La Fiscalía General de la Nación y la Procuradora, así como congresistas de la oposición, han señalado su inconformidad con la suspensión de los autos de detención frente a los cabecillas o voceros de dos grupos delincuenciales comunes, los pachenca y el Clan del Golfo (autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Es importante hacer la distinción entre el delito político y el delito común, pues como lo dijeron tratadistas de la talla de Luis Carlos Pérez y Jaime Pardo Leal, el delito político puede tener un tratamiento que inclusive concluya en un acuerdo de paz donde el Estado cede algunas prerrogativas en favor de los rebeldes, para –como en el caso de las FARC-EP- buscar una paz duradera con transformaciones políticas, económicas y sociales, como ocurrió con el Acuerdo de 2016. Se les llega en algunos casos a otorgar el estatus de beligerantes, que los convierte en sujetos de derecho internacional.
Contrario sensu, los otros actores al margen de la ley (organizaciones multicrimen) no buscan derrocar el Estado, sino realizar actividades ilícitas con el mero fin de lucrarse. Para ellos entonces será el sometimiento a la justicia lo que opera, como ya ha ocurrido con figuras como los preacuerdos, las delaciones y las confesiones de delitos para rebajas de penas. Respecto a estas estructuras, dice la Ley 2272 de 2022 que “se entenderá por estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, aquellas organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, organizadas en una estructura jerárquica y/o en red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo, que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, y cumplan funciones en una o más economías ilícitas.”
El derecho a la paz es un derecho síntesis de todos los derechos y su cristalización debe hacerse con un criterio de derecho dúctil –en términos de Zagrebelsky- o de neoconstitucionalismo democrático para buscar el objetivo más preciado que es la convivencia nacional y la reconciliación. Políticamente resulta por lo menos curioso que tres de los funcionarios de organismos de control colocados allí por el Gobierno Duque hayan sido quienes se han opuesto a la suspensión de los autos de detención de los voceros de las organizaciones multicrimen, AGC y Pachenca (16 personas). Es claro que, si bien hay independencia de poderes (reclamada por la Rama), también existe la colaboración armónica entre las distintas ramas del Estado para cumplir los objetivos de la Constitución y de la Ley. Y la Ley se profirió, fue la Ley 2272 de 2022 que facultó al Gobierno a realizar los diálogos con estos voceros para que se sometieran a la ley estatal, no para recibir un tratamiento de delito político.
Dice el parágrafo 2 del artículo 8 de la Ley 2272 de 2022: “el Gobierno Nacional comunicará a las autoridades señaladas el inicio, terminación o suspensión de diálogos, – negociaciones o firma de acuerdos y certificará la participación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley. Este mismo procedimiento podrá seguirse con relación a los acercamientos, conversaciones o suscripción de términos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.
“Igualmente, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los voceros de los grupos armados organizados al margen de la ley, con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos. Este mismo procedimiento podrá seguirse con relación a los voceros de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.” Luego, entonces, es claro –como lo dijo el Ministro Alfonso Prada- que sí están en la ley contempladas las facultades para que el Gobierno a través del diálogo llegue a someter a la justicia a estas organizaciones criminales y solicite la suspensión de las órdenes de captura, si bien por técnica legislativa (como lo dijo el Presidente del Senado) se requiera una Ley que señale específicamente el procedimiento para dicha suspensión, tema que será llevado seguramente a sesiones extras del Congreso en febrero. Cuantitativamente el Clan del Golfo hace presencia en 124 municipios y se dice que tiene más de 13 mil hombres. Su reciente enfrentamiento con el ELN en el Cauca generando el confinamiento de dos mil personas demuestra que existe una circunstancia conflictiva que afecta a las comunidades. No es un “grupito” de bandoleros aislado. Personalmente en un Congreso del think tank” Diálogos de Mercosur” con 30 extranjeros en Santa Marta hace varios años observamos un paro armado de las AGC, en el cual se cerraron todas las actividades y la Fuerza Pública no hizo presencia. Las comunidades se han sentido muy afectadas con su actuación. En lo que sí es clara la discusión, y así lo planteó el delegado de la ONU Carlos Ruiz Massieu, es que deben existir unos protocolos muy claros y los procesos de verificación para que se garantice el cumplimiento del acuerdo de sometimiento de estas organizaciones, como también las organizaciones políticas. Por ello quizá el Presidente el Presidente Petro concertó con el Fiscal General una reunión para superar el impasse, la cual se fijó para el día 30 de enero.
El derecho a la paz es un derecho bifronte: es un derecho y es un deber. La Asamblea General de la ONU proclamó mediante la resolución 39/11 de 1984, que los pueblos de nuestro planeta tienen el sagrado derecho a la paz. Sin embargo, el mayor desarrollo positivo está en la Declaración de Oslo sobre el Derecho a la Paz de la UNESCO (1977), la cual define a la paz como un derecho humano inherente a la dignidad de todo ser humano y también como un deber.
Ya anteriormente, la Resolución 33/73 de 15 de diciembre de 1978, denominada “Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz”, estableció un derecho inmanente de las personas, los Estados y todas las personas a vivir en paz. Y es evidente que la tolerancia, la igualdad sin discriminación alguna, la responsabilidad del Estado en la promoción de una cultura de paz y la postura anti-armamentista y antibelicista, son premisas del derecho a la paz.
Como dice la Ley 2272 de 2022: “la cultura de Paz Total es un concepto especial de Seguridad Humana, para alcanzar la reconciliación dentro de la biodiversidad étnica, social y cultural de la nación a efectos de adoptar usos y costumbres propias de una sociedad sensible, en convivencia pacífica y el buen vivir.” Es el nuevo enfoque der la seguridad humana como marco de actuación de los poderes del Estado y donde la “Paz Total” se convierte en “una política de Estado. Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.”
Y asegura que “La política de paz será una política de Estado, en lo concerniente a los acuerdos de paz firmados y a los que se llegaren a pactar, así como a los procesos de paz en curso y los procesos dirigidos al sometimiento y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.”
Ya el Gobierno ha anunciado que no habrá petición de levantamiento de las medidas de detención contra las personas solicitadas en extradición y que vendrá el proyecto de Ley marco. Petro replicó a la Procuradora que manifestó que “la paz no está por encima de la Constitución”, cuando la paz está en la Constitución y en el ejercicio del control de convencionalidad.
Como ha dicho Boaventura de Sousa Santos en su libro “Descolonizando el Constitucionalismo”, debe abrirse una interpretación que supere el positivismo anclado en el modelo restrictivo que frena las transformaciones multiculturales y genuinas y avance con nuevos mecanismos que superen el encorsetamiento dogmático y restrictivo, que fue el que tuvieron los representantes de la derecha (incluyendo los parlamentarios de la oposición) al oponerse al unísono a la propuesta del Gobierno. Y resulta curioso cuando vemos que la Procuraduría le solicitó al Alto Comisionado para la Paz para que “discuta y atienda de manera primordial, la afectación que se vive en materia de orden público en los municipios que conforman los Montes de María” (El Tiempo, enero 9 de 2023, p. 1.3). ¿No es ello una contradicción, con la declaración según la cual “la paz no puede estar por encima de la Constitución” que posteriormente emitió la Procuradora? La justicia transicional es una justicia transaccional, quedó evidenciado con el acuerdo con las FARC y el que se adelanta en Caracas y proseguirá en México con el ELN.
El Gobierno deberá ser muy cuidadoso en la redacción de los textos que someta al Congreso para que se blinden las políticas públicas que se impulsan en su programa de Paz Total y no debe dar por concluidas situaciones que no se pacten en las mesas de diálogo con los grupos armados al margen de la ley, hasta tanto no estén conjuntamente acordadas, como ocurrió con el affaire del cese bilateral con el ELN, que parece se está superando después del último encuentro en Caracas en el cual se fijó tratar el cese bilateral en la reunión en México.
Surgen inquietudes desde la geopolítica: ¿No hay una concertación de la derecha internacional mirando los casos de Perú (más de 54 muertos) y Brasil (la toma de Planalto al estilo trumpista)? La develación del espionaje a funcionarios diplomáticos cubanos, venezolanos y rusos bajo el anterior Gobierno de Duque, donde no se consiguió nada y se trabajó por encima del respeto a la ley. La anunciada investigación del Fiscal corrupto guatemalteco contra el Ministro de Defensa Iván Velásquez, que tiene inmunidad reconocida incluso por Estados Unidos, y que valientemente denunció la corrupción en el país centroamericano. La renuncia del Embajador Víctor de Currea en Emiratos Árabes en hechos no suficientemente clarificados. La citación del Fiscal al Director de la SAE, que ha venido denunciando el robo de los bienes incautados a las mafias. El Encuentro de la CELAC quizá sea un buen escenario para discutir estos elementos preocupantes y fijar estrategias conjuntas de unidad Latinoamericana en defensa de la democracia y en contra del lawfare y el desconocimiento de los resultados electorales, como ocurrió con Dilma Rousseff y Lula. Utilizar mecanismos mediáticos contra la posverdad será definitivo en este empeño.
En conclusión, desde una visión garantista del derecho a la paz, como lo dijo el Presidente Petro en Davos, es claro que sí es posible el desarrollo de la Ley 2272 de 2022 de manera integral para avanzar en el sueño de contar con el asentamiento de una paz total que supere el desangre de un país sometido a una cruda violencia de décadas que debe acabarse en beneficio de las grandes mayorías de Colombia, donde las víctimas tengan su respuesta dentro de los marcos de la justicia transicional. El Ministerio de la paz y la convivencia debería entrar en las próximas sesiones ordinarias del Congreso de la República como correlato a esta aspiración. La reunión entre el Presidente de la República y el Fiscal General del 30 de enero seguramente abrirá caminos de entendimiento legal para avanzar en la paz total, que es una política estructural que busca consolidar una cultura de paz que supere la tragedia colombiana de décadas de conflicto social, político y armado que persiste y que en buena hora pretende superarse gracias a la buena voluntad de muchos actores. Es una oportunidad de oro que no se puede desaprovechar. El homicidio de 215 líderes sociales en 2022 y de 1.200 desde 2016 en Colombia, así como de 340 excombatientes de FARC que firmaron el acuerdo de paz, constituyen una vergüenza frente a la impunidad reinante y el fracaso de la anterior política. Hay que facilitar que la paz reine en Colombia, con justicia social.
Como dijo Gandhi: “Qué fácil es empuñar un arma, un fusil, una bomba, pero qué difícil es demostrar las propias ideas sólo con la palabra, oral o escrita, en paz y hasta con la fuerza del silencio”.
REFERENCIAS
DE SOUZA SANTOS, Boaventura y otro. Descolonizando el constitucionalismo. Más allá de promesas falsas o imposibles. México, Akal, 2021
DÍAZ GAMBOA, Luis B. El derecho a la paz y su enfoque colectivo. En “Una aproximación al estudio de las políticas públicas y los derechos colectivos en Colombia”, Bogotá, Ibáñez, 2021.
ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Madrid, Trotta, 1997.
Luis Bernardo Díaz, Editor Revista Derecho y Realidad
Foto tomada de: El Heraldo
Análisis profundo hecho desde el conocimiento de la Constitución Nacional, las Leyes, la historia de nuestro país signada por la violencia, el odio, la intolerancia.
El Maestro Luis Bernardo Diaz Gamboa enseña con la claridad de quien sabe y ha estudiado cómo es posible el cumplimiento de este mandato constitucional y que está siendo obstaculizado por la ignorancia de funcionarios públicos carentes de formación profesional.
La Paz Total es una política de Estado, no una política de gobierno; es un Derecho del pueblo colombiano como debe ser el Derecho de todos los pueblos a vivir en Paz; como debió ser la política de Estado en gobiernos anteriores que por desconocimiento de la Constitución Nacional, por falta de decisión política y ausencia de conciencia social no fueron capaces de emprender este camino de reconciliación que inicia el Presidente Gustavo Petro y en el que debemos comprometernos todos los ciudadanos para que la tan anhelada Paz sea posible.
Excelente artículo ! toda una cátedra de Derecho Constitucional para los colombianos que a pesar de tener un título de abogados, desconocen las leyes. Necesitamos más abogados estudiosos que hagan Ciencia, que construyan patria desde la academia como el Maestro Diaz Gamboa.
Sin el compromiso de todos este mandato constitucional seguirá siendo una utopía.