Empecemos por resaltar como novedad, que a diferencia del anterior intento que se llevó dos años (2015-2017) para arrancar, éste fue puesto en marcha en los cien primeros días del gobierno de Gustavo Petro quien desde su posesión como presidente de Colombia generó rápidos hechos que le abrieron paso a la reanudación de la negociación de paz con el ELN.
- Envió una delegación a Cuba el 11 y 12 de agosto, a reunirse con los del ELN que allí permanecían y a restablecer relaciones con el gobierno de la isla -rotas desde que Iván Duque congeló la negociación, incumplió los protocolos firmados con Cuba y la acusó de apoyo al terrorismo porque servía de sede y garante a la mesa de paz.
- El 20 de agosto, desde el Sur de Bolívar, Petro anunció que había dado instrucción de suspender órdenes de captura y solicitudes de extradición de integrantes de la delegación de diálogo del ELN, lo que permitió que el 2 de octubre pudieran salir de Cuba a reunión del grupo guerrillero en Venezuela sobre su participación en la negociación.
- El 4 de octubre, ELN y gobierno colombiano -ante delegados de Venezuela, Cuba y Noruega países garantes y que servirían de sedes rotativas- anunciaron que reactivarían la mesa de diálogo[1].
- El 21 de noviembre en Caracas fue la primera cita de las dos delegaciones, que irá hasta mediados de diciembre.
Definición de delegaciones
El ELN ratificó parte de la delegación anterior y agregó nuevos guerrilleros. Tras la aprobación de la ley de paz total, el gobierno ordenó la excarcelación de tres personas ligadas al ELN, que nombró gestores de paz. La que más polémica ha generado es alias Violeta; estaba detenida en la cárcel de Jamundí por presunta participación en el atentado al centro comercial Andino en Bogotá en junio 2017, y fue liberada el 18 de noviembre 2022. Sigue vinculada al proceso penal en curso, y enfrenta el malestar de las familias afectadas por el atentado terrorista que rechazaron esa salida de la cárcel, la no realización de audiencia con presencia de víctimas para tomar esa decisión y la falta de reparación. Ante la pregunta de por qué esta vez sí ven posibilidades de paz, Pablo Beltrán contestó que están negociando con un gobierno de izquierda y saludó que haya incorporado a distintos sectores[2].
La delegación oficial -diferente de las que había designado el gobierno de Santos que tuvieron periodo de aprestamiento-, fue nombrada por Petro al momento mismo de arrancar esa compleja tarea; les urge prepararse juntos y revisar lo que ocurrió en los cinco intentos anteriores. Hay muy pocas mujeres, los miembros de esa delegación tienen experiencias profesionales o personales disímiles que si logran articularlas pueden aportar mucho, podrían clasificarse en cuatro sectores[3].
En el más cercano a Petro está el jefe negociador Otty Patiño (participó de equipos similares en los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco que ayudaron a la desmovilización del M-19, fue constituyente elegido por la antigua guerrilla; luego se dedicó a trabajar sobre temas de conflicto y paz); y también dos senadores del Pacto Histórico muy comprometidos con la política de paz total del gobierno: María José Pizarro (hija del candidato presidencial y exdirigente del M-19 Carlos Pizarro asesinado tras firmar la paz en 1990, se ha dedicado a la lucha a favor de la paz y contra la violencia); e Iván Cepeda (presidente de la Comisión de Paz del Congreso, tras el asesinato de su padre creó la Fundación Manuel Cepeda, para promover paz, justicia, verdad sobre crímenes de lesa humanidad).
Luego están cuatro líderes de regiones claves en esta negociación. -Alberto Castilla (promotor del Comité de Integración Social del Catatumbo [Cisca], la Coordinación Nacional Agraria, el Congreso de los Pueblos, concejal de Convención, congresista). -Horacio Guerrero de Sibundoy Putumayo, exalcalde encargado de Ciudad Bolívar en Bogotá (fue Defensor Delegado de Indígenas y Minorías Étnicas, director de Asuntos Indígenas en el gobierno Santos) -Carlos Rosero, de Buenaventura, dirigente afrodescendiente y cofundador del Proceso de Comunidades Negras (ayudó a la expedición de la Ley 70 de 1993, para reconocer a las comunidades negras en zonas rurales ribereñas de la Cuenca del Pacífico). -Olga Lucía Silva (de la plataforma Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos que articula 289 organizaciones, defensora de derechos de niños/as victimas, atendió el caso del militar que violó a una niña, la asesinó y a dos hermanitos en Arauca).
Los dos casos gremiales son significativos. En la instalación del congreso ganadero, Petro le propuso al presidente de Fedegan participar en la negociación con el ELN “con sus maneras de pensar, con su representación sobre un sector de la sociedad que indudablemente tiene algo y mucho que decir”. -José Félix Lafaurie aceptó diciendo “El sector ganadero no puede negarse a una solicitud como la que hizo el presidente con mucha generosidad. A quienes más nos ha golpeado la violencia es al sector ganadero”. Esa designación ha generado polémica[4]. -Rosmery Quintero directora de Acopi, reúne mipymes que en muchas zonas son casi las únicas actividades productivas a través de microempresas familiares, pequeños negocios.
Dos militares retirados harán parte de la delegación oficial: -el almirante de la Armada (r) Orlando Romero (integró la subcomisión técnica para el fin del conflicto que negoció con Farc protocolos del cese al fuego, cronograma para la dejación de armas, ubicación de las 26 zonas veredales donde se concentraron, y dirigió el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego y la dejación de armas); -coronel (r) de infantería del Ejército Álvaro Matallana (fue decano de la Escuela Superior de Guerra, hijo del general José Joaquín Matallana recordado por dirigir las tropas en el ataque a Marquetalia, donde nacerían las Farc). Y cuatro militares activos integrarán el Equipo de Apoyo y Observadores al Proceso de Paz: -Hugo Alejandro López Barreto mayor general del Ejército, (jefe de la subcomisión técnica, estuvo al frente de la Fuerza de Tarea Vulcano en el Catatumbo); -Roberto Bonilla capitán de navío de la Armada, y de la Dirección de Apoyo a la Transición; -Rodrigo Mezu Mina, teniente coronel de la Fuerza Aérea, acompañó los diálogos con las Farc en la subcomisión técnica para el fin del conflicto; -Isabel Ozuna Stockl mayor del Ejército, especialista en Derechos Humanos, cese al fuego, monitoreo y verificación.
A recuperar lo avanzado
La mesa decidió retomar los avances dejados por el último intento de negociación que arrancó en 2016, desarrolló seis ciclos en Quito y en La Habana en 2017 y 2018.
Ante todo, dejó la agenda, los fundamentos y una propuesta de diseño de cómo sería el proceso que debe nutrir el desarrollo de los 4 primeros puntos -participación social, democracia, transformaciones, víctimas-, para pasar al quinto el fin del conflicto armado y el sexto su implementación. La participación territorial, sectorial y temática podría ser organizada por un equipo de redes sociales y universidades, que en un año concluye con una sesión nacional de síntesis de propuestas que entrega a la mesa para que las dos delegaciones negocien. Así no desaprovecha la oportunidad de que en el periodo de este gobierno que tiene como prioridad la construcción de paz, la mesa pueda desarrollar toda la agenda, el Estado ponga en marcha las respectivas reformas y políticas públicas que implica el acuerdo, y desde los territorios las iniciativas sociales apoyen todo el proceso. Esa propuesta la construyó la delegación del gobierno de Santos luego de procesar las audiencias en Tocancipá y de realizar consultas en los territorios y con organizaciones sociales sobre sobre cómo estructurar esa participación para la paz. Además, el proceso anterior construyó un efectivo apoyo internacional y dejó reglas de funcionamiento, así como la experiencia de negociación y aplicación de un cese al fuego, cuya evaluación dio origen a protocolos de asuntos cruciales para un cese al fuego bilateral que lleve al fin del conflicto armado.
Le ayudaría mucho a la nueva mesa, examinar oportunidades y dificultades que deja el Acuerdo de Paz de 2016, y su desarrollo, porque podría fortalecer muchos procesos que repercuten en construcción de paz territorial a partir de las circunstancias actuales. También la mesa debe lograr un acuerdo sobre asuntos humanitarios a ser aplicado lo antes posible para detener los efectos de esa violencia contra poblaciones vulnerables. Así mismo, debe asumir el compromiso de generar información objetiva en todos los momentos de la negociación desplegando una pedagogía para la paz que ayude a concretar apoyo al proceso, al acuerdo y a su implementación.
Urge la actuación de cada parte en favor de la paz
Ambas partes han ido comunicando -a más de asuntos comunes-, sus propias perspectivas. El gobierno Petro ha mostrado la necesidad urgente de llegar a acuerdos tempranos que alivien la compleja situación humanitaria nacional por la violencia que generan actores armados ilegales; y ha resaltado que el ELN desescale su accionar bélico y libere personas secuestradas.
Antonio García, del COCE, ha insistido en que la política de paz total debe tener un acercamiento diferente al ELN al usado con grupos armados ilegales que no tienen orígenes sociales ni políticos. Sobre la posibilidad de cese al fuego, resaltó como dificultad que, durante el tiempo inicial de reactivación de los diálogos, es apresurado tomar medidas al respecto pues las partes están concentradas en avanzar en la construcción de confianza e identificación de visiones comunes que permitan tomar decisiones claves[5].
Petro en su apuesta por la paz total le da importancia al diálogo social y con los territorios desplegando lo que ha llamado diálogos regionales vinculantes para nutrir el plan nacional de desarrollo de su gobierno. La denominación de vinculantes ha sido cuestionada por generar expectativas que sobrepasan las posibilidades institucionales para su total concreción. Con todo, esa disposición a escuchar a la población ayuda al trabajo de la mesa pues la participación social debe nutrir la negociación.
Si el ELN quiere construir paz tiene que parar esa afectación grave a la población. Aunque las estadísticas son precarias porque la gente teme denunciar, en lo que va de 2022 ha habido más de 300 homicidios, muchas de las personadas asesinadas eran líderes sociales; confinamientos de veredas y resguardos indígenas, reclutamientos y desapariciones forzadas. Enfrentamientos del ELN y disidencias exFARC -por ejemplo, en Arauca-, agravan la situación, como se mostró en la sesión de la Comisión de Paz del Senado realizada en Saravena, donde la población pidió al gobierno intervenir con urgencia. ELN debe demostrar con hechos su decisión de terminar la acción armada: liberar secuestrados, acabar con esa y otras ignominias como las de reclutar niños/as, abusar de las mujeres, atacar líderes, desplazar y confinar poblaciones, minar territorios, extorsionar y lanzar explosivos. Están obligados a respetar el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y la autonomía local, y dejar de atacar la infraestructura petrolera cuyas voladuras generan graves daños ambientales, sociales, económicos.
El Gobierno Nacional tiene la obligación de hacer todos los esfuerzos para impedir el asesinato de líderes sociales, constituirse en garante de los derechos de las comunidades, cumplir los acuerdos con las exFARC, concentrar esfuerzos en las regiones afectadas por el conflicto armado y apostar por sus poblaciones en lugar de estigmatizarlas porque en ellas se mimeticen guerrilleros que tratan de aprovecharlas. Tiene que evitar que la manera como enfrenta la situación de esos territorios, los vulnere aún más, y debe ir más allá de la presencia militar, desplegando una efectiva acción del Estado que construya infraestructuras, servicios básicos y oportunidades locales de desarrollo sostenible.
El ELN debe demostrar con hechos que la negociación pondría fin a su carácter de grupo armado transnacional que actúa en Colombia y en Venezuela, país sede y garante de la mesa de paz, lo que ha generado fuerte reacción en ambos países. Insigth Crime ha mostrado cómo resulta inconveniente que uno de los garantes tenga el problema en su propio territorio y señala que el ELN actúa en 40 municipios de 8 estados venezolanos[6]. En suma, en ambos lados y en la mesa, el ELN debe demostrar su disposición a acabar su acción armada y ayudar a concretar la pronta negociación de paz, en este sexto intento.
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[1] https://www.elespectador.com/politica/es-posible-la-paz-con-el-eln-los-elementos-determinantes-del-proceso/
[2] https://cambiocolombia.com/articulo/pais/la-diferencia-es-que-hay-un-gobierno-de-izquierda-eln-en-la-reinstalacion-de-la-mesa
[3] https://www.elespectador.com/politica/petro-santos-las-diferencias-en-sus-mesas-de-negociacion-con-la-guerrilla/
[4] https://www.elespectador.com/politica/petro-santos-las-diferencias-en-sus-mesas-de-negociacion-con-la-guerrilla/
[5] https://www.elespectador.com/politica/es-posible-la-paz-con-el-eln-los-elementos-determinantes-del-proceso/
[6] https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/no-existe-un-mando-unificado-del-eln-analistas-en-norte-de-santander, https://www.elespectador.com/politica/dialogo-gobierno-eln-conteo-regresivo-para-su-reanudacion/, https://cambiocolombia.com/articulo/conflicto/dialogos-con-el-eln-donde-quedaron-y-lo-que-hace-falta-por-negociar, https://efectococuyo.com/politica/de-que-depende-el-exito-del-dialogo-de-paz-con-el-eln-y-su-relacion-con-venezuela/
Socorro Ramírez
Foto tomada de: El Espectador
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