En el primer tiempo, el trámite en las Comisiones terceras de Cámara y Senado mostró una coalición que marchaba a tambor batiente, exhibiendo una mayoría abrumadora y, de paso, una disciplina férrea; todo ello, en el empeño de aprobar un proyecto de ley que, por incluir nuevos tributos, resulta muy sensible para algunos sectores de la sociedad, obligados a meterse la mano al bolsillo.
Pero los tiempos –la frecuencia del trámite y su oportunidad– cambiaron inmediatamente. Y, con ellos, la firmeza de los actores, la de los miembros de la alianza parlamentaria que se ha declarado parte del gobierno.
De cara a las sesiones plenarias que faltan para finiquitar el curso de la Reforma, saltaron como liebres inquietas las dudas y las críticas. Las expusieron algunos partidos de la propia coalición gobernante; sobre todo, el liberal, tal vez el más cercano programáticamente hablando al Pacto Histórico, el Movimiento político del presidente, esa plataforma ideológica con la que llegó al poder.
Cesar Gaviria funge como su jefe; dueño por cierto de una de las bancadas más grandes, si no la más numerosa; sin dejar de ser por ello otra de las tantas minorías dentro de esa constelación que es el Congreso. Él ha desgranado más de diez objeciones a la Reforma Tributaria, de la que ha dicho que incorpora tantos puntos cuestionables, que él mismo no la votaría afirmativamente.
El expresidente, y con él su partido, no ve con buenos ojos que sean gravadas las pensiones; además, encuentra que van a estar sobrecargadas de tributos, tanto las industrias como las personas naturales, sobre todo, las de ingresos medios; y ciertamente ve como inconveniente que el sector de los hidrocarburos sea intensamente castigado con nuevas y más altas tarifas; aunque este sector haya tenido ganancias especialmente importantes por el alza en los precios del barril de petróleo, tipo Brent; beneficios extraordinarios que no deja de señalar José Antonio Ocampo, el ministro encargado de defender la Reforma, como una razón poderosa para justificar los gravámenes a esa industria.
En general, Gaviria ha sostenido que el sistema económico, dado su volumen de producción, de intercambios y de consumo, no aguanta una reforma que busque recaudos por el monto de 21 billones y medio; si acaso, sus inspiradores deberían conformarse con la mitad, un bajón sensible, sin duda. Y, con todo, un monto mucho más grande que el techo que ha sugerido Bruce Mac master, el presidente de la ANDI, para el que esa totalidad proyectada no debería superar los 8 billones, suma francamente restrictiva para el esfuerzo que demandan los planes sociales.
La Reforma Tributaria: sus urgencias, pero también sus dificultades.
Toda Reforma Tributaria es un instrumento de uso recurrente con el que los gobiernos buscan los nuevos recaudos que suplan los faltantes del gasto. Dado ese objetivo, pasa a ser un mecanismo que enfrenta un marco de acciones, en el que intervienen: sus posibilidades; sus racionalidades ideológicas, estructurales y morales; así mismo, sus necesidades; y, por otra parte, sus limitaciones.
1. Las posibilidades nacen de la riqueza creada, fuente global desde donde se traslada al Estado una parte de esa riqueza, especie de plusvalía, para su sostenimiento, el de su aparato institucional y el de sus políticas públicas, aquellos out-puts con los que responde a la sociedad. 2. La racionalidad ideológica, moral y estructural tiene que ver con la justicia redistributiva, con un sistema de tributación, en el que los que más tienen aportan más. 3. Las necesidades expresan los in-puts o las demandas de la sociedad frente al sistema político, en particular las exigencias crecientes por causa de una pobreza que debe ser superada; son necesidades que surgen también en razón de los apremios por los déficits que cada gobierno debe manejar, una forma de gasto anticipado, una modalidad de desnivel frente a los ingresos en cada momento; y que siempre habrá que subsanar. 4. Las limitaciones no son otra cosa que los factores que se interponen para la ampliación de los tributos o para conseguir su progresividad; a veces revelan su inutilidad o su ineficacia, cuando alcanzan una curva de saturación, a partir de la cual nadie tributa; así mismo, puede tratarse de impuestos que, lesionando fuertemente el bolsillo de las personas y la utilidad de las empresas, disminuye el ahorro, la inversión y el desarrollo, en general.
El proyecto de Reforma Tributaria ha sido defendido por el gobierno, a partir de dos grandes variables, dimensiones decisivas para un gran recaudo. En primer término, por las razones ideológicas y morales, por la racionalidad de una justicia en el recaudo, el sistema debe suponer una progresividad y una ampliación en la tributación. En otras palabras, más gente debe pagar impuestos; además, las personas y las empresas que más ganan, deben progresivamente entregar más. En segundo término, esos recaudos adicionales irían a los más vulnerables, un poco a la manera como lo ha planteado Amartya Sen, pensando en el desarrollo y la libertad, algo patentable, valga la ilustración, en los recursos destinados a las pensiones de los ancianos, en imposibilidad de jubilarse.
Sin embargo, las otras dos dimensiones no fueron tenidas en cuenta o no lo suficientemente: la dimensión de las posibilidades, dadas las riquezas creadas en el país, susceptibles de sobrellevar cargas adicionales; y tampoco la de las limitaciones o constricciones que desincentivan el ahorro y la inversión.
La Reforma, la inversión y el ahorro.
Es cierto que el rebote de la economía ha sido notorio y que la reactivación desde el segundo semestre de 2021, con un incremento importante en el consumo de los hogares, ha relanzado los ingresos; además de que, para el año actual, el 2022, es previsible un crecimiento del PIB en un estimulante porcentaje de más del 6%. Solo que de esa circunstancia no se debe desprender la conclusión de gravar intensamente a las clases medias relativamente acomodadas porque podría afectar la participación de sus miembros, como agentes activos del mercado. Podría herir especialmente su capacidad de ahorro. Esta es una limitación que se extendería a las empresas y por cierto a las personas naturales vinculadas a ellas.
La Reforma incluye nuevos tributos a los dividendos en las empresas, pero al parecer no rebaja los de éstas; con lo cual podría estar creando una especie de doble tributación, la misma que, según algunos expertos y economistas finos, significaría un porcentaje del 60%, carga especialmente pesada, tanto más si se tiene en cuenta que muchas de esas empresas y personas naturales van a estar afectadas por la eliminación de exenciones de las que antes gozaban.
La consecuencia podría traducirse en un golpe al ahorro y a la inversión, un efecto que quedaría prisionero dentro de un círculo vicioso en el que, a menor inversión, menores ingresos y por tanto menos recaudos tributarios en el futuro, lo que aumentaría un déficit que, para estos momentos es alarmante, el 5,6% del PIB. Es un faltante que, por otra parte, comprometerá buena parte de los dineros de la Reforma, una vez se perciban los recaudos, los que tendrán seguramente que ayudar a cubrir, tanto el déficit fiscal como el de la cuenta corriente y, adicionalmente, la deuda, la cual alcanza casi el 30% del PIB, cifra escandalosa.
En tales condiciones, las necesidades de una Reforma Tributaria se imponen con la fuerza de unos hechos innegables, los de una pobreza grande; y los de una inequidad dañina, a veces desalentadora, del 0.53, según el indicador GINI de desigualdad, mucho más elevada y grave que en Chile, por ejemplo, en donde ya ha bajado al 0.45.
Solo que una carga impositiva para las empresas, más elevada que el promedio vigente en los países de la OCDE, resulta ser un suceso oneroso, que también podría sobrevenirle a Ecopetrol, por tarifas y sobretasas demasiado elevadas.
¿Una coalición bamboleante?
Un reajuste en algunas de las cargas tributarias propuestas, al que podría agregarse una peluqueada en el monto total, hasta unos 18 billones, quizá llegue a ser el horizonte real para una reforma muy necesaria; pero cuyas cargas sean a la vez razonables, dentro del modelo de reproducción ampliada de un capital más justo y un mercado particularmente robusto. Esta solución pasa necesariamente por un ACUERDO entre las fuerzas interesadas, las políticas, las económicas y las sociales.
Es lógico que la coalición mayoritaria puede convertirse en el agente y a la vez en el escenario para la aproximación a una solución en esos términos, útil a la equidad, pero sin la amenaza del estancamiento económico. La coalición gobernante dejaría de representar la sombra de una aplanadora; en verdad aún no lo es; pero también evitaría el deslizamiento hacia una desintegración, con efectos desastrosos para la gobernanza democrática.
Por estos motivos, la coalición que da muestras de no llegar a ser una alianza férreamente disciplinada y, convertida por lo pronto en un agrupamiento de fuerzas más bien bamboleante (swing coalition), podría hacer de la dificultad una virtud, de modo que se transforme en un espacio político de negociación sensata; en lugar de hacerle honor a un bloque unido con los pegamentos de los favores mutuos, no siempre claros.
De hecho, la reunión que ha tenido lugar entre el presidente Gustavo Petro y las bancadas del gobierno ha obrado en ese sentido. Ha encontrado los términos para un acuerdo, del que se ha seguido la determinación presidencial de retirar del proyecto de la Reforma Tributaria los impuestos aplicados a las pensiones. También, el gobierno ha decidido rebajar algunas cargas que recaían sobre los hidrocarburos; medidas estas de última hora que se traducen en una disminución del recaudo global, el que cae a la cifra de 20 billones, aún elevada en los estándares colombianos.
Ricardo García Duarte
Foto tomada de: Semana.com
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