Por el gobierno preside la delegación Otty Patiño dirigente de la reinsertada guerrilla del M19 a la cual perteneció el actual presidente de la República. Patiño como se sabe fue delegatario de la Asamblea Nacional Constituyente en representación de la ADM19 y estuvo en representación del M19 en las negociaciones con el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz y la reinserción de sus combatientes a la vida civil y a la actividad política. Sorprendió tanto el nombramiento como la aceptación para hacer parte de la Mesa de Negociación del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, José Félix Lafaurie Rivera. Fue audaz por decir lo menos el ofrecimiento del presidente Gustavo Petro como también la aceptación de Lafaurie. En primer lugar, por provenir de una organización de los terratenientes ganaderos que han sido vinculados con el paramilitarismo y algunos de sus dirigentes han sido condenados por esos vínculos. Lafaurie es además de la dirección del Centro Democrático, partido de la extrema derecha que como se sabe orienta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como el propio Lafaurie lo declaró en distintas entrevistas su aceptación fue consultada con Uribe, quien le habría dicho que es mejor estar dentro que fuera de dichas negociaciones.
Aunque el nombramiento de Lafaurie sorprendió es lógico en la estrategia del presidente Gustavo Petro de una paz total. Petro quiere que las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN sea un propósito nacional que despolarice este proceso y no caiga en las oposiciones que tuvo que soportar el gobierno de Juan Manuel Santos en el exitoso proceso con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que llevó a la polarización del país y a la pérdida del plebiscito del 2 de octubre de 2016 cuyo resultado fue la división del país por mitades. En este sentido Petro busca que este proceso no caiga en esa polarización. El resultado inmediato fue la división no solo en la familia de Lafaurie sino en la derecha colombiana. El propio Uribe ha manifestado su respaldo a Lafaurie mientras que voceros y parlamentarios de su partido como la propia María Fernanda Cabal han salido a criticar y se oponen no solo a ese nombramiento sino al proceso mismo de la negociación. Por lo pronto el proceso y sus inicios ha dado lugar a esa división de la derecha colombiana.
Los otros integrantes de la delegación gubernamental tampoco sorprendieron. Dos parlamentarios María José Pizarro e Iván Cepeda quienes siempre han estado animando los procesos de paz y en el caso de Cepeda conoce de primera mano a las organizaciones insurgentes. También es lógico el nombramiento del exsenador Alberto Castilla quien pertenece al Congreso de los Pueblos una organización de la sociedad civil que ha hecho eco de muchos de los planteamientos del ELN y que tiene una fuerte presencia de bases campesinas en regiones con presencia de esta guerrilla como la región del Catatumbo y en el departamento de Arauca. Tampoco sorprende el nombramiento de Carlos Rosero un curtido dirigente afrodescendiente con un liderazgo social sobre todo en el corredor pacífico colombiano y la presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos Industriales, ACOPI, Rosemary Quintero.
La característica de la representación gubernamental es el pluralismo lo cual obligará a que en el seno de esa delegación se tengan que procesar unos acuerdos mínimos que serán los que se planteen a los elenos en la Mesa de Negociaciones. En sí misma la delegación gubernamental tendrá que establecer unos consensos básicos si se quiere avanzar en las negociaciones. Será entonces un proceso complejo.
Incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones
La realidad del proceso es de incertidumbre puesto que algunos de los planteamientos de la dirigencia del ELN muestran a un agrupamiento muy pegado a la ortodoxia y al maximalismo. El primer elemento es su defensa de la vigencia de la lucha armada que ellos califican como de resistencia armada. Para que el proceso culmine con éxito tendrán que cambiar su postura frente a este postulado que mantienen desde que se levantaron en armas contra el Estado. Ese es el centro de la negociación sin una renuncia a la llamada resistencia armada el proceso no tiene futuro. Un segundo elemento relacionado con el anterior es el de la pérdida de vigencia en la Colombia actual de la lucha guerrillera. La llegada de Petro a la presidencia de la República mediante un proceso electoral es la derrota política de ese planteamiento. La lucha Armada hoy es un obstáculo para el crecimiento y desarrollo del movimiento popular y democrático en el país. Muchos pensamos que sin la desaparición de las FARC no hubiese sido posible el triunfo de Gustavo Petro un exguerrillero que demostró que se puede llegar al gobierno para impulsar cambios por las vías democráticas.
Las críticas de la dirigencia del ELN al exitoso proceso con las FARC también presagian lo difícil que será la negociación. En particular su planteamiento de rechazo a la Justicia Transicional que fue un elemento novedoso y que permitió desatrancar el proceso y que tiene a la dirigencia de las FARC ante la JEP rindiendo cuentas por la violación a los derechos humanos, respondiendo por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que cometieron en su larga confrontación con el Estado. Como se sabe en el derecho internacional estos crímenes no son hoy como si lo fueron en el pasado objeto de amplias amnistías e indultos. Y el ELN también en su larga confrontación con el Estado también ha sido responsable, aunque en menor cuantía, de estos crímenes contra la humanidad. Aquí radica otro de los temas difíciles de esta negociación.
Los temas de las reformas económicas y sociales serán más fáciles de negociar pues como lo reconoció el propio Antonio García, jefe máximo del ELN, en muchos aspectos la agenda de Transición Programática del presidente Petro coincide con reivindicaciones que ha planteado esa guerrilla desde sus orígenes. Allí el problema dice García es que esas promesas se lleven a la práctica que es justamente lo que busca el presidente Petro, pero que ellos ven muy difíciles de materializar. Pero tampoco es claro el planteamiento sobre el cese al fuego pues si bien se muestran de acuerdo con pactar un cese al fuego bilateral, Gobierno Guerrilla, ese cese al fuego no lo ven posible con los otros actores armados como las Disidencias con las cuales mantienen una guerra en varias regiones del país como en el departamento de Arauca, por ejemplo. García dice que es el Estado el que tiene que garantizar esos ceses al fuego con esos actores armados. Este será un problema crucial y es un punto muy importante de la estrategia de Paz Total porque de no lograrse un cese múltiple de las hostilidades y las acciones armadas será difícil avanzar con éxito no solo en las negociaciones con el ELN sino con las Disidencia de las FARC, las Autodefensas Gaitanistas y las bandas armadas ligadas con el narcotráfico.
Por lo pronto arrancó el proceso con el ELN. Ya veremos si este primer ciclo de negociaciones concluye con avances reales en algunos temas. La paz debe ser un propósito nacional y en este empeño debemos acompañar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Buen viento y buena mar.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: OnCubaNews
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