Un mes después de la muerte de la madre y su bebé, el 13 de julio, una mina le mutilaba el pie izquierdo a un indígena de 26 años, padre de familia en Turriquitadó Alto, del Resguardo del Río Chageradó, del mismo municipio. El joven estuvo más de doce horas sin atención médica y fueron los indígenas quienes por sus propios medios lo trasladaron hasta el Hospital de la cabecera municipal. La ONIC denunciaba que desde inicios del 2020, hasta julio de 2021 en Antioquia habían muerto por este tipo de artefactos nueve indígenas (cuatro de ellos menores de edad).
Meses antes, en marzo, alrededor de 168 indígenas de la comunidad de Turriquitadó, en el mismo municipio, fueron desplazados a la fuerza por las amenazas del ELN y las autodenominadas AGC.
Esto sucedía bajo la presidencia de Iván Duque Márquez.
Año y medio después, esperanzas de retorno
Fue en Dabeiba, uno de los municipios con los que colinda Murindó, en el que el Ejército Nacional y las AUC cooperaron en la máquina de muerte que desembocó en atrocidades como los llamados Falsos Positivos, otro municipio azotado por múltiples violencias; en donde, año y medio después, el 3 de diciembre de 2022, el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro anunció acuerdos concretos en medio de los diálogos de paz que sostiene con el ELN y aseguró que, como resultado de estos, se acordó que el ELN permitiría el regreso de indígenas Emberá a sus resguardos y cesaría las hostilidades contra la población del municipio.
Según la entrevista a Aureliano Carbonell, comandante y delegado del ELN para la Mesa de Diálogos de Paz (anunciados el pasado 18 de noviembre por el Gobierno y el ELN), el acuerdo hace parte de hechos de alivio humanitario aterrizados en los territorios para cambiar las realidades de las víctimas del conflicto armado. El delegado también afirmó que en los diálogos entre el ELN y el Estado no rige el criterio de que “nada está acordado hasta que todo está acordado” (implementado en los diálogos de paz entre las FARC-EP y el Estado, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos). En este diálogo lo que se vaya acordando se irá implementando.
Los diálogos de paz representan una oportunidad (algunos analistas la ven como la última) para que esta guerrilla abandone la guerra. Este no es el primer intento de diálogos de paz entre el ELN y el Estado: en 1975, el presidente Alfonso López Michelsen dialogó de paz con el ELN infructuosamente después de la Operación militar Anorí, que casi lo desmantela.
Han pasado 47 años desde ese primer intento y el gobierno actual está interesado en hacer la paz con un ELN que puede contar con entre 3.000 y algo menos de 5.000 hombres y mujeres en armas (incluyendo a sus milicias) con operatividad en alrededor de 184 municipios (según organizaciones especializadas como INDEPAZ, la Fundación Paz y Reconciliación e Insight Crime).
El último diálogo de paz entre el Estado y esta guerrilla se dio en 2017, bajo el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, firmante del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP. Pero este, como los anteriores, tampoco tuvo resultados y Santos terminó su período en 2018 dando paso al nuevo presidente, Iván Duque, quien suspendió los diálogos con el ELN en septiembre de 2018, a un mes de su posesión.
Ahora lo que suceda en Murindó y Dabeiba podría ocurrir en otros municipios. Comunidades y amplios sectores de la población están esperanzados en que este diálogo siga representando alivios humanitarios en el territorio y de que no se repitan las historias atroces de las víctimas. Aunque junto a la esperanza también persiste el temor.
Temores y riesgos:
Para la resolución de un conflicto armado es necesario el cambio de las condiciones concretas que lo originan y posibilitan su permanencia. En el caso de Murindó (y de muchos otros municipios del país) es evidente la necesidad de cambiar la realidad del territorio para que se garantice un retorno con dignidad, en condiciones de seguridad, garantía de derechos y de no repetición. La posible desmovilización del ELN, si no se implementa a la par con otros cambios estructurales, puede crear un vacío de poder que será llenado por otros grupos armados ilegales, que en el caso de Murindó podrían ser las AGC. Sumado a ello, si en este diálogo se llega a presentar una falta de cohesión interna o diferencias serias entre el Comando Central del ELN y sus frentes de guerra, esto puede propiciar la conformación de “disidencias” que pueden presentar diferentes niveles de politización o lumpenización, o algunos de sus integrantes podrían unirse a otros grupos armados. De ser así no se rompería la cadena de violencias que históricamente ha victimizado a sus pobladores.
El abandono estatal en el municipio y la región ha imposibilitado la garantía de los derechos básicos como salud, educación o acceso al agua potable en una región codiciada por multinacionales mineras. Sus pobladores y organizaciones han sido víctimas de diversos grupos armados. En el siglo pasado, desde la década de los 80, la comunidad y especialmente la comunidad indígena, fue victimizada por la guerrilla de las FARC-EP y por la confederación paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en complicidad con el Ejército Nacional.
Entre los hechos más atroces, sus pobladores recuerdan cómo estos grupos masacraron a conocidos y familiares. Entre otros recuerdan cómo las FARC-EP en 1986 masacraron a ocho líderes indígenas del pueblo Emberá en frente de la comunidad (esto fue reconocido por representantes del partido FARC ante a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad). Aún vive en la memoria el recuerdo de cómo los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) torturaron y masacraron en diciembre de 1997 a cinco campesinos. Cómo en mayo de 1998 el Bloque Bananero de las AUC (según confesó uno de sus comandantes ante el sistema de Justicia y Paz) desapareció forzadamente a 19 indígenas y ejecutó al menos a cinco personas (una de ellas indígena), incendiaron y saquearon bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como la escuela, el puesto de salud y 21 viviendas; como consecuencia alrededor de 300 personas fueron forzadas a desplazarse. Este municipio entra al siglo XXI con otra masacre, en enero de 2001, según el portal Rutas del conflicto, 15 paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas dispararon contra una embarcación civil asesinando a cuatro personas. A su vez, el CINEP denunciaba el ingreso de alrededor de 200 paramilitares de las AUC a la Comunidad de Paz de Buenavista asesinando e hiriendo a algunos pobladores, saqueando e incendiando bienes protegidos.
Después de desmovilizadas las FARC-EP y ser des estructuradas las AUC, son los paramilitares de las AGC y la guerrilla del ELN los principales violadores de derechos humanos. En medio de la reconfiguración del conflicto producida con la disolución de las AUC (2006) y después de las FARC-EP (2016), emergieron como grupos armados principales de la región el ELN y las AGC, quienes, en medio de la disputa por el control territorial y de rentas, continúan victimizando a los pobladores de Murindó.
Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo denuncian las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH (asesinatos, desplazamiento y reclutamiento forzados, amenazas de muerte, confinamiento, víctimas de MAP-Muse, entre otras) cometidas por estos grupos en 2018 y 2019.
En 2022, la Alerta Temprana 004 – 2022 (Documento de Advertencia por Proceso Electoral) califica a Murindó como de riesgo extremo para el ejercicio de la actividad política por la acción de las AGC y el ELN y por causa de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad al tiempo que evidencian la poca capacidad o interés estatales para la protección o garantía de los derechos de la población.
En Murindó, las condiciones de precariedad económica y falta de oferta institucional van a la par con los ataques de los actores armados a la población civil. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en su Registro Único de Víctimas (RUV) registra 5.632 víctimas de desplazamiento forzado y 2.495 de confinamiento desde la década de los 80 de siglo pasado a octubre 31 de 2022. Su población además ha sido y sigue siendo víctima de amenazas, homicidios, desapariciones forzadas, pérdida de bienes muebles o inmuebles, y son víctimas de minas anti personales y otros artefactos explosivos. Este número de víctimas resulta más preocupante si se tiene en cuenta el bajo número de pobladores de Murindó; según el Censo Nacional de Población y Vivienda, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en 2018 fueron censadas 4.642 personas, sólo el 3,6% de ellas manifestó contar con servicio de acueducto (esto nos da una idea de las condiciones de vida de sus pobladores).
Para cambiar esta realidad y para que la desmovilización de un grupo armado no signifique el mero cambio de actores armados en un contexto de violencia perpetua, es conveniente que estos diálogos de paz con el ELN se sumen a la implementación de lo consagrado en el Acuerdo Final de Paz entre el Estado y las FARC-EP así como en las normas que derivaron de este; además que se presenten de manera simultánea con procesos de desmantelamiento de otros grupos armados y de transformación de las condiciones socioeconómicas y políticas de las que se nutre la guerra. Es una oportunidad para este gobierno, cargada de esperanzas pero también de riesgos y dificultades que deberá sortear para llegar a la anhelada paz total.
Camilo Bonilla Stucka
Foto tomada de: El Espectador
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