepto en el cumplimiento del DIH, que no es opcional para las partes. La figura utilizada en el proceso con las Farc de “nada está acordado hasta que todo esté acordado” expresa un realismo político, no un capricho.
Se usan indistintamente los términos conversación, diálogo y negociación, diferenciación que marca la distancia entre un Caguán y una mesa de La Habana. Tampoco está el mecanismo para hacer efectivos los diálogos regionales. La figura de Zona de paz merece un mayor desarrollo.
El término “representante” es demasiado ambiguo en el proyecto de ley, tanto que comprende a quienes serían promotores de diálogo del gobierno, a sus negociadores, y a los representantes de los grupos armados.
El mayor esfuerzo se hace en definir la paz como política de Estado, cuando la Constitución Política de Colombia desde el preámbulo, y en los artículos 2, 7, 22, 67, 95, ya define ese objetivo. Igual frente al cumplimiento de los acuerdos arrojados, que dependen de la voluntad del gobernante más que de los sellos de notaría. El Acuerdo Final, con las Farc, fue incorporado al bloque de constitucionalidad, depositado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, apadrinado por garantes internacionales, y con todo eso el pasado gobierno lo desconoció, lo incumplió, y lo saboteó. Los diez mandamientos no por haber sido escritos en piedra se cumplieron más. El culto a lo escrito que tenemos en Colombia es un rezago de centurias de analfabetismo.
Para completar el panorama falta que se presente el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de los grupos ilegales, para que Colombia deje de ser la capital mundial del crimen. Lo que no es imposible.
José Darío Castrillón Orozco
Foto tomada de: Matador
La negociación es un punto difícil para el gobierno y una necesidad urgente para el pueblo colombiano. Son muchos y poderosos los enemigos de la paz y de la sociedad.
Ojalá el nuevo gobierno pueda avanzar satisfactoriamente en esta urgencia.