Teniendo en cuenta la lectura de estos PL, más las reflexiones que circularon hace un par de semanas en el Foro Acuerdo Nacional Contra el Hambre (organizado por el Congreso de la Republica), me permitiré plantear algunas consideraciones teóricas, técnicas y operativas para abonar a la tarea de transitar: de las crisis del hambre hacia el diseño territorial de soberanías y autonomías alimentarias.
Son cuatro puntos lo que quiero abordar, los dos primeros tienen que ver con la pluralidad de los viejos y nuevos discursos (actores) del Acuerdo Nacional Contra el Hambre que se está gestando y con la reconfiguración de CISAN. Los dos últimos reflexionan sobre ¿qué estamos entendiendo por “adecuado nutricionalmente” y por lo “lo humano” en el derecho a la alimentación?
De la “Gran alianza por la nutrición” al “Gran acuerdo nacional contra el hambre”
El punto 1.3.4 de los acuerdos de paz firmados en el 2016, es uno de los antecedentes donde se enmarcan las estrategias para abordar los problemas alimentarios del país, tanto las del gobierno anterior como las del nuevo gobierno, aunque con enfoques muy distintos. Mientras que la ex primera dama María Juliana Ruíz creó en el 2019 la “Gran Alianza por la Nutrición” (de esto he hablado en publicaciones anteriores)[1], con un enfoque asistencial basado en la seguridad alimentaria, el plan de gobierno de Gustavo Petro propone una “Lucha frontal contra el hambre” que priorizaría la soberanía alimentaria y las economías campesinas.
La “Gran Alianza por la Nutrición” estaba conformada por la Fundación Éxito, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otros, y su coordinación estaba a cargo de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. Ahora, aunque todavía no sabemos qué Consejería liderará la “Lucha frontal contra el hambre”, el presidente Petro ya se ha reunido con el PMA, e incluso invitó a la ANDI a ser parte de una misión para erradicar el hambre. Ya la bancada del Pacto Histórico ha hecho alianzas con la FAO, quien patrocinó e impulsó el Foro Acuerdo Nacional contra el Hambre el pasado 19 de agosto.
El llamado del presidente Petro muestra la voluntad de construir un nuevo país con pluralidad, con la participación de todos los sectores, esto implica que los discursos y los actores que hacían parte de la “Gran Alianza por la Nutrición” redireccionen sus anteriores acciones hacia las líneas de trabajo de este nuevo gobierno. Esto significa que hay que transitar “progresivamente” de un enfoque asistencial basado en la entrega de paquetes alimentarios y productos procesados/fortificados, hacia propulsar el desarrollo de las economías alimentarias locales.
De la CISAN al CONADAN
La democracia participativa para llevar a cabo estos nuevos pactos, acuerdos y/o misiones no pueden materializarse sin tener en cuenta a la sociedad civil, a los sectores campesinos y agroecológicos, a los pueblos afrodescendientes e indígenas. Por ende, una de las principales propuestas de la reforma a la CISAN contenida en la última versión del PL 387/2021, y en la primera versión del PL 115/2022, es la inclusión de la voz y el voto de estos nuevos actores, ya no en una comisión como tal sino en un Consejo Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación (CONADAN), con instancias de participación a distintas escalas: nacionales, regionales, departamentales, municipales, etc.
Algo que no logro ver en las diferentes versiones de los proyectos de ley y documentos que abordan el tema, es la participación del MINCULTURA y de otros ministerios e instancias que son necesarias para lograr una gestión inédita e inclusiva del problema del hambre en Colombia. En el caso del MINCULTURA, éste ha sido sólo un invitado a la CISAN a través de la oficina asesora de la Política para el conocimiento, salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia (PCSFACTC)[2]. Desde el 2012, el país cuenta con esta política indicativa y se han hecho algunas tareas articuladas a los planes de acción de la CISAN, por ejemplo: la primera adecuación territorial de guías alimentarias basadas en las cocinas tradicionales y los sistemas alimentarios de Guapi, Cauca (Pacífico Colombiano), o algunas estandarizaciones de platos y bebidas tradicionales que entrarían en diálogo con los discursos sobre inocuidad del INVIMA.
La PCSFACTC de MINCULTURA plantea otras perspectivas a la hora de “diagnosticar” y diseñar estrategias para abordar los problemas alimentarios de Colombia, unas muy diferentes al CONPES 113 de 2008 (Política Pública Nacional de Alimentación y Nutrición que está en proceso de actualización). Mientras la PCSFACTC contempla a sujetos que saben alimentarse de manera “tradicional”, ya que cuentan con un biodiverso patrimonio culinario que debe ser salvaguardado debido múltiples riesgos y causas estructurales, el CONPES 113 identifica a una población desnutrida, anémica, con muchas deficiencias nutricionales, que no sabe comer y que requiere de una educación e intervención precisa para mejorar su estado de salud.
Personalmente he acompañado estos procesos que han estado cargados de discusiones técnicas y políticas sobre lo qué es bueno o no para comer, lo que es adecuado o no en términos “nutricionales” o de inocuidad alimentaria. Las políticas estatales no son sólo procesos técnicos de planificación y administración de recursos, sino también son construcciones socioculturales, que fijan sentidos, moldean sujetos, regulan relaciones sociales y reproducen ideologías (Shore, 2010 y Ramírez, 2010; citado en Camacho, 2014: 172)[3]. Estas discusiones son uno de los retos que deben abordarse en el nuevo Acuerdo Nacional contra el Hambre (sus políticas y programas subyacentes) si realmente queremos incluir y reivindicar los saberes en torno a la alimentación de las diversas geografías y culturas de nuestro país.
¿Nutrición adecuada? ¿según quiénes? ¿desde dónde?
Con la puesta en marcha del CONPES 113, la CISAN se crea como autoridad rectora de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia (Ley 1355 de 2009, Decreto 2055 de 2009 y 1115 de 2014). Esta comisión está conformada por 11 instituciones del Estado y la única instancia académica que participa es la Asociación Colombiana de Facultades de Nutrición y Dietética (ACOFANUD). Una de las versiones del PL 115/2022 que planteaba reconfigurar la CISAN, proponía a un miembro de la academia sin mencionar de qué naturaleza disciplinaria fuera.
La nutrición como ciencia es muy amplia. En el área de la nutrición pública son varios los institutos, observatorios y docentes de las 15 facultades de nutrición del país que han posicionado y defendido una mirada crítica e interdisciplinar para abordar los problemas alimentarios, miradas que van más allá del “nutricionismo”: un paradigma que presupone que son los nutrientes identificados en los alimentos los que determinan el valor de los distintos componentes que forman la dieta” (Scrinis, 2013)[4]. Sin embargo, en muchos espacios de toma de decisiones, y en donde se diseñan herramientas de políticas públicas alimentarias un gran reto es: integrar otras formas de comprender la nutrición a partir de un diálogo intercultural e intercientífico genuino.
Algunos de los PL mencionados hablan de la “nutrición adecuada” para la creación del “Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la alimentación”[5]. Este sistema hace parte del punto 1.3.4 del acuerdo de paz y no incorpora la palabra “nutrición adecuada”, sin embargo, algunos proyectos la incluyen debido a la incidencia que organizaciones nacionales e internacionales han hecho al denunciar los efectos nocivos para la salud de la comida chatarra, los ultra-procesados, la falta de regulación del etiquetado nutricional y de los impuestos a las bebidas azucaradas, etc. En este escenario, los conocimientos de las ciencias de la nutrición, ya sea desde el “nutricionismo” o desde sus corrientes más clínicas/epidemiológicas, han ayudado a la defensa de la salud de los consumidores, sobre todo de los contextos urbanos. Sin embargo, la idea de lo “adecuado” o “no adecuado” nutricionalmente es más controversial, y ha sido objeto de disputas históricas en donde muchos de los saberes de los pueblos racializados de Colombia han sido invisibilizados[6].
Actualmente muchos sectores rurales, campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes, encuentran limitaciones para comercializar sus alimentos o incluir sus recetas tradicionales en los programas de asistencia alimentaria del Estado. Esto evidencia las controversias tecno-científicas a la hora de conceptualizar o definir lo qué es adecuado o no nutricionalmente. Acá es donde se justifica la participación no sólo de MINCULTURA sino también de MINCIENCIAS en la CISAN. El país debe resarcir la gran deuda histórica en términos de producción de ciencia con los territorios, se requiere tejer puentes intercientíficos que permitan darle un lugar legitimo a los sistemas alimentarios/culinarios y de salud/enfermedad de estos sectores. De esta manera las compras locales, los criterios de inocuidad y nutrición de las diferentes modalidades del ICBF o del Programa de Alimentación Escolar (PAE), por ejemplo, pueden flexibilizarse y democratizarse.
Tanto MINCIENCIAS y MINCULTURA como todos los entes que harán parte de las futuras políticas de alimentación, deben aunar esfuerzos técnicos, financieros y voluntades para construir una ciencia de la nutrición situada, libre de conflicto de intereses con el mercado de ultra procesados, y útil para resolver los problemas de hambre con los recursos locales disponibles. En la Dirección de Nutrición del ICBF, por ejemplo, se diseñan varias herramientas de política pública que impactan a nivel nacional las representaciones sobre lo que es bueno o no para comer. Está dependencia también será clave para avanzar en los giros técnicos y estéticos que requieren las nuevas políticas de soberanía alimentaria del país.
Por ejemplo, las Tablas de composición de alimentos colombianos (TCAC) diseñadas por la Dirección de Nutrición del ICBF deben incluir más análisis fisicoquímicos (bromatológicos) de los alimentos nativos y de las recetas tradicionales de los pueblos étnicos de Colombia. Apenas, desde el 2015, el ICBF incluyó un capítulo de alimentos de este tipo. A la fecha se cuenta con información nutricional de 70 alimentos catalogados como “nativos” y de 18 platos representativos de las cocinas tradicionales de Colombia. ¿Cómo un sistema de garantía para el derecho a la alimentación puede hablar de lo “adecuado nutricionalmente” sino conoce, ni siquiera desde su racionalidad científica, los alimentos de las diversas geografías de Colombia?
Mas allá de “lo humano” en el derecho a la alimentación
Diagnosticar los problemas alimentarios y generar líneas de política pública en donde los objetos de las leyes o iniciativas estén dirigidos sólo a los humanos puede resolver el hambre a corto plazo, pero no de manera estructural. El acuerdo de paz que se firmó en el 2016 tampoco incluyó en su propuesta la palabra “humano” al hacer referencia al “derecho a la alimentación”. El acuerdo sólo evoca esta última categoría, pues fue la manera en que se lograron negociar las tensiones entre quienes proponían un sistema basado en la “seguridad alimentaria” versus otro orientado a la “soberanía alimentaria”.
El Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales conceptualiza al Derecho Humano a la Alimentación (DHA) de manera amplia, involucrando la totalidad del proceso alimentario, no sólo la garantía al acceso económico de los alimentos, sino también la producción sostenible, comercialización, consumo, etc. La rama legislativa continúa revisando este asunto y se espera que los ponentes, sus equipos interdisciplinarios de asesores, más las miradas plurales de diferentes sectores, retroalimenten estos debates que seguirán vigentes en los próximos meses.
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[1] https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/medidas-asistencialistas-no-resolveran-causas-estructurales-del-hambre/
[2] http://patrimonio.mincultura.gov.co/Paginas/Cocinas.aspx
[3] Camacho, Juana (2014). Una cocina exprés. Cómo se cocina una política pública de patrimonio culinario. En: Margarita Chaves, Mauricio Montenegro y Marta Zambrano (comp.) El valor del patrimonio: mercado, políticas culturales y agenciamientos sociales. pp.169-200. Bogotá: ICANH.
[4] Scrinis, G (2013). “Nutritionism. The Science and Politics of Dietary Advice”. Columbia University Press.
[5] Este fue el nombre que se le dio al sistema en los acuerdos de la habana. El punto 1.3.4 del acuerdo no incluye la palabra “nutrición adecuada”, ni “humano” para hablar del derecho a alimentación.
[6] Historiadores de la ciencia, antropólogos, entre otros representantes de los estudios biopolíticos y geopolíticos de la nutrición, han estudiado aspectos relacionados con la racialización de las dietas y la colonialidad del sabor en Colombia [(1) Pohl-Valero, S (2014). La raza entra por la boca: Energy, Diet, and Eugenics in Colombia, 1890-1940. Hispanic American Historical Review (3) 455-486. (2) Alban, Adolfo (2010). Comida y Colonialidad. Tensiones entre el proyecto hegemónico moderno y las memorias del paladar. En: Revista CALLE 14, volumen 4, número 5 (julio – diciembre 2010). (3) Saurith-López, Valerin (2016). Leches Modernas/Cuerpos Modernos. Políticas de la alimentación infantil en Colombia 1940-1980. Escuela de Estudios de Género. Universidad Nacional de Colombia. Boletina Anual – Quinta Edición (2016) ISSN: 2256 – 1269 (marzo de 2016)].
Valerin Saurith López
Foto tomada de: Colombia Contral El Hambre
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