La participación social en los diálogos con el ELN: ¿un sueño posible?

“El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños y tienen el coraje de perseguirlos”

Franklin D. Roosevelt

El pasado 10 de marzo el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional culminaron, en ciudad de México, la segunda ronda de negociaciones del proceso de paz que se está adelantando y  que tuvo un nuevo impulso por  voluntad del actual mandatario, dentro de la política de paz total en la que está empeñado no sólo el gobierno sino una parte importante de la sociedad que sueña con la posibilidad de una comunidad solidaria y empática en la que se pueda disfrutar una vida sin miedos y en condiciones de equidad.

Durante esa ronda se trazó lo que sería la agenda de negociación que tiene en cuenta factores determinantes en las condiciones de vida de los colombianos (as) tales como la incidencia del narcotráfico, la corrupción política que, a pesar de los esfuerzos del gobierno del cambio no se puede superar con la celeridad deseable, el modelo económico hoy agravado por la crisis global, entre otros aspectos. El derrotero a seguir en la negociación indica que la superación del conflicto interno, pasa por realizar transformaciones políticas, sociales, económicas, ambientales y culturales y requiere un pacto nacional que pueda aunar voluntades de todos los sectores de la sociedad.

No es una novedad señalar la urgencia de esas transformaciones. En las negociaciones del gobierno Santos con las FARC también se habló de ellas y en los acuerdos firmados décadas atrás con el M-19, el EPL, el Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista y más atrás aún, en 1953, con las guerrillas liberales, fue claro que la sociedad colombiana requería cambios urgentes en materia de justicia social. Tampoco es novedoso el incumplimiento sistemático de los gobiernos de turno en impulsar esas transformaciones necesarias, exigidas atrás con la fuerza de las armas, y que en cada momento de la historia han tenido voces y voluntades que de verdad quieren la paz y buscan justicia y equidad. Lo novedoso es que hoy el Presidente de la República es una de esas voces y que viene tratando de impulsar el gran Acuerdo Nacional a efectos de materializar las reformas que impulsa su gobierno.

La consolidación de ese Acuerdo, debe realizarse a partir de la alianza de fuerzas, movimientos y organizaciones políticas, económicas, sociales, medios de comunicación, y distintos grupos y expresiones populares que deben empujar los cambios requeridos.

El pasado 9 de junio en La Habana se estableció como primer punto de la agenda el de la participación de la sociedad de manera activa, propositiva e incluyente con enfoque diferencial y prevista en tres fases: diseño, diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz y construcción de agenda sobre democracia iniciados a partir de la instalación del Comité Nacional de Participación que se producirá el próximo 25 de julio. Se prevé que la duración del acuerdo sobre participación llegará hasta el mes de mayo de 2025.

En la fase de diseño se definirá la forma de participación de la sociedad, precisando los criterios y alcances para garantizar el papel central de la misma en el desarrollo de los temas acordados; el objetivo de la segunda fase es “adelantar un diálogo entre los diversos actores sociales convocados e identificar los principales problemas que son causa del conflicto político, social, ambiental y armado para formular soluciones integrales” y en la fase tres se pactarán políticas y un plan integral de transformaciones y proyectos específicos de orden nacional y territorial.

El gobierno nacional se ha anticipado en la búsqueda de las transformaciones que se requieren para el logro de una Colombia más equitativa y con justicia social y desde su inicio convocó a un pacto nacional incluyente y presentó al legislativo un robusto paquete de reformas. Esta convocatoria aceptada por millones de ciudadanos (as) ha tenido también una férrea oposición de sectores que tradicionalmente han sido dominantes y que hoy se resienten con la expectativa de perder algunos de sus privilegios. Esos sectores sólo aceptan mantener el statu-quo sin consideración por quienes han sido marginados por la pobreza y la exclusión o por los que mueren víctimas de la violencia y la intolerancia.

En esas condiciones el énfasis de la participación social en el Gran Acuerdo Nacional no será tarea fácil pues tenemos una parte importante de la sociedad refractaria a cualquier cambio, atenta a los grandes medios de comunicación que se concentran en ser propagandistas de los económicamente poderosos, una sociedad que ha perdonado, sin análisis, la corrupción y los crímenes de lesa humanidad cometidos por y en gobiernos anteriores, pero que al primer gobierno que representa la visión del progresismo no le acepta ni el incumplimiento de una cita o el calzado de sus funcionarios. Al gobierno de Gustavo Petro se le exige perfección.

La problemática social, ambiental y política del país está debidamente diagnosticada y los diálogos con las FARC profundizaron en el análisis que se enriqueció con los aportes que surgieron desde la academia, las organizaciones sociales, las iglesias, los estamentos sociales, las fuerzas armadas, las víctimas y todos los participantes en el acuerdo de paz de 2016. El gobierno actual ganó las elecciones por sus propuestas de transformar, por representar el cambio necesario sobre la base de juiciosos análisis políticos y sociales. Pese a ello en los diálogos actuales se ha concertado un nuevo diagnóstico que será el fundamento de los planes y políticas posteriores para la culminación de los acuerdos.

No cabe duda de que quienes consideramos que es necesario conseguir la paz, entendida en toda su dimensión, estaremos deseosos y prestos a contribuir al avance de esos diálogos pero también es claro que esa sociedad que privilegia intereses propios y no comunitarios torpedeará, desinformará y concentrará sus esfuerzos en que la guerra, que conviene a tantos, continúe cobrando vidas. El reto es lograr ese Acuerdo Nacional en el que estén presentes y participantes de manera activa los opresores de siempre y sus alfiles y peones de los grandes medios de comunicación que, pomposamente, se llaman a sí mismos formadores de opinión.

Una gran parte de la sociedad sumida en la ignorancia y la indiferencia contribuye a mantener el estado de cosas y es a ese importante sector social al que hay que dirigir las estrategias pedagógicas necesarias para sumarlo a los esfuerzos de los millones que creemos en la necesidad de las transformaciones y en el rechazo a acciones de violencia armada que hoy asesinan a líderes, opositores, reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos y a los firmantes del acuerdo de paz de 2016 y que no están haciendo posible mejores condiciones de vida para el grueso de la población que ve menoscabados sus derechos cotidianamente. Solo con la unidad social arrasadoramente mayoritaria se podrá avanzar adecuadamente en la construcción de un pacto nacional que presione a los excluyentes de siempre a incorporarse a los cambios ya propuestos por el actual gobierno, que coinciden con las peticiones del ELN.

El archivo de la reforma laboral que aplauden los económicamente poderosos y sus medios de comunicación afecta a millones de trabajadores muchos de los cuales por ignorancia y desinformación también celebran. Nos compete a los que creemos en la necesidad del cambio y al Gobierno Nacional implementar estrategias inmediatas y contundentes de información y pedagogía con esos sectores que se oponen a las reformas y a los diálogos que redundarían en mejorar sus vidas para lograr ese Acuerdo Nacional con el que sueña el gobierno y que el ELN también reclama.

La paz es un derecho fundamental consagrado constitucionalmente pero también es una aspiración y un sueño. Por ello un grupo armado que se autodenomina Ejército de Liberación Nacional debería contribuir de manera inmediata a liberar al pueblo colombiano del dolor de la muerte y el miedo. El tiempo de la lucha armada para acceder al poder político es cosa del pasado; hoy urge el cese al fuego que la comunidad hastiada reclama con urgencia. Los acuerdos 10 y 11 firmados en La Habana el pasado 9 de junio se refieren al cese bilateral del fuego poniéndole como fecha de inicio el 3 de agosto de 2023, tras una fase de alistamiento, pero es vital que ese alistamiento implique suspender los ataques a la ciudadanía, que durante el mismo no se pierdan más vidas, que los intereses personales o grupales no se impongan sobre los generales, que podamos dejar de contar por docenas las violaciones al DIH, que las comunidades puedan empezar a respirar un poco más tranquilas con un actor armado menos. Es la manera básica de la realización del derecho a la paz.

La participación activa y propositiva que está pactada hasta ahora entre el Gobierno y el ELN debería empezar por la exigencia de respetar el acuerdo suscrito con las FARC pero para que eso sea posible es deber de todos (as) convocar a esa sociedad no participante, generar canales de comunicación y confianza y del gobierno de diseñar estrategias comunicativas y pedagógicas que lleguen a las comunidades. No es suficiente con las redes sociales.

Si queremos un futuro para todos (as) es el momento de redoblar esfuerzos de análisis y acción para lograr el sueño que estamos persiguiendo de lograr un país con paz, equidad y justicia social y que ha sido el empeño del actual gobernante. Necesitamos el coraje del que habla Roosevelt para avanzar sin desfallecer.

María Consuelo del Río M.

Foto tomada de: El Heraldo