La superación del histórico conflicto interno, centro de nuestros diálogos de paz, pasa por realizar transformaciones políticas, sociales, económicas, ambientales y culturales. Esta finalidad requiere construir un pacto nacional que tenga la fuerza de concitar las voluntades de todos los sectores de nuestra sociedad. (Gobierno-ELN, Acuerdo de México,2023)
En consecuencia, convocamos a la participación democrática de todos los sectores de nuestra sociedad, sin exclusiones, para pactar las transformaciones que requieren las regiones y el país en su conjunto, y emprender un proceso de transiciones que nos conduzcan a la democracia plena: la soberanía nacional, la paz integral, la derrota de toda forma de corrupción, y la protección de nuestra Madre Tierra, superando el sistema vigente de explotación y depredación, y creando las condiciones de equidad social y económica, que son las banderas que guían a quienes marchamos con estos propósitos de orden nacional. (Gobierno-ELN, Acuerdo de México,2023)
Sobre los anteriores enunciados contenidos en el preámbulo del Acuerdo de México, podríamos asumir como trayectoria de interpretación que la Mesa es vista como un instrumento que activa la participación en dirección a un “pacto nacional”, como tal no es una “mesa de negociación”, aquí estamos ante un acto creativo y disruptivo frente a la experiencia de la mesa de negociación de La Habana entre el gobierno y las FARC-EP. Es coherente con la insistencia del ELN de no sentirse vanguardia y no tener la autoridad de negociar los temas que le competen a la sociedad civil, igual el gobierno está ávido de propiciar el más grande desborde en la movilización, lo cual incremente su margen de gobernabilidad y concreción de la agenda de reformas.
El problema sin embargo es que, sin contemplar la variable crítica del poder, estos propósitos compartidos gobierno-ELN quedan en la infantil esperanza de una sociedad movilizada en revolución permanente, capaz de imponer las transformaciones en actos instituyentes. Es claro que el ELN reedita con nombres nuevos su táctica extra institucional de la Asamblea Nacional Popular, agitada a finales de los 90 en los intentos de diálogo con el gobierno de Andrés Pastrana.
La variable del poder no está contemplada en el conjunto de la agenda pues no delimita cual será la palanca de lo “vinculante” de dicha movilización y pacto, elude la enunciación de los mecanismos institucionales dirigidos a concretarla, ya sean legales vía parlamento o por activación del poder constituyente.
Igualmente, si bien la agenda plantea que “Los acuerdos deben trascender la voluntad explícita del presente gobierno y constituirse en mandatos de Estado”; no valora el tablero de juego de poder nacional, el cual nos ha arrojado a un tipo de gobernabilidad que se ha venido manteniendo y se mantendrá de pacto en pacto con los factores tradicionales del poder en la búsqueda de obtener mínimos en las reformas y no ser bloqueadas por las mayorías parlamentarias, escenario donde las fuerzas del cambio son minoría. Siendo así, las enunciaciones de producir políticas públicas señalados en varias de las tareas de la agenda de diálogo, así se estipule que tendrán cronograma de implementación, no cuentan con el marco institucional capaz de garantizarlas, quedan como agendas en disputa, pero cuantas agendas archivadas e incumplidas no tiene el movimiento social de Colombia, sumada a la retórica nunca realizada de los acuerdos de La Habana con las FARC-EP.
El Acuerdo de México está preso de la visión movimientista, el movimiento lo es todo, pero esta trayectoria del movimiento tiene unos tiempos políticos, atrás quedó el estallido social del 2021, ahora el movimiento se irá reduciendo en función de la gestión del gobierno. La ciudadanía otorga su afecto o desafecto político en función del desempeño de la dinámica económica, fundamentalmente de los indicadores directos, como estabilidad de la tasa de cambio, inflación, desabastecimiento y consumo; los cuales ante su deterioro derriban las expectativas positivas en el día a día y hunden el apoyo político del gobernante; a esto se suma la capacidad de la derecha desde sus juegos económicos de alterar los indicadores directos como artefacto para fracturar la gobernabilidad.
Todo lo anterior hará bastante cuesta arriba ir cumpliendo lo que se va acordando, a no ser que hablemos de pequeñas agendas regionales, pero no creemos que el ELN se transará solo por esto.
El ELN en el Acuerdo de México y la Mesa de “diálogo” que se activa, pareciera renunciar a su condición de actor político e interpelador desde las armas al régimen de poder y convertirse solo en un facilitador del poder de la sociedad civil. El problema de esto es que pierde la correlación alta o baja que podría tener para “negociar”, no la agenda de los movimientos sociales, pero sí las transformaciones hacia la apertura de la democracia, lo cual es en esencia la transformación profunda de la doctrina contrainsurgente hecho enjambre jurídico fascista contra el movimiento social, así como la transformación profunda de las fuerzas militares, esto no podrá salir pactado entre los dos contratantes (Gobierno-ELN), porque la tarea se la están entregando aun foro de la sociedad civil sin poder.
Mientras, la urgente agenda de reformas, tiene al parlamento como escenario central y no está en escena, en la calle, el anhelado desborde movimientista que las defienda, por el contrario, sus apariciones “hasta ahora” han sido lánguidas, el movimiento social se haya disperso en decenas de protestas sectoriales por toda la geografía nacional, las cuales más que fortalecer, están aportando en alto grado a la interpelación y desgaste de la gobernabilidad.
ANEXO 1. ACUERDO DE MÉJICO ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y EL ELN
REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS
Acuerdo de México. (2023). Nueva agenda de diálogo para la paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional-ELN.
Observatorio De Conflicto Y Postconflicto, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: El País
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