“Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación de la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio. Gustavo Petro, Comunicado desde Berlín, 15/06/2023.
Gustavo Petro, corridos algo más de dos meses de posesionado como el primer presidente elegido por la oposición al bipartidismo histórico en Colombia navegaba en el proceloso mar de la recurrente crisis del capitalismo planetario. Electo con algo más de 11 millones de votos,[1] partía con un contexto mundial preocupante. De acuerdo al anuncio de Kristalina Georgieva, directora general del FMI, quien advertía sobre el creciente riesgo de una recesión mundial.
Este miércoles, con algo más de diez meses de gobierno con turbulencias, en medio del escándalo producido por la cesación de Laura Sarabia y Armando Benedetti, dos de sus colaboradores más cercanos, éste aumentó con la publicación hecha por Vicky Dávila en Semana.[2]
Petro iniciaba su nuevo periplo internacional, aterrizando en Alemania, país cabeza de la UE, aquejado por los manes de la recesión mundial. Anunció desde allí, que habrá importantes acuerdos económicos que ayuden a paliar la recesión, y aligerar el peso de una guerra intestina que puede salirse de madre. Para pararla está la mediación ofrecida por China, el otro gigante económico que antes exige ciertos ajustes al interior del mercado global capitalista que sufre recurrentes recesiones desde la crisis del petróleo de 1973.[3]
El presidente, tocado a distancia por el escándalo de los dineros en Colombia,[4] en paralelo, celebró también un nuevo triunfo del Pacto Histórico, que obtuvo con el apoyo del Partido de la U:la aprobación de la reforma pensional este miércoles, con la adopción de tres pilares, y la supresión de las facultades extraordinarias que había solicitado.
La ministra del trabajo, Gloria Inés Ramírez, muy activa en este trámite exitoso, consiguió que se aprobara el tope de tres salarios mínimos, la reducción a 1.000 semanas de cotización de las mujeres. El texto contiene 94 artículos, tras dos días de votación en la comisión séptima del senado aprobado, ahora pasará a la plenaria del senado.
Quedan todavía en remojo otras dos reformas de especial importancia, la de la Salud, que tiene dos años como plazo de gracia, y la laboral que está todavía bloqueada, donde está en la primera línea la ministra Ramírez, quien hace políticamente parte de Comunes. Sin embargo, esta vez, alcanzó una inicial gloria en el trámite de las pensiones con la batuta del nuevo ministro del interior, Luis Fernando Velasco que hace la tarea de realizar la pesca voto a voto.
Esta estrategia que tiene mareado al avezado y marrullero director del partido, César Gaviria, que el mismo miércoles sacó bandera blanca, con un comunicado de tres puntos, el primero de los cuales apunta al hecho de que el presidente Petro no puede caer. Desde Berlín, antes, Petro volvió a referirse al interés de la oposición de derribar el gobierno.
Lo había referido en un vibrante discurso desde el balcón del palacio de Nariño, el 1o. de mayo. Después de un mes, en Alemania, insistió: “De eso no puede haber ninguna duda, pero la unidad entre el Gobierno y el pueblo, eso que mostramos allí un poquito en medio de una situación dramática de juntar militares e indígenas a buscar la vida, me parece un mensaje fundamental para la historia de Colombia.”
La antesala a esta conversación la tuvo el 7 de junio, en la manifestación de apoyo a su gobierno, cuando desde una improvisada tarima, a la entrada de la plaza de Bolívar, en Bogotá interpeló al pueblo, para apoyar a su gobierno, con la movilización y la realización de asambleas populares en toda Colombia. Y de ese modo garantizar el triunfo de las reformas sociales con el apoyo popular, más allá de las contingencias vividas en el trámite en el Congreso.
Contexto económico y social de un viraje
“La revisión a la baja de las cifras de crecimiento alemanas probablemente implique también una revisión del crecimiento del PIB de la zona euro para el primer semestre. Es probable que esto muestre que la economía se estancó durante el periodo del cuarto trimestre de 2022 y primero de 2023.” Ángel Talavera, Oxford Economics, citado en El Economista, Vicente Nieves/Mario Becedas, 31/05/2023.
“Pero el Plan no le da poderes dictatoriales al Presidente; al contrario, es para buscar soluciones y obviamente el Congreso definirá cuáles y durante cuánto tiempo.” Jorge I. González, director de Planeación, ET, 12/02/2023, 1.20.
Siguiendo con la reflexión sobre los diez meses del presidente, luego de la coda zurda, Georgieva decía en la universidad de Georgetown: “La incertidumbre es altísima, en un contexto de guerra y pandemia. Puede haber otros choques económicos.” El FMI proyectaba que la economía mundial crecería un 2,9 por ciento para la primavera de 2023.
Ella insistía en mantener la lucha contra la inflación, tener una política fiscal responsable para proteger a los más desvalidos, así como ayudar a los mercados emergentes y las economías en desarrollo.
El pronóstico más inquietante era que un tercio de la economía mundial experimentaría recesión, es decir, dos trimestres consecutivos de contracción en 2023. Sin embargo, después de los diez meses del gobierno Petro, algunos de dichos pronósticos no se han cumplido para Colombia; y su gobierno sí ha respetado las prescripciones económicas indicadas por el FMI, primero con la batuta del renunciado ministro de hacienda, José Antonio Ocampo. Pero no ha pasado con Alemania, que experimenta hoy, una recesión técnica. Su PIB se contrajo un 0,3% en el primer trimestre del año. Lo había hecho en 0,5% en los tres últimos meses de 2022
De otra parte, a finales de 2022, según la CEPAL, la crisis social en América Latina no daba trazas de ceder. La región no había logrado retornar a los niveles de pobreza de 2019. El documento Panorama social de América Latina y el Caribe 2022 registraba que el crecimiento de 6,5 por ciento de PIB en 2021, caía en 2022, con un estimado menor del 3,2 por ciento, y la proyección para el 2023 no sería superior al 1,4 por ciento.
En materia de pobreza estas eran las cifras. En 2019, la pobreza era del 30,4 por ciento; subió a 32,8 en 2020, se redujo a 32,3 en 2021, y se proyectaba que sería el 32,1 por ciento en 2022. En materia de pobreza extrema la cifra era 13,1 por ciento, es decir, 201 millones de personas no pudieron cubrir sus necesidades básicas. Aunque Colombia en este doloroso elenco tenía disminución en la tasa de pobreza, -4,4 por ciento, así como -4,2 en pobreza extrema.
El documento de CEPAL consignaba también, que la pobreza es mayor para mujeres que para hombres, y que niñas, niños y adolescentes son los más expuestos a la pobreza monetaria. Casi el 45 por ciento de los menores de 18 años viven en condiciones de pobreza, porcentaje superior en 13 puntos al promedio poblacional de América Latina. En números redondos, 35 millones se encuentran en pobreza extrema. En Colombia, la mitad o más de este grupo etario vive en la pobreza.
Al respecto de estas variables, se destaca que la educación y su falta es relevante. Los adultos que no completaron educación primaria, el 40 por ciento vivía en pobreza en 2021. Están 14 puntos porcentuales por encima de quienes cuentan con educación secundaria, 32 puntos por encima de la tasa de quienes tienen educación superior completa.
En tiempos de pandemia, la región tuvo el más largo periodo de interrupción de clases presenciales, que según la Cepal impactará en el corto, el mediano y el largo plazo. El promedio de la interrupción de las clases total o parcial llegó a las 70 semanas, mientras que el promedio mundial fue de 21 semanas de cierre total, y 20 de cierres parciales. En lo cual influyen el hacinamiento, la pésima conectividad, el equipamiento y las habilidades requeridas para operar con medios digitales.
Para las minorías étnicas, y, en particular, los pueblos indígenas en Colombia, la tasa de pobreza es superior al 40 por ciento en 2022. Antes, la población afro de Colombia tuvo una tasa de pobreza del 45 por ciento, y los indígenas de 62 por ciento durante el año 2021.
Conviene citar también los indicadores de pobreza en el subcontinente, atendiendo al área de residencia, que señalan como la pobreza rural es mayor: 44, 1, mientras que la urbana es del 29,5. En cuanto a la edad, de 0 a 17 años, es la pobreza mayor: 45, 5. De acuerdo al nivel educativo, como ya se registró, a quienes tienen primaria incompleta es mayor la pobreza registrada: 46,8. (ET, 27/11/2022, 1.23).
Progresismo y Reforma Tributaria Liberal
“Se trata de una reforma ampliamente concertada, la más concertada de la historia, y la más liberal.” José Antonio Ocampo, Min Hacienda de Colombia.
“Si el 0,3 por ciento de pensionados (con esas mesadas de 40 millones) no van a pagar impuestos, ¿entonces quién?”. En ET, 21/10/22, 1.4.
En el foro Reforma Tributaria en la recta final de El Tiempo de octubre de 2022, el compareciente ministro de hacienda Ocampo respondía a las preguntas del analista Ricardo Ávila con respecto a la reforma tributaria a punto de ser aprobada en el Congreso. Empezó con los impuestos mineros, que quedaron reducidos al petróleo y el carbón, con una sobretasa de renta variable, con la previsión que si los precios internacionales bajan, desaparece la sobretasa.
Igualmente insistió en la no deducibilidad de las regalías, “son el pago por un activo de la Nación, y por tanto no puede ser deducido como cualquier costo.” Señaló que se respetaban los contratos de exploración y explotación, con la mira puesta en “ver cómo dejamos de ser dependientes del 40 por ciento que hoy día exportamos de petróleo…a qué ritmo se puede hacer esa diversificación exportadora.
Al pasar revista a los salarios criticó al gobierno Duque, que al no cumplir el principio básico de calcular el aumento del cruce entre inflación más aumento de productividad, se fue por encima, con el resultado que la inflación siguiente “se comió” el aumento del salario mínimo. Luego la lección aprendida indicaba que el aumento del mínimo no podía alejarse mucho de dicha regla.
En materia pensional, Ocampo enfatizó que se gravan las pensiones altas “como sucede en todo el mundo. El régimen…no es abusivo”. Reveló que de 12 países latinoamericanos que investigó Colombia es “el único país donde los aportes para pensiones están exentas de impuestos.” Por lo demás, el gravamen sólo afectará al 1 por ciento de los pensionados. En todo caso, aclara que, Colombia gravará las pensiones superiores a 2.400 dólares. Solo el 0,3 por ciento de los colombianos tienen pensiones de 40 millones de pesos.
En tono doctrinario, el ministro estrella, respondió haciendo historia, tanto a Cambio Radical como al Centro Democrático que hicieron resistencia a la aprobación de la Tributaria: “Por ejemplo, (dicen) ‘impuesto al patrimonio no’: perdón, el impuesto al patrimonio fue creado por Alfonso López Pumarejo en 1935 y se mantuvo hasta 1989. Fue una invención liberal…Nosotros propusimos el uno por ciento y el Congreso creó una categoría más alta del 1,5 por ciento.”
Para responder a los empresarios alborotados, entonces Ocampo dijo: “salvo el sector minero, el resto de sectores empresariales tienen casi las mismas tasas de tributación que seguirán siendo moderadas.” Según las estimaciones del exministro, la tasa de tributación para las empresas pasará del 25 por ciento al 29 por ciento, “Lo ha dicho el presidente Gustavo Petro: creemos en la empresa privada. Es el motor de la producción. Esperamos que la empresa privada impulse la producción.” (En ET, 21/10/22, 1.4)
¿La Reforma a la salud, conato de crisis?
“Al final, y así suene a lugar común, el desenlace será uno: la verdadera víctima de la crisis explícita de la salud terminará siendo el paciente.” Ricardo Ávila Pinto, ET, 27/11/22, 1.24.
Ricardo Ávila, analista de cabecera del diario neoliberal El Tiempo, en noviembre de 2022, se iba lanza en ristre contra la ministra de salud, Carolina Corcho, citando al experto en salud, Andrés Vecino, así: “la ministra se dio cuenta de que tiene una bolsa de más de 70 billones de pesos, y quiere cubrir las promesas de campaña con recursos de la salud.”
Antes ocurrió el anuncio que se reducía a la mitad el Soat para motos de menos de 200 cc. Lo cual significa que la ADRES, Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, recibiría dos billones de pesos anuales menos a partir de ese diciembre. A no ser que se logre reducir drásticamente la evasión, porque de 10,5 millones de motos, solamente 4,2 tienen Soat.
A ello se añadía el promover el sacrificio de ganado en los mataderos municipales, y no en los frigoríficos que requerirá la supervisión del Invima con los costos adicionales que demanda, y los cuales saldrán de la bolsa de la salud.
De otra parte, para hablar de las EPS, y la salida del mercado de la inmensa mayoría de ellas, hasta persistir un verdadero oligopolio, es importante ponerle cifras a lo que le gira la ADRES a las EPS. Para el bienio 2020-22, cuando se estimó la inflación en 7,82 por ciento, el pago por capitación (UPC) tenía un incremento de 17,84 a noviembre de 2022.
Lo que fuera la pandemia del Covid 19 aumentó la demanda de consultas. Es lo que confirmaba Paula Acosta, presidenta de Acemi que agremia a un buen número de EPS, “durante el segundo semestre de 2022 se observa el mayor uso de servicios de salud desde que se cuenta con estadísticas.” A lo anterior se suma que a finales de 2021 se pasó a financiar medicamentos del 44 al 96 por ciento, y la cobertura de los procedimientos subió también del 89 al 97 por ciento.
A propósito de las causas de la “crisis” que la ministra de salud hacía “explícita” en agosto de 2022, se destaca por el analista Ávila, citando a Acemi, que la insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) arroja un déficit de 6,2 billones, más el agujero que resulta de las deudas contraídas por el gobierno con las EPS por tratamientos que no financia la UPC. Este último adeudo comenzó en 2020, cuando Minsalud decidió entregar los llamados “presupuestos máximos”, un monto anual anticipado a las EPS para gestión de tecnologías no cubiertas por la UPC. La cuenta ascendía ya a 2,6 billones de deuda de la Nación, por la que responderá el nuevo gobierno.
Las EPS privadas arrecian en sus reclamos para el pago de las deudas contraídas. En particular, una ex viceministra, la hoy consultora Diana Cárdenas señala: el Gobierno nacional ha ignorado la evidencia y las alertas de insuficiencia de recursos de 2022.” A lo que se añade en este recuento del año anterior, el decir de Carmen Eugenia Dávila, de las EPS del régimen subsidiado, para quien el incremento de la UPC del 12 por ciento no será suficiente, reclamando como ajuste el 18 por ciento.
Para entonces, la ministra Corcho no había presentado todavía el borrador del proyecto de ley, y las EPS se dispusieron a anticipar la batalla en defensa del negocio privado de la salud en Colombia. En defensa de estas, el analista Ávila, cuestionaba el informe oficial que mostraba cómo “la mayoría de las entidades (EPS) están incumpliendo los requisitos financieros para su operación y una buena proporción presentan cifras en rojo considerables…pero la filtración omitió deliberadamente que en algunos casos el incumplimiento tiene relación con los giros que no ha hecho la nación o que en 2015 el MinSalud dio 10 años de plazo a las EPS para adaptarse a los nuevos requisitos…”(ET,27.11.22, 1.24)
Él añade cómo la Superintendencia del ramo guarda silencio acerca de los hospitales públicos y los municipios: “Allí también hay abundantes casos de alto nivel de riesgo y malos manejos financieros que deberían ser puestos sobre la mesa…”
En la crisis de la salud, la fresa del pastel corresponde a que la ADRES será pagador único de clínicas, hospitales y laboratorios, en lugar que lo hagan algo más de 30 EPS, con la inquietud manifiesta que sean administradores de recursos públicos tanto departamentos como municipios que los propios partidos políticos tachan y censuran, con una subida cuota de cinismo, puesto que son ellos los que manejan tales entidades.
Igual descubre una carta política, ante el hecho que el gobierno del cambio anuncia que implementará en serio el modelo preventivo y predictivo de salud que contempla la ley desde su expedición, y que los gobiernos han ignorado sistemáticamente hasta ahora. Se trata de los Centros de Atención primaria, a los que se adscribirá cada ciudadano, junto con los grupos de médicos, enfermeras y auxiliares que recorrerán los territorios ayunos de salud para valorar las condiciones de salud de la población más desfavorecida.
El argumento es “pronosticar” que tal política buscará, como en Brasil y Venezuela, hacer política electoral de cara a las elecciones de 2023. A lo cual se presta un balance de la potencial distribución de 1000 equipos iniciales hecha por un investigador, Johnattan García-Ruiz, con credenciales de Harvard: “…en el mapa de los mil equipos iniciales aparecen muchísimos en Magdalena y Medellín, a cargo de aliados políticos del presidente, mientras que, curiosamente, en la Amazonia, Chocó y la Guajira no se proyectan casi equipos”.
En suma, la oposición política y mediática a la política pública de salud, que reconoce que se trata de un nuevo sistema de salud, invalida en materia financiera el esfuerzo por hacer, una vez que el proyecto de ley se aprueba. Pronostican que la ADRES deberá tener un patrimonio de al menos 5 billones, para responder, además, a pasivos impagables, cercanos a los 3 billones, que podrían ser 5 billones, al producirse la liquidación masiva de las EPS inviables actualmente. Es lo que advierten la Andi y la firma Sectorial.co.
Tales serían las dimensiones de la crisis que alertaba El Tiempo, caja de resonancia de los intereses corporativos del sector salud, y los partidos que se benefician de él, antes y después de las consabidas campañas políticas. Para vaticinar “un colapso. Al final, y así suene a lugar común…la verdadera víctima de la crisis explícita de la salud terminará siendo el paciente.” (ET, 27/11/22, 1.24) Con el corolario a la vista, que no serán las empresas negociantes del servicio, – que no derecho a la salud -, las perdedoras.
El rumbo que fija el Plan Nacional de Desarrollo
“Este es el primer plan de desarrollo que coloca el territorio en el centro. Hemos hecho entre todos esta apuesta.” Jorge Iván González, director nacional de Planeación.
De dar crédito analítico al enfoque de discurso político elaborado por la pareja Laclau/Mouffe, al leer el documento del Plan Nacional de Desarrollo, PND, del gobierno del Pacto Histórico, el significante vacío es la Paz Total, que obra como eje transversal del mismo. Este es un documento de 321 páginas, que resultó de una elaboración con la ciudadanía reunida en 51 diálogos regionales. Fue el resultado de condensar 89.000, propuestas. Se radicó en el Congreso el 6 de febrero de este año.
De otra parte, las inversiones públicas del PND, contenidas en el documento ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, calculadas hasta el 2026, valdrán 1.154,8 billones de pesos, monto que saldrá un 50 por ciento del Presupuesto nacional, y un 23 del llamado Sistema general de participaciones.
González, director de Planeación, a la cabeza del equipo que redactó el documento, primero revela un giro significativo en su concepción, así: “Pasamos de una democracia participativa a una democracia representativa”. Como resultado, parece, en su entendimiento, de ubicar como centro de su elaboración al territorio.
El proyecto pasó por las comisiones económicas que discutieron su articulado, en abril vivió la prueba de las plenarias, y se aprobó en mayo con modificaciones. Pero, antes, de referir el resultado definitivo, conviene recordar las expectativas que recogía el documento original. Éste contenía varias reformas al sistema de protección social y rural; otorgaba facultades extraordinarias al presidente para crear o fusionar entidades; creaba un registro universal de ingresos, RUI administrado por el DNP, con el objetivo de focalizar subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social, así como un Consejo nacional de la economía popular.
Mención especial tiene la propuesta de nuevo sistema de transferencias para apoyar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, que coordinaría el DPS, que manejaría transferencias monetarias, condicionadas o no, y en especie, para dar concreción al programa ‘Hambre cero’.
A través del Departamento Administrativo de la función pública, el gobierno lidera la formalización del empleo público, para proveer todos los cargos, para evitar el consabido clientelismo e inestabilidad consuetudinarias, a la vez que crear nuevas formas de vinculación estatal, y ponerle límites racionales a la contratación por prestación de servicios.
La parte más polémica, y de mayores resistencias eran las facultades extraordinarias del ejecutivo por seis meses para crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar o modificar la naturaleza jurídica de entidades de la rama ejecutiva del poder público. De igual modo, realizar modificaciones al presupuesto para funcionamiento e inversión; y, en particular, competencia para regular los usos alternativos de coca y cannabis para fines medicinales, terapéuticos y científicos.
En cuanto a la reforma rural integral se propone crear e implementar mecanismos de gestión catastral multipropósito en territorios de comunidades étnicas para la prestación mediante un esquema diferencial el servicio de la gestión catastral. Habrá un ajuste del avalúo catastral de todos los inmuebles del país en el año 2023, de conformidad con el Igac. Se indican mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras para cumplir con el punto 1 de los Acuerdos de paz de 2016.
En cuanto a la biodiversidad y los servicios eco-sistémicos, el proyecto de PND habla de plan de contención de la deforestación, con énfasis en la Amazonia, y los municipios PDET, para transformarlos en núcleos de desarrollo forestal. Adicionalmente, en el PND se insiste en la generación de energías renovables para potenciar energías eólica, solar, geotérmica, biomasa con miras a democratizar la generación de energía en Colombia.
En suma, el PND se desagrega en cinco transformaciones fundamentales a las que se asignan los $1.154,8 billones. Para la seguridad humana y la justicia social, 744,2 billones de pesos (64 por ciento). Para la convergencia regional, que reduce brechas sociales y económicas, 136,5 billones (12 por ciento). La tercera transformación es productiva, acción climática e internacionalización, que construya resiliencia a los choques climáticos cada vez más severos y frecuentes. Tiene asignados 114,3 billones (10 por ciento).
La cuarta transformación se aplica al derecho humano a la alimentación, vida activa y sana, con 47,4 billones (4 por ciento). Y la quinta gran transformación apunta a reordenar el territorio alrededor del agua, con recursos de 28,5 billones (2 por ciento). Además, para las apuestas del plan, acciones transversales, se asignan 83,9 billones de pesos (7 por ciento).
El complejo trámite de las reformas continúa, y los índices de intención golpista por parte de la oposición al gobierno del Pacto Histórico arrecia, a través de las escaramuzas de la guerra mediática, y las amenazas de lawfare, que muestran como protagonistas embozados a la pareja de la procuraduría y la fiscalía general. Aunque, tal parece, que se le ha llamado ya la atención al Fiscal Francisco Barbosa, quien ha llamado a respetar a la institución presidencial.
(Continuará)
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[1] El Pacto Histórico tuvo una votación de 11.281.902, con el 99.99 por ciento de las mesas informadas, esto es, un porcentaje de 50.47 por ciento, en la segunda vuelta, el domingo 19 de junio de 2022. Seguido por Rodolfo Hernández, quien contabilizó a su favor 10.580.399 millones de votos, que equivalen al 47.31 por ciento. La votación total superó la obtenida en la elección del anterior presidente, Iván Duque, cuando el hoy presidente ocupó el segundo lugar. En la primera vuelta de la elección de 2022, Petro la ganó con 8.527.768 votos, y el segundo lugar lo ocupó el candidato de la derecha populista, Rodolfo Hernández, que obtuvo 5.953.209. Luego, Federico Gutiérrez, candidato favorito de la reacción, apoyado por Álvaro Uribe Vélez y su partido el Centro Democrático, se unió al adversario de Petro, sin lograr vencerlo en el ballotage.
[2] Semana, invocando a un testigo innombrado, señaló según éste, que “la plata era de Petro, eran cinco maletas y 3.000 millones de pesos. Dávila (el coronel) me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle plata en el apartamento, ese dinero se perdió, entonces necesitaba que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido.”
[3] Esta dolorosa crisis comenzó el 16 octubre, cuando los países árabes miembros de la OPEP, más Egipto, Siria y Túnez decidieron no exportar más petróleo a los países que apoyaron a Israel durante la guerra de Yom Kipur. La crisis finalizó en marzo de 1974, y produjo un aumento notable de la inflación, desempleo y caída del crecimiento económico mundial.
[4] Petro respondió desde Berlín, diciendo: “Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación de la revista Semana.” Antes, en su conversación del Instituto Iberoamericano en Berlín, se refirió de nuevo a la fórmula de los golpes blandos, que él denunció en el caso del expresidente Castillo del Perú: “No, ya pasaron la frontera. Nos van a seguir atacando, más y más, para romper la relación entre el gobierno y el pueblo, para derribar al Gobierno.”
Miguel Ángel Herrera Zgaib, PhD. Director Grupo Presidencialismo y Participación. International Gramsci Society, IGS, Colombia.
Foto tomada de: Canal Institucional
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