Colombia necesita una reforma pensional que brinde verdadera seguridad social y garantías a quienes ya han ahorrado y a todos los que están ahorrado, para lograr los aportes que luego le permitirán vivir con dignidad. Los ladrones de pensiones han actuado con diferentes disfraces, como banqueros, financistas, aseguradores, políticos, parlamentarios, etc. Una reforma pensional que incluya la recuperación o restablecimiento de la mesada 14 suprimida desde el año 2005; que las pensiones suban cada año a la par del porcentaje del salario mínimo; y que sea justo el descuento para salud, solo del 4% y no el infame 12% para un sistema de salud donde no prestan el servicio adecuado y se raponean los dineros, dejando a la gente del SISBEN como pobres irredentos.
Si miramos con lógica impecable la financiación de las pensiones y su sostenibilidad, en cualquier país donde exista la honestidad pública y la privada (¡ un milagro !), entonces no existe presupuesto más seguro que el de las pensiones porque se calculan sobre el aporte de los mismos empleados o trabajadores , más el aporte de los empresarios o patrones. Así el Estado no entrega nada.
El manejo de las pensiones tiene varias aristas si escudriñamos las políticas públicas de varios países, como lo expuso Arthur Brault Moreau, refiriéndose a Francia, “Es una historia que la gente de más de 30 años conoce muy bien: desde los 1990, cada gobierno intenta imponer su propia reforma de la jubilación. Los gobiernos sucesivos han intentado, poco a poco, poner en tela de juicio al modelo de protección social de la jubilación tal como fue pensado a partir de las medidas del Consejo Nacional de la Resistencia al salir de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un modelo en el cual las cotizaciones de los trabajadores financian directamente las pensiones de las personas jubiladas, un modelo sin capitalización y basado en una solidaridad intergeneracional e interprofesional inmediata” (Moreau, 2023). Ese manejo de las cotizaciones que produce una solidaridad intergeneracional, o sea un gran fondo que se sostiene en el tiempo por el aporte de todos a través de varias generaciones, y no se derrumba porque las cotizaciones aumentan en la medida que crecen los afiliados, porque crece el trabajo, y el país prospera, ese es el régimen de prima media que tiene COLPENSIONES y que los Fondos Privados desprestigian porque la captación que hacen es individual y desjugan y exprimen a cada afiliado individualmente , sacándoles a la brava las comisiones de administración sobre el salario mensual y no sobre el aporte mensual.
Por este argumento no se deben tocar las cotizaciones del régimen de prima media porque lo desfondan, lo saquean y lo quiebran. Usar esos dineros, constitucionalmente sagrados, es un delito de repercusiones masivas contra el bienestar general. Pero lo han hecho. Y los Fondos Privados, con su modelo mercantil al revés, viven de los aportes de los pensionados, se hacen de perfil como si actuaran correctamente, pero cometen no solo un robo con guante blanco a las pensiones, cometen los delitos de estafa y abuso de confianza, pero siguen impunes.
Los banqueros y las compañías de seguros han encontrado en las pensiones un botín, y han utilizado cantidad de artilugios, añagazas, señuelos y engaños para promover los Fondos Privados de Pensiones (AFP), como la gran solución, la panacea, el alivio para los gobiernos y la seguridad integral. Y es lo contrario, la gran estafa, el engaño financiero y la reducción de las pensiones. Resultan es privando, o quitándole la pensión justa a los vinculados al redil o corral, no le entregan lo que merecen en proporción a lo ahorrado, no hacen la entrega o reconocimiento del verdadero monto pensional. Existen 4 administradoras de pensiones privadas: Skandia, Colfondos, Protección y Porvenir.
Los Fondos Privados de Pensiones, manejan gigantescas sumas de dinero y no pagan intereses por los dineros acumulados con el aporte de todos y además cobran un porcentaje por la administración (que nadie les pidió, ellos la buscaron e indujeron el negocio), y lo deducen no solo de los aportes de trabajador y del patrono, le cobran un porcentaje a cada uno, además cobran otro porcentaje del total del salario, un 3%. O sea, cobran doble administración. En Colombia durante los últimos años de 17.000.000 millones de afiliados han caído en sus redes, con esto han ganado abusivamente muchos billones de pesos, quitándoles ese 3% sobre el salario cuando solo se deduciría el 3% de los aportes a la pensión . Mientras tanto, COLPENSIONES tiene solo cerca de 7 millones de afiliados, y el 80% de los aportantes lo hace solo con un salario mínimo.
La táctica de muchos gobiernos neoliberales es desprestigiar el sistema público/estatal del manejo de las pensiones para que prosperen los Fondos Privados, asociados soterradamente con políticos y gobernantes y para obtener coimas presentes y futuras, sostenidas por años. El neoliberalismo desde 1994 en Colombia permitió que aparecieran los Fondo Privados, amparados en la Ley 100 de 1993 que los contempla (preconcebidos). Así volvieron un derecho social, la pensión, en una mercancía, entregando a los particulares el manejo, en los bancos, so pretexto que la corrupción en el sector público. Lo que demuestra la historia de Colombia es una corrupción binaria, en lo público y lo privado, ambos son depredadores por culpa de personas sin ética en ambos lados.
Demeritaron el Seguro Social, el ISS, y facilitaron el aparecimiento de los Fondos Privados. Es un asunto de conductas desviadas en todos los lados, que Colombia debe corregir, y se ha intentado con varias normas anticorrupción que se han ensayado y no se ha podido, porque siempre encuentran un lado evasivo o de complicidades mutuas. Desde los Fondos Privados han utilizado el dinero de los cotizantes a pensiones para construir carreteras, puentes y ejecutar megaproyectos. El artículo 48 de la Constitución, inciso 4 expresa: “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella”.
Las pensiones son el principal modo de estructurar la seguridad social de las personas que ya han cumplido su ciclo de trabajo vital. Es un mandato constitucional, artículo 48 reformado por Acto Legislativo en el año 2005. De esta manera ningún gobierno puede hacer requiebres o esguinces para no cumplir. Y procurar dentro de la regla fiscal que, a todas las personas se le respete el derecho a la pensión, pero como no existe el pleno empleo miles se quedan por fuera y esto trae inequidades. Se incumple el logro del pleno empleo como lo contempla el artículo 334, inciso 2 de la Constitución. De allí que con el sistema de pilares se está concibiendo un monto de $ 500.000 para los que no han podido cotizar porque siempre estuvieron por fuera de los puestos laborales. Una especie de renta básica, una variable. Pero inclusive si la banca que acumula estas millonarias sumas sin pagar intereses y cobrando en exceso la administración de los que sí trabajan, de allí se podría destinar para los que no tienen pensión.
El artículo 48 de la Constitución, inciso 5 expresa: “La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”. Aquí puede estar la clave para que las demandas que cursan contra ese cobro abusivo de la doble administración cese, se frene. Y además que devuelvan los dineros acumulados cometiendo los delitos de abuso de confianza, estafa y especulación financiera. Así lo contempla una demanda de Acción de Grupo, adelantada con heroicidad por el abogado Tomás Fajardo.
En algunos países por tratarse de un tema de seguridad social y de garantizar el mínimo vital de la población en la etapa de postrabajo, el Estado traslada una pequeña parte del presupuesto público. Pero si respetaran el régimen de prima media, no se necesita de transferencias presupuestales. La rentabilidad monetaria, los intereses, etc.,crecen y pueden mantener el fondo público . Creo que esto busca la reforma pensional del actual gobierno presidido por Gustavo Petro.
Otro aspecto que alarmó a la comunidad de pensionados durante el trámite de la reforma tributaria y que ha sido recurrente en varias ocasiones, el intento de imponer un impuesto a las pensiones. Con extrañeza para quienes admiramos a este jurista pulquérrimo, Rodrigo Uprimny, insistir en el criterio que el gravamen a las pensiones no es inconstitucional y al contrario, dice, es de justicia tributaria. Está equivocado porque Uprimny parte de una comparación errada, mide con los mismos parámetros al salario y la pensión. El salario es progresivo y dependiendo de la ubicación laboral de la persona, de su capacitación y ascensos, será mayor durante su vida productiva. El salario tiene defensas sindicales, asociativas, de luchas laborales, convenciones colectivas, etc. La pensión, no. Se logra por el tiempo trabajado, es un ahorro, pero se estanca porque no aumentará con el tiempo ya que no está ascendiendo al ritmo y vaivenes de las correcciones monetarias, la afecta la inflación, se sumerge en una especie de deflación. Ya el pensionado tributó con sus salarios y sigue tributando con su pensión al pagar el IVA, el impuesto a las propiedades, la contribución a la valorización, la sobretasa ambiental en los municipios, los servicios públicos, etc.; sigue ayudando a sostener el aparato del Estado y a los entes municipales, donde quiera que viva, etc. Creo que una forma de diferenciar las pensiones, de las megapensiones y de las pensiones ilegales, es impulsando una revisión de las pensiones fraudulentas que siguen afectando el fisco. Existen sentencias de la Corte Constitucional. Debe aclararse esto ante la opinión pública para que no se demonicen ni macarticen las pensiones altas.
Se puede defender las pensiones legalmente obtenidas respecto a las pensiones fraudulentas, filón que veo en la expresión de la norma constitucional cuando dice, “por ningún motivo podrá reducirse el valor de las mesadas de las pensiones reconocidas conforme a derecho”. Existen tres informes, uno del periódico Portafolio, otro de la página Web de la Corte Constitucional y otro de la revista Semana, que se refieren a pensiones ilegales, fraudulentas, falsas, con tiempos de servicios no cumplidos, con argumentos de invalidez física irreal, logradas con delitos informáticos, resultado de complicidad con funcionarios de Colpensiones, y otras formas delictivas. Allí citan las sentencias de la Corte Constitucional que desde el año 2003 autorizan a revocar unilateralmente las pensiones irregulares. Colpensiones puede revocar las pensiones fraudulentas. Estas suman miles de millones de pesos que el Estado debe redireccionar a sus arcas. Los tres informes se refieren a las sentencias C- 835 del año 2003, SU- 182 del año 2019 , y a la Sentencia T – 188 del año 2021, entre otras . Filón argumental porque entre ellas hay megapensiones, que sumadas a las menos exorbitantes suman ingentes cantidades de dinero que el Estado puede recuperar, pero sobre todo dejar de seguir pagando. Filón Argumental ya que los penalistas sabrán moldear y utilizar para defender las pensiones obtenidas conforme a derecho.
Como lo expresó el exministro Juan Lozano, “El impuesto a las pensiones vulnera de frente lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Nacional adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005, que advierte como sagrado principio general que por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de las mesadas de las pensiones reconocidas conforme a derecho.
En efecto y habida consideración de que un impuesto no es asimilable ni a un embargo, ni a un descuento, ni a una deducción, dada la naturaleza especial y única del impuesto, gravar lo que debe garantizarse a plenitud comporta una infracción constitucional.” (Lozano, 2022)
Otra forma de no grabar las pensiones la puede mirar cualquier observador de otra manera. Por ejemplo, el congresista José Alberto Tejada, expresó en un debate de la Comisión parlamentaria que discutió el proyecto de Ley 088 del 2022 por el cual se evaluaba el Presupuesto General de la Nación 2023, que se debería reclamar o recuperar un dinero otorgado inequitativamente a los industriales, 20 billones de pesos en dos años, concedidos en la reforma tributaria del 2019 al conceder exenciones a las grandes empresas que, ellos prometieron devolver. Alberto Tejada, “recordó que durante el estallido social un alto directivo gremial anunció que sus afiliados a la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, iban a devolverle al Estado los dineros que no habían pagado al ser beneficiados con las exenciones tributarias que les dio el anterior gobierno”.
En Chile desde la dictadura de Pinochet los empresarios montaron el negocio de administrar las pensiones, una práctica neoliberal que se extendió a otros países y la celebraron como un descubrimiento . En España el periodista Martín Cúneo, escribió en el año 2018 una crónica sobre una seria investigación comparada del manejo de las pensiones en varios países. “Todo crimen tiene un móvil. Para descubrirlo y, de paso, desenmascarar a sus responsables solo hay que seguir el rastro del dinero. En este caso, es difícil encontrar un botín más atractivo. En España, los actuales planes de pensiones privados llevan ahorrados 109.244 millones de euros, una décima parte del PIB. Un monto que representa, sin embargo, una minúscula muestra de lo que podría ser el negocio de las pensiones para los grandes bancos y aseguradoras si desaparece su principal competidor: las pensiones públicas. Ya lo han hecho en muchos países de América Latina. Ahora quieren terminar el trabajo iniciado en España.” (Cúneo, 2018)
Durante los años 2017 y 2018 se registraron muchas expresiones de protesta organizadas por los pensionistas en España para reclamar le recuperación del sistema de pensiones vapuleado por las reformas. y denunciaban que sufrían el “robo” de las mismas. Pedían, clamaban una pensión mínima de 1.080 euros, y el restablecimiento de la jubilación a los 65 años, que había sido elevado 67 años, solicitaban las pensiones como un derecho constitucional e incluirlas en los Presupuestos Generales del Estado. Exigían la derogación de la reforma del año 2013 para que retornara la revalorización conforme a la inflación. Una acción masiva en defensa del sistema público de pensiones. En la página Web www.cgt.org.es, se expresó sobre las reclamaciones airadas por los recortes, que, esto supone instaurar el TERROR sobre la población, la cual no puede entender como tenemos más de 6 millones de personas sin trabajo, como tenemos salarios de la mayoría de las personas ocupadas por debajo de los 800 euros y como tienen la desvergüenza e inhumanidad de decir que no existen cotizaciones suficientes y que los ingresos son insuficientes, cuando ellos y ellas provocan este “desastre”.
En la crónica de Sanho R Somalo, se expuso que, en Argentina se produjo durante el gobierno de Carlos Menen la debacle con el manejo de las pensiones por los particulares, copiando el modelo de chile, comenzaron a administrar las pensiones y resultaron robando a los pensionados. Menem, durante su primera presidencia (1989-1995) y la ola privatizadora, el ministro de Economía Cavallo, consiguió la aprobación de la reforma que creó el sistema de jubilación privada.
Citas:
Cúneo Martín. “Un crimen a cámara lenta o cómo acabar de una vez por todas con las pensiones públicas”. Análisis publicado en la página web:www.elsaltodiario.com/enero del año 2018.
Lozano Juan. “Un atraco alas pensiones”. Columna publicada en www.eltiempo.com agosto 21 del año 2022.
Moreau Arthur Brault. “Macon pierde su primera batalla para la reforma de la jubilación”. Columna publicada en la Revista Sur, tomada de blogs.publico.es/otrasmiradas/ enero 23 del año 2023 .
Alberto Ramos Garbiras , Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); profesor de las cátedras: derecho internacional, derechos humanos y derecho ambiental en la Universidad Libre ; ha sido profesor de derecho constitucional en la Universidad Santiago de Cali (USC).
Foto tomada de: https://cambiocolombia.com/
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