Mediante otra disposición se determinó entregar una Renta mensual de Un Millón de pesos (250 dólares) a 100 mil jóvenes para sustraerlos de los escenarios delictuales e incorporarlos a procesos laborales, educativos y de paz, tanto en las áreas urbanas como rurales.
El Departamento para la Prosperidad Social, conjuntamente con el Banco estatal agrario, ya consolidó el dispositivo institucional y financiero para desembolsar la Renta ciudadana mensual a más de 3 millones 300 mil hogares, muchos de ellos en cabeza de mujeres que están sin la compañía de sus esposos. Aunque se requerirá afinar los mecanismos anticorrupción en el DPS donde aún se sienten los coletazos de las mafias que en los anteriores gobiernos infiltraron dicha entidad.
Desde el 7 de julio se están realizando los desembolsos para los hogares que se han bancarizado y desde el 11 del mismo mes para aquellos núcleos familiares que aún no han hecho la apertura de sus registros bancarios. Previamente se han organizado las corresponsabilidades en educación y salud de los beneficiarios en los términos de la condicionalidad establecida para los pagos, y, por supuesto, se ha hecho, por la Dirección de Prosperidad Social, en cabeza de Cielo Rusinque, la tarea de depurar de las bases de datos heredadas, pues el uribismo contamino los programas sociales con las redes de informantes, agentes de las fuerzas armadas y redes electorales clientelares que recibían dobles pagos desde la tesorería general de la nación. Creo que aún queda mucho por hacer en este campo dado que las burocracias cómplices de todas estas irregularidades siguen ahí ancladas en cargos claves de dicha entidad. Para tal propósito es necesario convocar las veedurías ciudadanas existentes y los comités de control social regulados por la ley.
Visto el flujo de desembolsos realizados hasta el 13 de julio es posible establecer que el reparto por departamentos de la Renta ciudadana en esta etapa de transición se concentra en regiones como: Antioquia (con 161.543 familias), Bolívar (151.552), Córdoba (134.758), Valle del Cauca (120.289), Atlántico (104.162), Nariño (98.595) y Santander (97.211).
Es muy probable que aún se presenten errores y desaciertos en el manejo de la Renta ciudadana para lo cual es necesario realizar estudios analíticos y reflexiones críticas desde el ámbito de las Ciencias sociales con el fin de perfeccionar este importante salto social apalancado por el gobierno nacional; creo que hay necesidad de caracterizar el sujeto social y político que gravita en esta trascendental política pública.
En ese sentido, mi sugerencia adicional es que se perfeccione el mecanismo institucional encargado de gestionar la Renta ciudadana para poder corregir falencias y erradicar prácticas de corrupción que fueron implantadas por los anteriores gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.
Hago referencia en este artículo a un entramado de corrupción en el DPS que compromete al actual Senador uribista, Ciro Ramírez, integrante de la Comisión Tercera del Senado, quien se apropió de miles de millones de pesos mediante la manipulación de contratos con el ex senador Mario Castaño quien hoy se encuentra en una penitenciaria pagando una larga condena por corrupción. Como este caso hay muchos más que hemos denunciado en la dirección del DPS.
El caso al que hago referencia indica que:
Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, señaló en indagatorias judiciales al senador Ciro Ramírez de recibir coimas, de sugerir contratistas y hacer parte de la red de corrupción conocida como ‘las marionetas’ que desvió recursos públicos a lo largo de los últimos años.
Herrera Correa, fue capturado el 29 de julio de 2022 en la Gobernación de dicho departamento por suscribir irregularmente dos contratos interadministrativos con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) en agosto y noviembre de 2021, por $22.173 millones y $49.460 millones, respectivamente, para la adecuación y construcción de vías terciarias en Quindío, Risaralda, Chocó y Caldas.
Posterior a su judicialización, decidió colaborar con la Fiscalía General de la Nación en busca de un principio de oportunidad, delatando a quienes hicieron parte de este entramado de corrupción, en el que mencionó, entre otros, al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez.
Uno de los interrogatorios donde menciona su amistad con el senador Ramírez, mil millones que le entregaron por coimas, el direccionamiento de un contrato por $49.400 millones para favorecer a algunos contratistas recomendados por el propio congresista y un proyecto político que se tenía a largo plazo:
Pregunta (el funcionario judicial): Indíquele a la Fiscalía cómo conoció al senador Ciro Ramírez.
Herrera: Como lo mencioné desde el primer interrogatorio, al senador Ciro me lo presentaron en la ciudad de Armenia, en mi oficina de la Gobernación del Quindío, en el mes de septiembre de 2021.
Luego, hace referencia a un empresario que habría hecho parte de la repartición de mil millones de pesos para el pago de una coima de la que supuestamente participó el senador Ciro Ramírez.
En este punto del interrogatorio, señala cómo se involucró el congresista con la red de corrupción:
Anderson González, quien es un empresario del cual hablé en la primera diligencia, el de los mil millones, se mueve en los departamentos del Eje Cafetero y Antioquia, le presenta a Alejandro (Noreña) al senador Ciro Ramírez, no sé bien en qué fecha. Cabe resaltar que Anderson también conoce el estatus político de Alejandro Noreña, Anderson no tiene estatus político, él es un contratista exitoso al cual los políticos lo buscan por su apoyo económico, de ahí parte la relación de Ciro y Alejandro Noreña, Anderson tiene cercanía con el Centro democrático, de ahí que sea cercano a Ciro Ramírez. Él tiene muchos amigos en el Centro democrático, políticos, congresistas, gente de instituciones nacionales.
El proyecto político, denominado ‘Somos’, estaba conformado por un grupo de amigos, según Pablo César Herrera. Buscaba tener el apoyo de líderes, dirigentes y personas que rompieron relaciones con el exsenador Mario Castaño.
Como dijo Herrera en el interrogatorio, buscaban “hacer rancho aparte”, donde se incluía una ficha clave, nada más y nada menos que el senador Ciro Ramírez.
Concluido de este punto, los investigadores le preguntaron a Pablo César Herrera por las reuniones que se sostuvieron con el senador Ramírez. En su relato, sorprende cómo hubo intereses oscuros para quedarse descaradamente con la contratación utilizando Proyecta Quindío y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Pregunta: Indíquele a la Fiscalía las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las reuniones con el senador Ciro Ramírez.
Herrera: Después de haber conocido al senador entablamos una amistad en dos vías, una vía política y una vía de búsqueda de operaciones comerciales para la empresa Proyecta, la cual (yo) gerenciaba en su momento.
En ese sentido y apoyados en los buenos resultados obtenidos en el contrato 501 de 2021 entre DPS y Proyecta, iniciamos a tener reuniones conjuntas en la ciudad de Bogotá, entre los señores Pierre García en su calidad de subdirector del DPS y su equipo de colabores cercanos Carlos Méndez, Diana Sandoval y Juan Mauricio Montealegre, los mismos de siempre, y el senador Ciro Ramírez, en el piso sexto del edificio del DPS ubicado en la carrera séptima con calle 27, en Bogotá, lo que se puede evidenciar con las entradas y registros del edificio en mención. Las reuniones del 15 de septiembre de 2021 y el 25 de octubre de 2021. En estas reuniones lo que se hablaba era la posible configuración de una nueva bolsa de gerencia integral, donde tuviera injerencia los municipios priorizados por Pierre García (Director del DPS como ficha uribista) y Ciro Ramírez.
Es decir, se tenían identificados los municipios que tendrían algún grado de interés para estas dos personas.
El 5 de noviembre de 2021 se tuvo una reunión con los mismos actores en Bogotá, en la oficina de Pierre, piso sexto (DPS), donde se dejaba claro el cierre de los municipios que se iban a incluir en la nueva gerencia, y se solicitaba la presencia de un equipo de trabajo, para cerrar el tema de la gerencia antes de ley de garantías electorales. En concordancia con lo que dije en el anterior interrogatorio, yo contaba con información privilegiada porque me la entregaba el DPS (por funcionarios que todavía están allí muy agazapados), me entregaban unos cuadros en excel con la información de los municipios, objetos y valores, y la idea es que yo hiciera una oferta comercial ajustada a las condiciones que respondieran a los intereses políticos de ese grupo. Los intereses políticos era que Proyecta le manejara obras al senador Ciro Ramírez en los territorios donde él tenía mayor presencia electoral, lo que le permitiera obtener mayor votación paralelo con el manejo de la contratación.
Entre el 8 y 11 de noviembre de 2021 se desplazó a la oficina del DPS un equipo de trabajo, conformado por Alejandro Noreña y los funcionarios de Proyecta Quindío, Jaime Andrés Bejarano López, Diana Carolina Rincón Bermúdez y Jorge Iván Duque, para que armaran la propuesta que tuvo varias versiones que empezó en $115.000 millones y quedó en $49.600 millones.
Yo me desplacé el 11 de noviembre de 2021 a Bogotá a cerrar el número, es decir, a establecer por cuánto valor iba a salir la gerencia. Eso lo cerramos fue con Pierre García. El 11 de noviembre del 2021, un día antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, en la ciudad de Bogotá me reuní personalmente con Pierre García en donde dejamos claro el alcance final de la gerencia integral y su valor.
Lo dicho se puede corroborar con una fotografía protocolaria donde aparecen las personas antes mencionadas, así como unos correos en los cuales están las diferentes versiones ajustadas de la propuesta comercial que conllevó finalmente a la firma del contrato 670 del 12 de noviembre de 2021.
Después de firmado este contrato, Pablo César Herrera dijo en el interrogatorio que recibió instrucciones de Pierre García el 20 de diciembre de 2021 con relación a la búsqueda de contratistas seleccionados o recomendados por él (por Pierre García) y el senador Ciro Ramírez. Me decía Pierre que contactara a contratistas por él seleccionados, respondiendo a los intereses del senador Ciro Ramírez, con él (Ciro) directamente tuve instrucciones de la contratación de Quindío y Saldaña – Tolima y Pierre me dio indicaciones de los demás municipios de esta gerencia, que quedó especificado en el primer interrogatorio.
Con este caso en que está claramente involucrado el uribismo es conveniente revisar toda la contratación realizada desde la creación del DPS como parte del sector de la inclusión social. Es mucha la plata que se han robado, y mucha la impunidad que favorece a otras redes criminales asociadas con la corrupción y el despojo de los dineros apropiados para atender la pobreza de millones de familias colombianas.
Horacio Duque G
Foto tomada de: Prosperidad Social
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