Aplicar los acuerdos humanitarios
En enero 2023, delegados del gobierno y del ELN -junto con líderes sociales, algunas autoridades locales, el sector religioso y organismos internacionales- realizaron la Caravana Humanitaria que durtante cinco días oyó comunidades del bajo Calima (Valle) y del medio San Juan (Chocó).
El segundo ciclo de diálogos recibió el respectivo informe, cuyo documento plantea 35 medidas de carácter humanitario a desarrollar. A mediados de marzo 2023, Caracol Radio[1] obtuvo el documento, y aquí sintetizo sus recomendaciones pues han tenido poca divulgación y urge que sean cumplidas.
- Defensa de la vida y la seguridad en los territorios: que el gobierno declare emergencia humanitaria y priorice la atención directa, avanzar en el cese al fuego bilateral, delimitar zonas minadas y priorizar el desminado, garantizar la libre movilidad de las comunidades y no involucrar a menores de edad en el conflicto, avanzar en la búsqueda de los desaparecidos, adelantar investigaciones sobre la participación de empresas privadas en actividades ilegales como extracción madera, minería y cultivos ilícitos.
- Alivios relacionados con la verdad: fortalecer las autoridades étnicas, que el ELN pida perdón público en casos como la masacre del Carrá en Chocó, investigar la relación de la fuerza pública con grupos paramilitares.
- Alivios solicitados por las mujeres: esclarecer hechos de violencia sexual y tortura, atención en salud mental, fortalecer los procesos organizativos de las mujeres.
- Defensa y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: declarar la emergencia humanitaria para garantizar atención integral del Estado; construir, reparar y dotar a las escuelas, así como los centros de salud; implementar programas de desarrollo sostenible y propio para las comunidades confinadas, restituir los derechos territoriales y ambientales, dotar de predios a las comunidades que decidan reubicarse.
- Retorno, desconfinamiento, libre movilidad, y reubicación de las comunidades: garantizar los retornos con todas las garantías de seguridad y dignidad, reubicar a las comunidades que no quieren regresar, garantizar el libre desarrollo del proceso electoral local, regional y nacional.
- Fortalecimiento de las organizaciones y de la participación social: garantizar la participación de las mujeres, jóvenes y menores en los diálogos entre el gobierno y el ELN; fortalecer y legitimar las guardias indígenas como instrumento de protección de las comunidades, sus liderazgos y autoridades ancestrales; continuar con las caravanas humanitarias.
La vicepresidenta Francia Márquez acompaña la aplicación en los territorios del plan de asistencia y atención humanitaria como hoja de ruta para los alivios humanitarios que se evaluarán para otras zonas de Colombia afectadas por el conflicto armado, con apoyo de la Unidad para las Víctimas, el Fondo de Paz de la Presidencia y la cooperación internacional, y a que acciones armadas no afecten la aplicación de los alivios humanitarios; ayuda a activar el corredor humanitario para que la atención sea prioritaria, a la coordinación interinstitucional nacional y local con focos en Buenaventura y el Litoral del Pacífico, a implementar las medidas de protección colectivas y el Plan de acción integral para las mujeres, a desarrollar el programa de fortalecimiento de gobierno propio de las comunidades negras e indígenas y a retomar la mesa de diálogos con el Acuerdo Humanitario Ya.
Esas iniciativas humanitarias constituyen pasos claves para aliviar el drama que las violencias y guerras le causan a las poblaciones más marginadas, y por tanto le generan a ambas partes retos claves de acción para su desarrollo y para que tengan un impacto muy positivo en el proceso de negociación de un acuerdo de paz entre el gobierno y el ELN.
También en lo decidido en el segundo ciclo de que la negociación hay asuntos cruciales que requieren inmediata aplicación. Entre otros temas muy importante resulta que reconozca al medio ambiente como víctima de la violencia y como asunto central de la paz. También la mención expresa de que la negociación tiene el propósito de “erradicar la violencia de la política” es un gran avance al sugerir que el uso de las armas en la política no solo no es legítimo sino que agrava la situación de los sectores sociales con condiciones más difíciles e impide la solución de los problemas y asuntos que requieren cambios significativos.
ELN, a mostrar que se prepara para terminar su “resistencia armada”
En el segundo ciclo de la Mesa, y en el periodo previo al tercero, en lugar de aplicar esos compromisos, de oír los urgentes llamados a acabar la guerra, expresados por distintos sectores sociales, más que señales de que se prepara para decidir que termina su acción armada y para negociar un acuerdo de paz, el ELN ha reforzado la violencia en lo que va de 2023. Así lo muestra la lista de algunos de sus hechos recientes, reseñados por diversos medios:
- desde enero y febrero, enfrentamiento del ELN y otros grupos armados irregulares, genera amenazas, confinamientos y desplazamientos, en especial de comunidades del Chocó;
- 10 de febrero, un policía resultó herido a bala luego de que la patrulla en la que se movilizaba fue blanco de atentado del ELN con explosivos y disparos que afectan a muchos sectores en la vereda La Mata, del municipio de La Gloria, en el Cesar;
- 25 de febrero, el frente de guerra occidental Omar Gómez arranca el segundo paro armado en veredas de los municipios de Nóvita y Sipí, en la subregión del Medio San Juan, Chocó, donde las comunidades piden que se implementen los alivios humanitarios y la Mesa había acordado hacer un proyecto piloto;
- 19 de marzo en enfrentamiento del ELN en Arauca, asesinato de un Sargento del Ejército y afectaciones sociales;
- 23 de marzo, graves afectaciones a habitantes de las veredas Naranjal y Tinitacita, del municipio Amalfi, Antioquia, por enfrentamientos entre ELN y el Clan del Golfo, llamado local a garantizar la vida de las poblaciones;
- 26 de marzo, asesinato de un soldado y dos militares heridos en ataque del ELN con explosivos en San José del Palmar afecta gravemente esa zona del Chocó;
- 27 de marzo, octavo atentado en 2023, contra la infraestructura y el oleoducto Caño Limón-Coveñas, causa daños a la vereda Campo Alicia, zona rural de Cubará (Boyacá);
- 28 de marzo, en El Carmen, Norte de Santander, donde mataron nueve reclutas regulares del Ejército mientras dormían, lanzándoles tatucos explosivos.
- 29 de marzo, en la vereda Villa Nueva, corregimiento de Guamalito, municipio El Carmen, el frente Camilo Torres atacó con explosivos al personal del Batallón Especial Energético y Vial Nº 10, que protegía el oleoducto, dejando 9 militares muertos y 8 heridos;
- 29 de marzo, el frente José Antonio Galán instaló explosivos en una carretera rural de Remedios, Antioquia, en el corredor que conduce del corregimiento de Carrizal hacia el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación;
- en marzo, cinco ataques del ELN en la región del Catatumbo causan graves afectaciones,
- 3 de abril patrullaje en zona rural de Tibú, Norte de Santander, fotografía con niños usados para mostrarlo simulando con palos tener un fusil en sus manos;
- empezando abril, en la vereda San Pedro, de Fortul, Arauca, en zonas que utiliza el Ejército, el frente Oriental instala “trampas vietnamitas”, métodos ilícitos de guerra;
- 9 de abril, la revista Cambio reveló el caso de 1 niña de 12 años que dice que fue secuestrada por el ELN en el bajo Cauca antioqueño para ser explotada sexualmente en Medellín, ya la Defensoría había alertado del reclutamiento de niños/as y adolescentes para obligarlos a ingresar a filas de la guerrilla, así como con fines de trata y explotación sexual; y la Defensoría le dijo a Cambio, que verificó cómo, al menos seis casos, demostraría participación del ELN en la trata de personas;
- 4 de abril, Antonio García comandante del ELN, se lanza contra periodistas;
- 10 de abril, ELN lanza amenazantes explosivos, panfletos y banderas en zonas de Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Barrancabermeja y sobre la vía Panamericana, en Cauca.
- sesión fotográfica con guerrilleros armados y niños pequeños en la plaza de un caserío del Catatumbo, han enrarecido el ambiente las negociaciones.
Antes y durante el periodo en que la Mesa reinicie los diálogos, para que se abra una vía real a la negociación de un acuerdo de paz, el Comando Central (COCE) tendría que suscitar en todas las estructuras de esa guerrilla la discusión y decisión sobre la necesidad de terminar su acción armada y prepararse para que ello ocurra. Eso lo exige también el tercer ciclo que debe abordar dos asuntos esenciales en la negociación, el cese del fuego y de las hostilidades, y la participación de la sociedad, primer punto de la agenda, que debe nutrir los tres siguientes -democracia, transformaciones, víctimas-, para pasar a pactar el acuerdo de fin del conflicto armado y su implementación.
Ya en 2017 y 2018, hubo avances significativos en ambos puntos. El ELN ha declarado en varias ocasiones treguas unilaterales -hizo un cese al fuego de 101 días- y luego para las elecciones presidenciales, además, una submesa de miembros de las Fuerzas Armadas colombianas y delegados de esa guerrilla, trabajó sobre protocolos para un cese bilateral. También se realizaron las audiencias de Tocancipá para escuchar a diversos sectores sociales sobre cómo desarrollar la participación social y funcionó una submesa, que trabajó fases para organizar ese proceso de participación a partir del procesamiento de esas propuestas de Tocancipá y de las que recibieron miembros de la delegación gubernamental que oyeron a las comunidades de los territorios más afectados por esa guerrilla así como a organizaciones y a redes sociales en las principales capitales.
Varias organizaciones y actores sociales, han reiterado que en el tercer ciclo, al debatirse sobre cómo sería la participación, esa guerrilla no puede volver a tratar de usar la Mesa y el proceso participativo para justificar y prolongar su opción por la guerra. Se ha manifestado preocupación por la decisión de que lo que se va acordando en la Mesa es vinculante y se va aplicando. Es que en los intentos de negociación, el ELN ha dicho que actuaría en “reciprocidad”, es decir, que iría dejando su acción armada según el Estado vaya aplicando todo lo que haya señalado la participación de la sociedad civil. Pero para hacer realidad esas propuestas se requiere el desarrollo de procesos legislativos, de políticas públicas, consecusión de recursos, todo lo cual implica años de gestión.
Por eso, redes sociales han mostrado que el ELN trata de usar la participación social para evadir tanto la urgencia de que decida dejar la acción armada y concentrarse en la lucha política y social, como para mantener su unidad pues a algunos de sus frentes y miembros solo les interesa el control de poblaciones, territorios y economías ilícitas. Así también se lo mostró la Unidad de Investigación y Acusación, que funciona como la fiscalía de la JEP, que al final del 2022, le envió un documento al gobierno mostrando cómo seis frentes de guerra del ELN -el Camilo Torres, el Che Guevara, el José Antonio Galán, el Manuel Hernández ‘El Boche’, el Resistencia Cimarrón y el Domingo Laín- pueden propiciar rompimientos prematuros en la Mesa de conversaciones, persuadir y chantajear a combatientes para que no se desmovilicen, tratando así de descarrilar el proceso de paz, porque su interés no es político-ideológico, sino que predomina su involucramiento en actividades económicas de drogas ilícitas y minería ilegal, y para eso usan la acción armada y la intimidación permanente[2].
En ese mismo sentido de evadir la decisión de dejar la acción armada, se ha entendido el comunicado del 29 de marzo, del frente de guerra Occidental del ELN, que cuestiona la política de Paz Total y la señala como “copia del modelo de paz neoliberal”. Ese mismo frente occidental dijo de Francia Márquez que “su trabajo no se refleja en pro de la vida práctica de los empobrecidos del país”, para descalificar la visita al Bajo San Juan en el Chocó, que la vicepresidenta debía hacer dos días después, como parte de la misión que recibió al final del segundo ciclo de negociaciones, y para lo cual iría acompañada por delegados de la mesa de diálogos del gobierno y ELN, así como de representantes de la iglesia y la comunidad internacionas”. Y no hubo un pronunciamiento del COCE del ELN, ni de su delegación de paz rechazando esas agresiones contra el gobierno en su cumplimiento de las peticiones humanitarias de la población.
El gobierno, a avanzar en la construcción de paz
Ya desde la reunión extraordinaria del 31 de enero, que hizo el presidente Gustavo Petro con sus negociadores, se pidió interrogar al ELN antes de comenzar el tercer ciclo, sobre los reclamos de la gente en los territorios más afectados por sus acciones, y si tiene unidad de mando pues frentes como el occidental y oriental muestran dinámicas propias con graves daños a las comunidades donde actúan. Exigirle que sus frentes demuestren que tienen voluntad de acordar y construir la paz, de hacer política sin armas y sin coerción sobre las comunidades, las administraciones locales y los movimientos sociales, sin afectar la vida, seguridad y situación de poblaciones, y que así debe demostrarlo en territorios como los de Norte de Santander, Arauca, Bolívar, Chocó, Cauca, Nariño, etc. Y, sobre todo, que demuestre en el tercer ciclo, disposición a acordar y cumplir el cese al fuego y a las hostilidades, para que un proceso realista de participación social ayude a la Mesa a procesar pronto los cuatro primeros puntos de la agenda de negociación para poder pasar al fin del conflicto armado[3].
En la reunión que el gobierno de Petro citó el 31 marzo en Cartagena -con el expresidente Juan Manuel Santos, algunos de sus negociadores de paz, miembros del último secretariado de Farc, acompañantes internacionales y de la Iglesia-, para conversar sobre visiones y consensos necesarios para la construcción de paz, entre otras cosas, algunos participantes criticaron la agenda firmada con el ELN en México por considerar que no plantea en forma clara cómo esa guerrilla va a dejar su acción armada. Además, se pidió establecer con claridad reglas de juego en la Mesa con el ELN para lograr la negociación y generar credibilidad en los colombianos pues las actuaciones de esa guerrilla desestimulan el apoyo a ese proceso. Así, se mostró que para el desarrollo de programas en favor de la Paz Total el gobierno y la sociedad deben exigirle al ELN demostrar su disposición a hacer política sin armas ayudando al avance de la negociación en la Mesa.
Otros desafíos cruciales se le han venido planteando al gobierno de Petro- además de cumplir los acuerdos en la Caravana Humanitaria y replicar los alivios humanitarios en otras zonas del país afectadas por la violencia-, como atender la urgencia de parar el asesinato de líderes sociales y de excombatientes que dejaron las armas. Impulsar la actuación integral del Estado en los territorios, comenzando por los más afectados, reforzando su acción, por ejemplo, en el Catatumbo, donde la comunidad local está ansiosa de un cambio territorial con la salida de los carteles mexicanos que compraban la hoja y la pasta de coca, y ven que es la oportunidad para que el Estado avance en la implementación del Acuerdo de Paz con las exFarc -como se ha comprometido el presidente Petro-, en el desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilicitos (PNIS), los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la reforma rural integral, y la redefinición de la política de drogas.
El presidente Petro instaló el 11 de abril del 2023, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, como órgano asesor y consultivo del gobierno nacional con el fin de propender en favor de la construcción de la Paz Total, la promoción de una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia mientras avanza el debate legislativo sobre la ley que emarcaría el proceso de diálogo para la desmovilización y sometimiento de otras estructuras armadas irregulares.
El aumento de la ofensiva armada del ELN ha impedido que el gobierno avance en la aplicación de acuerdos parciales, hechos desde diciembre, -que mientras el ELN realizaría alivios humanitarios para poblaciones locales muy afectadas- revisaría la situación de ocho miembros del ELN presos en cárceles del país que tienen graves afectaciones y enfermedades terminales o que están a punto de morir, y a buscar estrategias para sacarlos de las cárceles para que puedan estar con sus familias; y a mejorar la atención a 40 prisioneros con enfermedades de gravedad. La delegación del ELN, en el segundo ciclo, volvió a poner ese asunto pendiente y su petición de que los prisioneros del ELN sean trasladados a cárceles en las ciudades o regiones donde se encuentra su arraigo familiar. Los gestores de paz del ELN debían adelantar unos censos de presos políticos de dicha organización, cantidad y ubicación, pero tampoco los ha acabado, pues prefirió no continuar con ese revisión mientras no hubiera certeza de lo que vaya a ocurrir con los alivios humanitarios. Una guerrillera presa en La Picota en Bogotá explicó a Colombia+20 que primero les llegaron indicaciones a la cárcel para que entregaran un censo de cuántos son, luego llegó otra orientación, que esos censos tienen que ser avalados por las estructuras y frentes de esa guerrilla en los territorios, aunque agregó que también ha habido negligencia del INPEC. Desde el gobierno dijeron que han hecho esfuerzos por adelantar los alivios humanitarios relacionados con temas carcelarios, pero que se requieren varios procesos con la Rama Judicial que puedan tomar tiempo[4].
Expectativas sobre el tercer ciclo
El tercer ciclo de la Mesa de diálogo de la delegación del gobierno Petro y el ELN, que debe realizarse a finales de este mes de abril en Cuba, no puede ser otra reunión más. Cada parte debe dar cuenta de cómo cumplió los compromisos adquiridos en los ciclos anteriores (1º del 21 de noviembre al 12 de diciembre 2022 en Caracas, 2º del 13 de febrero al 10 de marzo del 2023 en Ciudad de México), así como de los alivios humanitarios acordados, en cuanto ayuda a reducir la afectación a las poblaciones y a hacer avanzar la negociación de paz.
Las familias de los 22 cadetes que murieron en el ataque del ELN, en enero de 2019, a la Escuela de Policía General Santander, han pedido ir a la mesa de diálogo para que esa guerrilla los oiga, que puedan exigirle que avance en el cese del fuego y las hostilidades así como en los alivios humanitarios para la población civil, y proponer que este sea un caso emblemático de esclarecimiento de la verdad, que contribuya a la construcción de paz y reconciliación.
Muchas organizaciones sociales han insistido en que en el tercer ciclo de la Mesa, el ELN debe demostrar que su verdadera intención es la negociación de las condiciones necesarias para el fin de su acción armada. Puede asumir, por ejemplo, un inmediato cese de hostilidades, lo que implica que enseguida pare acciones como retenes en carreteras, instalación de explosivos y de minas antipersonas, confinamiento y/o desplazamiento de comunidades, presión sobre el campesinado, control social, voladuras de oleoductos, extorsión, etc.
Por su parte, el gobierno debe llegar habiendo cumplido sus compromisos humanitarios y atendido las quejas de los prisioneros, de hacinamiento, problemas hasta con la comida y la atención en salud, y las nulas opciones de resocialización; con avances en la actuación integral del Estado, en especial en los territorios más afectados por el conflicto armado.
Diversos sectores y analistas han llamado a que el nuevo ciclo precise acuerdos que pueden ser muy difíciles de desarrollar o que son vistos como problemáticos porque le ayudarían al ELN a usarlos para prolongar su “resistencia armada”. Entre la lista de asuntos a revisar está la decisión de que lo que se vaya discutiendo y acordando, se vuelva vinculante para la política pública y acción del Estado; el que se pueda negociar con el ELN el modelo de desarrollo o las bases de la democracia tratándose de asuntos constitucionales.
Como ha sido reiterado por defensores y analistas de negociación, ambas partes pierden si radicalizan sus posiciones y no ayudan a concretar ese proceso en la Mesa. El tercer ciclo tiene que lograr un avance sustancial en favor de la construcción de paz y el fin de la guerra.
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[1] https://caracol.com.co/2023/03/14/el-abc-de-los-alivios-humanitarios-planteados-en-la-mesa-de-dialogo-con-el-eln/
[2] https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/informe-de-jep-advierte-sobre-frentes-del-eln-que-podrian-sabotear-la-paz-722902, https://www.infobae.com/america/colombia/2022/12/04/jep-advierte-que-seis-frentes-del-eln-podrian-ser-potenciales-saboteadores-de-los-dialogos-con-el-gobierno-de-gustavo-petro/
[3] https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-eln-las-preguntas-que-debe-responder-la-guerrilla-al-gobierno-de-petro-antes-del-tercer-ciclo-en-cuba-entrevista-otty-patino/
[4] https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-con-eln-retraso-en-alivios-humanitarios-y-salida-de-presos-de-esa-guerrilla-de-carceles-paz-total-petro/
Socorro Ramírez
Foto tomada de: El País
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