En el anexo “mensaje presidencial PGN, 2023 (pág. 63), se detallan los distintos regímenes pensionales que va a cubrir esta partida: $19,3 billones para Colpensiones, que incluyen $160 mm para BEPS; $8,5 billones para el pago de la nómina de pensionados de los docentes del magisterio; $417,1 mm para cubrir el pasivo pensional de las universidades públicas del orden nacional; $12,5 billones para el pago de pensiones del Fondo de Pensiones Públicas, dentro de los cuales se destacan $8,9 billones para el pago de obligaciones pensionales de la extinta CAJANAL, $922 mm para el pago de pensiones de TELECOM, $518 mm para las pensiones de los ex funcionarios del ISS y $374 mm para el pago de pensiones que estaban a cargo de POSITIVA S.A.; $13,4 billones para el pasivo pensional del Sector Defensa y Policía (302.000 personas, entre retirados, pensionados y beneficiaros, que han prestado sus servicios en los diferentes organismos, en especial en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional).
Esta partida no está financiada de manera completa, ni por los aportes de la población trabajadora afiliada de manera activa al sistema pensional, ni por los aportes que en su momento hicieron al sistema los actuales pensionados. Por ejemplo: según la Superintendencia Financiera, en el año 2022, las mesadas pensionales de 1.542.027 pensionados que pagó Colpensiones ascendieron a $38,2 billones, sin embargo, las cotizaciones que en ese año hicieron los afiliados a Colpensiones apenas sumaron $14,4 billones, el 37,7% del total pagado; el resto fue cubierto con los aportes no agotados por los actuales pensionados, $6,3 billones, el 16,5% del total, y $17,5 billones por el PGN, el 45,8% del total, lo que significa que casi la mitad del valor de las pensiones pagadas por Colpensiones fueron cubiertas con aportes de toda la población.
La sostenibilidad financiera de un modelo pensional como el del régimen de prima media, depende, en primer lugar, del número de afiliados cotizantes al sistema, un factor que en Colombia tiene graves problemas, debido, por un lado, a la alta incidencia del trabajo informal, que explica que más de la mitad de la población trabajadora no cotice a pensiones; por otro, por la alta prevalencia del trabajo temporal y subcontratado (34% en la industria, para poner un ejemplo), que explica que una gran proporción de trabajadores entren y salgan del mercado de trabajo y por lo mismo deje de cotizar por períodos de tiempo; y finalmente, porque la gran mayoría de los afiliados cotizantes al sistema están en los fondos privados, los que al día de hoy manejan un poco más de $350 billones. La reforma propuesta modifica esta situación, pues de aprobarse, a Colpensiones cotizarían todos los trabajadores hasta un tope de tres salarios mínimos.
Segundo, por la edad en la que la gente se pensiona y por la expectativa de vida de la población, pues mientras más joven se pensione un trabajador y más se alargue su expectativa de vida, más le cuesta al sistema pensional el pago de las mesadas: en Colombia, la edad de pensión es de 57 años las mujeres y 62 los hombres, y la expectativa de vida es de 74 años en promedio. Este factor explica el por qué muchos países, tienen como estrategia para hacer sostenible los sistemas pensionales aumentar la edad de pensión, un tema que en este momento no está en discusión en Colombia, pues la propuesta de reforma no lo modifica.
Tercero, por el porcentaje del salario que los trabajadores deben cotizar para la pensión, 16%, un factor que, en el caso colombiano, está afectado por la baja proporción de trabajadores que cotizan, 47,8% de la población ocupada, y por los bajos ingresos salariales: Colombia tiene el tercer salario mínimo más bajo en América Latina, el ingreso medio apenas es de $1.450.000 y las remuneraciones apenas representan el 33% del PIB. Tampoco la reforma modifica la tasa de cotización.
Cuarto, por la tasa de remplazo, o porcentaje del salario base de cotización, que reconoce el régimen pensional como mesada pensional, que en Colombia está entre el 65% y el 80% del ingreso base de cotización, un factor que la reforma no va a modificar, aunque esté por encima del promedio de los países de la OCDE, países en los que está tasa está por debajo del 50%, con una diferencia respecto nuestro país, y es que en la mayoría de los países de la OCDE el Estado Social es una realidad y no una promesa como ocurre en Colombia.
Y quinto, por la capacidad que tienen los Estados para recoger tributos entre su población, a través de los impuestos directos e indirectos y del manejo de estos recursos, lo que les permite a estos financiar programas sociales, entre estos, complementar la financiación de las pensiones: en este terreno, hasta antes de la última reforma tributaria, Colombia era después de México, el país de la OCDE con la menor carga tributaria sobre el PIB, 19,5%.
El malestar entre los profesores de las universidades públicas.
La inconformidad con el proyecto de reforma que ha expresado un sector de profesores de las universidades públicas, nos permite analizar su caso y el monto de los subsidios que los pensionados de este colectivo de trabajadores, recibe aproximadamente y su relación con la justicia distributiva. Con el régimen de prima media actual, con un salario promedio de $7.000.000, como el que pueden tener en promedio lo profesores de algunas universidades públicas (excepto los denominados “profesores de cátedra” que tienen un régimen contractual completamente precario y abusivo), y con 1.500 semanas cotizadas, este colectivo de trabajadores tiene hoy la expectativa cierta de pensionarse hasta con el 80% de su salario base, es decir, $5.600.000. A pesos de hoy, con 1.500 semanas de cotización, cada persona de este colectivo aporta al fondo común de Colpensiones $420 millones, lo que le alcanza para cubrir 5,8 años de sus mesadas pensionales, es decir, que su aporte pensional (16% de salario base), le alcanzaría hasta que cumpla 67,8 años. Pero como la expectativa de vida de la población colombiana no es de 67,8 años, sino de 74 (muy seguramente los profesores universitarios tienen una expectativa de vida mayor), de ahí en adelante su pensión debe ser cubierta por los aportes de los cotizantes activos y con aportes del presupuesto de la nación, lo que significa que cada persona pensionada de este colectivo, a pesos de hoy, una vez se agote lo que ella misma aportó para su pensión, estaría recibiendo de todos los colombianos un subsidio de $72,8 millones anuales.
Por su parte, un trabajador de salario mínimo, con 1.500 semanas de cotización, hace un aporte al fondo común de Colpensiones equivalente a $69,6 millones, lo que le alcanzaría para cubrir 4,62 años de su vida como pensionado, con 13 mesadas anuales. De ahí en adelante, todos los colombianos, incluso los que no tienen pensión, le aportamos a este pensionado hasta que se muera (y luego a los que legalmente le sobrevivan y tienen derecho a la pensión de sobrevivientes), un subsidio equivalente a pesos de hoy de $15,1 millones anuales.
En materia de justicia distributiva, ¿cuáles son las razones por las cuales toda la población le deba reconocer a un pensionado que fue profesor de universidad pública un subsidio anual que es 4,8 veces mayor que el que se le otorga a un trabajador de salario mínimo?[1] Entre otras, las respuestas a esta pregunta van desde el diseño de los sistemas pensionales, su sostenibilidad financiera, hasta el impacto que los distintos trabajos tienen en la creación de riqueza, cuestiones que no están en el alcance de estas reflexiones.
Lo que sí es claro, es que la propuesta de reforma pensional del actual gobierno resuelve algunos problemas que tiene el modelo pensional actual. Primero, rescata recursos que hoy manejan los banqueros y los coloca en el lugar donde deben estar: financiando las pensiones de los colombianos, no para que los banqueros hagan negocio que les reportan todos los años utilidades mil millonarias.
Segundo, al quitarle el manejo de estos recursos a los banqueros, el Estado libera las presiones que hoy tiene el régimen pensional sobre el presupuesto nacional, lo que permitiría que del PGN se dispondría de mayores recursos para financiar programas sociales, como por ejemplo, el de la renta básica para personas mayores que no tiene pensión (74% de la población mayor), como se incluye en la propuesto de reforma (pilar solidario, artículo 17), que incluye una renta básica para los sectores más pobres y vulnerables de esta población equivalente al valor de la línea de pobreza extrema; o la financiación de una renta básica que puede llegar hasta el 80% de un SMMLV para aquellos trabajadores de 65 años, que no cumplen con las semanas mínimas de cotización que dan derecho a la pensión (pilar semicontibutivo, artículo 18); o el adelantarles la pensión a aquellos trabajadores de 65 años que tienen 1.000 semanas y menos de 1.300, a los que se les seguiría deduciendo su cotización hasta que cumplan el requisito de las 1.300 semanas (artículo 37); o el reconocimiento de una renta básica para las mujeres que en los hogares se dedican al trabajo no remunerado de la economía del cuidado, que les reconocería en parte su aporte a la sociedad.
Tercero, al disminuirse el monto de los subsidios hace del régimen pensional un sistema financieramente más sustentable, con una menor presión sobre el presupuesto de la nación: en el ejemplo que traemos, el subsidio a la pensión de un profesor universitario se reduciría a la mitad, y aunque la reforma le afecta a este profesor la expectativa que hoy tiene de contar con una pensión más alta en Colpensiones, la reforma le permite cotizar sobre el excedente de los tres primeros salarios mínimos en un fondo pensional de ahorro individual y de esta manera complementar con su ahorro la pensión que recibe sobre los primeros tres salarios mínimos, y de todas maneras, la reforma propone un régimen de transición que no les cambia las reglas de juego para aquellos trabajadores que tienen una expectativa cierta de pensionarse por haber cotizado 1.000 semanas al momento de entrar en vigencia la reforma (artículo 76).
Cuarto, al establecer un tope de cotización de hasta 3 SMMLV en el régimen de prima media, hace que haya una mejor justicia distributiva, pues disminuye las distancias que separa a subsidios muy altos como los reseñados en el ejemplo propuesto, frente a los que reciben la inmensa mayoría de los pensionados en Colombia que apenas cotizan sobre un salario mínimo.
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[1] Esto, para no hablar de las mega pensiones de ex altos funcionarios del Estado, que se liquidaron con base al promedio devengado por ellos en el último año laborado, casos en los cuales el subsidio que reciben de todos los colombianos es muchísimo mayor.
Héctor Vásquez Fernández
Foto tomada de: Infobae
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