Era el año 1985 el país estaba en medio de una compleja, pero necesaria etapa de conversaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y distintos grupos guerrilleros qué se habían articulado en torno a la Coordinadora Nacional Guerrillera, en medio de dicho proceso, la guerrilla de las FARC -EP le propuso a la sociedad colombiana conformar un movimiento político, desde el cual se continuará la lucha política para garantizar las reformas sociales, políticas y económicas que se requerían para superar largos años de conflicto armado, pero sobre todo para garantizar el desarrollo de la democracia, las transformaciones sociales que permitieron la justicia social y la superación de las desigualdades que habían generado la prolongación del conflicto armado.
Esta propuesta fue acogida por múltiples organizaciones sociales que desde distintas regiones veían la posibilidad y las condiciones para constituirse en un movimiento político y disputar en la lucha electoral, espacios y posiciones que permitieran mayor y menor incidencia política para tramitar desde el congreso y los territorios esas anheladas transformaciones.
De esta manera en noviembre de 1985 en un multitudinario acto se proclamó la constitución del Movimiento Político Unión Patriótica, evento al que acudieron delegaciones procedentes de distintos lugares del país especialmente de las regiones agrarias y campesinas duramente golpeadas por la guerra y el conflicto armado, también el Partido Comunista Colombiano y otras agrupaciones políticas de varias regiones constituyeron este movimiento.
Se anunciaba de esta manera la creación de una importante fuerza política, que contaba con el respaldo de distintos sectores del campesinado, el movimiento obrero, federaciones estudiantiles y organizaciones juveniles, organizaciones de mujeres, intelectuales y movimientos culturales, y un amplio número de personalidades democráticas, qué veían en el naciente Movimiento político la potencia para la transformación y la consolidación de la esperanza.
El surgimiento y desarrollo creciente del movimiento Unión patriótica muestra claramente el carácter violento, excluyente a la hora de conservar privilegios políticos y económicos de las élites dominantes en Colombia, porque desde el mismo momento en que se proclamó en el mes de noviembre del año 1985 el movimiento Unión Patriótica tuvo que soportar una escalada de persecución, hostigamientos y violencia, que no fueron sino el anuncio de lo que más adelante se convertiría en el genocidio, por el que hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos a condenado al Estado colombiano . Así, valga recordar, qué alrededor de ese acto de lanzamiento se produjo la desaparición de 2 militantes del Partido Comunista que asistieron a dicha actividad, Pablo Caicedo y Fidel Castro, integrantes de la delegación del Valle del Cauca, que nunca pudieron regresar a la Ciudad de Cali, porque en el trayecto fueron desaparecidos y hasta el día de hoy, no se conoce ninguna investigación que pueda determinar cuál fue la suerte de estos dos militantes del naciente movimiento.
No obstante este bautizo de persecución y estigmatización que vino por cuenta de los grandes medios de comunicación, la fuerza pública y distintas entidades del Estado, los fundadores de la Unión Patriótica continuaron el proceso de creación de una fuerza política capaz de impulsar las transformaciones sociales y políticas que el país demandaba para la época, fue así como, en las elecciones de marzo de 1988 cuando el país se inauguró la elección popular de alcaldes, este movimiento obtuvo una importante respaldo popular que le permitió elegir varios alcaldes en distintas regiones campesinas del país, pero también decenas de concejales, diputados, en las elecciones de 1986 la UP eligió varios parlamentarios.
De esta manera la clase dirigente colombiana tanto del partido Liberal, como del partido Conservador, sintieron amenazados sus centenarios poderes políticos, y diseñaron un plan criminal para sacar de la arena política al naciente movimiento Unión Patriótica.
Lo que vino después y durante dos décadas, fue el desarrollo de ese plan criminal en el que participaron sin duda alguna, integrantes de los grupos de poder político y económico en el país, a escala Nacional, regional y municipal, en el desarrollo de dicho plan no tuvieron ningún tipo de escrúpulo, para establecer alianzas con distintos grupos criminales a fin de perpetrar dicho plan de exterminio. Este plan tal como queda establecido en la sentencia de la Corte Interamericana, tuvo desarrollos con la participación de agentes del Estado, y de distintas entidades se pusieron al frente de dicha tarea, pero también y en muchas ocasiones, así sucedió, poco hizo el Estado para impedir que dicho plan se desarrollará, por eso el fallo condena al Estado colombiano, tanto por acción como por omisión. Este plan de exterminio que claramente se constituye de acuerdo a las definiciones internacionales, en un genocidio político, que aunque no se haya reconocido de manera expresa, en el desarrollo de la parte resolutiva así puede inferirse.
“La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros.”[1]
Hoy los sobrevivientes y las víctimas de este genocidio político, han manifestado un grado de satisfacción porque la sentencia les ha dado la razón, La Unión Patriótica fue condenada por las élites colombianas desde el propio momento en que ella naciera y así, fue sometida a una acción sistemática de exterminio, estigmatización y negacionismo que básicamente consistió en negar la existencia del plan criminal, negarse a establecer ejercicios ciertos de justicia, y por su puesto negarse a reconocer la existencia de dicho plan.
Ahora en el marco de un gobierno de carácter democrático y progresista, las víctimas y sobrevivientes de este genocidio, esperan el pronto cumplimiento de las órdenes dictadas por el alto tribunal internacional, de esta manera se pueda avanzar en el esclarecimiento de este crimen de lesa humanidad, que está a la espera de ampliar sustancialmente el establecimiento de las responsabilidades, no solamente del Estado sino de muchos particulares, que estuvieron comprometidos en el diseño del plan, la financiación del mismo y que hoy gozan de completa impunidad.
Para el Estado colombiano el fallo de la Corte Interamericana es la oportunidad de demostrar su verdadero compromiso de fortalecer la democracia, luchar contra la impunidad y garantizar verdad, justicia y reparación, para las víctimas de este espantoso crimen en el que el Estado colombiano tiene plena responsabilidad. El pronto cumplimiento del fallo será la mejor garantía para que el país pueda consolidar el plan marcado por el nuevo gobierno de lograr la paz total, al mismo tiempo que se constituirá este hecho, en una forma de indicar el verdadero compromiso con la profundización de los cambios qué el país requiere para superar el largo y doloroso conflicto armado qué ha tenido que padecer la sociedad colombiana.
Finalmente reconocer la persistencia de las víctimas y los sobrevivientes del genocidio a la Unión Patriótica, reconocer la tenacidad y trabajo incansable desarrollado por la corporación Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas, y a los propios militantes y activistas de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, qué en medio de las adversidades, siempre continuaron en la lucha por construir un nuevo país, derrotar la guerra y participar en distintos escenarios políticos, que permitan la construcción de un país, qué brinde amplias garantías para la superación de las inequidades sociales y políticas, derrote la impunidad y la corrupción, haga efectivo el derecho a la verdad, reparación integral, a la justicia y las garantías de no repetición qué anhela el pueblo colombiano.
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[1] Comunicado de Prensa. Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia San José, Costa Rica, 30 de enero de 2023. http://www.corteidh.or.cr/?fbclid=IwAR2DgrBr7hngIGuNaxeJCE_F8U9wc96clyxza3YGR6KuP_g7KEZauvikt1Y
Luis Alfonso Castillo Garzón, defensor de los Derechos Humanos
Foto tomada de: El Colombiano
Excelente resumen del compañero Alfonso Castillo sobre este genocidio, el más grande y atroz del continente americano , incluso por sobre el plan cóndor en los países del cono sur entre los años 70 y 80. Este fallo no solo debe ser condenatorio del estado Colombiano, sino también de los responsables quienes estaban al frente de los gobiernos genocidas.
Poco a poco se va haciendo justicia.