Primero fue su alocución ante la asamblea general de la ONU, cuando intervino en quinto lugar. Despertó pronunciamientos favorables y desfavorables, y en ningún caso indiferentes entre la opinión pública nacional. Condenó el calentamiento global, la urgencia de transitar a las energías limpias, a la vez que confirmó el fracaso de la lucha estadounidense y europea contra las drogas en Colombia y alrededor del mundo. Eso sí, empezó por recordar y contrastar la belleza y la muerte reinantes en Colombia antes y después del Plan Colombia.
Segundo, en la coyuntura nacional, la situación giró de la reforma tributaria a la cuestión agraria, en términos de la titulación de los baldíos y la creciente ocupación de tierras rurales y urbanas. El punto de encuentro es la decisión de la sala plena de la Corte Constitucional del 18 de agosto.
La Corte reconoce que hay un incumplimiento histórico del deber del Estado de promover el acceso a la propiedad rural; a contracorriente del traído y manido contenido del artículo 13 de la Constitución que comprometió al Estado reformado de promover la igualdad social, real y efectiva, hace 32 años.
Motivada por los incumplimientos a los Acuerdos de Paz con las Farc-EP, la Corte Constitucional, luego de más de dos años de estudio de 13 tutelas de la ANT contra sentencias de jueces en causas de pertenencia, con la ponencia de su presidente, Antonio José Lizarazo tocó el punto 1.1., de los Acuerdos de Paz, “sobre acceso y uso de la tierra, el cual forma parte del Acuerdo sobre Reforma Rural Integral. RRI”.
La sentencia dispone para cumplir los compromisos pactados de una jurisdicción agraria eficaz y pronta, el catastro multipropósito que no existe, así como el fondo de tierras para atender a la RRI; y el plan de formalización masiva de la propiedad rural, un “olvido” consentido de múltiples gobiernos oligárquicos que siguió después de promulgada la Constitución de 1886, y que tampoco zanjó la actual constitución.
Lo dispuesto por la Corte requiere de un ejercicio mancomunado entre la Agencia Nacional de Tierras, ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y el IGAC, para el apoyo técnico y financiero. El laboratorio de prueba son las zonas focalizadas por Minagricultura para realizar “el barrido predial integral”. Será una tarea sin precedentes desde el siglo XX, luego de promulgada la ley de tierras de 1936, que hizo un reconocimiento sectorial incompleto en medio de la conflictividad agraria de los años veinte y treinta. Un amago de reforma en que adquirió relevancia la figura política de un joven abogado liberal, Jorge Eliécer Gaitán, protegiendo a los trabajadores del campo, primero con ocasión de la masacre de las bananeras, y luego en las haciendas cafetaleras de Cundinamarca.[1]
La historia del fallo de la Corte Constitucional
El comienzo de esta causa judicial, que toca con el burle burlesco a la reforma agraria colombiana se debió a tutelas, en número de trece, que presentó la Agencia Nacional de Tierras, ANT, contra decisiones tomadas por jueces de Boyacá, Cundinamarca y Santander, por la entrega de bienes presuntamente baldíos a particulares, como resultado de juicios de pertenencia.
El fallo proferido por la Corte que estamos comentando dispuso un conjunto de órdenes complejas que procuran implementar con “celeridad” lo pactado en el Acuerdo de Paz con las Farc-Ep en materia de tierras y reforma rural integral desde el año 2016.
Establece un diseño para dicha implementación que contará con un mapa de Colombia con diferentes parámetros de consulta, que detallen los lugares con mayor concentración de tierra en cabeza de propietarios, extensión y número de la Unidades Agrícolas Familiares, UAF; las hectáreas en proceso de clarificación; los lugares que tengan mayor cantidad de procesos sobre predios presuntamente baldíos, así como las hectáreas reconocidas hasta ahora por el Fondo de Tierras.
Finalmente, la máxima instancia en materia constitucional, igualmente, dispuso reglas que guíen los procesos de pertenencia de ahora en adelante; en particular, a propósito de las sentencias dictadas desde 1994, sobre predios rurales privados no acreditados, la ANT tiene que priorizar su recuperación, previa verificación de los requisitos debidos.
Justicia para el campo
“…para que comprenda y resuelva de manera eficiente los problemas presentados en nuestro campo en torno a la tierra y el territorio, garantizando así los mínimos vitales de las comunidades y los grupos culturales y étnicos que la habitan.” Gobierno nacional, presentación del proyecto de Ley, ET, 1/09/22, p. 1.2.
“Realmente la dimensión de la ocupación no es muy grande (800 o 900 has), lo que pasa es que sí se están dando en muchas zonas del país y lo que nos preocupa es que la gente crea que esto es una política del Gobierno o que lo vamos a permitir y que esto se vuelva un tema generalizado.” Mauricio Lizcano, director del DAPRE, ET, 1/09/22, p. 1.2.
Ya el 31 de agosto se había radicado el proyecto de acto legislativo que crea la justicia especial para el campo que establezca una jurisdicción agraria y rural unificada. La presentación la acompañó la plana mayor ministerial, Alfonso Prada, mininterior, Cecilia López, de agricultura y Néstor Osuna de la cartera de justicia.
Primero que todo, se establece una transición de dos años, después de la promulgación, para que los juicios de tierras que se adelantan ante jueces civiles culminen. Segundo se crea la Corte agraria y rural, con el mismo régimen que tienen los magistrados de las altas corporaciones. Revisará las decisiones judiciales de las autoridades agrarias; dirimirá los conflictos de competencias, y presentará proyectos de ley y actos de reforma en sus materias.
En la actualidad para atender estos conflictos existen 40 jueces y magistrados que están desbordados para atender tales causas, en particular, restitución de tierras, en lo general presentadas por la Unidad de restitución. A la fecha hay 39.407 casos sin resolver, y en 2021 ingresaron 12.612 solicitudes de restitución, sumados juzgados y tribunales.
En estos procesos se cruzan los licenciamientos mineros, ambientales, hidrocarburos, infraestructura, y los jueces que atienden estas causas son expertos en cuestiones civiles, y no tienen la experiencia y conocimiento de aquellas materias concomitantes.
En cualquier caso, se trata de unificar y organizar lo que viene tratándose a marchas forzadas en aplicación de la Ley 1448 de 2011, la Ley de víctimas y restitución de tierras, que estableció cómo el Consejo Superior de la Judicatura debía crear los cargos de magistrados de los Tribunales superiores y los Jueces civiles del circuito para atender las causas litigiosas en asuntos agrarios y territoriales.
Ahora se quieren rectificar fracaso tras fracaso que llegan hasta el año 1936, y que aducen como razón principal la carencia de presupuesto para este quehacer jurisdiccional primordial. Pero las voces reaccionarias no desaparecen. Tal es el caso de Hernando Herrera, presidente de Excelencia en la Justicia, quien descalifica el proyecto al decir que existen otras cortes, el Consejo de Estado y la CSJ con plena competencia, y, concluye que lo que burocratizará la justicia.
Es un hecho, en el entretanto, que la tierra no aguanta más. El CRIC, ACIN que respaldan las recuperaciones de tierras de los resguardos, rechazaron el ultimátum de Iván Velásquez, el mindefensa que advirtió que se devolvieran los predios ocupados por la fuerza antes de cumplirse las 48 horas que la ley establece como el tiempo en que la fuerza de policía fue desalojar a los que invadan tierras. A lo cual, el general Javier Martín, jefe del servicio nacional de policía, luego de privilegiar el diálogo, acudir al emplazamiento del Esmad, cuando los agentes de policía sean atacados por los invasores, indígenas, o no.
El consejero del CRIC, Eduin Capaz, corrige a las autoridades, en el sentido de decir que los indígenas no son invasores, sino actores en el proceso de “liberación de la tierra” al cual no renunciarán. Mientras que el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie tuvo que echar para atrás el anuncio desafiante de “organizar un grupo de reacción inmediata contra los invasores”, para prevenir lo que puede pasar si las autoridades no intervienen en el lapso de 48 horas.
Las luchas por la tierra
“Nos preocupan mucho los mensajes que está enviando el Gobierno del tema de la expropiación y de los cobros de impuestos de la tierra.”, Joaquín Ovalle, presidente del Comité Agropecuario del César, en ET 30/08/22, p. 1.8.
“Las invasiones se siguen dando en predios con titulaciones legalmente adquiridas…Además, normalmente las tierras que se toman en forma ilegal las comunidades indígenas se vuelven improductivas, no generan empleo ni comida.” Francisco Lourido, presidente junta directiva SAV, ET, 30/08/22, p. 1.8.
Los gremios de propietarios agrícolas de Colombia, donde la tierra está mal repartida y explotada, toman como referencia el año 2014, para denunciar las tomas de tierras que han afectado a 71 predios en el Cauca, un territorio de históricas confrontaciones entre los terratenientes y las comunidades indígenas y afro. Los voceros de los propietarios, Enrique Herrera, en particular, señala que la tierra se volvió “un vehículo político con un contenido ideológico y detrás de ella hay una promesa electoral”. A riesgo de que tal conducta se generalice poniendo en riesgo la propiedad rural en el país.
Hay un urgente llamado de atención de los empresarios de la industria de la caña de azúcar que dicen que 30 de sus predios son afectados por las acciones de las comunidades indígenas, y esto viene ocurriendo desde junio, haciéndolo coincidir con el triunfo de Petro/Márquez en la segunda vuelta presidencial. Para indicar que el mes de agosto fue el que más afectaciones registró. El mensaje público de la SAC, Asocaña, Procaña y el Consejo gremial empresarial denuncia que “Se han intensificado los ataques contra la vida, el trabajo, la libre empresa y la propiedad privada en el norte del Cauca”.
Un episodio emblemático de esta lucha que divide a propietarios e indígenas reclamantes en una recuperación del CRIC de una parte de la hacienda Japio, entre Caloto y Santander de Quilichao, predio que aparece como propiedad de la familia Eder Garcés, que es la dueña del ingenio Manuelita. En Dagua, en el Valle, más de 100 personas invadieron el predio Caballo Loco, donde funciona la Fundación Paz Animal y que administra la SAE. Los ocupantes citan al gobierno que anuncia la extinción del dominio de los bienes que aparecían como propiedad del narcotráfico, para que esta propiedad pase a ser explotada por las organizaciones campesinas despojadas o sin tierra.
Sin embargo, los informes de la prensa diaria no enteran a la opinión pública de la historia y actualidad de los conflictos por boca de la contraparte indígena, afro y campesina. A la base sigue latente el hecho de la no efectiva realización de una reforma agraria integral. De ahí porque ésta figura en el primer punto del Acuerdo de Paz de La Habana. A la vez, el compromiso de Petro y su gobierno por corregir tal situación, y se entiende la exhortación de su principal vocera en la materia, Claudia López: “Hay que encontrar un camino, porque lo más importante es la paz, eso quiere decir que todos tenemos que ceder…”
Sin embargo, la desigualdad es manifiesta, así como el despojo de los pueblos originarios y sus descendencias. Están claros los recuerdos de la lucha de Manuel Quintín Lame, desde el Tolima, Huila y el Cauca. La cárcel que él y otros líderes de la recuperación de sus heredades ancestrales padecieron. Al respecto, para nada sobra repetir la vocería de la vicepresidenta, Francia Márquez que convoca, como lo hace también el Pacto Histórico: “Debe haber un diálogo nacional”.
Además de lo ya dicho, está el quehacer proactivo de la ANT, cuyo director es Gerardo Vega Medina, con suficientes credenciales, como que lideró por 11 años la Ong Forjando Futuro, en representación de campesinos que sufrieron despojo de sus tierras. Antes fue integrante del Epl, abogado, y comunicador social, y fue también secretario de gobierno de Apartadó.
De dónde saldrá la plata
“Cuando se hablaba de una reforma que iba a recaudar cerca de 5 puntos del PIB fuimos enfáticos que era prácticamente imposible y no se ven ahora las fuentes para financiar los 60 billones que plantea el Presidente.” Anwar Rodríguez, vicepresidente de Anif, en ET, 24/09/22, p. 1.2.
“La interacción social solo es posible a partir de las normas formales e informales que reducen la incertidumbre acerca de la conducta del otro.” Hernando Gómez Buendía, ¿Para dónde va Colombia?(1999). Citado por Carlos Caballero Argáez, en ET 24/09/22, p. 1.13.
El presidente Petro en declaraciones hechas a Caracol radio, señaló que para comprar los 3 millones de hectáreas que esperan los campesinos en cumplimiento de los Acuerdos de paz de La Habana se requiere subir el endeudamiento público, en contravía con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF.
Adelantar este proceso que está atrasado un quinquenio tiene un costo aproximado de 60 billones (con hectárea a precio de 20 millones). Dicho pago se haría a los dueños de la tierra no con dinero contante y sonante sino con título del Gobierno (TES) que se redimen a su vencimiento a varios años. Sin embargo, sus rendimientos se han venido aplanando, lo que hace más oneroso el endeudamiento para las cuentas del Estado.
El cálculo que hizo Anwar Rodríguez, vicepresidente de Anif, es que 60 billones adicionales representan casi 5 puntos de PIB. Esto se sumaría el hecho que antes se buscará el recaudo de 25 billones, según lo dicho por minhacienda Ocampo.
En todo caso, las cifras de la contabilidad nacional señalan que la deuda neta del gobierno central pasó de ser 48,4 por ciento del PIB al 60,6 en el año 2020, para atender la emergencia del COVID. Luego en 2021, llegó al 60,8 por ciento, cuando se calculó en 5 puntos más. Hasta julio de este año, dice, el informe de ET, 24/09/22, que se proyectó en 56,5 por ciento del PIB, por debajo del 60,5 por ciento del plan financiero calculado para el año 2021, de acuerdo con los datos contenidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que presentó el saliente gobierno de Iván Duque.
Esto último consignado es relevante, porque según el director de Fedesarrollo, Luis F. Mejía, porque el MFMP determina el espacio de gasto gubernamental, con dos variables. La capacidad de generación de ingresos del Estado, provenientes del recaudo tributario; y la restricción de cumplir con la regla fiscal, de reducir el déficit público hasta llegar a los niveles anteriores a la pandemia.
Conviene recordar que a 2019, el nivel de deuda colombiana oficial era el 50 por ciento del PIB, mientras que para este año alcanzará al 60 por ciento del PIB. A hoy, el país paga una prima de riesgo a tasas del 12 por ciento para los TES de deuda pública a 10 años. Esta es la razón para que el gurú de Fedesarrollo muestre cajas destempladas, cuando urge hacer las inversiones que reclama el gobierno Petro para cumplir con lo pactado en La Habana con el campesinado y los pobres de la tierra colombiana.
Para quienes pagan impuestos, en el marco de las reformas sociales proyectadas y publicitadas en menos de dos meses de la nueva administración, es necesario tener claro que de cada 10 pesos recaudados 3 pesos tienen un destino fijo, pagar intereses a la deuda contraída. A hoy, según la Dirección de crédito público del minhacienda, la deuda pública bruta superó los 804,9 billones, esto es, el 59,1 por ciento del PIB.
Sin embargo, advierte el ministro Ocampo, nuestra deuda está todavía “muy por debajo del límite del 75 por ciento del PIB”. Más aún la meta a llegar es el 55 por ciento, lo cual no es nada fácil debido a las tasas de interés vigentes, y las cuales se incrementan conforme a los dictados de la Reserva Federal de los EUA, que en fecha reciente subió 0,75.
En resumen
En materia de deuda nacional, el cálculo que hacen gobierno y calificadora de riesgos Fitch Ratings, pronostican que la relación de deuda se estabilizará en cerca del 60 por ciento para el año 2023. Pero, en todo caso, la CARF insiste en que los gastos estructurales de las reformas deberán ser atendidos, financiados por ingresos estructurales, sin acudir a nuevos endeudamientos.
De ese modo, se le ponen cifras al neoprogresismo en cabeza de Petro/Márquez, a partir de lo que conoce su equipo económico; y en parte, se aterriza, en lo nacional, lo que el exministro J.H. Botero calificó como “juegos pirotécnicos” del presidente colombiano en su sentida y sonada intervención ante la asamblea general de la ONU. Porque en la arena internacional no hubo cuentas claras, cifras concretas que sopesen las palabras del mandatario colombiano, y mucho menos compromisos tangibles de los gobiernos que estuvieron a la escucha en el salón de sesiones.
Mientras tanto, este lunes se abrieron las fronteras de Venezuela al comercio binacional, que en su mejor momento superó los US$7.000 millones, pero quedaron pendientes tanto la presencia del presidente Nicolás Maduro como los primeros vuelos anunciados de la línea Turpial entre ambos países. Allí en la frontera estuvo Petro, el ministro de relaciones exteriores con el nuevo embajador Benedetti y una representación nacional que prueba que los 7 años de no relaciones y estúpida zozobra injerencista se terminaron, porque desde Maquiavelo el saber de la política moderna enseña que no se pueden confundir política y comercio, y mucho menos en el marco de la globalización neoliberal capitalista.
Esta normalización ayudará igualmente al combate de la ilegalidad reinante en más de 2.000 kms de frontera común, y, por supuesto, al adelanto de las conversaciones de paz con una plétora de actores, siendo el principal interlocutor el Ejército de Liberación Nacional, ELN, con quien el nuevo gobierno ha hecho determinados avances iniciales que facilitan el diálogo inaplazable.
Claro, todo el paquete anterior pasa por hacer bien las cuentas y mantener sólidas mayorías en el trámite de las reformas por el Congreso que lidera el Pacto Histórico con el trío dispuesto para el fin, el MinInterior, Alfonso Prada, y quienes presiden ambas cámaras, Roy Barreras y David Racero. Con más veras cuando entre el lunes y martes de esta semana la oposición reaccionaria y sus aliados de la derecha mostraron los dientes, y el jefe indiscutido de esta se reunió en privado, después, con el presidente Gustavo Petro.
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[1] Hubo una inmensa hacienda emblemática, El Chocho, que partió de la encomienda otorgada por la corona española al conquistador Francisco Gómez de la Cruz, que recibió estas tierras en 1608. En los años treinta del siglo XX tenía cientos de arrendatarios, campesinos pobres, dedicados a la siembra del café, que empleaban su propia moneda, el medio real. Al desintegrarse este gran latifundio, la propiedad quedó dividida en 1000 parcelas, y varias leyes agrarias complementarias organizaron este piloto de reforma agraria cumplido en el tiempo de la “revolución en marcha” del reformista liberal Alfonso López Pumarejo. Con los parceleros beneficiarios organizados nació el primer intento de partido agrario en Colombia, la UNIR, con el apoyo del líder agrarista, Demóstenes Albañil, quien reclamó la libertad de comercio tanto para el café como la madera.
Miguel Ángel Herrera Zgaib, PhD, Director Grupo Presidencialismo y Participación, y Revista Pensamiento de Ruptura.
Foto tomada de: Dialogo Chino
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