El efímero exministro de Educación del gobierno Petro criticaba de este modo una sentencia de la Corte Constitucional en materia de salud, que según él abría espacio para que se reconocieran gastos para los cuales no habría suficientes recursos.
En varias ocasiones la Corte Constitucional ha emitido sentencias en las cuales declara un estado de cosas inconstitucional (por ejemplo, con relación a la atención a las víctimas, la población carcelaria, o la alimentación, salud y agua potable de niños Wayúu). Se habla de un estado de cosas inconstitucional cuando se vulneran masivamente derechos constitucionales que afectan a un número significativo de personas.
| Criterios para declarar un estado de cosas inconstitucional[2]
Dentro de los factores valorados por la Corte para definir si existe un Estado de Cosas Inconstitucionales, cabe destacar los siguientes: La vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; La adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; La omisión de expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos; La existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, que requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante. |
Es apenas lógico que los magistrados de la Corte Constitucional, a quién según la propia Constitución le corresponde “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución” (artículo 240), se les ocurra que es necesario garantizar que se cumpla lo que allí se ofrece. Es apenas lógico que a los economistas defensores del capitalismo, como Alejandro Gaviria, les parezca que la Corte debe ser responsable fiscalmente y reconocer que los derechos no se pueden cumplir.
En Colombia se vulneran masivamente derechos como: el derecho a la igualdad de las personas, el derecho a un trabajo digno para todos, el derecho a un ingreso y un salario que permita llevar una vida digna. Millones de personas son afectadas por esta vulneración como lo muestran las propias cifras oficiales del DANE en cuanto a desigualdad, empleo asalariado, desempleo, subempleo, informalidad, salarios, ingresos y pobreza y miseria de la población. Adicionalmente, no se ha dado cumplimiento al derecho constitucional a la propiedad privada establecido en el artículo 58, que según el artículo 13 debería ser el mismo para todas las personas.
Si todos los ciudadanos afectados por esta vulneración de derechos pusieran una tutela se colapsaría la justicia, pero ni siquiera con sentencias constitucionales se podrían cumplir. En el modo de producción capitalista siempre hay desempleo, subempleo, informalidad, bajos salarios, bajos ingresos, pobreza, miseria y carencia de propiedad, en especial sobre medios para producir. Las propias cifras del DANE muestran cómo estos derechos han sido violados desde que el capitalismo existe en el país y no ha habido cambios fundamentales desde la expedición de la Constitución de 1991. La Corte Constitucional ve como sus sentencias se incumplen.
El proyecto de plan de desarrollo elaborado por el primer gobierno en la historia del país no presenta un diagnóstico adecuado sobre estas situaciones. No hay una buena descripción y mucho menos un análisis de las causas. Tampoco incluye metas relevantes en materia de empleo asalariado, salarios, ingresos y reducción de la desigualdad. Es probable que los autores del proyecto de plan sepan que efectivamente son problemas que no se pueden resolver y prefieren prudentemente no mencionar estos asuntos.
¿Pero, no debería una izquierda seria comprometida con el bienestar de los trabajadores (ocupados, subo-ocupados, desocupados, asalariados y por cuenta propia) decirles la verdad? ¿Contarles que no es posible resolver estos supuestos problemas? ¿Explicarles por qué?
El crecimiento
Además de medidas específicas dirigidas a garantizar el empleo, mejorar los salarios y los ingresos y reducir la desigualdad, se considera usualmente que se requiere un contexto de crecimiento económico suficiente para crear más empleo y generar recursos para que el Estado pueda cumplir con diversas funciones que garanticen derechos.
Sin embargo, el proyecto de plan de desarrollo ofrece alcanzar unas tasas de crecimiento bajas, en sintonía con el mediocre crecimiento tradicional promedio de la economía colombiana.
“Dentro de este complejo panorama internacional, el Gobierno prevé que Colombia logre un crecimiento económico positivo de 1,3% en 2023, una variación favorable teniendo en cuenta que se prevé una recesión en las principales economías del mundo. Para 2024, se espera un crecimiento de 2,8% y para las vigencias de 2025 y 2026 se proyecta un crecimiento de la economía colombiana de 3,6% impulsado por los sectores de agricultura, industria y servicios.” (Bases del plan de desarrollo, página 265).
Realmente, no es mucho lo que se puede esperar por el camino del crecimiento y, además, son apenas previsiones.
La sostenibilidad fiscal
Los redactores de la Constitución Política colombiana borran con el codo lo que escriben con la mano. Animada por un espíritu progresista y respetuoso de los derechos humanos incluye numerosos artículos ofreciendo todos los derechos posibles. Pero luego con el codo, en el artículo 334, mañosamente establece que el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, se buscarán en “un marco de sostenibilidad fiscal.” Y añade que dicho marco “deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho” y que “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos.” En plata blanca, esto de la progresividad significa que la sociedad colombiana no puede garantizar los derechos que incluye en la Constitución y que posterga su cumplimiento a un futuro incierto. Pero después, con cargo de conciencia, afirma que “En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales.”
Desde una perspectiva limitada es evidente que es responsable y serio mantener un equilibrio de las finanzas públicas. Desde la perspectiva amplia de los objetivos constitucionales es, como hemos señalado, un reconocimiento de que la sociedad colombiana no puede garantizar derechos básicos como la igualdad, un trabajo digno, un salario adecuado. Ni siquiera el sacrosanto derecho a la propiedad.
Ser fiscalmente sostenibles significa que no hay plata para cumplir con lo que la Constitución ordena. ¿Pero, realmente no hay plata?
Los datos del PIB colombiano por habitante, según el DANE muestran que en 2021 fue de $23,4 millones por habitante, es decir, casi $2 millones corrientes por persona. El DANE no descuenta del PIB la depreciación, asumiendo que es un 10% nos daría $1.800.000 por persona, aproximadamente. No es mucho, pero es el doble del salario mínimo mensual de ese año ($908.000). Si se repartiera el PIB igual por cada persona, es decir si se aplicara el mandato constitucional de garantizar la igualdad, en materia de ingresos toda persona tendría un ingreso garantizado de dos salarios mínimos. Si el promedio de personas por hogar fuera de 4 personas, todo hogar colombiano recibiría mensualmente un ingreso de $7.200.000 en 2021, una cifra que equivale a 8 salarios mínimos. Sería un cambio radical. Se garantizaría con esta simple medida redistributiva la eliminación de la miseria y de la pobreza, según los parámetros del DANE. Cada persona podría, además, destinar un porcentaje de su ingreso, el 20% por ejemplo, para financiar al Estado responsable de producir un conjunto de bienes colectivos como educación, salud, agua potable y carreteras.
La línea de pobreza monetaria extrema per cápita nacional en 2021 fue $161,099; en el caso de un hogar de cuatro personas fue $644.396. La línea de pobreza monetaria per cápita nacional 2021 fue $354.031; en el caso de un hogar de cuatro personas fue $1.416.124. De acuerdo con estos datos un hogar de 4 personas obtendría un ingreso 5 veces superior a la línea de pobreza y 11 veces superior a la línea de pobreza extrema o miseria. Incluso se superaría el monto requerido para salir de la vulnerabilidad. Ni que decir que el efecto que tendría sobre el GINI de ingresos.
A pesar de que el PIB colombiano por habitante es pobre, cuando se compara con el PIB por habitante de países como Noruega, España, los Estados Unidos o Corea, para solo mencionar algunos, sería posible aumentar los ingresos de la mayoría de la población y lograr un impacto significativo en las condiciones de vida de todos los colombianos. Todos los ancianos mayores, por ejemplo, recibirían dos salarios mínimos mensuales.
Recursos si hay, no para dar langosta a todos, pero si para garantizar una canasta de bienes que ofrezca los nutrientes mínimos a todos y muchas más cosas que hoy no pueden comprar. Quizá una parte mínima de la población tendría que dejar de comer langosta con frecuencia, pero dado que la mayoría de ellos son católicos y cristianos muy seguramente acogerían con mucha satisfacción un cambio de esta naturaleza que permitiría dar de comer a los hambrientos y dar de beber a los sedientos.
Plata si hay. Además hay recursos productivos disponibles y podría aumentar el PIB. En las facultades de economía superficial se enseña que la economía es la ciencia que trata de la producción a partir de bienes escasos. Sin embargo, en Colombia el recurso más importante para la producción, la fuerza de trabajo, existe en abundancia y se desperdicia: millones de personas desempleadas o que se ven forzadas a migrar en busca de oportunidades. Se dispone de tierra no utilizada o subutilizada. Y existe una capacidad instalada subutilizada en la industria y otros sectores, es decir, los productores de carne, papa, leche, arroz y maduro podrían producir mucho más de lo que producen actualmente. De hecho, con frecuencia se ven casos de exceso de papa en las carreteras y campesinos intentando venderla bajando los precios o de productores de leche botando excedentes. Muchas empresas sufren porque podrían producir más y no encuentran a quien venderlo, mientras millones de personas tienen necesidades que no se pueden satisfacer. No solamente hay plata en las condiciones actuales sino que se podría producir mucho más con los recursos disponibles.
Bastaría con introducir unos pocos articulitos en la Constitución Política. Por ejemplo: 1) Todos los colombianos recibirán mensualmente el ingreso por habitante certificado por el DANE; 2) Se crea la empresa “Colombia”, conformada por todas las empresas existentes en el país bajo la figura de sociedad anónima y cada colombiano tendrá la misma participación accionaria. De este modo se garantiza el derecho de propiedad sobre los medios de producción a todos los colombianos en forma igualitaria.
Y todo esto sería en el marco del capitalismo: respeto a la propiedad privada, por encima de todo. Se conformaría un gran empresa con 50 millones de accionistas y 24 millones de trabajadores, que serían al mismo tiempo propietarios. La finalidad de la empresa: garantizar un ingreso digno a todos y competir en el mercado internacional para obtener los productos del exterior que por diversas razones no se pueden producir o no conviene producir en el país.
Los actuales dueños del país dejarían de ser los propietarios exclusivos y concentradores de la riqueza, pero seguirían siendo dueños de una parte igual a todos los demás. La ley podría garantizarles que lo que ya han acumulado lo conserven, con ciertos límites, sea que lo tengan en el país o en el exterior. La nueva redistribución comenzaría hacerse a partir del PIB producido cada año.
Una completa utopía, pero las cifras oficiales muestran que sería posible cumplir los mandatos constitucionales y los preceptos religiosos con los recursos disponibles actualmente. Desafortunadamente, esto afectaría los intereses de los dueños del país, ese 5% (por exagerar) que concentra la propiedad de las tierras, las acciones, los CDT, los títulos del Estado, las fábricas y empresas que concentran las ganancias en este país. La oposición sería absoluta. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que María Fernanda Cabal o Luis Carlos Sarmiento entren al reino de los cielos.
Alejandro Gaviria debería promover que se enseñe en la Universidad de los Andes que Colombia tiene los recursos para garantizar una vida digna a todos los colombianos, incluyendo la posibilidad de probar la langosta alguna vez. Y mostrar también por qué razón no es posible cumplir la Constitución.
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[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/las-criticas-del-ministro-gaviria-al-sistema-de-salud/407662-3/
[2] https://www.asuntoslegales.com.co/opinion/estado-de-cosas-inconstitucionales-2161966
Alberto Maldonado Copello
Foto tomada de: Cambio Colombia
Una completa utopía, como lo reconoce el propio autor. No vale la pena botar corriente sin que haya sentido de la realidad.