“La polarización puede despedazar las normas democráticas. Cuando las diferencias socioeconómicas, raciales o religiosas dan lugar a un partidismo extremo, en el que las sociedades se clasifican por bandos políticos cuyas concepciones del mundo no solo son diferentes, sino, además, mutuamente excluyentes, la tolerancia resulta más difícil de sostener. Que exista cierta polarización es sano, incluso necesario, para la Democracia. Y de hecho, la experiencia histórica de la democracias en la Europa occidental nos demuestra que las normas pueden mantenerse incluso aunque existan diferencia ideológicas considerables entre partidos. Sin embargo, cuando la división social es tan honda que los partidos se asimilan a concepciones del mundo incompatibles, y sobre todo cuando sus componentes están tan segregados socialmente que rara vez interactúan, las rivalidades partidistas estables acaban por ceder paso a percepciones de amenaza mutua”. (Levitsky y Ziblatt, 2020)
Sobre el tema propuesto por el director de la Revista Sur, Pedro Santana, para este fin de año, creo que el deterioro y desencajamiento de la Democracia colombiana necesita al menos de estas 15 reformas para rehacerse.
1). Reforma ineluctable a la salud. No solo el funcionamiento de la red hospitalaria; urge la reestructuración de las EPS, es muy sintomático que de 14 EPS solo operen 5 y con defectos; es muy triste ese desfile hacia el paseo de la muerte que hemos presenciado durante muchos años en los noticieros, por la burla y desatención en los hospitales; captaron los dineros , no los transfirieron a tiempo, negaron la atención, murieron muchos, a los mismos que pagamos la EPS y de allí ayudamos al sostenimientos de SISBEN, no nos sirve tampoco en las situaciones concretas la EPS sino pagamos medicina prepagada, a altos costos. Creció mercantilización total de un derecho social en manos de mercaderes desalmados.
2). La educación. El neoliberalismo injertado en la Constitución de 1991, o sea, la facilidad para que los empresarios y el gran capital prestaran los servicios públicos y manejaran en la práctica los derechos sociales, facilitó la privatización de los derechos sociales, siendo estos el complemento en las democracias, de los derechos humanos, para que funcionen integralmente, fue un error despojarse el Estado de la intervención y quedarse con la regulación que conllevo a la complicidad. La educación en manos de empresarios y voraces propietarios de universidades y colegios encareció la educación con matrículas y mensualidades exorbitantes. De allí, que solo quedó el resquicio de las universidades públicas y de colegios y escuelas públicas, pero los cupos no son suficientes, y la calidad desmerece por la impreparación de docentes o de remolones profesores que no preparan las clases, ni se capacitan o actualizan. Existen menos universidades públicas y hay más universidades privadas, de esta manera la cobertura no es suficiente, así que no todos los bachilleres pueden ingresar a los estudios superiores. Esta es la explicación de los reclamos airados desde el 2011 para que se implemente la matrícula 0, y fue una de las razones del estallido social 2021. Los nadies, los ninguneados, los NI-NI, solicitaron este derecho a estudiar como lo esboza la Constitución, pero la mercantilización los privó de estudios superiores, o los realizan con el sacrificio de toda la familia, afectando la canasta familiar.
3). El Sistema electoral y el voto obligatorio. Este es un tema clave, vital, esencial. Se entiende por sistema electoral el conjunto de normas que rigen el funcionamiento de las elecciones, y de las entidades que componen ese tejido normativo: La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, sin incluir al Consejo de Estado y su sala electoral para dirimir las demandas sobre irregularidades electorales. Se intentó al final de la legislatura 2022 incluir el inicio de esta reforma, pero el malestar de muchos congresistas por la premura hizo posponerlo para el año 2023. Desde hace más de 40 años tenemos un Código Electoral, desfasado de las dinámicas acumuladas en los últimos años. Colombia desde su nacimiento (1821), en medio de todos los cambios del orden territorial y de las formas de gobierno, ha tenido este defecto, al no contar con un sistema electoral apropiado. Varias de las guerras civiles del siglo XIX (al menos 4 de ellas), se originaron por fraudes electorales. Y en el siglo XX, varios periodos de violencia e inconformidades también tuvieron allí la causa, lo que hace que el país tenga por el escepticismo, altos niveles de abstención. La corrupción y el clientelismo han horadado las rentas públicas. Colombia hoy es una Democracia imperfecta. Un remedio podría ser el voto obligatorio, y lo abortaron en la legislatura 2022. Le tienen pánico porque votaría todo el potencial electoral, y no es tan obligatorio como suena, para escoger a alguien, solo se deber asistir a las urnas y decidir, porque el elector renuente puede votar en blanco.
Las otras transformaciones que necesita Colombia con reformas con actos legislativos o con leyes de implementación, serían: 4). Reforma política, principalmente del Congreso, las listas cerradas, más el calendario de alcaldes y gobernadores para que coincidan con el del presidente, etc. Se avanzó en la legislatura 2022 pero deberá redondearse el contenido de la reforma política que tiene otros aspectos polémicos como darle, otra vez, viabilidad a congresistas para llegar a los ministerios; 5). La Fiscalía, una entidad paquidérmica, politizada e instrumentalizada por fiscales torticeros; 6). La Comisión de Acusaciones, justicia para aforados que es una vergüenza institucional por las absoluciones y complicidad con los acusados; 7). La Procuraduría General de la Nación, es un derroche presupuestal para cohonestar con los violadores de la función pública y aparentar vigilar, solo ha servido de trampolín para figurones que aspiran a la presidencia y un fortín para la burocracia regional de los senadores. El peor momento: un ramplón llegó a usar la biblia para interpretar las conductas por encima de la Constitución, un teócrata de Bucaramanga; 8). Contraloría Nacional , un despropósito institucional que no opera para frenar los desafueros fiscales de la urdimbre de funcionarios que están bajo su control; 9). Las personerías municipales, figura similar a la Procuraduría, en lo local, en manos de concejales que maniatan a los personeros para fingir controlar a los alcaldes y al tejido de empleados púbicos de la localidad.; 10). Del centralismo al federalismo, esta sería la principal reforma que requiere Colombia, pero cada vez que se menciona, la excluyen. Desde 1886 nuestro país tiene ese modelo territorial que no ha servido para impulsar las regiones, y la autonomía territorial es impedida, manipulada, permitiendo la concentración del poder y mayor corrupción. La elección popular de alcaldes y gobernadores son propias del sistema federal, se estableció la primera desde 1986 comenzando en 1988, y los gobernadores desde 1992, pero son subsumidos al poder central y presupuestalmente con rentas reducidas y las otras transferidas. En otros países el verdadero federalismo otorga autonomía a las regiones y esta es la base del poder popular y expresión de la soberanía. 11). La jurisdicción agraria, ya pasó la primera legislatura y continuará en el 2023. Servirá para dirimir conflictos en el campo y delimitar tierras, aclarar propiedades, componer el camino desviado de los baldíos y será el complemento de la protección a los recursos naturales que va ligado al derecho ambiental. Y la corrupción, el clientelismo, y la polarización, en cuales temas encajan o están transversalmente coexistiendo con los otros?
12). Política exterior. UNASUR, como organismo multilateral suramericano, en aras de la mejor marcha del subcontinente, para mejores relaciones internacionales, debe recomponerse. No dejar prosperar ese esperpento de PROSUR, y cumplir con el preámbulo de la Constitución que ordena dar énfasis a las relaciones con Latinoamérica, lo mismo que el principio fundamental del artículo 9 de la Constitución. UNASUR y la OEA, también con defectos en su funcionamiento, son los escenarios multilaterales donde el gobierno se puede mover para el liderazgo ambiental que está jalonando el presidente Gustavo Petro, y para buscar un mercado común que haga circular nuestros productos sin talanqueras aduaneras.
13). La criminalización de la protesta. Este derecho humano ligado a otros derechos humanos como la libertad de expresión, opinión, asociación, reunión, circulación, el derecho de petición, etc., si la respuesta es la represión, origina turbamultas y convulsión que conducen a estallidos sociales, como lo vimos en el año 2021. La manifestación se hace en las calles, espacio público de todos. No encerrados en estadios como pretendió un exministro de Defensa, Diego Molano. La manifestación debe ser un gran foro, hay muchas formas de comunicarse y expresarse en estos actos públicos. Son los actos que permiten expresar las inconformidades públicamente. Se debe garantizar este derecho humano, de no hacerse es empujar la gente a la rebelión, que también tiene su base en la declaración de los derechos del Hombre y del ciudadano (1789). Las manifestaciones son la única forma colectica de ejercer la expresión. Cuando se hace en solitario la expresión se reduce al derecho de petición, que no son oídos muchas veces, o solo resuelven asuntos particulares ligados a ese derecho humano. Si la protesta se criminaliza (claro ejemplo son los jóvenes encerrados aún sin haber cometido delitos), otra cosa son los vándalos infiltrados que, si se les identificó, su responsabilidad es individual. Negar la protesta del año 2021 producida por las múltiples exclusiones es hacer creer que todo estaba bien y nadie debía protestar, estallido que se inició por la injusta reforma tributaria que desespero a la población.
14). La paz y sus formas. La paz es un derecho humano conectado con otros como la vida, el trabajo, la autonomía personal. Sin la paz la economía se afecta y se desestabiliza un país. Ese ha sido el problema crónico de Colombia desde su conformación, por las cíclicas guerras civiles y la forma de relacionarse los actores políticos. Hay guerreristas profesionales que hacen política enfrentando a los demás. La Paz firmada en el gobierno Santos no ha podido ser implementada y los sembradores de las discordias ni siquiera dejan que sus hijos vayan a la guerra, solo los campesinos, los pobres, y arrancados que nutren los ejércitos en contienda. El ejército oficial y los irregulares. La paz que muchas veces se ha logrado, es parcial; la paz total es necesaria, pero en las condiciones actuales es una utopía que, puede enrarecer el logro de la paz con rebeldes y actores políticos en oposición extraparlamentaria. Porque es una utopía. Respuesta. Quienes acuden al crimen como forma de vida no se van a desmovilizar por incentivos de rebaja de penas y van a dejar las ganancias; hasta que no se legalice la producción y comercialización de ese estupefaciente, las violencias de actores desideologizados van a proseguir.
15) Por la brevedad que exige la reseña de cada reforma solo estoy esbozando los cambios, porque cada transformación institucional daría para una columna por separado, con los detalles y menciones que amerita. Por esa razón entro a señalar con énfasis lo atinente al Medio Ambiente que, tiene muchos aspectos como la sobretasa ambiental, la inoperatividad de Las CARs con su inocultable corrupción de directores intonsos e ignorantes (en el Valle del Cauca, por ejemplo, el director Marco A. Suarez Gutiérrez, no tenía ni idea que era un humedal o una ronda hídrica) ; otros temas que descuidan las CAR, el tema de los derechos de la naturaleza, el cumplimiento para la adecuación al cambio climático, la protección de los páramos, de los ríos, la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales, que contaminan los ríos y los acueductos agua abajo (donde queda el dinero de las tasas retributivas);el control a la minería ilegal que devasta ecosistemas y biodiversidad, etc. Las Corporaciones Autónomas Regionales, CARs , deben ser reformadas para que pueda protegerse la naturaleza y dejen ser el fortín de políticos clientelistas y de empresarios depredadores en los departamentos con sus monopolios en monocultivos que acaban con la seguridad alimentaria. La relección ellos directores de las CAR sirve para perpetrar esos poderes, lo mismo que el enquistamiento de los mismos delegados a los consejos directivos.
Para lograr una mejor gobernanza y transparencia en las CARS, cursó un proyecto de Ley, el 323 de 2019 que surtió los debates en la Cámara de Representantes y pasó al Senado, pero lo enterraron. El proyecto buscaba prácticas de transparencia y mejorar gestión de las CARs. Cualquier proyecto de reforma debe también determinar el procedimiento para la elección de los directores, de tal manera que quien aspire al cargo debe cumplir con unos requisitos especiales, y no pueda ser reelegido.
Los Concejos Directivos de las CARs montan concursos simulado evaluar calidades, donde los miembros de estos concejos ni siquiera entrevistan a los aspirantes y las valoraciones de requisitos se hacen sin rigor. Mientras llega la reforma, por lo menos debe ejercerse un control preventivo sobre las normas existentes e impedir una reelección ilegal de directores intonsos y sujetos a las apetencias de políticos regionales succionadores del presupuesto.
Cita.
Levitsky Steven y Ziblatt Daniel. “Cómo mueren las democracias”. Libro publicado por la editorial Ariel, sello editorial de Planeta S.A. Traducción de Gema Deza Guil. Tercera edición, año, 2020.
Alberto Ramos Garbiras, Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); profesor de las cátedras: derechos humanos y derecho internacional, en la Universidad Libre.
Foto tomada de: El Universal
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