Incendiar un país

La violencia política en Colombia es un mal endémico. Tras doscientos años de perseguir partidos políticos, de atrocidades, exterminios, guerras, de más de un millón de muertos, de más de seis millones de desplazados, de 130.000 desaparecidos, ¡La mayor crisis humanitaria del hemisferio occidental!… Tras el saldo de horror, cuando las mayorías nacionales mandan a hacer la Paz Total, los perdedores, ahora en la oposición, amenazan con desatar nuevas guerras.

Porque no tiene otra connotación que funcionarios subalternos a gobiernos anteriores, desaten una persecución contra el partido que los derrotó, en unas elecciones donde intentaron una y otra trapisonda para evitar el triunfo del Pacto Histórico. Es un recurso poco elegante, pero frecuente en Colombia, donde las guerras más cruentas se han desatado por las hostilidades contra un partido político. La Guerra de los Mil Días, así como la llamada Violencia de los años 1950 tienen por trasfondo sendas persecuciones al Partido Liberal.

La consigna que tanto gusta a la derecha recalcitrante de “hacer invivible la república”, fue la divisa de Laureano Gómez para impedir que las liberales gobernaran tras ganar las elecciones, e impedir que fuesen llevadas a la práctica las reformas de su programa. Fue la declaración tácita de “guerra civil”, de la Violencia de mediados del siglo XX, y que aún no se supera. Y sus perpetuadores, todavía activos en la política nacional, siguen aferrados a la violencia como método, ya que les ha ido bien con ella: Hacen negocios lucrativos, tienen las finanzas estatales a su servicio, también las armas del Estado, y se han apropiado de más de seis millones de hectáreas de tierra, sin contar la que usurparon hace setenta y cinco años. Por esas lógicas trasmutadas, cuando a ellos les va bien al país le va mal, cuando pierde Colombia ellos ganan.

Eso explica su oposición rabiosa a los procesos de paz, también su afección a los métodos adulterinos en política, así como su desprecio a la Constitución y la ley. De esta última demandan estricto cumplimiento al conjunto de la ciudadanía, pero ellos se consideran excepciones a toda norma: son enemigos de la impunidad, pero la buscan para ellos y sus aliados; vociferan contra el narcotráfico, pero se indignan cuando se combate a los narcotraficantes, y no a campesinos; tienen el interés privado por encima del bien general, por eso pretenden sabotear las reformas del Gobierno del Cambio… Ahora azuzan a dos funcionarios elegidos por el anterior gobierno para mantener la impunidad de su grupo político, militante en todas las formas de corrupción, así como para perseguir a los opositores.

Hoy, derrotados por Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, lanzan declaración de guerra contra el partido de gobierno, El Pacto Histórico, mientras mantienen la complacencia sobre los casos de corrupción de sus copartidarios. Tal es el caso de la señora Margarita Cabello, una fámula con computador y micrófono, que desborda sus competencias, y sus incompetencias, para perseguir opositores, sancionando a alcaldes adversos al Centro Democrático, y a personalidades de la izquierda. Ahora comete un nuevo abuso al montar investigaciones, que terminarán en sanciones, contra los congresistas del partido que los derrotó. Tras la frustrada estratagema del fraude intentado en las elecciones legislativas de 2022, donde no pudieron impedir que la lista del Pacto sacara la mayor votación, ahora llaman a la señora que pusieron a firmar exabruptos para que inventando procesos disciplinarios ponga a la bancada del Pacto Histórico en minoría. Intenta la
Procuraduría corregir en un escritorio el resultado adverso de su grupo en las urnas.

Igual desatino en la Fiscalía General, que no esclarece la corrupción en la Sociedad de Activos Especiales, ni las exportaciones de cocaína en las vacas de Fedegan, ni las masacres oficiales en el Paro Nacional, ni los latrocinios del gobierno más corrupto en 200 años, el de Iván Duque, pero, su fiscal de trapo, Francisco Barbosa, no sólo se ocupa de allanar el Palacio Presidencial, sino que pretende hacer pasar por victimaria a la víctima de un robo. A más de las exclamaciones ofensivas contra el presidente de la República, y contra su programa de gobierno, y de pretender soliviantar a las fuerzas armadas contra Petro.

Como se afirmó antes, no son prácticas novedosas, pero sí de unos efectos devastadores en la tranquilidad de la nación. Perseguir al Pacto Histórico traerá consecuencias peores que las que acarrearon las persecuciones al Partido Liberal, en la pretensión siniestra de hacer eterno el conflicto. Tiene razón el señor presidente cuando señala estas agresiones como un intento por burlar la voluntad popular expresada en las urnas. Así como tiene razón en llamar a la ciudadanía a que refrende el triunfo de 2022 en las calles.

Igualmente, resulta sensato que la bancada mayoritaria, en vez de responder agravios, ponga el caso en manos de tribunales internacionales, particularmente la Corte interamericana de Derechos Humanos, que ya se ha pronunciado frente a los alcances de la Procuraduría contra funcionarios de elección popular. Gimen, entonces, los corifeos de esa derecha recalcitrante aduciendo que eso es negar que en Colombia hay justicia, cuando es evidente que en Colombia no hay justicia. El silencio de las cortes ante la persecución al Pacto Histórico, contrasta con la alharaca que armaron cuando el Presidente le pide resultados al Fiscal General, nombrado por la Corte Suprema de Justicia.

Y el caso amerita llegar a la misma Corte Penal Internacional, porque en el Estatuto de Roma se contempla la persecución política como un delito de lesa humanidad (artículos 7.1.h, y 7.2), dado que este tipo de atropello es la iniciación de otros delitos que comprenden matanzas, fraudes, magnicidios, exterminios, desapariciones, un repertorio que se conoce bien en Colombia. No en vano le temen a la acción de tribunales internacionales, independientes, que puedan poner fin a la impunidad crónica de la injusticia colombiana.

Así como órganos de control abandonan su misión institucional para hacer oposición, los medios de comunicación de los conglomerados abandonaron la misión informativa, tornándose portavoces de directorios políticos. Así la opinión prevalece sobre la información, ocultar la verdad es prioridad, y el periodista deviene en noticia. Esos medios ya han sido derrotados, cuando se comprometieron a fondo en la contienda electoral en un frente antipetro, y perdieron las elecciones, de paso su credibilidad. Hoy son las barras bravas del fiscalillo Barbosa y de la prevaricadora Cabello, así como quieren vender que Laura Saravia, jefe de gabinete Petro, es la victimaria en el robo que sufrió, una periodista de radio se vende como noticia, anunciando que es perseguida por los seguidores del presidente, cuando participa de un entramado informativo contra el gobierno.

Se indigna esa prensa porque la comunicación ya no es en una sola vía, porque su supuesta verdad se puede controvertir. Afortunadamente para la democracia, existen fuentes alternativas de información, y la ciudadanía colombiana no está inerme ante quienes quieren incendiar el país desde los medios corporativos.

José Darío Castrillón O.

Foto tomada de: El Tiempo