Han puesto en marcha un plan cuidadosamente diseñado para bloquear, desprestigiar, demeritar, sabotear y hacerle imposible la tarea de gobernar al presidente. Plan que incluye la guerra mediática, el aniquilamiento moral, campaña de calumnias y de odio, el lawfare (“guerra judicial”), simulacro de conciliación y ruptura pública de acuerdos en la tarea legislativa, en fin, todo tipo de artimañas contempladas en la guerra sucia declarada contra el presidente, la vicepresidenta y su equipo de gobierno, con la no tan soterrada intención de socavarle el apoyo popular. Tanto las acciones ya realizadas, como las que harán en el inmediato futuro, forman parte e indican la puesta en marcha de un golpe de estado en cámara lenta, como acertadamente lo ha caracterizado el profesor Ricardo Sánchez Ángel. Se trata de la modalidad de golpe de Estado puesta en práctica, con la asesoría del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por la derecha neoliberal y neoconservadora en países latinoamericanos en lo que va corrido del presente siglo.
En la movilización del pasado 7 de junio, convocada por el presidente y respaldada por el movimiento sindical y popular, para respaldar su gestión y sus proyectos de reformas sociales, en su discurso, de la Plaza de Bolívar, denunció que estaban preparando un “Golpe Blando”, declaró que no estaba solo y llamó al pueblo que lo respaldó en las urnas a permanecer en estado de alerta. La denuncia ha circulado profusamente en las redes sociales adeptas al gobierno.
Pero, no se trata de un día señalado para que las fuerzas armadas asalten el palacio de gobierno, derroquen el presidente, cierren el congreso e impongan una dictadura civil o militar, suspendan las libertades civiles y políticas, ejerzan un régimen de terror y desaten la violenta represión, la persecución y la criminalización de las luchas sociales y de resistencia, como como las acontecidas en el siglo XX, con las sanguinarias dictaduras de Alfredo Stroessner en Paraguay (1954 – 1989), Hugo Banzer en Bolivia (1971 – 19789) , Augusto Pinochet en Chile (1973 – 1990), Jorge Rafael Videla (1976 – 1981), Anastasio Somoza y su familia en Nicaragua (1937 – 1979), Duvalier en Haití (1957 – 1971), Carlos Castillo Armas en Guatemala (1954 – 1957), Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana (1930 – 1961), Fulgencio Batista en Cuba (1952 – 1959), para señalar las más oprobiosas, marcadas con sangre de centenares de miles personas inocentes, víctimas de las atrocidades de aquellos regímenes del horror.
Lo que está en marcha es un plan cuidadosamente diseñado para asaltar el poder en el momento que consideren oportuno que, de llegar a consolidarse, contra el presidente Petro, sería la continuidad de la nueva modalidad de golpes ejecutados contra mandatarios de izquierda o progresistas en distintos países de América Latina, Tal como aconteció en 2009 con el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, Procesado por la Corte Suprema de justicia y el tribunal electoral, acusado por la oposición de querer hacerse reelegir para a un segundo mandato, lo cual estaba prohibido, de traición a la Patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio del Estado de Honduras (lawfare) Y le emitieron orden de captura. Las fuerzas militares allanaron la casa presidencial, detuvieron a Zelaya y lo deportaron a Costa Rica. Así mismo, en 2012, el partido Colorado de extrema derecha, hizo uso de sus mayorías en el Congreso y, mediante juicio político relámpago (en 24 horas), sin garantías procesales, acusó de corrupción y destituyó al presidente Fernando Lugo, que los había derrotado en las urnas. El juicio estuvo precedido de una fuerte y prolongada campaña mediática de desprestigio y aniquilamiento moral del presidente, miembro de la teología de la liberación.
Igualmente, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, destituida por el Congreso de la República a finales de 2016 mediante juicio político que culminó a finales del mismo año, en el que fue acusada de violar las Leyes de presupuesto y de probidad administrativa; además de “sospecha”, sin pruebas, de estar implicada en actos de corrupción en Petrobras, en el marco de la Operación Lavajato (Lawfare) y reemplazada por su vicepresidente de extrema derecha neoliberal, Michel Temer, en tan solo 24 horas. Sus acusadores y jueces parlamentarios, que la juzgaron por el caso Odebrecht-Lavajato, resultaron todos implicados en el mismo y condenados.
Evo Morales, presidente legítimo del Estado Plurinacional de Bolivia, el 20 de noviembre de 2019, fue víctima de un golpe de Estado. Las fuerzas armadas lo obligaron a renunciar, así como al vicepresidente, toda la cúpula del gobierno y las directivas del senado y la cámara de diputados, integrantes del Movimiento al Socialismo-MAS-, que contaban con amplias mayorías parlamentarias. El golpe se justificó basado un falso informe sobre fraude electoral elaborado por la OEA, que estaba comprometida con la defenestración del presidente. Crearon un caos institucional que trataron de arreglar con la posesión inconstitucional de la segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Añez, quien ejerció un año de sanguinaria dictadura en alianza con el candidato derrotado Carlos Mesa y el líder de la extrema derecha, Fernando Camacho y sus bandas fascistas “Los motoqueros”. La rebelión indígena y popular obligó a convocar elecciones en las cuales la dictadura fu ampliamente derrotada.
En Perú, el presidente Pedro Castillo Terrones, fue depuesto por el Congreso el 7 de diciembre de 2022, después del fracaso en tres intentos de la bancada fujimorista, encabezada por Keiko Fujimori, sus aliados de la derecha y algunos de izquierda, para declararle la vacancia (destituirlo), por supuesta insolvencia moral permanente y después de varios juicios contra él y su familia (lawfare) por presunta corrupción, precedidos de una feroz campaña mediática, cargada de racismo, calumnias, desprestigio y descalificación ética. Abandonado por sus aliados de la izquierda, derrotado, traicionado por su vicepresidenta Dina Boluarte y desesperado, el día 7 de diciembre, antes de su derrocamiento, leyó una declaración para anunciar el cierre del congreso y convocar a la elección de uno nuevo congreso con funciones constituyentes. Fue acusado de intento de auto golpe y defenestrado por el Congreso que procedió a posesionar a Dina Boluarte como presidenta. Quien, hasta la fecha, ejerce una sanguinaria dictadura, que ha causado decenas de muertos y centenares de heridos y desaparecidos.
En ninguno de los casos, someramente reseñados, se trató de golpes blandos, pero comportan, con mayor o menor intensidad, un patrón común; es notoria la intervención de Washington, los partidos de la extrema derecha neoliberal que controlan el congreso, con excepción de Bolivia, confabulados con el poder judicial, sometieron a juicios previos y amañados a los mandatarios depuestos, fueron apoyados por conglomerados económicos nacionales y extranjeros, el poder mediático, sometió a cada mandatario al aniquilamiento moral que logró desestabilizar sus gobiernos y restarles legitimidad en los sectores populares, las fuerzas militares se encargaron de sofocar a sangre y fuego las resistencias y las rebeldías populares, desatadas en respuesta a los golpes de facto ejecutados por la dictadura. Dichos golpes fueron justificados ante la opinión pública como acciones para defender la democracia y sus instituciones.
La alianza mayoritaria de los partidos de la extrema derecha y la derecha en el congreso colombiano, hegemonizada por Álvaro Uribe y sus cómplices, ha seguido al pie de la letra el patrón ejecutado en los golpes de facto realizados; sabotearon los proyectos de reforma laboral y de uso adulto de la marihuana y dejaron en cuidados intensivos los de reforma a la salud y de pensiones, desataron la guerra mediática, mediante amplia difusión de falsas noticias sobre cierres de empresas, despidos masivos, quiebras de las MIPYMES, como consecuencia del proyecto de reforma laboral, para sembrar pánico entre la clase trabajadora, prendieron alarmas sobre el cierre inmediato de contratos vigentes de exploración petrolera, acusaron al gobierno de querer imponer el modelo cubano de salud y de destruir hospitales y clínicas privadas, inculparon a Petro de querer expropiar a los terratenientes, de ser el dueño de miles de millones supuestamente encontrados en maletas robadas a la jefe de gabinete de la presidencia y de $500 millones más, encontradas en el maletín de un alto exfuncionario, de ordenar el asesinato del coronel Óscar Dávila, adscrito a la seguridad de la presidencia. Por boca del filibustero y drogadicto embajador en Venezuela, Armando Benedetti, lo señalan de haber permitido el ingreso de $15.000 millones del narcotráfico a su campaña presidencial.
Calumniaron a la vicepresidenta Francia Márquez por la sospechada compra de una mansión de $5.000 millones en el vecindario, estrato 16, de la familia de la senadora Cabal, la acusaron de despilfarrar el presupuesto porque viajó en un helicóptero militar, desde Cali a la vereda donde vive su familia en el Cauca, después de un frustrado intento de asesinarla, descalificaron su misión diplomática al continente africano, por delegación del presidente. Acciones acompañadas de sistemática campaña mediática de odio racista. El fiscal General, la Procuradora general y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, se convirtieron miembros de la oposición y utilizan sus altos cargos para faltarle el respeto y denostar del presidente. Y, para remate, sus enemigos interpusieron denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por presunta financiación ilegal de la campaña (Lawfare). Todo acompañado de la guerra declarada por los medios de comunicación masiva a discreción de los intereses de los poderosos gremios económicos, su modelo neoliberal y sus partidos.
En guerra avisada un muere el soldado, reza el adagio popular, la avanzada golpista en curso solo es posible derrotarla con la denuncia nacional e internacional, la auto organización y la movilización popular en ciudades, pueblos y veredas. Debemos seguir el ejemplo de los pueblos de Honduras y Bolivia que enfrentaron la dictadura, que causó decenas de muertes y desapariciones, en resistencia prolongada, la derrotaron y retomaron el camino de la democracia, y el del pueblo peruano, encabezado por los pueblos originarios, con sus mujeres al frente, mantienen la resistencia contra la dictadura que ha masacrado decenas de personas y desaparecido miles.
José Arnulfo Bayona, miembro de la Red Socialista de Colombia.
Foto tomada de: Publimetro
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