Es ya un lugar común afirmar que en Colombia dos problemas agobian a la opinión pública cuando de política se habla: la crisis de representación y la corrupción, amén de la inseguridad y el empleo.
Precisamente uno de los temas a los que busca dar respuesta la Misión es el de la representación de los colombianos en el Congreso, supuestamente el escenario por excelencia para dirimir conflictos en forma civilizada y pacífica con argumentos y buenas razones, respetando la pluralidad y buscando ante todo el interés general. De allí que buena parte de la propuesta de la Misión se centre en la reforma electoral. Igualmente, como se requiere la existencia de mecanismos que hagan posible la materialización de los intereses de los electores y de los votos depositados en las urnas, la propuesta aborda también la organización burocrática que la haga posible, dado que sin instrumento idóneo la estructura normativa y formal difícilmente puede traducirse en una realidad concreta.
La ingeniería electoral es un elemento de suma importancia en las democracias por cuanto los sistemas electorales determinan la manera como los votos se transforman en curules y si se vota por partidos o por candidatos, la forma en que se eligen los candidatos y el modo como se constituyen los distritos electorales.
La arquitectura institucional y el sistema de elección
Cuando concibieron la arquitectura electoral, los autores de la Constitución de 1991 concibieron un Congreso que representara tanto a la sociedad como los intereses locales. Por ello la idea de una circunscripción nacional para el Senado y territorial para la Cámara de Representantes. Sin embargo, la experiencia ha evidenciado que los resultados son muy distintos a lo esperado.
En efecto, solamente un pequeño número de senadores es elegido por votaciones de carácter nacional: la mayoría de ellos es elegida con votos concentrados en zonas específicas del país. Además, dada la concentración de la población colombiana en ciertas zonas, las más pobladas cuentan con alta representación mientras los territorios periféricos escasamente poblados tienen poca o ninguna representación en el Senado. A ello se agrega que los senadores no actúan teniendo en mente el interés nacional sino sus respectivas regiones hacia donde dirigen su atención.
Tampoco la Cámara de Representantes, diseñada para representar intereses locales representa la totalidad de los territorios – lo cual sería un obstáculo para la “paz territorial” que muchos anhelan – porque las circunscripciones (los departamentos) son muy amplias y dejan al margen a zonas que no aportan votos en la elección de los Representantes.
Así mismo, muchos analistas, en particular el profesor Yann Basset, han dictaminado que tal como opera el Congreso, el bicameralismo no se justifica porque en el plano funcional ambas cámaras se encargan de la misma agenda. En la práctica se tendría una sola cámara dividida artificialmente en dos partes. Para remediar esta situación, contar con un Senado más nacional y una Cámara más local, así como mejorar la representación de manera incluyente, la propuesta de la Misión Electoral Especial propone cambiar el sistema de elección y aumentar el número de Representantes.
En primer lugar, la reforma del Senado implica adoptar la lista cerrada en circunscripción nacional con miras a favorecer un voto programático y contrarrestar el caciquismo. Para la Cámara se propone un sistema mixto: al lado de los Representantes elegidos por lista en cada departamento, la Cámara se ampliaría con Representantes uninominales elegidos en nuevas circunscripciones.
La propuesta busca favorecer el acceso al poder a los pequeños partidos. Aunque la misma mejora las condiciones para que puedan estar representados en el Congreso, habría que solucionar otros problemas que no dependen tanto del diseño institucional como del comportamiento de los políticos, como una real democratización de los partidos y una decisión clara de no volver a la práctica del bolígrafo.
La Corte Electoral
Otra propuesta de la Misión Electoral Especial es la creación de una Corte Electoral que se encargaría de la totalidad de la jurisdicción electoral, autónoma, llamada a resolver el contencioso electoral, arbitrar disputas partidarias y resolver los casos de pérdida de investidura.
Concebida como un organismo de alta respetabilidad, la Corte Electoral asumiría las funciones de la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y la Sección Quinta del Consejo de Estado.
La supresión de los dos últimos organismos citados parece lógica por cuanto una justicia que no obra rápidamente no es justicia y estas entidades han demostrado que no están a la altura de su misión. La desaparición de la Registraduría, por el contrario, merece una argumentación fuerte pues es un organismo que en términos generales funciona bien. Además, la concentración de tantas funciones en lo que algunos han convenido en llamar el “cuarto poder”, un poder aparentemente omnímodo y autónomo podría dar lugar a prácticas corruptas.
Ciertamente, no existe ningún sistema electoral ideal y toda transformación de votos en escaños da lugar a una deformación de la representación de los ciudadanos en las instituciones de origen electivo pero la propuesta que está sobre la mesa va más allá de lo que se ha planteado en propuestas anteriores. Un punto de la misma que merece particular atención es el vínculo entre la naturaleza del sistema electoral y la configuración de las circunscripciones así como con la fórmula de escrutinio. Que se tenga en cuenta cuando llegue la hora de concretar las iniciativas presentadas al Gobierno en textos normativos.
Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario