Las noticias que llegan desde el otro Ecuador, la costa, acompañan la euforia: por primera vez en treinta años la derecha del Partido Social Cristiano pierde su bastión histórico en la prefectura de Guayas y en su capital, Guayaquil, el centro económico del país andino.
Entre tanto, se confirma que en la consulta popular convocada por el presidente Guillermo Lasso con la intención de ganar oxígeno en la segunda mitad de su mandato, el resultado le ha sido adverso. A pesar de que las preguntas se formularon torticeramente buscando el SÍ fácil, el pueblo ecuatoriano aceptó el órdago y entendió el referéndum como un plebiscito. Y ha dicho mayoritariamente NO a Lasso.
El NO se corresponde con el clima que se respira en las calles. Apenas 24 horas antes de la elección, en la mañana del sábado, recorro la Mariscal Foch. La recuerdo hace un puñado de años como un bullicioso enclave atestado de turistas y vecinos de Quito, arremolinados en los cientos de locales abiertos de sol a sol. Hoy toca guardarse las espaldas caminando por sus calles desiertas. La población se auto organiza y advierte sin tapujos en enormes carteles que los criminales capturados “serán linchados”.
El resultado de la elección constituye un sólido espaldarazo al movimiento político del otrora presidente Rafael Correa. Su organización ha vencido en las principales localidades del país y reúne un nuevo e importante poder territorial. La bandera del NO en la consulta también cae del lado de Rafael Correa que, desde su exilio entre Bélgica y México, ha estado muy activo en la campaña contra la propuesta de Lasso.
“Antes vivíamos mejor” no sólo es un eslogan de campaña, es una letanía que se murmura en cada esquina del país andino. Desde que el 24 de mayo de 2017 Lenin Moreno asumió la Presidencia de Ecuador la situación no ha dejado de deteriorarse. Los ecuatorianos vuelven a emigrar sin oportunidades de empleo, Guayaquil se convirtió en icono de la muerte y la corrupción durante la gestión del COVID y la criminalidad se ha multiplicado por cuatro en el país.
Moreno, hoy Comisionado del secretario general de la Organización de Estados Americanos para Asuntos de Discapacidad, ganó las elecciones en 2017 de la mano de Rafael Correa con un programa de gobierno continuista. En pocas semanas renunció al mismo y emprendió un giro neoliberal que le llevó a desmontar el aún precario Estado de Bienestar ecuatoriano e incluso a extraditar a Julien Assange, un símbolo de la autonomía ecuatoriana frente a las presiones norteamericanas.
Enfrentado a su entonces aún jefe de filas, Rafael Correa, aislado y repudiado por su propio partido, Moreno emprendió una durísima persecución política contra el correísmo hurtándole sus siglas partidarias y organizando el más extenso y sistemático proceso de lawfare contra una organización política que se haya producido durante el s. XXI en el continente.
La mayoría de los dirigentes políticos del correísmo tuvieron que exiliarse imputados por delitos que nunca cometieron y que se llegaban a argumentar por el “influjo psíquico” que presuntamente Rafael Correa habría tenido sobre otros acusados. Solo unos pocos se quedaron en el país. Se les encarceló sin contemplaciones.
Quizá el caso más paradigmático y épico sea el de Paola Pabón, prefecta de Pichincha, encarcelada en octubre de 2019 acusada de “insurgencia” por garantizar el libre ejercicio del derecho a la protesta de los ciudadanos de su provincia. Tras 72 días en prisión junto a sus compañeros Virgilio Hernández y Christian Gonzáles, fue obligada a llevar un grillete electrónico que controlaba su posición y conversaciones 24 horas al día durante los siguientes 18 meses.
A pesar de todo, y contra viento y marea, Pabón siguió al frente de la Prefectura de Pichincha. Hoy, cuatro años más tarde, al tiempo que la justicia confirma que se produjeron montajes policiales y judiciales para encarcelar arbitrariamente incluso a ciudadanos europeos, como el sueco Ola Vini -relacionado con Julien Assange- el pueblo pichinchano ha revalidado su gestión y ha vindicado su figura, toda una confirmación popular de la arbitrariedad de la causa contra ella y sus compañeros.
Ecuador confirma con estas elecciones un patrón latinoamericano. Así, en un primer momento las alianzas mediáticos-judiciales de la derecha latinoamericana, mediante procesos de lawfare, lograron su objetivo: asesinar con notoriedad al progresismo, descabezar a sus líderes y asaltar el poder.
Sucedió con Lula Da Silva en Brasil, con el kirchnerismo en Argentina y con Rafael Correa en Ecuador, dando paso a los gobiernos de Bolsonaro, Macri y Moreno y Lasso. Sin embargo, esta invectiva de la derecha ha demostrado tener las patas muy cortas. La justicia acaba prevaleciendo y las política neoliberales son repudiadas ampliamente por la población. Así como el peronismo regresó el poder tras un paréntesis de gestión del derechista Macri o Lula lo hizo restituido en Brasil tras el impasse de Bolsonaro, estas elecciones en Ecuador demuestran que el país andino, seis años después de la derrota burocrática del correísmo, está en la senda de retornar al progresismo. Es sólo cuestión de tiemo.
Sergio Pascual, Exdiputado en el Congreso por Podemos y miembro del Consejo Ejecutivo de CELAG
Fuente: Exdiputado en el Congreso por Podemos y miembro del Consejo Ejecutivo de CELAG
Foto tomada de: Exdiputado en el Congreso por Podemos y miembro del Consejo Ejecutivo de CELAG
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