Después de la firma del Acuerdo de Paz con la ex guerrilla de las FARC en 2016, la deforestación en Colombia ha seguido una tendencia al alza, especialmente en la región amazónica. De acuerdo con las cifras de deforestación reportadas por el “Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono” del IDEAM en 2022, la deforestación en toda Colombia tuvo una reducción del 29,1%, la más baja desde 2013. En comparación con 2021, cuando se perdieron 174.103 hectáreas de cobertura forestal en Colombia, en 2022 la deforestación en el país afectó 123.517 hectáreas. En la región amazónica, la pérdida de bosques disminuyó en un 36,4%.
La ministra Muhamad, comparó el primer trimestre de 2022 con el primer trimestre de 2023. Este comparativo vislumbra una reducción de la deforestación en la Amazonía colombiana igual al 76%. El gobierno eligió los primeros tres meses del año para su análisis, ya que es el período en que la Amazonía colombiana atraviesa una de sus temporadas más secas, favorable a los incendios forestales. Pero además es un buen termómetro de las primeras acciones tomadas por el nuevo gobierno desde su posesión.
Durante el anuncio, la jefe de la cartera de ambiente hizo énfasis en la situación de la Amazonía colombiana, una región que desde hace varios años concentra entre el 60% y el 70% de la deforestación del país. En 2022, la pérdida de bosques en la región amazónica cayó en los cuatro departamentos que tradicionalmente encabezan la lista con mayores pérdidas forestales: Caquetá (-50%), Guaviare (-37%), Meta (-34%) y Putumayo (-15%).
En la Amazonía una gran parte de la deforestación tiene lugar dentro de los Parques Nacionales Naturales –principalmente Tinigua, Serranía de Chiribiquete, y Sierra de la Macarena. Estos parques presentaron una tendencia al alza en la pérdida de bosque primario desde 2017. En 2022, de acuerdo con el análisis del Gobierno, la deforestación en estos parques nacionales cayó respectivamente: Serranía de Chiribiquete (-42.37%), Sierra de la Macarena (-15.02%), y Tinigua (-8.67%).
La ministra Muhamad también destacó que en la Amazonía colombiana, el principal motor de la deforestación continúa siendo el acaparamiento de tierras, principalmente a través de la ganadería ilegal. Mientras que en Putumayo, Norte de Santander, Antioquia y Bolívar, la pérdida de bosques es causada principalmente por economías ilícitas como el cultivo de coca y la minería ilegal de oro. Por lo tanto, el vínculo con las negociaciones de paz no puede ser ignorado y la cooperación transnacional con los países amazónicos resulta fundamental.
En consecuencia, el gobierno de Gustavo Petro ha elaborado un ambicioso “Plan de contención de la deforestación”, que se compone de 5 pilares:
- Acuerdos sociales de conservación con las comunidades y la consolidación de una economía forestal y de la biodiversidad;
- Inclusión de la deforestación en la política de “Paz Total”;
- Despliegue de la Fuerza Pública en los territorios;
- Fortalecimiento de la investigación criminal para definir los determinadores de la deforestación; y,
- Mayor presencia del Estado en el territorio a través de sus entidades.
Las ambiciones de detener la deforestación en la Amazonía siguen siendo altas. Prueba de ello son las conclusiones de la “Reunión Técnico-Científica de la Amazonía” celebrada en Leticia la semana pasada, como evento preparatorio de la “Cumbre Amazónica” que tendrá lugar el próximo mes en Brasil. Varios ministros y representantes de los países amazónicos se reunieron durante tres días, en un evento que fue clausurado por los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Colombia, Gustavo Petro. Durante el evento, el gobierno colombiano reiteró su propuesta de canje de deuda por naturaleza y acción climática, que será presentada y discutida en diferentes escenarios como la cumbre Unión Europea-CELAC y la Semana del Clima de África (Africa Climate Week), entre otros.
La reunión en Leticia fue un primer paso para reactivar el Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Con los aportes de esta reunión, se está preparando un borrador de declaración entre los ocho países participantes que aborda temas como: Pueblos indígenas, delitos ambientales, bioeconomía, mecanismos financieros y de gobernanza, participación de la sociedad civil y los gobiernos locales, investigación y la agenda de incidencia internacional.
Para cerrar, cabe recordar que, en 2015 los gobiernos de Colombia, Noruega, Reino Unido y Alemania habían firmado la Declaración Conjunta de Intención (DCI). Gracias a esta declaración, Colombia fue recompensada con pagos por resultados de los gobiernos firmantes de la DCI por reducir sus emisiones causadas por la deforestación para el período 2013-2016. Teniendo en cuenta que la meta de deforestación de la DCI para 2022 era de 155.000 hectáreas, la reducción de las cifras trae una nueva posibilidad para que Colombia reciba pagos basados en resultados por parte de los gobiernos signatarios de la DCI, la cual se renovó en 2019.
Según el texto de la DCI, para 2025, el gobierno colombiano puede comprometer estos recursos para implementar planes de intervención en áreas de alta deforestación para: restaurar 200.000 hectáreas, reconvertir 147.000 hectáreas en sistemas ganaderos sostenibles, incorporar 750.000 hectáreas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la formación catastral y actualización de al menos 1 millón de hectáreas, entre otras acciones. Estas acciones ciertamente contribuirán a la ambición de detener la deforestación en el bioma amazónico a corto plazo.
Andrés Santana Bonilla
Foto tomada de: Parque Sierra de la Macarena junto al parque Tinigua después de la deforestación. ©Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible – FCDS
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