Debate laboral incompleto

«El supuesto de que los bajos salarios implican una producción barata

y el de que los altos son causa de precios elevados

se hizo hace tiempo ejemplo vulgar de una falacia económica

a la que se inclinan las mentes no acostumbradas a pensar.»

Maurice Dobb

Salarios (1949)

El debate laboral está secuestrado por ideas neoclásicas. Para explicar fenómenos han construido un mercado de trabajo genérico sobre la base de tres variables: oferta, demanda y precio, entendiendo este último como salarios asociados a costos laborales y no laborales. Por esta vía la relación de trabajo se redujo a una simple correlación entre oferta y demanda y el debate se fue desprendiendo de asuntos como: modos de producción, función social del trabajo, remuneración justa e igualdad de oportunidades, entre otros.

El debate se minimizó al punto que opacó al trabajo como derecho dejando el terreno fértil para que floreciera una idea de trabajo genérica, como si todos los trabajadores fuesen iguales. Suponer que todos son iguales y que pueden desempeñarse en cualquier actividad concreta era aceptar entonces que sólo se diferencian por su nivel de formación o experiencia, entre otras pocas razones. Este terreno fue el que aprovecharon los neoclásicos para introducir la idea de «capital humano», asociándolo a un factor de producción a costa de enterrar al «sujeto trabajador» y de pasó transformar trabajos concretos en abstractos. El trabajo concreto se caracteriza por estar determinado por un arte o técnica, que cuando se sustrae dicho arte o técnica, pues queda el trabajo abstracto, que es un trabajo indeterminado, indiferenciado.

Los análisis neoclásicos sobre el mercado de trabajo son de este tipo y constatan desequilibrios permanentes ―desempleo, informalidad, precariedad― que los atribuyen a un problema de costos ―laborales y no laborales― o a una debilidad del «capital humano», incluso, han responsabilizado al individuo por su falta de esfuerzo y de voluntad. La incapacidad de equilibrio en dicho mercado termina por concluir que el desajuste es debido a costos, salarios o información deficiente que le permita a los empleadores y trabajadores encontrarse con facilidad. Para entender la idea de costos basta recordar la discusión del salario mínimo, donde existe una resistencia a aumentos reales que se explica por la premisa del supuesto efecto inflacionario, el cual domina el debate y se sobrepone a la idea de la remuneración digna y justa en función del reconocimiento de derechos. Nótese cómo un efecto económico prevalece sobre el derecho.

Conviene señalar que el análisis derivado del enfoque neoclásico ha condicionado la compresión de fenómenos y el debate. Asimismo, el debate está lejos de discutir asuntos como la precariedad laboral y la dignidad de los trabajadores y de sus empleos, pues se viene dando en función del mercado y con categorías como «capital humano» que no permite hacer valer el derecho constitucional al trabajo (artículo 25), que la Corte Constitucional interpreta así: «El trabajo como derecho, implica una regulación fundada en la libertad para seleccionarlo, por lo que, salvo las restricciones legales, consiste en la realización de una actividad libremente escogida por la persona dedicando a ella su esfuerzo intelectual o material, sin que puedan impedírselo los particulares ni el Estado a quien, por el contrario, le compete adoptar las políticas y medidas  tendientes a su protección y garantía.»[1]

¿Cómo protegerlo y garantizarlo? La Organización Internacional del Trabajo ―OIT― recomienda proteger a los trabajadores a través de políticas o medidas que fortalezcan la relación de trabajo, especialmente, cuando los derechos y obligaciones de las partes interesadas son inciertos o se intenta disimular la relación, incluso, cuando existen deficiencias en la legislación. Recomienda garantizar mediante la libertad para escoger, la posibilidad para adquirir formación necesaria y la igualdad de oportunidades. Cuando estas ideas son planteadas desde una reforma como la que se acaba de presentar por el gobierno del presidente Petro, pues sencillamente no encajan dentro del debate porque está dominado por aquellas ideas neoclásicas y su discurso del mercado, no del derecho al trabajo. Por eso es que no caben en dicho debate y resultan incómodas, al punto que algunos creen que la solución está en seguir reduciendo derechos para que quepan en el debate, cuando debería ser, al contrario.

Las reformas laborales aplicadas en Colombia ―excepto la actual― se dejaron orientar por las ideas neoclásicas, por tal razón se redujeron derechos. Por ejemplo, el debate sobre cobertura abordado en la Ley 50 de 1990 (gobierno Gaviria) y la flexibilización laboral con reducciones de recargos nocturnos y del pago de dominicales y festivos bajo la Ley 789 de 2002 (gobierno Uribe) encajaron perfectamente en el debate, pese a la resistencia y advertencia de los trabajadores. De hecho, no fueron discutidas con ellos como sí está siendo debatida la actual reforma con los empresarios. Aquellas reformas lo que hicieron fue reducir derechos laborales y bajar costos, con la idea de que eran excesivos y altos, respectivamente. A esta conclusión se llegó utilizando modelos que se ajustan dentro de su mismo aparato analítico neoclásico.

Dichos modelos son ajustados a la abstracción del mercado de trabajo, quizá sin percatarse que dicho mercado no opera sólo, ni en competencia perfecta como lo suponen los modelos; sino que conmuta relaciones con otros mercados donde existen otras variables que habría que agregarlas. Naturalmente que modelar este conjunto de mercados y situaciones es complejo, ya sea porque no existen sofisticados modelos para ello o por falta de información y datos. Esto impide hacer análisis más reales sobre el derecho al trabajo y se prefiere entonces hacer estimaciones sobre relaciones laborales y números de empleos. Aquí está parte del problema que no permite avanzar en el debate; además, porque alimenta una discusión numérica que desprecia el análisis cualitativo, pese a que sus modelos fracasan sistemáticamente. Lo grave es que lo saben, pero debido a su resistencia dogmática prefieren defender modelos e ideas indefendibles obstaculizando así el debate e impidiendo salir del secuestro analítico.

En el calor de la reforma laboral que hace tránsito en el Congreso apareció el estudio del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República (GAMLA) el cual llama la atención por lo siguiente: primero, no hay antecedentes de que un equipo técnico del Banco de la República se pronuncie con tanto detalle sobre un proyecto de ley y, especialmente, sobre una reforma laboral de iniciativa gubernamental. Enhorabuena que equipos técnicos de instituciones independientes salgan a exponer sus consideraciones, pero entonces, ¿Está habilitado el gobierno para que a través de sus equipos técnicos realice comentarios a las decisiones del Banco ó el juicio sólo aplica en una sola vía obligando al gobierno a guardar silencio y sin posibilidad de acción recíproca?

Segundo, el estudio adopta modelos que no necesariamente son los mejores para interpretar la realidad laboral, su complejidad y completitud. Se llaman modelos de equilibrio general donde se asumen mercados en competencia perfecta y se buscan los ajustes entre mercados, agentes y sectores. La calibración de dichos modelos, según lo dice el mismo estudio, toma como referencia otros aplicados para economías en desarrollo y las estimaciones están llenas de supuestos que les permiten llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, el informe estima que la reforma aumentará los costos laborales por dos razones: costo salarial e indemnización por despidos injustificados. Según los supuestos definidos, el aumento del costo salarial podría oscilar entre 3,2% y 10,7%; mientras que por indemnizaciones estaría entre 1,2% y 1,9%. Por esta razón concluye que el empleo formal podría bajar entre 152.000 y 746.000, pero en escenario medio sería 454.000.

La ley 789 de 2002 (reforma Uribe) redujo costos laborales en 13% y estimó que el empleo aumentaría en 640.000 en los 4 años. Estudios realizados sobre el impacto de dicha ley con datos oficiales indican que no se crearon empleos; pero, en cambio, sí contribuyó al empobrecimiento de los trabajadores y según el Índice Multidimensional de Inclusión Productiva (IMIP) de Naciones Unidas, el 70% de colombianos es pobre, no tiene trabajo digno, ni educación, según datos 2021.

Hoy a la oposición les causa impresión que se diga que la reforma no creará empleo. Su sorpresa refleja el secuestro analítico mencionado, pues si están tan sorprendidos deben cuestionar duramente la reforma de 2002. Una reforma laboral con enfoque de derechos no promete empleo, sería un engaño, pues la mejor política de empleo es un buen plan de desarrollo o unas políticas encaminadas a crear condiciones económicas, políticas y sociales que faciliten dinámicas y relaciones. Estos hechos, frente a las estimaciones de GAMLA, tiene más sentido de realidad.

Cuando GAMLA valora el aumento de los costos laborales y su impacto en el empleo formal lo que hace es excluir una variable sustantiva como es el consumo, lo cual no es una crítica, sino la advertencia de que el análisis tiene un alcance y llega hasta cierto punto. Incluir análisis sobre el consumo derivado del mayor ingreso laboral es vital porque para nadie es un secreto que el mayor costo laboral es un ingreso para algún trabajador, el cual rápidamente se consume, entonces ¿No existe un aumento de la demanda que represente más ventas para las empresas y según el impacto podría representar más empleo a futuro? ¿Dónde están estas estimaciones?

El estudio de GAMLA no incluyó los efectos del consumo, quedando el debate laboral incompleto e insistiendo que no es una crítica a los investigadores, pues claramente no tenían ese alcance; pero, con las críticas que se le puedan hacer a los modelos utilizados y según el alcance restringido del estudio, dicho informe no puede ser tomado como una verdad absoluta. Ahora, es claro que, si en los modelos utilizados se cambian parámetros y elasticidades, pues se llega a otros resultados y en cualquier momento podría publicarse otro estudio con resultados opuestos a los de GAMLA.

La actual reforma tiene que servir para llevar el debate sobre el enfoque de derechos sin necesidad de permisos intelectuales de ninguna clase. Por eso conviene acoger las recomendaciones y convenios de la OIT para sacar el debate del secuestro que mantiene. Lo que se debe debatir es la dignidad de las personas y de sus empleos, así como una remuneración justa y que reconozca lo correspondiente al sacrificio que significa trabajar de noche o los domingos y festivos. Por eso la reforma laboral invita a un debate con enfoque de derechos y la sociedad debe comprenderlo y promoverlo. Ahora bien, ante una eventual reducción de empleos formales a cambio de empleos dignos, estables y decentes, pues habría entonces que decirles a los promotores de las reformas pasadas que son culpables de este costo social y de esta precariedad, con la ilusión de que una sociedad que se levanta sobre empleos dignos tiene mayores posibilidades de lograr avanzar en su desarrollo.

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[1] Negrilla fuera de texto, tomado de Sentencia C-107/02.

Jorge Coronel López, Economista, Mg. en Economía, Columnista Diario Portafolio

Foto tomada de: El País