Esta decisión por si misma tiene un significado que se puede apropiar con mayor valoración en un periodo como el actual (postpandemia) momento en el cual se evidencia que los biológicos cumplieron su propósito y función que era salvar el mayor número de vidas posibles, pero también nos permite mirar en retrospectiva para comprender cuál es la dimensión social de este precedente a nivel de país en materia de salud pública y acceso a la información pública.
Esta es una decisión que marca una ruptura que históricamente no se había logrado con el sector farmacéutico desde la perdida de la soberanía en la producción de biológicos en los años 90s en el caso colombiano, siendo el punto de inflexión para retomar la discusión pública de cuál es el lugar del acceso a la información como un determinante social y político en la gestión de recursos pero también de datos que trasmiten confianza a la ciudadanía, lo anterior bajo una concepción integral de la protección del derecho fundamental a la salud pensado para el usuario y los administradores del sistema.
La disputa social por conocer los contratos de las vacunas no se limitaba a una discusión de orden comparativo de costos, esto iba más allá de saber cuanto se estaba pagando por dosis de biológicos datos que de por si ya era clave en la vigilancia a la ejecución del gasto público en contexto de emergencia sanitaria, es importante resaltar que esta era una discusión sobre las funciones integrales del sistema nacional de salud que reposa en la Ley Estatutaria.
La pandemia represento el mayor reto que ha tenido que afrontar el sistema de salud desde su formulación, en este intervalo de tiempo el acceso a la información era un imperativo para la confianza colectiva en las decisiones, pero sin desconocer la prevalencia de los derechos fundamentales que expresa la constitución, una premisa que en contextos de crisis se suele obviar y es función de la ciudadanía retomar los consensos de lo público y privado.
Desde el año 2020 se evidencio con mayor énfasis cual es el lugar de la sociedad civil en su ejercicio de la veeduría ciudadana a las decisiones del gobierno, sea en tiempos de excepción o “normalidad” esta es una expresión de la búsqueda por el conocimiento público de las decisiones que pueden afectar la vida en sociedad, sea por que estemos hablando de inversión presupuestal, garantías de derechos humanos, decisiones para la gestión y atención de la pandemia o en general los diferentes retos que como ciudadanos hemos transitado en los últimos 3 años.
Al expresar que este caso es un precedente para los tiempos de incertidumbre reclama detenerse en la forma como el gobierno de turno asume una postura restrictiva a la información del que en su momento era la estrategia y proceso más importante para contener los efectos de la pandemia, la cual entraba en su segundo año, los biológicos representaban un todo en su momento, toda vez que no existía una solución diferente para responder al virus, esto posicionaba todos los procesos relacionados con la adquisición de las vacunas como la prioridad de todos los gobiernos pero también la prioridad en los estándares de transparencia y verdad sobre el trasfondo de los procesos de adquisición.
Priorización que por si misma estaba condicionada a las lógicas de un mercado oligopólico que supeditaba términos y condiciones de tenencia, donde fue evidente el cómo se colocaba a los estados en desventaja de negociación y como el control decisorio siempre estuvo de parte de las farmacéuticas en desmedro de ordenamientos jurídicos de los estados, nunca se podrá ocultar que estos procesos a nivel mundial operaron bajo la coacción indirecta de las sanciones o restricciones a la distribución si la información era disponible para la ciudadanía.
Los Gobiernos cedieron a los términos y condiciones con el propósito de ocupar un lugar mas privilegiado en la lista de entregas, siendo esto mismo un ejemplo de una lógica de mercado que violaba todos los principios de equidad, distribución y oportunidad de acceso, pero lo anterior no puede ser pretexto para el juicio de reproche ante la postura pasiva de los Gobiernos en no defender un orden común de adquisiciones o la flexibilización en los estándares de patentes orientada a disminuir los costos de fabricación.
En este punto es menester asumir una postura con el lector donde se reconoce que para ningún Gobierno de Latinoamérica la adquisición de biológicos estuvo exenta de la vulneración a sus fundamentos constitucionales, en coherencia con lo antes expresado todos los estados fueron responsables de asumir un rol pasivo en la defensa de su orden constitucional, pero la conducta de vulneración directa tuvo como fuente las farmacéuticas productoras, la iniciativa privada en la producción de biológicos uso su ventaja de negociación para garantizar un control del mercado con la total ausencia de los controles estatales, si algo permitió comprender la pandemia del COVID 19 a Latinoamérica es el asumir cuales son los efectos a gran escala de la precariedad en la búsqueda de soberanía industrial en la producción farmacéutica.
Esta discusión sobre la soberanía hace parte de las principales necesidades del sistema de salud en su contexto actual no por que tengamos que ser autosuficientes en todos los procesos, pero si ante la urgencia de fortalecimiento de la capacidad operativa y el talento humano cualificado en esta apuesta.
Retomando las premisas antecedentes este caso se equipará a las estrategias que se desplegaron por parte de algunos países en la Unión Europea para garantizar el acceso a la información y el escrutinio publico a las decisiones del gobierno en tiempos de pandemia, es un caso que sirve de ejemplo a los escenarios futuros que se puedan afrontar en materia de salud pública, sean nuevas pandemias o crisis sociales de orden nacional.
En lo que refiere a la salud como derecho fundamental todo lo que estuvo relacionado al proceso de inmunización COVID guarda una relación directa con la integralidad y misionalidad del sistema, donde la garantía del acceso a la información busca trasmitir confianza a los pacientes y el control social para vigilar la operatividad del mismo, para el sistema este caso abre un abanico de posibilidades en la protección del derecho y proyecta un sentido de rigor en jurisprudencia en salud emitida por los Tribunales.
Como lo expresaba la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760/08 y la Veeduría al Plan de Vacunación de Antioquia-VPVA en uno de los conceptos que se allegaron al Tribunal de Cundinamarca, “La publicidad de los contratos era una expresión de la protección del derecho al acceso a la información como uno de los determinantes sociales de la salud de conformidad con los estándares del Sistema de Naciones Unidas”.
Esta discusión de país nos permite profundizar en el valor de instrumentos como lo son la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el lugar de las organizaciones de la sociedad civil que cooperan bajo un propósito común, en esto radica la alta valoración por el logro del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción- IIEA y los conceptos del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad-Dejusticia, la Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP, la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760/08 y la Veeduría al Plan de Vacunación de Antioquia-VPVA.
Para el Ministerio de salud que a la fecha preside la ministra, Carolina Corcho, este caso es una oportunidad de profundizar en la necesidad de tener instrumentos y procesos que permitan un escrutinio mas amplio de los recursos del sistema de salud y la forma como se invierten, siendo esta una de las apuestas del proyecto de reforma al sistema.
La experiencia con la viruela mpox (conocida como viruela del simio) fue otro ejemplo de la complejidad y dificultad a la que están sometidos todos los países que carecen de soberanía farmacéutica, toda vez que supedita los proceso a unos términos y condiciones que suelen desconocer el objetivo de la constitución de un país a una clausula de confidencialidad.
Ningún caso en materia jurídica es exento de volver a cobrar su vigencia en el futuro, las tensiones entre la prevalencia de un orden constitucional y las decisiones que desconocen los derechos en tiempos de adversidad siempre estarán a la vuelta de la esquina de la historia, pero de esas tensiones sociales permanentes surgen los puntos de referencia que nos permitan dar un siguiente paso en esa construcción colectiva que son los derechos.
Abdiel Mateus
Foto tomada de: BBC
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