Este documento se conoció en medio de un contexto coyuntural que captó la amplia mirada de la ciudadanía, el relevo de siete de los ministros del gabinete, por lo que no tuvo en su momento la discusión pertinente que merecía. No obstante, se han comentado aproximaciones diversas, algunas de ellas señalando que no hay nada nuevo y otras mencionando que esta es una política completamente diferente a las que se habían presentado en el pasado. En el presente texto se sostiene que es un punto medio el que se puede encontrar.
Las generalidades de la Política
La Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana (PSDCC) del presente gobierno tiene como propósito fundamental la protección de la vida. Esta es una de las políticas de seguridad más ambiciosas planteadas hasta el momento en Colombia, dado que plantea un panorama amplio de la seguridad, el cual se encuentra enmarcado por el concepto de seguridad humana. La política se propone la reparación de la deshumanización de las violencias que se han presentado en el país, lo cual hace referencia a recopilar todos los aprendizajes que tiene el sector para poder cumplir con su mandato constitucional.
Sin embargo, pese a lo ambiciosa, tiene la pretensión de aterrizar los conceptos a las realidades propias del país. Por un lado, se afirma que la seguridad humana en su planteamiento más social (como fue planteado en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo) no es la ruta que se posiciona en la presente política; si bien existe una importante aproximación a partir de la vida, la integridad y el cumplimiento de los derechos humanos, también se le da un valor relevante a la defensa de la soberanía, las instituciones, el orden constitucional, entre otros.
Lo anterior se deriva de las necesidades y misiones propias del sector, el cual se rige por el mandato constitucional y, por tanto, puede responder solamente a una parte de la seguridad humana como la entiende este gobierno. De esta manera, el ejecutivo ha creado un esquema que equilibra las pretensiones propias que debe tener un sector como el de seguridad y defensa, con las aproximaciones que propone un concepto como la seguridad humana. La política no es tan amplia como para llevar a la inacción, así como tampoco es tan acotada para evitar el cambio.
Esta aproximación del documento se deriva de la capacidad de convocatoria que tuvo al momento de recopilar diferentes posiciones. Esto es un paso por ampliar las históricas barreras que ha habido en el sector de la seguridad y la defensa, abriendo las posibilidades para su estudio, comprensión y compromiso con el mismo.
La política tiene cuatro líneas de estrategias definidas que muestran hacia donde se dirige el gobierno, las cuales son: “Estrategias para las condiciones de seguridad y protección; para la protección, la preservación de la biodiversidad y el recurso hídrico; para salvaguardad la integridad territorial, la soberanía y la independencia nacional; y para fortalecer la Fuerza Pública”. Estas reúnen lo que es la aproximación del ejecutivo; pero, se debe agregar un eje transversal en la PSDCC, que es la búsqueda de la paz. De este modo, la Política de la Paz Total, se considera dentro del mismo texto como paralela y complementaria para lograr los objetivos que se proponen en ambas.
Un nuevo contexto para la seguridad
Desde la Política de Defensa y Seguridad (PDS) del gobierno de Iván Duque se puede denotar un señalamiento del cambio de contexto que se estaba presentando en la seguridad. No obstante, las acciones propuestas y el diagnóstico que se hacía todavía generaban una correlación con la forma en la que se planteaban las respuestas al fenómeno de la criminalidad. Ese fue un intento de timonazo que se quedó a medio camino.
En el caso del gobierno Petro, por lo menos en el papel, se toma distancia con los diagnósticos que se llevaban a cabo en las anteriores políticas de seguridad. La PSDCC no parte de un reconocimiento a un mejoramiento de las condiciones de seguridad que se ha presentado en las poblaciones, ni tampoco en las acciones históricas llevadas por la Fuerza Pública (lo cual no implica que no se reconozca el bagaje obtenido después de todo este tiempo); por el contrario, se plantea una preocupación central en cuanto a la reducción de la seguridad, la expansión del fenómeno criminal, la adaptabilidad de las redes ilegales, la obsolescencia de algunas capacidades institucionales, la afectación del medio ambiente y la falta de garantía de derechos para la población.
El hecho de que se hable de las difíciles condiciones que se presentan en el territorio nacional, así como la tendencia que sigue el patrón de criminalidad, muestra que esta política tiene un quiebre con las anteriores. Este es necesario, dado que parte del reconocimiento de los fenómenos que ocurren al interior del país; de otra manera el gobierno hubiera apresurado conclusiones desde falsas premisas.
La identificación del nuevo contexto al que se enfrenta el sector de la seguridad y defensa es bueno. En la PSDCC parten desde el 2016 para identificar los cambios que se presentan, lo cual, si bien no es el punto de origen de la transformación del fenómeno criminal en el país, sí se considera el punto en el que se va a presentar un incremento exponencial en un nuevo tipo de violencia y en la intensidad de los cambios de la ilegalidad.
El gobierno coloca como central el concepto de “organizaciones multicrimen”. Este reúne una mirada del fenómeno criminal compleja, en la cual se involucran asuntos económicos, sociales, políticos y territoriales. Se reconoce así la capacidad de mutación que las organizaciones ilegales han tenido en los últimos años; las relaciones que se establecen entre el nivel local, regional, nacional e internacional; el cambio de una disputa por las rentas criminales a una que busca también el control territorial y de la vida de las poblaciones; la incursión dentro del mercado legal; así como la imbricación que se genera entre la violencia urbana y la rural.
Una de las conclusiones más significativas que se pueden derivar de la PSDCC es que la paz de Colombia no tiene como punto central el conflicto armado interno. El fenómeno que se presenta en la actualidad ha cambiado, con mayores redes y que se basa en el dominio de rentas ilegales (ya no es solo el imaginario político) para poder ejecutar acciones. Este es disperso, no reconoce una estructura jerárquica y es fácilmente adaptable. Esto es un vuelco fundamental en la forma como se ha entendido la seguridad en el país, ampliando las posibilidades que se tienen para enfrentar el contexto actual.
Aspectos relevantes de la PSDCC
La PSDCC tiene puntos centrales donde se ven los principales cambios y profundizaciones que existen en esta política. El primero, derivado del entendimiento de la seguridad humana de la criminalidad, hay una búsqueda por profundizar la inteligencia y la investigación criminal. De este modo, en la presente administración se propone el fortalecimiento de las capacidades de análisis de la Fuerza Pública, buscando soluciones específicas (acciones concretas) orientadas a cada una de las problemáticas territoriales. Así, se presenta el reto de fortalecer la inteligencia militar y policial, teniendo en cuenta las preocupaciones que surgieron anteriores a este documento por parte de algunos expertos, en las cuales se señalaba la desarticulación que tiene la cooperación de agencias internacionales en dicha materia.
El segundo, se fija una nueva manera de enfrentar la ilegalidad, dado que se parte de que las rentas criminales es la principal amenaza para el país. Se menciona que el conflicto armado interno prácticamente ha terminado (con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC- y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC-), presentándose en la actualidad una primacía de las organizaciones multicrimen. A pesar de la anterior afirmación, un aspecto interesante es que el gobierno contempla que la salida de dichos grupos tiene que basarse en el sometimiento o la negociación, por lo que se traen medios que han sido tradicionalmente utilizados en el conflicto a un contexto de organizaciones ilegales con fines económicos. Lo anterior se presenta sin dejar de lado la capacidad militar y policial del Estado para enfrentarse a dichas organizaciones (lo cual se señala de manera explícita al mencionar que esta estrategia no debe tomarse como una ingenuidad del gobierno); empero, significa una manera distinta de enfrentar la naturaleza de la nueva violencia que se gesta en Colombia.
El tercero, derivado de los compromisos hechos por el presidente y la vicepresidenta cuando estaban en campaña, en la actual política de seguridad hay un fuerte componente ambiental, el cual se encuentra justificado en la misionalidad de la Fuerza Pública de proteger los recursos naturales del país. De esta manera, se busca una profundización de las acciones que se llevaban en la materia por parte del sector, entendiendo el interés que el sector criminal ha tenido en actividades como la minería, los cultivos ilícitos y la ganadería extensiva.
El cuarto, en cuanto a las drogas, tal y como se había prometido por parte del gobierno, se hace un mayor énfasis en el enfrentamiento a la interdicción, a las grandes finanzas de la cadena de producción y en la prevención por medio del control. Al respecto, se plantea la formulación de una estrategia específica para dicho fenómeno. Asimismo, aunque no se elimina la erradicación forzada, se espera que se plantee en el marco de los derechos humanos.
El quinto, en el ámbito internacional se señala que se encuentran las capacidades del sector defensa reducidas para la protección de la soberanía; por tanto, se busca el mantenimiento de una capacidad disuasiva creíble con una postura estratégica defensiva. Se espera que se continúe con la compra de equipamiento y equipos militares para poder cumplir con dicha línea.
De igual manera, el componente internacional -contrario a lo que se tenía pensado- sigue presente en la búsqueda por el fortalecimiento de las capacidades militares. Asimismo, se señala la importancia que tiene para el presente gobierno el control territorial, por lo que se resalta la búsqueda de una ley de defensa y seguridad fronteriza, la cual es pertinente para hacer frente a problemáticas que se generan en los territorios apartados, al tiempo que se garantizan los derechos de las poblaciones.
El sexto, hay una preocupación por el capital humano que tiene el sector seguridad y defensa. Se resalta la pretensión por mejorar los mecanismos de selección de personal, los estímulos por su continuación e integración en las fuerzas, el enfoque de derechos que involucra y la promesa por acabar el servicio militar obligatorio como se conoce hoy en día.
Por último, se señalan dos retos que tiene el sector y que se afirman en este documento: uno, la expectativa de una Ley de Defensa y Seguridad, dado que es una deuda histórica con el sector y que la actual administración podría vislumbrar para un nuevo manejo de esta cartera estratégico; dos, la necesidad de revisar los indicadores que se van a tener en cuenta al momento de evaluar la presente política.
Conclusión
La PSDCC fija una hoja de ruta que logra aterrizar las ideas del ejecutivo, al tiempo que se mantiene dentro de los estándares propios del sector. De este modo, hay una base sobre lo que se debe hacer en las políticas de seguridad, lo cual lleva a que se asemeje a sus antecesoras; sin embargo, más allá de eso, hay cambios en el resto de los apartados en menor o mayor medida que son los fundamentales para comprender el nuevo direccionamiento de la institucionalidad. Este no debe tomarse como un rompimiento de las dinámicas anteriores a la misma, pero sí puede verse como un intento de respuesta a un contexto de violencia que es nuevo para el país.
Alejo Vargas Velásquez, Profesor Titular de la Universidad Nacional y Director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.
Farid Camilo Rondón Raigoza, Magister en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, profesor ocasional y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.
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