Esto implica, a nuestro juicio, por lo menos seis grandes componentes: 1) retomar las conversaciones con la insurgencia del ELN; 2) iniciar unas conversaciones con las disidencias de las extintas FARC –o por lo menos con algunos sectores de ellas- para que logren re-incorporarse al Acuerdo del Teatro Colon; 3) una invitación a los grupos de crimen organizado a un ‘acogimiento’ a la justicia, teniendo como contraprestación lo que podríamos denominar un ‘tratamiento penal benigno’, incluida la posibilidad de la no extradición; 4) colocar la estrategia del diálogo como central en la resolución de la conflictividad social; 5) una política internacional de relaciones amistosas con todos los países, especialmente los de la región y 6) la implementación integral del Acuerdo con las FARC con todos sus puntos.
Lo anterior conlleva una gran articulación con la política de seguridad y defensa, basada en el concepto de Seguridad Humana, que significa colocar en el centro garantizar la vida de los seres humanos; esto estuvo acompañado con remezones profundos en las cúpulas militares y policiales y con políticas sociales que apunten a disminuir los graves desequilibrios sociales.
En los distintos componentes se ha empezado a avanzar a ritmos distintos; un poco más en retomar las conversaciones con el ELN y en colocar el diálogo en la centralidad de la conflictividad social, más lentamente en las propuestas frente al crimen organizado o en el tema con las disidencia de las extintas FARC.
Algunas organizaciones empezaron a enviar mensajes –en diversas formas- de su disposición a vincularse a la política de diálogo de la Paz Total. Sin embargo continuaron expresiones de violencia en ciertas regiones –plan pistola contra la Policía atribuido a grupos de crimen organizado-, algunos secuestros de parte del ELN acompañados de liberaciones rápidas, francotiradores que atacan a la Fuerza Pública, incluida una avanzada de la escolta presidencial en la región del Catatumbo.
Pero el hecho que marcó un cambio fundamental fue la emboscada contra la Policía en una carretera del Departamento del Huila, en la región de San Luis, donde murieron siete miembros de la institución en una emboscada donde se combinó el uso de explosivos y armas de largo alcance. No hay duda que se trató de un hecho premeditado, planificado y con toda la intencionalidad de golpear la institución policial, pero igualmente la política del gobierno de la Paz Total.
La respuesta inicial del gobierno nacional, considero fue la adecuada, al desplazarse el Presidente con varios de sus ministros a la región en donde sucedieron los hechos –dar la cara inmediatamente-, hacer allí un análisis sobre terreno y en diálogo con los pobladores, conocer el entorno y el contexto en que se sucedieron los hechos violentos. De lo anterior el Presidente derivó cuatro medidas, una, ordenarle al Director General de la Policía que los patrulleros que están en situación de prestar su servicio militar, no deben ser enviados a zonas consideradas como de alto riesgo en términos de la conflictividad armada –se supondría que esto es igualmente asimilable para los soldados, pero no es claro por ahora-; esta medida es perfectamente válida; dos, enfatizar que la Policía debe tomar precauciones de orden táctico en el desplazamiento de sus unidades por estas zonas de orden público complejo –reconociendo que el Ejército lo viene haciendo ya-; tres, aceptar la ausencia del Estado en estas regiones y esto se refleja, entre otras circunstancias, en la precariedad de las vías de comunicación y en la inexistencia de conectividad, que es un factor fundamental de seguridad para estas regiones; cuatro, la necesidad de intensificar o modificar la estrategia de relacionamiento de la Policía con la población de estos territorios, porque de allí se deriva la indispensable legitimidad y la cooperación de la población con la institucionalidad estatal, básica para contar con mejor información.
El propio Presidente en su rueda de prensa en terreno, señaló que era altamente probable que los autores de la emboscada fueran una estructura de las disidencias de las extintas FARC. Y esto aparentemente se confirmó en un comunicado de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco señalando “este doloroso episodio hace parte de decenas de hechos de guerra que se viven a diario en el sur del departamento del Huila, en todo el macizo colombiano, en los departamentos del Valle, Cauca, Putumayo y Nariño.”[1]
El interrogante que se deriva de allí es ¿cuál era la intencionalidad de los autores del atentado? Y la respuesta podría ser en principio que fue un hecho realizado por una estructura de estas disidencias para mostrar fortaleza militar y que sus objetivos siguen siendo las instituciones armadas del Estado. Sin embargo, profundizando en la reflexión podría ser también la intención de ‘medirle el aceite’ al nuevo gobierno y al mismo tiempo mostrarle que no le va a ser fácil lograr que cesen sus hechos de violencia y menos su desmovilización, colocándole de esta manera una especie de palo en la rueda de la política de Paz Total. Sin embargo, en el mencionado comunicado dado a conocer por Noticentro CM&, no cierran la puerta a participar en la política de Paz Total, sino que plantean su disponibilidad a hacerlo.
En cualquiera caso es evidente que esto debería conllevar un ajuste en la política de seguridad del actual gobierno. No para abandonar la Seguridad Humana, que no sólo es una política adecuada y donde lo que se privilegia es proteger la vida de las personas, pero sí combinarla con una Seguridad Regional a cargo de cuerpos especializados de Policía -¿Carabineros?- y de las Fuerzas Militares –Fuerzas Especiales- que cumplan, con un adecuado apoyo de la inteligencia policial y militar, el rol de perseguir y/o confrontar aquellos grupos delincuenciales renuentes a aceptar la política de Paz Total –o pretenden seguir haciendo hechos de violencia, aparentemente para llegar fortalecidos a una mesa de conversación- y que expresen el ‘brazo armado’ legítimo del Estado frente a aquellos violentos que pretenden continuar con la lógica tradicional de amedrentar las regiones aisladas de la presencia gubernamental y estatal y a sus pobladores con el uso de la fuerza. Es decir una política de Seguridad Integral que incluya como centralidad la Seguridad Humana, pero igualmente la Seguridad Regional y la Seguridad Ciudadana para los fenómenos de criminalidad en el mundo urbano.
Deseamos que las intenciones de la política de Paz Total del actual gobierno y de aclimatar la política de Seguridad Humana, especialmente por la larga historia de violencia que tiene nuestra sociedad, sea exitosa, pero es altamente probable que necesitemos durante unos años y de manera diferenciada regionalmente, usar la disposición del diálogo con el uso legítimo de la fuerza del Estado, si las circunstancias lo requieren.
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[1] Dicho Comunicado fue dado a conocer por Noticentro 1 CM&, William Parra, septiembre 6 de 2022.
Alejo Vargas Velásquez, Profesor Titular Universidad Nacional, Director Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Foto tomada de: El Universal
[email protected]. Me parece muy acertado y profundo su análisis, que permite acercarnos con claridad al concepto de Seguridad Humana planteada por nuestro Presidente. Creo que habría que agregar la necesidad de organizar la inteligencia cooperante de la comunidad organizada para lograr información in sito del movimiento de los grupos armados. Una policía popular cooperante de seguridad.