Por el otro lado algunos analistas afirman que lo que está en marcha es la técnica del golpe de Estado blando donde tienen el peso articulador los grandes medios de comunicación que son hoy los voceros de sus dueños que son los principales conglomerados económicos y financieros tanto en Colombia como en los principales países capitalistas comenzando por los Estados Unidos y por la mayor parte de los países Europeos y también en la mayor parte de los países de América Latina. Son órganos de propaganda de las corporaciones que son sus dueños y sin rubor alguno asumen la defensa de los intereses de sus dueños. En esta táctica del golpe de Estado blando tienen un papel fundamental los órganos judiciales. Así fue en Perú donde defenestraron al presidente Pedro Castillo como antes lo habían hecho con Dilma Rousseff en Brasil, con Evo Morales en Bolivia y Manuel Zelaya en Honduras. Algunos analistas señalan que lo que está en marcha en Colombia es el golpe de Estado blando. No comparto ni la primera, pero tampoco la segunda versión o análisis de la coyuntura por la que estamos atravesando.
Los hechos mencionados por unos y otros son principalmente seis, el principal de los cuales es el escandalo alrededor del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolas Petro, envuelto en un escándalo por presuntamente haberse apropiado de aportes a la campaña electoral de su padre. Concretamente se señala por su exesposa Day Vásquez que Nicolas Petro habría recibido gruesas sumas de dinero (una suma cercana a los mil millones de pesos) provenientes de Samuel Santander Lópesierra el “Hombre Marlboro” ligado desde hace décadas al contrabando en la Costa Caribe y del controvertido empresario Alfonso “Turco” Hilsaca. Empresario envuelto en no pocos escándalos y delitos varios.
Un segundo hecho que se viene ventilando desde hace meses involucra a hermano del presidente Juan Fernando Petro por presuntamente recibir dinero de los narcotraficantes para ingresar como voceros de Paz en los diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En ese proceso que sigue abierto en una primera decisión la fiscalía dirigida por el abiertamente opositor, Francisco Barbosa, en principio declaró a Juan Fernando Petro como víctima, pues según el ente investigador se habría utilizado el nombre de Juan Fernando para timar a narcotraficantes con la promesa de liberarlos para que asumieran como voceros de paz. Víctima por cuanto se habría hecho sin su conocimiento.
Un tercer hecho y aquí entra el poder judicial, es que el magistrado del Consejo de Estado, Roberto Serrato Valdés, a quien correspondió examinar el decreto presidencial que la otorgaba facultades al presidente Petro para intervenir en las tarifas de energía eléctrica y agua potable por un período de tres meses, decidió otorgar las medidas cautelares solicitadas por los demandantes y suspender la vigencia del decreto hasta tomar una decisión de fondo.
El cuarto hecho mencionado es la decisión de la Corte Constitucional que señaló que en adelante podría suspender la vigencia de las leyes que sean abiertamente inconstitucionales. La medida según los opositores del gobierno es una advertencia a las reformas que el gobierno ha comenzado a presentar a consideración del Congreso de la República. La decisión si es un tanto insólita cuando esta misma Corte hace unos cuantos meses se negó a aplicar medidas cautelares a la ley del presupuesto del año 2022 que derogó una parte sustancial de la ley de garantías electorales. La ley era abierta y groseramente inconstitucional pues mediante una ley ordinaria que no tenía unidad de materia, pero que además derogaba una parte de una ley estatutaria. Esta misma Corte con la sola diferencia de un nuevo magistrado que había rechazado el tomar medidas cautelares para que no se interfiriera mediante la contratación pública con las elecciones al Congreso y a la presidencia de la República, ahora ha advertido que en adelante podrá suspender las leyes que en apariencia sean abiertamente contrarias a la Constitución, la garantía es que tal decisión debe adoptarla la Sala Plena del Tribunal. De verdad esta si es una decisión que causa preocupación máxime que ha sido la Corte Constitucional una fiel guardiana de la Constitución.
Un quinto hecho está relacionado con la supuesta o real parálisis de las Fuerzas Armadas y de Policía que por su desconcierto ante los vacíos en la política de la Paz Total sobre todo en lo relacionado con los ceses al fuego estarían dejando de actuar en varios territorios del país.
Finalmente, un sexto hecho alrededor de la crisis de gobernabilidad que se le atribuye al gobierno, tiene que ver con el manejo que se le dio a la protesta de los campesinos en Vereda Los Pozos del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá y en el que fueron asesinados un campesino y un agente de la policía. La tormenta desatada por los grandes medios de comunicación es que allí lo que se presentó fue un secuestro durante 30 horas de más de 70 agentes de la policía enviados a contener la manifestación. A los hechos de violencia, condenables desde todo punto de vista, se sumó las imprecisas declaraciones del ministro del Interior que califico el hecho como un cerco humanitario. Bien estuvo después, cuando señaló que son los órganos judiciales los encargados de investigar y calificar los hechos y que eso no le corresponde al gobierno.
Golpe de Estado blando o frente contra las reformas
Aunque algunos hechos pudieran encajar en la teoría del golpe de Estado blando no creo que estemos en esta situación. Lo que vemos es que lo que se está fraguando es un amplio frente en contra de las reformas que el gobierno ha presentado o que presentará en breve a consideración del Congreso de la República. Esas reformas sociales son tres principalmente: la reforma a la salud ya presentada, la reforma laboral que cuenta con un borrador ya publicado y la reforma pensional cuyos contenidos esenciales se saben desde la campaña electoral, pero que aún no tiene texto.
Los principales sectores afectados con las propuestas son los sectores empresariales que se han beneficiado con creces de la entrega de los recursos públicos de la salud para el manejo privado y poco transparente de los mismos, unos 17 mil millones de dólares que son los recursos que maneja e invierte al año el Estado en la salud de los colombianos. Este como hemos dicho en muchas ocasiones es el punto central de la controversia que deberá decidir el Congreso de la República. La propuesta de la sociedad civil de dónde proviene el proyecto original y que es hoy la propuesta que el gobierno ha presentado a consideración del Congreso de la República es que los recursos públicos de la salud sean manejados por el sector público, concretamente que la Administradora de los Recursos de la Salud, la ADRES, que a partir de la reforma sea el recaudador único y el pagador a todos los prestadores de servicios de salud, con un manual tarifario, auditorias rigurosas, transparente y con vigilancia de organismos que cuentan con una amplia presencia de la sociedad civil, empresarios, trabajadores, gremios médicos y científicos, donde la trazabilidad de los pagos sea de conocimiento público en tiempo real en un sistema único de información interoperable que cubra a todos los actores del sistema de salud.
Quienes ven una crisis de gobernabilidad donde aún no existe no leen bien cómo se están moviendo los distintos actores que tienen intereses en el sector de la salud. Un ejemplo para ilustrar lo dicho. Su ideologizada mirada no les permite ver el bosque. El proyecto que los directores de los partidos Liberal, Conservador y de la U han entregado al gobierno para que este lo considere, dado que son partidos de la coalición de gobierno, plantea que los dineros públicos de la salud no ingresen a las EPS, es verdad que proponen que las EPS ahora transformadas en Gestoras de Salud y Vida sean las ordenadoras del gasto pero sin situación de fondos, al mismo tiempo plantean que los costos de administración que hoy son onerosos, para administrar 70 billones de pesos las EPS se embolsan hoy 6.6 billones de pesos lo cual es totalmente exagerado y así ha funcionado durante treinta años, la propuesta de los directores es que se rebaje al 5% de los recursos que cada Gestora administre y proponen que se elimine la integración vertical, ninguna Gestora podrá ser dueña de clínicas y centros de ayudas diagnosticas. Es obvio que para el gobierno esta propuesta es inaceptable pues no acaba por completo la administración privada de los recursos públicos. Pero lo que no ven los que plantean la crisis de gobernabilidad es que los directores de los partidos por una parte le plantean la propuesta y sus observaciones al gobierno y por otra parte tratan de proponer salidas a la crisis. Otra cosa es si la propuesta lo lograría, pero no lo hacen en un afán oposicionista lo plantean en el seno del gobierno del cual forman parte. Estimo que el gobierno examinara a fondo la propuesta y creo que incorporará lo que no sea contrario al fondo de la reforma.
Un segundo hecho es que frente a los escándalos relacionados con su familia y con un alto costo personal que ha asumido y que lo enaltece, el presidente Gustavo Petro ha pedido al fiscal General que investigue con premura los hechos y que proceda en justicia. Todo el país sabe que quien estará al frente de las investigaciones es Francisco Barbosa caracterizado uribista, es decir opositor al gobierno. Esta oposición la ha ejercido con plena libertad y sin interferencias del gobierno como debe ser en un Estado Democrático de Derecho.
Frente a la rama judicial el Gobierno ha señalado que recurrirá a los medios legales de que dispone. Apelar la decisión del magistrado del Consejo de Estado, Roberto Serrato, para que sea la Sala Plena del Consejo de Estado quien revoque o ratifique la suspensión temporal de las facultades para intervenir en las tarifas de energía eléctrica y en las tarifas del agua potable y en cuanto a la decisión de la Corte Constitucional la única medida es tener solidos argumentos para sustentar las reformas en el plano legal y constitucional. Y en el plano de la Paz Total es bueno que el gobierno conjuntamente con las Fuerzas Armadas examine el tema de los ceses al fuego, la acción de la Fuerza Pública y los protocolos de actuación para darle seguridad a las Fuerzas Armadas y de Policía en su accionar en aquellos territorios.
Las otras reformas también van a contar con la oposición de los empresarios que han sido los principales usufructuarios de las reformas neoliberales que se impusieron en los años noventa del siglo XX. A esa cruzada se han sumado desde ya los grandes medios de comunicación y los sectores de la oposición. También algunos sectores sociales o bien porque están desinformados o porque comparten plenamente las políticas neoliberales. En materia laboral los empresarios ya han anunciado su oposición esgrimiendo el argumento falaz que si aumentan los costos laborales se afectará la generación de empleo, cuando ese argumento ha sido rechazado no solo desde la academia sino desde los hechos mismos. Esa fue la promesa de los años noventa y esa generación de empleo nunca se dio. Los dos grandes grupos empresariales que son los dueños de los fondos de pensiones han manejado estos recursos a discreción desde el año 2017 que les permitió invertir en sus propios proyectos y empresas. Pagan pocas pensiones muy bajas. Todos ellos y sus medios de comunicación se oponen a las reformas y se opondrán a ellas.
El gobierno debe manejar esta situación con tino y con destreza. Sabe que estas reformas pondrán a los opositores en las calles y en los medios. Por ello no debe renunciar a generar una estrategia de comunicación pública para combatir la desinformación y para hacer pedagogía sobre las mismas. Es una batalla por ganar y construir una opinión pública ilustrada sobre las mismas. Allí el gobierno hace esfuerzos, pero no tiene una estrategia adecuada que parta por utilizar la televisión y la radio pública de la que dispone. El esfuerzo de la emisora de internet Colombia Hoy Radio es adecuada pero insuficiente. Y el otro frente son las organizaciones sociales y la movilización. Allí ha estado su fortaleza y no puede renunciar a ella. La batalla por las reformas ya está en el Congreso, allí se verá la solidez de su coalición. Son tiempos de reformas para materializar el prometido Cambio.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Infobae
Esta batalla por sacar adelante las Reformas el gobierno del Pacto Histórico la tiene que pelear en varios frentes y con varios mecanismos: publicidad,pedagogía, movilización, fino debate parlamentario, habilidad e inteligencia emocional para mantener la unidad y las relaciones con la bancada de gobierno, disciplina y coherencia del equipo de asesores, ministros y funcionarios. Nada está perdido como dicen los medios de los opositores. Inteligencia, coraje, serenidad, finura en la comunicación y movilidad.