La política de paz total implica que el gobierno colombiano no sólo busca el desarme y la desmovilización de los grupos armados ilegales, sino que también busca abordar las causas estructurales del conflicto como la pobreza, la exclusión y la falta de acceso a los servicios básicos. Esta política integral ha reducido la probabilidad de apoyo popular a los grupos armados por parte de los sectores populares y al reducir sustancialmente esa base social, la tendencia debería ser la disminución de las acciones violentas.
Sin embargo, los grupos armados que siguen operando en el país han tenido un impacto particularmente negativo en las comunidades más vulnerables y marginadas, incluyendo a los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos y han afectado la vida y seguridad de las personas que viven en áreas donde estos grupos tienen presencia.
Aunque el acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) inicialmente redujo el conflicto, debido a la falta de implementación del mismo y al incumplimiento del gobierno Duque que se concentró en “hacer trizas” el acuerdo, los grupos que quedaron, incluyendo los disidentes de los firmantes, se disputaron los territorios que habían sido ocupados por las FARC en una cruenta guerra de control territorial, ante la impasible mirada del gobierno anterior que no ocupó esos territorios y permitió que el número de grupos armados existentes se fortaleciera y surgieran nuevos actores violentos.
Los esfuerzos del actual gobierno para poner fin a las hostilidades están concentrados en esos grupos que incluyen al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC, Segunda Marquetalia, Comandos de la Frontera -EB, Coordinadora Guerrillera del Pacífico, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Mediante decretos 2656, 2657, 2658, 2659 y 2660 de 2022 el gobierno nacional ordenó el cese bilateral al fuego con los grupos mencionados, a partir del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023
En el amplio diálogo social a partir del cual se construyó el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, se evidenció que en varias regiones del país la mayor necesidad es la de tener paz en sus territorios y por tal razón el tema de seguridad humana con justicia social es una de las metas del plan.
En la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana del Ministerio de Defensa Nacional, coherente con el PND, se expresa que “la seguridad humana busca reparar la deshumanización causada por tanta violencia que ha experimentado el país durante las últimas décadas”[1] y analiza la manera cómo operan esos grupos ilegales que están dificultando la implementación de la paz total.
De acuerdo con el documento de Mindefensa[2] los objetivos políticos de los actuales grupos armados son distintos a los de antes: “ya no aspiran a hacer una revolución nacional ni a un proyecto nacional contrainsurgente. Sus aspiraciones se limitan a mantener el control territorial en zonas de escasa presencia del Estado. La explotación y la optimización de rentas criminales son el centro de las organizaciones armadas ilegales”. En tal medida se han construido las estrategias para lograr la desarticulación de estas organizaciones, con un gran desafío para proteger las comunidades afectadas mientras se surte la implementación. Por primera vez el Ministerio de Defensa enfoca su actuar en pro de la seguridad humana, entendida como el enfrentamiento no sólo a la violencia producida por los actores armados, sino también a las violencias derivadas de las agresiones a los derechos que impiden vivir con dignidad. “La pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades para los jóvenes, la afectación permanente al tejido social, la destrucción del medio ambiente, entre otras causas, han fragmentado, erosionado la sociedad y ocasionado ciclos de violencias que parecen inerminables”[3]
Los actores armados no solo no están actuando para proteger a las comunidades sino que profundizan la afectación a la vida digna a la que todos tenemos derecho y que para muchos es sólo una aspiración. De acuerdo con Indepaz[4] se han producido 80 hechos violentos desde los decretos de cese al fuego, 35 de ellos entre grupos armados y también con la fuerza pública y 45 agresiones contra la población civil. En los primeros tres meses del año fueron asesinados 35 líderes/as, 5 firmantes del acuerdo de paz y se cometieron 27 masacres con un saldo de 93 víctimas. Adicionalmente las acciones armadas produjeron 12 eventos de desplazamiento forzado[5]
Alrededor de 7 millones de personas viven en las zonas de control de los grupos al margen de la ley, viendo afectadas, además de sus antiguas condiciones de vulnerabilidad y exclusión, otros derechos, pues además de desplazamientos y crímenes de sangre se han visto sometidos a confinamiento forzado, tortura, reclutamiento, secuestro, patrullaje, amenazas y diversas formas de presión y de extorsión.
La complejidad de esta situación ha provocado fuertes críticas a las medidas de cese al fuego por parte de sectores que han mostrado escepticismo y/o desinterés en la terminación del conflicto. Algunos de esos sectores promueven la solución armada, pese a que por más de 5 décadas ha fracasado por completo. Para Indepaz, la conclusión, tras analizar las cifras de acciones armadas, es que “el conjunto de hostilidades atribuidas a los grupos que están en conversaciones con el gobierno no permiten decir que Colombia está ante una escalada de guerra o del conflicto armado o que la estrategia de conversaciones para lograr disminución de violencia asociada al conflicto armado sea un fracaso”, visión que compartimos, toda vez que en ningún proceso de paz del que se tenga noticia, los resultados han sido inmediatos y en todos se registran altibajos e incumplimientos parciales en el curso de los procesos.
Mas de 40 años duró en Sudáfrica el movimiento de resistencia contra el apartheid, 5 años desde los acuerdos de Esquipulas II hasta la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en Guatemala, 30 años para la firma del acuerdo de Good Friday en Irlanda del Norte, solo por mencionar algunos casos, aportan claridad sobre el hecho de que en cada uno de ellos, como en el nuestro actualmente, hubo altibajos y desafíos en el camino. Cada conflicto es único y los factores que contribuyen a su resolución pueden variar muchísimo.
La humanización del conflicto, que es la primera búsqueda en el camino a la paz total con los grupos alzados en armas, no está allanado ni es fácil. Para proteger los derechos humanos de las comunidades más afectadas por las acciones armadas de grupos al margen de la ley, en el marco de la paz total, resulta indispensable: 1) La implementación del acuerdo de paz suscrito entre el estado y las Farc en 2016 ; 2) La Lucha contra la violencia y la criminalidad que debe incluir, además de la política de seguridad humana y las acciones que comprende, la promoción del acceso a una justicia expedita; 3) El fortalecimiento a la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos y de las comunidades a las que pertenecen; 4) La promoción de la democracia participativa que en las zonas más apartadas y vulnerables donde aún no se ha generado empoderamiento comunitario sobre derechos, participación y democracia; 5) Las medidas sociales que impliquen mayor equidad. Todo ello, paralelamente, con los diálogos con los grupos al margen de la ley en los que están concentrados los negociadores gubernamentales.
Comprometido como está el actual gobierno con la implementación de las medidas atrás enumeradas se enfrenta a grandes retos, pues los amigos de la guerra, que no solamente son los integrantes de los grupos armados sino también sus promotores, financiadores y beneficiarios, algunos de los cuales ocupan altos cargos en el Estado, se han constituido en obstáculo permanente en la búsqueda de la paz total, lo que no debe sorprender en un país que votó mayoritariamente en contra del acuerdo de paz en el plebiscito del gobierno Santos.
Pero así como existen destructores de la paz, los que queremos construir un país con mayor equidad y nos sumamos al esfuerzo de la paz total podemos contribuir desde la perspectiva individual a través de la participación activa en procesos de diálogo y reconciliación no solamente en relación con el conficto armado sino con la variada conflictividad social, la promoción de la no violencia, el fomento a la capacitación, la educación y la cultura, la protección al medio ambiente y, en general, una actitud de respeto y no discriminación y de promoción y defensa de los derechos humanos, como una práctica cotidiana.
No es responsabilidad exclusiva del gobierno que tengamos alguna vez un país humano, equitativo y en paz. Eso debemos hacerlo todas las mujeres y hombres que habitamos este territorio llamado Colombia.
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[1] Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana – Garantías para la vida y la paz 2022-2026. Ministerio de Defensa Nacional.
[2] ibidem
[3] ibidem
[4] Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ – Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de INDEPAZ “Acciones de incumplimiento al Cese al Fuego Bilateral
y Temporal de carácter Nacional” Bogotá, abril 2023
[5] Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ – Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de INDEPAZ. “Cifras de la Violencia en Colombia” Bogotá, abril de 2023
María Consuelo del Río Mantilla
Foto tomada de: El Espectador
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