El atroz caso de los mal llamados falsos positivos (cuya sola designación enseña la ruina moral de una sociedad que cree positivo acabar con la vida de otro ser humano), cobró la vida de 6402 víctimas o 10 mil como afirmaron dos excoroneles de la policía en un libro que fue especialmente difundido en el Reino Unido[1], y es sin duda el capítulo más oscuro en la oscura historia de Colombia, y uno que hiela la sangre de la humanidad.
El pasado 27 de junio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó la Audiencia del caso 03, sobre demandas de verdad en relación con el segundo patrón [criminal] probado en el caso de las ejecuciones conocidas como Falsos Positivos, sobre el traslado de las víctimas de un territorio a otro con el objetivo de ser asesinadas y borradas sus identidades para ser presentadas al país como cifras de subversivos caídos en combate por acción de la fuerza pública. La audiencia inició con una reproducción audiovisual:
“En julio de 2005, las tropas de los batallones de contraguerrilla 26 y 79 secuestraron y asesinaron a tres integrantes de una misma familia, en una finca rural del municipio, entre ellos una niña de tan solo trece años. Este hecho se sumó al creciente descontento de la población por las operaciones del ejército en su contra. Cansado de tantas muertes, el pueblo dabeibano opuso resistencia y empezó a denunciar los asesinatos y desapariciones forzadas de miembros de su comunidad”.
Es la primera vez que dos coroneles, dos mayores, tres sargentos y un soldado reconocen ante una instancia de justicia transicional el asesinato intencional y premeditado de ciudadanos vulnerables para mostrar un falso éxito militar en la lucha contrainsurgente.
“Con los relatos de los padres, hijos y hermanos de las víctimas arrancó el segundo día de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el auditorio Mariano Ospina Pérez de la Terminal del Norte de Medellín.
Pero, ¿por qué la terminal de transporte? Según la JEP es el sitio donde por última vez las familias vieron o tuvieron noticias sobre sus seres queridos, quienes en medio de engaños fueron llevados a Dabeiba e Ituango, para ser asesinados y desaparecidos. De los 49 casos de ‘falsos positivos’, ocurridos entre los años 2002 y 2006 e identificados por la JEP en Dabeiba, Antioquia, se estableció que 17 de las víctimas eran habitantes de calle.
El magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, destacó que con esta audiencia las familias se enfrentaron a un pasado doloroso, donde las víctimas piden explicaciones y buscan respuestas sobre quiénes son los máximos responsables de los asesinatos de sus seres queridos. “Desde este sitio -Terminal del Norte- fueron trasladas víctimas vulnerables hacia Dabeiba y presentados como falsos combates, falsas bajas. Fueron inhumadas y desaparecidas en el cementerio Las Mercedes. Este es un lugar muy simbólico para las familias” [2].
La Audiencia pública de reconocimiento de la verdad inició con un acto simbólico, con la siembra de tres guayacanes en la fosa común del cementerio Las Mercedes de Dabeiba, donde fueron encontradas años atrás víctimas atribuidas a ejecuciones extrajudiciales, y continuó en el coliseo municipal ‘Destrezas Dabeibanas’, donde ocho exintegrantes del Ejército Nacional aceptaron su responsabilidad en los asesinatos a sangre fría de ciudadanos ajenos al conflicto armado.
“Con estos crímenes se negó la humanidad de las víctimas”, sostuvo una magistrada de la JEP tras confirmar que se trató de personas vulnerables, desempleadas, desesperadas, con alguna discapacidad mental o adictas, que residían en Medellín, Turbo y Barranquilla, y fueron ejecutadas en el municipio antioqueño de Dabeiba.
Además de los reconocimientos de los victimarios, los familiares fueron escuchados y pudieron interrogar a algunos de los declarantes, quienes dijeron haber presenciado el asesinato de otros agentes por buscar la verdad, oponerse a estos crímenes y querer romper con el silencio cómplice.
Entre los familiares de las víctimas se destacó el testimonio del sargento retirado del ejército, Jesús María Suárez, padre del teniente Jesús David Suárez, asesinado en el 2005 en Dabeiba, quien “denunció que sus superiores acabaron con la vida de su hijo porque no se sometió a sus peticiones de matar a personas inocentes y hacerles pasar como dadas de baja en combates. “Mi hijo solo llevaba dos años en la vida militar, en ese tiempo fue sometido a cosas que no aprendió en la escuela militar de cadetes. El error más grande de mi hijo fue haber llegado a donde el mayor que tenía conocimiento cómo se actuaban en los ‘falsos positivos’”[3].
Durante la estremecedora audiencia fue impactante el desamparo común y la impotencia humana de un sistema que niega todo aquello que lo sostiene y define, y a la vez admite lo que lo destruye. Por un lado se escucharon las voces de militares presionados, amenazados y obligados a dar resultados medibles en muertes y en sangre, como pedía el general Mario Montoya, cuando desarrollaba programas radiales en los que decía a los comandantes “yo no necesito litros de sangre, necesito carrotanques de sangre”, según afirmó el sargento retirado Fidel Ochoa. También fue llamativa la frialdad de algunos de los responsables de estas muertes, quienes se referían a sus víctimas como “resultados” y relataron como asesinaron y desaparecieron personas que no eran combatientes ni delincuentes. “Nosotros mancillamos su buen nombre, señalándolos de guerrilleros cuando solo eran humildes campesinos”, afirmó un declarante.
Uno de ellos se definió como un ejemplo negativo de lo que un militar nunca debe hacer, pidió a sus compañeros, superiores y subalternos, dejar de lado el negacionismo y reconocer lo hecho, indicando que estos testimonios podrían enseñar a las nuevas generaciones el valor a la vida de los seres humanos, a fin de evitar que hechos como esto se repitan.
El sargento Jaime Coral Trujillo aceptó la imputación como responsable en crímenes de guerra, y declaró que llegaba “con vergüenza pero con buenas intenciones”. Luego añadió: “Hoy vine a ustedes como máximo responsable por ser coautor partícipe en los asesinatos y desaparición forzadas cometidas en el caso 03 y 04, en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia… También por todos los asesinatos en los que participé en los departamentos de Nariño y Boyacá. Hoy quiero decirles que después de compartir con las víctimas, de iniciar este proceso restaurativo me siento responsable no sólo de estos hechos sino de todo el horror y los crímenes cometidos por miembros del ejército nacional, pues mi actuar fue aprendido por otros subalternos. Y esta práctica de asesinar civiles desarmados y desaparecerlos hizo carrera por todo el país, convocando con esto, 6402 víctimas directas inocentes”[4].
Coral, junto a otros exintegrantes del ejército, fueron convocados en Dabeiba para confesar públicamente su responsabilidad en la desaparición y posterior asesinato de 49 jóvenes de la región, entre los 20 y 35 años, a quienes engañaron, manipularon con ropa y alimentos, y drogas para los adictos, para luego ejecutarlos y hacerlos pasar como bajas en combate.
Un caso estremecedor como todos, fue el de “Albeiro Usuga, un joven campesino de 22 años que fue desaparecido en 1.997 por un grupo de militares del ejército, en la vereda Llano Grande Chimiado de Dabeiba, y de quien su familia volvió a tener información solo 26 años después, es decir en 2021, cuando la JEP intervino el cementerio las Mercedes y halló sus restos óseos en una fosa, gracias a la confesión escrita de estos militares que revelaron detalles de los crímenes.
Uno ve el compromiso de ellos y ve que hay voluntad, pero la idea es que ellos colaboren al máximo para que así como nosotros encontramos a nuestro hermano, otras familias que también están buscando a sus seres queridos puedan llegar a feliz término con estas confesiones”, le dijo a Blu Radio Efrén Úsuga, familiar falso positivo”[5].
Por su parte el sargento retirado Fidel Ochoa dijo que las prácticas empezaron en la década de 1990; “aseguró que la muerte de civiles la iniciaron “asesinando a personas que presuntamente tenían vínculo con la guerrilla, por información aportada por los paramilitares”. Además, añadió que eran presionados por los comandantes para aumentar el número de bajas. E incluso aseguró que la práctica aumentó con la llegada del general retirado Mario Montoya a la Séptima división.
“Durante la audiencia, el militar (r) William Andrés Capera contó que fue preparado como policía judicial “para ocultar las identidades de los cuerpos de sus familiares”. En ese momento detalló que en el anfiteatro se aseguraba que las armas tuvieran las huellas dactilares y que las botas estuvieran bien puestas. “Mi trabajo desde un principio, en la escena del crimen, en los asesinatos, era maquillar la escena. Hacer ver que había sido un combate real”, afirmó el sargento retirado Capera. Vargas”[6].
En relación con los patrones criminales, el sargento Ochoa declaró que para llegar a ejecutar el denominado “patrón dos”, los militares debían haber llevado a cabo el “patrón uno”, afirmó antes de asegurar que su primer asesinato en la modalidad de “falso positivo” fue el habitante de calle John Cañas. “Interceptamos a un joven con ganas de trabajar, lo engañamos y lo llevamos cerca al municipio de Dabeiba donde fue asesinado por el mismo comandante de batallón”, en una especie de demostración para que el resto de militares pudieran llevar a cabo este mecanismo ilegal, confesó.
“Después de unas operaciones con los paramilitares en Llano Grande y Llano Gordo (Antioquia)”, el exsargento Trujillo tomó la decisión de ejecutar a “falsos positivos” en ese mismo lugar, ya que sus superiores no le habían dado las recompensas por los “resultados” que él había entregado, contó.
Trujillo agregó que en Llano Grande les pedía a sus soldados que requisaran a las personas que pasaban; les quitaban los documentos con el fin de revisar sus antecedentes y así poder enviarlos a la base militar, donde posteriormente los asesinaban, les ponían ropa de camuflaje y los hacían pasar por combatientes de la guerrilla”[7].
Como un avance en el camino de la verdad y la justicia, el magistrado Alejandro Ramelli sostuvo que se logró identificar a una víctima que llevaba desaparecida 40 años y había sido traída bajo engaños desde Medellín, como a otras personas asesinadas entre el 2007 y el 2008. “En su gran mayoría eran personas en condiciones de vulnerabilidad o personas campesinas de esta región estigmatizada por la presencia de grupos armados”.
En esta audiencia sesionaron de manera simultánea –y por primera-, vez la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, y además de los ocho exmilitares imputados como máximos responsables, también aparecen los nombres de otros 17 ex integrantes de la fuerza pública que ejecutaron estos crímenes considerados de lesa humanidad y de guerra.
La dimensión de estos crímenes confirma la existencia de un aparato criminal al interior del Estado, sin cuya operación en diferentes niveles de ejecución, planificación y encubrimiento no habría sido posible su realización, silenciada durante décadas. Estos crímenes revelan la degradación no sólo del conflicto armado, sino de parte de una sociedad que permitió, toleró y a veces alentó o justificó, y de un sistema que creó las condiciones para que todo esto fuera posible.
En 2012 la fiscal de la CPI, la jurista gambiana Fatou Bensouda, sostuvo que los (mal llamados) ‘falsos positivos’ fueron una política de Estado bajo el gobierno de Uribe Vélez; afirmación que fue ratificada por la Comisión de la Verdad en 2022. No fueron hechos ajenos a las instrucciones de jerarquía al interior de los batallones militares. Fue una acción sistemática orquestada por altos mandos, con la complicidad de actores políticos y redes delincuenciales, y ejecutada por miembros activos del Ejército Nacional, convertidos en sicarios al servicio del gobierno colombiano.
Para la entonces Oficina del fiscal de la CPI, estos crímenes podrían ser catalogados como de lesa humanidad y de guerra. Y de hecho lo son.
“Hay bases razonables para creer que los falsos positivos han sido una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad; dichos actos también pueden ser catalogados como crímenes de guerra”. Estas rotundas afirmaciones hechas por la Corte Penal Internacional (CPI) en su reporte provisional, titulado ‘Situación en Colombia’ fueron el argumento central para explicar las razones por las cuales Colombia seguiría en ese entonces siendo objeto de examen preliminar, paso previo para decidir si se abría o no una investigación. Hoy la historia es diferente.
En aquel entonces el examen preliminar se centró en cinco asuntos: el Marco Legal para la Paz, o cualquier otro aspecto relacionado con el surgimiento de nuevos grupo armados; la promoción y expansión de grupos paramilitares; el desplazamiento forzado; los crímenes sexuales, y los casos de falsos positivos[8].
Sin embargo, más allá de los asuntos del estudio, de las declaraciones del actual fiscal de la CPI, Karim A.A. Khan, quien finalizó la visita a Colombia en junio pasado, con la firma de un Plan de Acción para una cooperación renovada con las autoridades nacionales en pro de la rendición de cuentas, con el propósito de lograr justicia para los supervivientes y las familias de las víctimas, la realidad de los asesinatos cometidos por agentes del Estado, es que nunca se trató de una acción aislada ni descontextualizada ni unilateral por parte de algunos pocos uniformados. Este modelo criminal se cometió en Colombia a lo largo de varias décadas (de hecho, el primer caso que conocí, lo escuché de un reportero que salía al exilio en 1998) pero los casos aumentaron y ganaron oscura “legitimidad” bajo los tenebrosos años de la llamada Seguridad Democrática, y no fueron realizados por “manzanas podridas” dentro de las Fuerzas Militares”. No. Fue algo mucho más profundo, planeado y desconcertante, que hace que el patrón criminal trascienda su mismo modus operandi y se inserte en la matriz de un Estado degradado en la violencia, permeado y modelado por la mafia, y conducido por un concepción perversa sobre lo que puede y debe hacer y garantizar una organización política común dentro de un territorio, definiendo una estructura y unos órganos de gobierno, casi siempre maniatados al poder vigente.
Es claro que en todas las sociedades dominadas por años de conflicto suceden hechos aberrantes que nos hieren y avergüenzan como humanos, pero este caso en particular, cuyo número definitivo de víctimas aun es ignorado, así como el nombre de algunos de los autores intelectuales que ordenaron estos crímenes, refleja una aterradora insania social, y exige que las condiciones que facilitaron estas atrocidades sean modificadas de raíz. Es urgente contar con un código colectivo que defina límites éticos en el comportamiento humano, priorice siempre el deber de proteger la vida en todas sus múltiples expresiones, y elimine para siempre los crímenes de Estado.
El nobel de literatura José Saramago habló alguna vez sobre el deber de crear una Carta de deberes humanos, que reconozca el deber de la solidaridad y enseñe que ningún derecho puede subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. “El primer deber será exigir que esos derechos no sean solo reconocidos, sino también respetados y satisfechos. No es de esperar que los gobiernos realicen en los próximos cincuenta años lo que no han hecho en 200; tomentos entonces, nosotros, ciudadanos comunes, la palabra y la iniciativa, con la misma vehemencia y fuerza con las que reivindicamos nuestros derechos, para reivindicar también el deber de nuestros deberes. Tal vez así, el mundo empiece a ser un poco mejor”.
Hoy nuestro deber es no olvidar lo que acá sucedió y cambiar esta historia de horror para empezar a escribir un relato más humano y edificante.
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[1] El libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, escrito por los excoroneles de la policía Ómar Eduardo Rojas y Fabián Leonardo Benavides, citado por el diario The Guardian en 2018, denuncia que la cifra de muertos es mucho mayor que lo que reportaron en su momento las organizaciones de derechos humanos .El mismo coautor Rojas dice que a esos crímenes se les puede llamar “ejecuciones extrajudiciales” o “falsos positivos”, pero él los describe como “asesinatos a sangre fría”. El artículo del diario describe cómo en 2008 estalló el escándalo de los falsos positivos y hace énfasis en que el informe presentado en el libro denuncia que civiles eran secuestrados por las fuerzas armadas para hacerlos pasar como muertos en combate, y que preferían muchachos con discapacidades físicas. Además de los jóvenes, también fueron asesinados militares señalados de denunciar abusos por parte del Ejército. Ver en: https://www.pulzo.com/nacion/numero-falsos-positivos-fue-10000-dice-the-guardian-PP481830
[2] Caracol Noticias; “Audiencia JEP en Medellín: de 49 casos de ‘falsos positivos’, 17 eran habitante de calle”. Bogotá, 29 de junio de 2023. Ver en: https://caracol.com.co/2023/06/29/audiencia-jep-en-medellin-de-49-casos-de-falsos-positivos-17-eran-habitante-de-calle/#:~:text=Pero%2C%20%C2%BFpor%20qu%C3%A9%20la%20terminal,donde%20fueron%20asesinados%20y%20desaparecidos.
[3] Ídem
[4] Audiencia JEP. “Militares responden por Falsos Positivos en Antioquia”. Focus Noticias.
[5] Blu Radio; “Histórica audiencia de la JEP en Dabeiba: exintegrantes del Ejército confesaron 49 falsos positivos”. Bogotá, junio 27 de 2023. Ver en: https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/historica-audiencia-de-la-jep-en-dabeiba-ex-integrantes-del-ejercito-confesaron-49-falsos-positivos-rg10
[6] Revista Cambio; “No necesito litros de sangre, necesito carrotanques de sangre”: los testimonios de militares sobre falsos positivos en Dabeiba”. Bogotá. Junio de 2023. Ver en: https://cambiocolombia.com/conflicto-armado-en-colombia/no-necesito-litros-de-sangre-necesito-carrotanques-de-sangre-los
[7] La Vanguardia; “Exmilitares confesaron su responsabilidad en 49 ‘falsos positivos’, en Antioquia”. Bucaramanga, 30 de junio de 2023.
Ver en: https://www.vanguardia.com/colombia/exmilitares-confesaron-su-responsabilidad-en-49-falsos-positivos-en-antioquia-HK6927988#:~:text=Exmilitares%20confesaron%20su,de%20informaci%C3%B3n%20preferida
[8] El Espectador; “Falsos positivos ‘Sí han sido política de Estado”. Bogotá, 27 de noviembre de 2012. Ver en: https://www.elespectador.com/judicial/falsos-positivos-si-han-sido-politica-de-estado-article-389506/
Maureén Maya S
Foto tomada de: Telemedellín
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