Estamos en los momentos que se debe decidir sobre el futuro inmediato de la propia humanidad. El globo terráqueo podrá sobrevivir y Re-naturalizarse con lo que quede en él y con la propia evolución que de seguro logrará que florezca la vida de nuevo. Pero la humanidad si se extingue, será para siempre y no renacerá.
Por lo tanto, es sumamente necesario que como sociedad humana jalonemos el cambio que necesita el planeta. No podemos dejar que el riesgo de nuestra propia existencia como especie siga profundizándose en esta crisis climática y ambiental. No podemos dejar en manos de otros lo que nos corresponde como ciudadanos y ciudadanas. Por nuestra propia descendencia, nuestra familia, por nuestro entorno social, nuestra vecindad, por nuestro territorio, por nuestra nación, por la humanidad entera.
Es la primera vez, al menos en la historia colombiana, que el movimiento socio-ambiental se siente cerca de un gobierno, con la esperanza de que la transformación integral se haga realidad y comencemos la construcción de una sociedad justa, diversa y en armonía con la naturaleza. Una herramienta es la participación ciudadana, amplia y democrática. Este es el caso de la elaboración del llamado Plan Nacional de Desarrollo (P.N.D.) y en esto el Sistema Nacional de Planeación (SNP), tiene un rol importante que deberíamos hacer valer.
Los Diálogos Regionales Vinculantes, abrieron la posibilidad de que los diferentes sectores poblacionales, de manera propositiva, hayamos expresado lo que desde nuestros territorios requerimos para obtener el bienestar colectivo que nos conlleve a la vez a un nuevo país donde la inclusión social, cultural y económica sea una realidad. Tengo la esperanza que los Consejeros y Consejeras Territoriales de Planeación, hayamos tenido un papel destacado, digno y respetuoso en las discusiones que se dieron en dichos diálogos.
Nuestro papel principal es la representación de los sectores poblacionales ante los entes gubernamentales en cada uno de los territorios. Y la misma, siempre debe realizarse con la argumentación seria y responsable, desde nuestra propia convicción en busca del logro de las aspiraciones colectivas. Críticos, pero siempre dispuestos a la colaboración constructiva, siempre prestos al dialogo para avanzar en los propósitos para superar las falencias e inequidades.
En el caso del Sector Ambiental, somos conscientes del deterioro acelerado de nuestros entornos, como producto de la intervención humana en los mismos, jalonada por los intereses del capital privado en sus acciones constantes en los territorios y por una institucionalidad debilitada ante las reformas que han conducido poco a poco a la reducción y privatización de las funciones del Estado. Seguiremos insistiendo en la necesidad de avanzar prontamente en la corrección del camino que nos está llevando al desfiladero.
La ciencia nos reafirma que nos queda muy poco tiempo como civilización, para que la humanidad garantice su propia supervivencia en un planeta que se enfrenta al desastre que hará de la vida de las nuevas y futuras generaciones con una alta degradación, con inmensas regiones imposibles para la existencia humana, con el aumento de la pobreza y el hambre productos directos de la crisis climática y ecológica, con decenas de millones de migrantes ambientales y/o climáticos, ante la imposibilidad de seguir en sus sitios de origen. Con el deterioro de la calidad del preciado líquido, que causantes por igual del deterioro socio-ambiental, comercializan negando el derecho al agua para garantizar las bases de la vida. Con miles de especies de flora y fauna en proceso de extinción acelerada ante la presión humana y por el drástico cambio en sus entornos naturales.
Siempre lo hemos expresado y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND), lo reitera de manera clara “las trasformaciones que se deben operar en este gobierno de transición en lo local y expandirse a las regiones”, solo así lograremos que nuestras propias demandas vayan de la mano con las solicitadas en los demás sectores y territorios en el ámbito nacional. En la medida que logremos coincidir podremos construir nación.
En él se nos comunica que está “compuesto por cinco transformaciones:
1.- ordenamiento del territorio alrededor del agua,
2.- seguridad humana y justicia social,
3.- derecho humano a la alimentación,
4.- internacionalización, economía productiva para la vida y acción climática,
5.- convergencia regional.”
Por determinaciones principalmente económicas, por exclusiones sociales, por arraigos culturales y por la privatización de los espacios urbanos y rurales, miles de familias terminan habitando zonas de alto riesgo, primordialmente afectadas por los cambios climáticos y el deterioro de los suelos. Es prioritario el ordenamiento alrededor del agua, no solo para garantizar ésta en calidad y cantidad para las comunidades sino para que la ocupación humana no entre en conflicto con la misma.
La industrialización propuesta no debe suponer el aumento de los conflictos socio-ambientales. Este avance en la transformación económica nos debe conducir a una sociedad que promueva la economía circular y el aprovechamiento máximo de los materiales extraídos, reutilizados y reciclados, eso sí, esto deberá estar en contraposición con el consumismo y desperdicio, propio de la producción actual basada en la obsolescencia de las cosas. No podemos permitir que industrializar en la época actual nos conduzca a envenenar nuestros territorios y comunidades. Producir o proteger la naturaleza es la dicotomía que es necesario resolver con prontitud. La crisis socio-ambiental no permite que esta discusión sea eterna.
La crisis climática y ecológica que se profundiza no podrá ser resuelta por un solo país o región. Se requiere el esfuerzo decidido de todas las naciones, con la responsabilidad que cada una de ellas tiene en su aporte al peligroso deterioro ambiental, el norte que representa a las naciones más contaminantes y depredadoras a través de la historia, es quien debe asumir los mayores costos para colocar a salvo el planeta y en especial a la especie humana. El actual gobierno a partir de sus políticas debe coordinar con los países vecinos y con los organismos internacionales para frenar el declive propiciado por el modelo económico impuesto por el capitalismo actual.
El Ordenamiento del Territorio alrededor del agua y la justicia socio-ambiental, debe conducir al reconocimiento de la participación ciudadana vinculante para que prime la vida y logremos una sociedad democrática en las decisiones que impacten los territorios. Leyes acordes y en beneficio de las comunidades para la solución de los conflictos ambientales en su entorno. Instituciones ejerciendo de la mano con la ciudadanía para resolver los requerimientos justos de las mismas. Políticas, programas y acciones puntuales que conduzcan eficazmente a la resiliencia ambiental ante los eventos que se presentarán con mayores impactos sobre las poblaciones urbanas y rurales. Con territorios profundizando la crisis ambiental no será posible la prosperidad económica de las mayorías ciudadanas. Sin el agua no será Viable el bienestar general de la población.
Proponer al “ciclo del agua como base del ordenamiento territorial” y el reconocimiento de la “prevalencia del ordenamiento alrededor del agua, así como de las áreas protegidas y las de especial importancia ambiental”, debe ser por igual el impulsar la construcción de una sociedad en armonía con la naturaleza, el trabajar por áreas urbanas humanizadas, el defender el derecho a la tenencia de la tierra en especial de las comunidades campesinas y étnicas. Cada territorio necesita de una nueva mirada para lograr comunidades aseguradas ante los altos riesgos por eventualidades climáticas, sísmicas y geológicas, que hoy en día son esencialmente consecuencia de nuestra errada ocupación y acciones sobre los territorios.
La democratización de la tenencia de la tierra para la producción agropecuaria y forestal, la equidad en la ocupación de los suelos urbanos con su respectivo ordenamiento, disminuirá drásticamente los conflictos que se presentan hasta el día de hoy y deberá conducir a una mejor convivencia que debe contribuir a la paz social. Que el ordenamiento territorial nos conlleve a la sustentabilidad que requerimos para alcanzar una vida digna y segura ante la crisis climática y ecológica. Si reclamamos justicia ambiental es para proteger la propia vida de los habitantes de los territorios.
Como lo dice este Plan Nacional de Desarrollo (PND): “El ordenamiento del territorio es importante:
1.- porque la riqueza hídrica del país y su biodiversidad no se están protegiendo;
2.- porque la mayoría de las personas vive en ciudades, sin que reconozcan la estrecha relación que existe entre el campo y la ciudad. Y esta falta de conciencia está poniendo en peligro la sostenibilidad de las aglomeraciones, así como el patrimonio natural y cultural.
3.- porque las normas que existen en el país sobre el ordenamiento territorial no han permitido la integración de los diferentes planes de ordenamiento, y no han definido claramente las jerarquías institucionales. Mientras los planes de ordenamiento y demás instrumentos de planificación no estén articulados, no se podrá avanzar en la justicia ambiental y con ello garantizar la armonía entre la vocación y el uso de los suelos;
4.- porque en áreas importantes del territorio nacional se conjuga el narcotráfico, la minería y la deforestación ilegal. Allí donde el Estado no ejerce el control, y la información catastral no interopera con el registro de la propiedad y el resto de información territorial, y esta es la primera condición para la toma de decisiones con visión de sostenibilidad y equidad, el fortalecimiento de las finanzas de los municipios y la consolidación del mercado de tierras;
5.- porque apenas el 9,4 % de la zona rural tiene un catastro actualizado, y esta es la primera condición para la modernización del sector y la consolidación del mercado de tierras;
6.- porque las diferencias regionales en términos de calidad de vida son significativas, y las condiciones de educación, salud, vivienda, cultura y deporte son desiguales, dependiendo de la ubicación de los hogares en el territorio;
7.- porque la productividad industrial y la transformación energética tienen que partir del reconocimiento de los recursos naturales y del trabajo, como los factores primarios de la producción;
8.- porque la disminución de la dependencia de los hidrocarburos y la minería tiene que ir a la par con una apropiación por parte de las comunidades de las rentas generadas por las energías alternativas; (i) porque la productividad industrial está estrechamente ligada con las posibilidades de comunicación y de transporte (acuático, férreo, carretero y aéreo).”
Un dato que nos conmueve es el asesinato de al menos 322 lideres y lideresas ambientales, en los últimos diez años. Pero a la vez es la muestra y comprobación del aumento decido de quienes aún a riesgo de su propia vida, resuelven luchar por la defensa de los territorios y del ambiente. Resolver dichos delitos debe ser parte esencial para lograr la justicia ambiental de manera exhaustiva.
Con una mayor población urbana que pronto representará alrededor del 75% de la población en general, estamos en demora de aplicar políticas certeras para la conversión de nuestras ciudades en núcleos humanos resilientes ante el drástico cambio climático. Que las ciudades no sean ajenas y cobijen la diversidad biológica en su interior. Reiteramos una vez más y cuantas veces sea necesario en más ciudades pequeñas y menos ciudades grandes. En suficientes espacios verdes dentro de las mismas, en reservas naturales urbanas, en calles arborizadas y peatonalizadas, en ciclo vías urbanas y rurales, en construcción de viviendas ecológicas, en aumentar el transporte masivo y menos contaminante, en tranvías para las ciudades, en aceras amplias y amables para los peatones, en especial para niños y adultos mayores. El ordenamiento territorial debe ser como lo asegura el gobierno en el PND, “la institución colectiva construida con base en la gobernanza ambiental”.
El 80% de los municipios presentan su ordenamiento territorial desactualizado. Esto dificulta la gestión y planeación socio-ambiental, agravando aún más los conflictos que se presentan por la falta de una planeación adecuada para resolver la problemática actual en especial la urbana. Y para rematar hay una maraña de leyes, decretos y resoluciones, que dificultan y vuelven complejo el ordenamiento y planificación territorial. Solo si se logra un ordenamiento alrededor del agua, de manera democrática y con la participación plena de la ciudadanía, se logrará justica ambiental en cada territorio.
Saludamos que el Estado Colombiano haya dado los pasos para acoger el Acuerdo de Escazú. Es un camino más para garantizar la justicia ambiental y el derecho del acceso a la información ambiental de la ciudadanía. Queda pendiente aún la reglamentación respectiva para su implementación. Y para seguir ampliando la posibilidad de la protección y conservación de nuestra diversidad biológica, se promete un mayor presupuesto y modificación de la ley 99 de 1993 para fortalecer el Sistema Nacional Ambiental (SINA), como adaptación del aparato Estatal para la acción climática. La modernización y actualización de la institucionalidad y las diversas normas para el quehacer ambiental, se hace indispensable para afrontar con éxito las tareas que se asuman de ahora en adelante en el amplio sector ambiental. Ojalá dicha adaptación sea pronta y no lenta y tardía.
Debemos resaltar que el nuevo Plan de Desarrollo, incluirá la defensa del Patrimonio Ambiental, Cultural y Arqueológico. Ante lo anterior se hará necesario recuperar la memoria colectiva e histórica. Las comunidades deberán volcarse a registrar lo que ellas consideren sus legados a rescatar, proteger y difundir. En trabajo coordinado con las instituciones responsables, como interés colectivo, lograr que los patrimonios que den identidad y sean parte esencial de su pasado, cultura y entorno ambiental, se preserven para beneficio general.
El derecho a la alimentación, debe prevalecer sobre el usufructo económico de los suelos y la tierra en su conjunto. El erradicar el hambre y la mal nutrición deber ser una tarea de primer orden en el presente periodo gubernamental. Para ello se requiere del nuevo ordenamiento territorial determinando con precisión los suelos aptos para la producción agroforestal. Acompañando lo anterior urge una reforma agraria amplia e integral, con el apoyo técnico y financiero del Estado para que prontamente recuperemos la seguridad y soberanía alimentaria. La producción agrícola, pecuaria y forestal, no puede significar de nuevo más deforestación ni deterioro del patrimonio hídrico. No podemos seguir asegurando que para lograr bienestar es necesario causar daños ambientales que después estaremos lamentando.
Ante la necesidad de hacer funcional el Sistema de Administración del Territorio, nos resaltan la:
- Armonización y racionalización de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial. La planificación territorial debe ser ordenada y superar la visión fragmentada.
- Reglas comunes para el respeto de las restricciones del territorio. Se requiere optimizar la coordinación de decisiones de inversión en infraestructura y equipamientos.
Se nos afirma en el Plan Nacional de Desarrollo que “Si no se lucha contra el cambio climático, la supervivencia de la especie humana como la conocemos no será viable. Por esto, la transición a una economía productiva limpia, justa y equitativa, con crecimiento sostenible y uso intensivo del conocimiento, llevará a que Colombia sea potencia mundial de la vida “.
Dialogando en Pereira
“…es el momento de darnos un abrazo y en la fraternidad construir en la diferencia, ese es el gran mérito que tienen hoy estos diálogos sociales… Estamos hoy ante una gran oportunidad, la oportunidad de transformar el país, esta región, hacer de este territorio que todos los días sea más y más agradable para todos y todas quienes lo están habitando. Abrimos este espacio también, para construir el cambio, un cambio en el que la naturaleza, las fuentes de agua y los páramos como sujetos de derecho, también sean escuchados…como lo ha dicho nuestro presidente, con justicia social, con justicia económica y con justicia ambiental, que son los componentes básicos que nos llevaran a la ruta de la paz total…tendremos que organizarnos, tenemos que movilizarnos, para defender lo que estamos transformando y para defender los cambios que estamos haciendo.” Ministra de Trabajo, Doctora Gloria Inés Ramírez.
He sido muy optimista con los diálogos regionales incluyentes para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. El ser consciente que es la primera vez en nuestra historia, que un gobierno nacional realice un llamado para que todos los sectores sociales, étnicos, políticos, culturales y económicos, participemos en la elaboración del PND, nos ha colmado de esperanza que entre todos y todas podamos construir el nuevo país, que nos conduzca a una sociedad democrática, diversa, incluyente y en armonía con la naturaleza.
Cuando llegamos a la convocatoria, voces autorizadas me informaron que ya estaban inscritas 2.420 personas llegadas de diferentes sitios del norte del Valle, el Quindío y Risaralda. Al medio día me afirmaron que eran al menos 3.500 quienes participábamos en ese momento, en tan importante espacio de dialogo vinculante para la región. Y no solamente eso, la participación fue bastante activa. Muy propositiva y con generalizada claridad en sus visiones del territorio y los requerimientos para que los llamados de las colectividades sean tenidos en cuenta para la región en el mediano y largo plazo. Acabando la tarde comenzamos el regreso a nuestros sitios de origen, llenos de entusiasmo y con la expectativa de conocer el documento final que elaborará el Departamento Nacional de Planeación.
Fueron 6 mesas temáticas, las cuales a su vez se dividieron en por lo menos 15 grupos. Estuve en uno dedicado a la conversa propositiva sobre la transición energética. Estuvimos insistiendo en la necesidad del transporte masivo eléctrico. En tranvías en todas las ciudades mayores de 200.000 habitantes por el momento. En desestimular el tráfico vehicular individual. En fomentar el uso de la bicicleta y las motos eléctricas. En la peatonalización de las ciudades, democratizando a su vez el espacio público. En repensar la ocupación territorial y en los ordenamientos territoriales alrededor del agua. En que la educación o es ambiental o no es educación. En la necesidad de la construcción y recuperación del sistema ferroviario. En el fomento y recuperación del transporte fluvial, pensando primordialmente en el Rio Grande de la Magdalena y trayectos del Rio Cauca. En el rechazo a la construcción de nuevas hidroeléctricas independiente de sus tamaños y el rechazo a toda clase de monocultivos en especial de los agronegocios. Insistimos de manera enfática en la transición ambiental de la sociedad que debe ser integral o no lo será. En la autonomía y soberanía energética de los territorios. En que la agricultura que debemos respaldar y priorizar debe ser la agroecológica por su positivo impacto ambiental, social y cultural.
Este dialogo, con tan masiva participación y enriquecedora en lo diversa y propositiva, será de seguro el inicio de diálogos más específicos y locales en el transcurrir de este nuevo periodo gubernamental. Las políticas en construcción y los programas y acciones que de ella se devengan, de seguro serán la base para lograr el vivir sabroso. De Alcanzar el bienestar colectivo para la tan anhelada paz. Queda mucho por hacer y de manera crítica y beligerante debemos aportar para que nuestros sueños se hagan realidad.
El nuevo país propuesto, la sociedad requerida para superar las falencias del pasado y afrontar los retos del presente y futuro inmediato, requiere del aporte de todos y todas y en especial de las organizaciones sociales que los representan en los diferentes espacios de participación ciudadana y política.
El papel de los Consejeros y Consejeras en el cambio que se comienza a vivir en nuestros espacios y en todo el país, debe asumirse con entusiasmo y decisión para que este no se convierta en otra ilusión fallida. Dar todo lo que esté a nuestro alcance para que el mañana sea luminoso y no una oscura noche y de terror al que nos quiere conducir el modelo depredador que impera hoy. Por la misma vida es necesario levantar nuestra voz y al unísono exigir el cambio.
Continuando Los Diálogos
La semana pasada, asistimos al IV Encuentro Nacional de Planeación Participativa (Aportes a las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026), programado por el Consejo Nacional de Planeación y el Departamento Nacional de Planeación, para aportar precisamente insumos al concepto que el CNP debe realizar al Gobierno, antes de ser entregado el mismo al Congreso de la República, según lo indica la ley.
A este encuentro asistimos no menos de 350 Consejeros y Consejeras, a pesar del poco apoyo a la participación ciudadana, que día a día muestran administraciones locales y departamentales. Del Quindío, hicimos presencia el CTP Departamental, Armenia y Calarcá. Por igual Llegados de muchos rincones del país, que, con entusiasta y decidida contribución, expresamos nuestras inquietudes y consignamos nuestros insumos para que el PND, recogiera aún más el sentir y sueños de los sectores poblacionales que representamos.
La charla fue intensa, cada cual y en colectivo queriendo expresarse desde su propia visión. Todos y todas salimos con la seguridad que nuestras voces quedarán plasmadas en el documento que se le entregue al Gobierno Nacional del cambio. Nuestra intención es que el PND, plasme de la mejor manera lo que la ciudadanía clama para alcanzar las metas que sean posibles en estos cuatro años.
Somos conscientes que en la discusión que se le dará en el Congreso muy seguramente los honorables, en su sabiduría y por igual con los insumos aportados por sus electores, contarán con elaboraciones para la mejora aún más de este Plan que ha generado tanta expectativa en todo el país. Que la Cámara de Representantes y el Senado en su conjunto no se conviertan en un obstáculo para avanzar en la justicia social, económica y ambiental, en las que en este Plan de Desarrollo se debe aportar sustancialmente.
Insistimos en La protección de la medicina tradicional. La necesaria conservación de la diversidad biológica para el propio bienestar de las comunidades. No a las RAP y las RET, por una verdadera descentralización política y administrativa para ahondar en la democracia local. Por el reconocimiento legal de las reservas campesinas solicitadas hasta hoy en día por las comunidades rurales. Por la reforma agraria que garantice la tenencia de la tierra a quien la trabaja. Por la recategorización de los municipios buscando mejorar los aportes económicos reconocidos por el Estado. Por la protección del agua y las cuencas hidrográficas de manera integral. Por la ampliación y fortalecimiento de los resguardos indígenas. Por la seguridad y soberanía alimentaria. Por el trabajo, la educación, la vivienda, etc.
Nota: Tuve la oportunidad de entregar y difundir la versión digital del documento “Proponemos desde Leguizamo para el cambio por la vida” elaborado por diferentes expresiones sociales, económicas y étnicas-culturales de tan importante municipio amazónico que me invió el presidente del CTP, quienes no pudieron asistir por falta de apoyo de la alcaldía. Por igual presencié el impulso autónomo a la iniciativa de conformar la regional amazónica del Sistema Nacional de Planeación.
John Elvis Vera Suarez
Foto tomada de: El Diario
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